“Un paso a un lado”. Así ha sido definida por la prensa económica la decisión de Juan Miguel Villar Mir de abandonar la presidencia del holding empresarial que lleva su apellido. Después de más de tres décadas al frente, será su primogénito, Juan Villar-Mir Fuentes, quien asuma el puesto de cabecera en el Grupo Villar Mir.

Con 89 años, el I marqués de Villar Mir seguirá siendo el presidente de honor del holding familiar. Mientras, su hijo será el encargado de intentar capear el temporal económico que viven sus diferentes compañías. El momento es tan complicado que el pasado octubre pidió 240 millones de euros al fondo de rescate de la SEPI. Una petición reelaborada hace algunos días y aumentada a casi 400 millones de euros.

El CEO del capitalismo español 

“Villar Mir es el último representante de lo que ha sido una dinastía de empresarios que, con la modernización de la economía española y gracias a sus relaciones políticas, se hicieron de oro”, explica Pedro Ramiro, investigador del Observatorio de Multinacionales de Latinoamérica (OMAL) y coautor A dónde va el capitalismo español (Traficantes de Sueños, 2019). Porque su historia es también la historia de una particular forma de hacer negocios denominada como capitalismo de amiguetes. 

Cuando nació en Madrid en 1931, Félix Huarte –uno de los constructores mimados del franquismo– hacía cuatro años que había creado Huarte y Cía., S.A. Mientras Huarte se llenaba los bolsillos gracias a las concesiones otorgadas por la dictadura, Villar Mir se formaba como ingeniero de Caminos. Y el mismo año que Félix Huarte era nombrado vicepresidente de la Diputación Foral de Navarra y procurador en las Cortes (1964), Juan Miguel Villar Mir también se acercaba al régimen franquista con su nombramiento como director general de Empleo. La diferencia de edad –Huarte era 35 años mayor– demuestra la precocidad del segundo, que siempre ha asegurado que fue tentado por Franco para ser ministro, una oferta que rechazó en varias ocasiones.

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Algunas semanas después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, se opusiera a supender de manera temporal las patentes de las vacunas contra la COVID-19, el Corporate Europe Observatory (CEO) desvela el montante económico que las grandes farmacéuticas destinan al lobby en Bruselas. Así, en función de las actualizaciones anuales del Registro de Transparencia de la UE, es posible conocer que estas compañías gastan 36 millones de euros al año en trabajos de presión en Europa.

Según el estudio de la mencionada organización, más de 40 empresas farmacéuticas informan que gastan hasta 25,3 millones de euros al año en cabildeo. A esto habría que añadirle otros 10,7 millones de euros anuales que gastan los grupos de presión de este tipo de compañías. Finalmente, casi 15 millones de euros irían a parar a consultorías de grupos de presión en Bruselas “para influir en la toma de decisiones de la UE”.

Sin embargo, tal y como reconocen desde el CEO, se trata de “una estimación conservadora”, una “subestimación del verdadero poder de fuego de las grandes farmacéuticas”, ya que es complicado obtener información y detalles actualizados sobre el cabildeo. Por este motivo, desde la organización denuncian que “las débiles reglas de transparencia de los grupos de presión de la UE están obstaculizando el escrutinio público que es más necesario que nunca ahora durante la pandemia”.

Entre todos estos resortes para el cabildeo, las multinacionales de la medicina cuentan con unos 290 lobbistas, una cifra estimada en función de los datos publicados, aunque aquí no se incluyen a aquellos contratados por las consultorías.

Ante estos datos, el Corporate Europe Observatory que “las grandes farmacéuticas continúan gastando drásticamente más que la sociedad civil con un presupuesto de lobby estimado en la UE al menos cinco veces mayor que el de la sociedad civil”. Según destacan a través de las cifras proporcionadas por la Deutsche Welle, existe “un desequilibrio extremo entre los oponentes y los defensores de la exención de patentes de vacunas: 140 reuniones con empresas farmacéuticas y sus asociaciones, 18 reuniones con empresas de genéricos y solo una reunión con grupos a favor de la exención”, explican.

