Las puertas giratorias de 2020: ni la pandemia las ha parado

Este artículo se actualizará a medida que más políticos crucen la puerta giratoria. Puedes enviar tus sugerencias escribiendo un mail a danidominguez@lamarea.com

En junio de 2020 se cumplieron dos años de la moción de censura al gobierno de Mariano Rajoy, que convirtió a Pedro Sánchez en presidente. En ese momento finalizaba para numerosos dirigentes del PP el periodo de dos años que impide a los altos cargos “prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado”, según regula la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

Esto ha permitido que, por ejemplo, las exministras del PP Isabel García Tejerina (Medio Ambiente) y Fátima Báñez (Trabajo y Seguridad Social) hayan podido incorporarse al consejo de administración de dos filiales latinoamericanas de Iberdrola sin necesidad de recibir el visto bueno de la Oficina de Conflictos de Interés. Según Vozpópuli, en los dos primeros años desde la salida de Rajoy de La Moncloa, la OCI ha tramitado 174 casos de altos cargos que querían pasar a la empresa privada.

Este año, varios cargos públicos del Ministerio de Economía, dirigido por Nadia Calviño, han pasado a la gran empresa. De la misma forma, en 2020, varios exmilitares de alto rango han encontrado acomodo en grandes compañías vinculadas al negocio de la Defensa y la Seguridad, algo a lo que la OCI no ha puesto ningún reparo.

Puertas giratorias en el IBEX 35

Isabel García Tejerina

“El IBEX 35 es uno de los grandes beneficiarios de la Industria del Control Migratorio”

control migratorio

Más de 700.000 euros para “contratación del servicio de reparación de sistemas de radar” en diferentes lugares costeros; 150.000 euros para el “mantenimiento integral de instalaciones, recogida y transporte de mercancías” en el CETI de Ceuta; o 120.000 euros para el “servicio de mantenimiento de los despliegues fijos y unidades móviles del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Guardia Civil”. 

Son solo tres ejemplos de los contratos adjudicados a compañías como Indra, Clece (Grupo ACS) o El Corte Inglés que forman parte de la base de datos de más de 1.600 contratos formalizados entre 2014 y 2019 por parte del Gobierno de España relativos al control migratorio. Estas y otras grandes empresas forman parte de lo que denominan como Industrial del Control Migratorio (ICM), asentada en la cultura de la Securitización, Privatización, Externalización, Criminalización y el Tráfico de Migrantes (SPECTRAM). 

Para tratar de poner luz en todo ello, Porcausa.org, comandada por su directora, Lucila Rodríguez-Alarcón, ha lanzado un crowdfunding en la plataforma Goteo con el objetivo de obtener los fondos necesarios para seguir investigando.

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Los bancos del IBEX y la financiación de la industria armamentística

financiación industria armamentística

4.450 millones de euros y 2.950 millones de euros. Esas son las cantidades que BBVA y Banco Santander han prestado a empresas armamentísticas como Aecom, Airbus, Boeing, General Dynamics, Navantia, Maxam o Indra entre 2014 y 2019. Así lo denuncia el Centre Delàs d’Estudis per la Pau en Aseguradoras y fondos de pensiones que financian empresas de armas, un nuevo informe que actualiza la financiación a estas empresas en España durante 2020. 

Entre ambas entidades, suman el 62% del total de la financiación de bancos españoles a empresas armamentísticas. Como señalan los autores del informe, ambas entidades “financian año tras año a las principales empresas de armas del mundo y de España, sin un aparente filtro en su elección bien sea basado en la tipología del armamento financiado o la extensión de los mercados a los que llegan sus armas”. Un año más han prestado grandes sumas de dinero a compañías estadounidenses entre las que se encuentran “productores de armas nucleares, misiles, aviones de combate, buques de guerra y munición de todo tipo”.

Atendiendo al montante económico, entre BBVA y Santander se situaría la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), un ente público encargado de la gestión de las participaciones que el Estado tiene en determinadas empresas. En su caso, la financiación de compañías de la industria armamentística asciende a 3.213.000.000 euros