Consultoras para el lobby

Desde la organización inciden en el “considerable” papel que ejercen las consultoras en el lobby farmacéutico. “Hay varios cientos de consultoras de grupos de presión en Bruselas y más de 65 empresas tienen grupos de presión con pases de acceso permanente al Parlamento Europeo. Encontramos 34 consultoras de lobby en el Registro de Transparencia que informan que trabajan para Big Pharma”, explican. EFPIA es “el mayor inversor del lobby farmacéutico”, el cual invierte hasta 660.000 euros al año en al menos 8 consultoras de lobby: Acumen, Hague Corporate Affairs, Incisive Health, Interel, Porter Novelli, RRP Group, Rud Pedersen PA y ZN.

Respecto a las compañías que están produciendo vacunas contra la COVID-19, el CEO señala que Moderna no tiene su propia oficina en Bruselas “y parece depender en gran medida de FTI Consulting” para hacer lobby. Johnson & Johnson –productor de la vacuna de Jansen– contrató a 7 consultoras de lobby por un importe de hasta 650.000 euros, según el informe. 

Finalmente, Pfizer informa que gasta entre 800.000 y 900.000 euros cada año en tareas de presión. En su caso, sí tiene oficina en Bruselas y cuatro lobbistas tienen pases de acceso permanentes al Parlamento Europeo. Asimismo, de acuerdo con los datos del Registro de Transparencia, la farmacéutica contrató a tres consultoras de lobby, un servicio en el que gastó entre 950.000 y 1,2 millones de euros al año. En el caso de Pfizer, el Corporate Europe Observatory cree que se está “subestimando su presupuesto real de lobby” y ha alertado a la secretaría del Registro de Transparencia, sugiriendo que se comuniquen con la farmacéutica para actualizar y corregir sus cifras.

Endesa, con 56,54 puntos; Inditex, con 55,20; e Iberdrola, con 54,04. Son las tres únicas compañías del IBEX 35 que consiguen un aprobado –aunque muy raspado– en materias de derechos humanos según el último informe del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa* (ORSC) de acuerdo con los datos de 2019.

La organización analiza en este trabajo hasta 65 indicadores diferentes para otorgar una puntuación a cada una de las empresas del selectivo bursátil –excepto a las SOCIMIs Merlín Properties y a la Inmobiliaria Colonial SOCIMI “por considerar que por su actividad y presencia no presentan riesgos en este aspecto”–. La media de las 33 analizadas es de 22,78 puntos sobre 100 puntos, una puntuación muy baja que sitúa a los Derechos Humanos como el área con peor promedio de todas las analizadas por el ORSC. A pesar de ello, sube 1,75 puntos respecto a la media de año 2018.

Indra (3 puntos), Acerinox (4,17), Grifols (5), Mapfre (7,03) y ACS (7,90) se sitúan en la cola por debajo de los 10 puntos. La falta de transparencia de muchas de las empresas del IBEX provoca la baja puntuación ya que, aunque la Ley 11/2018 les obliga a ofrecer este tipo de información, “la falta de especificidad sobre su contenido en materia de derechos humanos facilita que las empresas no publiquen información, la que den sea poco relevante, o interpreten la información a incluir de manera diferente”, denuncia la organización.

El análisis también revela que solo 13 de las empresas estudiadas “llevan a cabo un proceso de identificación de riesgos ligados a su actividad, siendo este el primer paso de un proceso de debida diligencia”. Esto será algo obligatorio en la nueva legislación que prepara la Comisión Europea: “Las empresas del IBEX 35 van a tener que pisar el acelerador si quieren estar preparadas ante los cambios legislativos que se avecinan en Europa”, indica Isabel Tamarit, responsable de derechos humanos en el Observatorio de RSC.

De acuerdo con el estudio, 15 empresas de las 33 analizadas en 2019 han realizado formación específica en DDHH frente a las 18 de 2018. Sin embargo, solo 7 de ellas –CIE Automotive, Endesa, Iberdrola, Mediaset, Repsol, Telefónica, Cellnex– informan del número de trabajadores que han recibido dicha formación. De todas, solo Iberdrola aporta datos sobre la formación en aquellos países que presentan mayor riesgo de vulneración de los derechos humanos.

La cadena de suministros está considerada “una parte fundamental del ejercicio de debida diligencia en materia de derechos humanos, ya que es dónde, en la mayoría de los casos, se producen los mayores abusos de los derechos humanos”. En este caso, ni siquiera la mitad de las compañías –15 de 33– informa sobre los criterios de derechos humanos utilizados en la contratación de los proveedores. Señalan, en concreto, la mala práctica de Repsol, quien no establece la obligatoriedad de que los proveedores tengan que demostrar que cumplen con las políticas incluidas en el Código de Conducta de Proveedores.

En el caso de Siemens Gamesa e Iberdrola, sus códigos establecen que los proveedores deben reconocer el derecho de asociación sindical libre, pero siempre que se recoja en la ley de territorio, dejando abierta la posibilidad de trabajar con empresas que no respeten la libertad sindical en países donde esta no se incluya en la legislación.

*El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa está compuesto en la actualidad Alianza por la Solidaridad, Anesvad, Ayuda en Acción, Cáritas, CCOO, Cruz Roja Española, Economistas sin Fronteras, Entreculturas, Fundadeps, Manos Unidas, Oxfam Intermón y USO.

La gran banca ha iniciado una operación para aligerar sus plantillas despidiendo a miles de trabajadores. La digitalización y las fusiones entre entidades se han convertido en el peor enemigo de los actuales empleados y empleadas, que pueden perder su puesto de trabajo antes de haber superado la pandemia de la Covid-19.

Las primeras cifras apuntaban a más de 20.000 despidos, un montante que se ha reducido ligeramente tras las primeras negociaciones con los sindicatos, aunque las previsiones siguen acercándose a las 17.000 bajas.

Aunque el contexto económico derivado de la crisis sanitaria ha sido y sigue siendo duro para muchas empresas, la realidad es que la mayor parte de las entidades financieras que ahora van a realizar Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) obtuvieron beneficios en mayor o menor grado a lo largo del año 2020, y algunas de ellas incluso han anunciado subidas de sueldo y bonus para sus cúpulas directivas.

CaixaBank y Bankia

Tras la absorción de Bankia culminada el pasado 26 de marzo, CaixaBank se ha convertido en el principal grupo financiero de España. Sin embargo, el proceso ya tiene sus primeras consecuencias: la entidad ha anunciado el mayor despido masivo de la historia de la banca.

En un primer momento, la cifra de trabajadoras y trabajadores afectados por el ERE rozaba los 8.300. Algunos días después, ha sido reducida en 500 personas, por lo que se verían afectados casi 7.800 empleados. Aun así, seguiría siendo el mayor despido bancario en España y el tercero de todo el sector empresarial tras los de Telefónica y Seat.

Los sindicatos lo han tildado de “salvaje” y han denunciado las malas condiciones asociadas. Una de las principales críticas va dirigida a la obligatoriedad de que el 50% de las salidas apunten a personas de menos de 50 años, ya que, como explican los representantes de los trabajadores, las salidas de los empleados más jóvenes son más baratas. Suelen ser los más mayores los que se inscriben en mayor medida a las salidas voluntarias, ya que cuentan con mejores condiciones tanto de finiquito como de pensión.

La principal excusa de la entidad resultante para llevar a cabo este despido masivo es la duplicidad de empleo y oficinas, por lo que pretende cerrar unas 1.500 en toda España. Los resultados económicos, sin embargo, no sostienen esta decisión, ya que CaixaBank fue la entidad española que mayores beneficios obtuvo en 2020 a pesar de la pandemia: 1.381 millones de euros. Asimismo, en enero anunció un reparto de un dividendo de 2,68 céntimos por acción.

A ello habría que sumarle los resultados de Bankia, que terminó el ejercicio también en números negros, con un beneficio de 220 millones de euros. El que fuera presidente de Bankia y ahora presidente de CaixaBank tras la absorción, José Ignacio Goirigolzarri, aseguró en la presentación de las cuentas que se trataba de un “balance muy positivo” del que se sentía “muy orgulloso”.

Y mientras que esta operación de concentración bancaria dejará a miles de personas sin trabajo, a nivel personal Goirigolzarri saldrá muy beneficiado. El empresario financiero triplicará su sueldo, embolsándose anualmente 1,65 millones de euros de remuneración fija más hasta 200.000 euros por objetivos. La ministra de Economía Nadia Calviño calificó de “inaceptables” los “altos sueldos” que reciben los directivos de las entidades, aunque no parece que el Estado –accionista de CaixaBank– vaya a poder evitar que la medida salga adelante.

BBVA

La entidad vasca espera tener buenos resultados económicos en 2021. Así se desprende de su intención de reparto de dividendos para el próximo mes de octubre, cuando finaliza la prohibición de Banco Central Europeo (BCE). Será en ese momento cuando entregue un máximo de 530,43 millones de euros en dividendos, lo que supone hasta 8 céntimos por acción. A ello habría que añadirle otros casi 6 céntimos por acción aprobados para finales de este mes abril, lo que elevará la cantidad hasta casi 14 céntimos por acción durante 2021.

BBVA ha sido capaz de capear la pandemia y ha terminado 2020 con un beneficio que supera los 1.300 millones de euros. La inercia parece positiva ya que el banco anunció hace unos días un bonus de 157,8 millones de euros para repartir entre 339 empleados de los estratos laborales más altos, un plus al que habían renunciado en 2020 y ahora recuperan. En concreto, el presidente Carlos Torres y el consejero delegado Onur Genç recibirán una variable de 1,6 y 1,2 millones de euros.

Un bonus ante el cual los sindicatos han votado en contra, según informa infoLibre. ¿El motivo? Al mismo tiempo que el banco reparte bonus, ha anunciado su intención de despedir a 3.800 trabajadores, algo que hace seis meses negaban: “No tenemos planteado ningún recorte de personal a través de ERE”, aseguró Genç en octubre durante la presentación de resultados. Además, pretenden cerrar 530 oficinas en todo el país.

Banco Santander

El tercer gran despido masivo anunciado para este año lo llevará a cabo el Banco Santander. La entidad presidida por Ana Botín puso en marcha un ERE que afectará a más de 3.500 trabajadores, aunque 1.500 serían reubicados tal y como pactaron con los sindicatos a finales del año 2020. Además, se cerrarán más de 1.000 oficinas antes de mediados de este mismo año.

El Santander fue el único de los grandes bancos españoles que terminó el pasado ejercicio en números rojos, con unas pérdidas de 8.700 millones de euros. A pesar de ello, el saldo de los últimos cinco años es claramente positivo, habiendo obtenido beneficios superiores a los 6.000 millones de euros cada año entre 2016 y 2019. Además, de acuerdo con las últimas cuentas presentadas, en el primer trimestre de 2021 ha obtenido un beneficio de 1.608 millones de euros, el más alto desde el segundo trimestre de 2010. Aun así, no descarta nuevos despidos en el futuro.

Según se desprende de su memoria anual, el 23 de marzo de 2020, “en el contexto de la crisis sanitaria provocada por la covid-19, Ana Botín y José Antonio Álvarez [consejero delegado] propusieron reducir en un 50% su compensación total (salario y bonus) en 2020, y que los ahorros derivados de esta medida contribuyesen a financiar las aportaciones al fondo Santander para la lucha contra la covid-19”.

De estas forma, Botín solo cobró 6,8 millones de euros en 2020 frente a los casi 10 millones de 2019 y Álvarez 6 millones frente a los 8,2 del año anterior. 

Sin embargo, en la reunión mantenida a finales de marzo por la junta general de accionistas, se acordó recuperar la retribución variable, es decir, el bonus ligado al cumplimiento de determinados objetivos. Así, el Grupo A –compuesto por unos 300 altos cargos entre los que se encuentran Botín y Álvarez– se beneficiará del reparto de 147 millones de euros. Otros 1.200 empleados se repartirán otros bonus de 187 millones.

Además, hace algunas semanas –y a pesar de las pérdidas de 2020– se aprobó un dividendo de 0,0275 euros brutos por acción, la cantidad máxima recomendada por el BCE.

Banco Sabadell

El Sabadell fue el primero en anunciar el despido masivo de unos 1.800 trabajadores y trabajadoras a principios de diciembre del pasado año. Así, el grueso de las salidas –las cuales han sido voluntarias– se han producido en los primeros meses de 2021. El objetivo de estos despidos es ahorrar 115 millones de euros cada año.

No se trata de equilibrar las cuentas de 2020, ya que la entidad catalana obtuvo durante el primer año de pandemia 222 millones de euros de beneficio (excluyendo a la filial británica TSB). A pesar de ello, será el único de los grandes bancos que no reparta dividendos con cargo a las cuentas de 2020.

Unicaja y Liberbank

Aunque las cifras no son definitivas, la entidad resultante de la fusión entre Unicaja y Liberbank también pretende reducir su plantilla en, aproximadamente, 1.500 trabajadores entre la plantilla de los servicios centrales y algunas oficinas. Una cifra que podría alcanzarse con prejubilaciones voluntarias.

Nuevamente, aunque ambas entidades vieron mermados sus beneficios durante 2020, el saldo vuelve a ser positivo: 120 millones de euros.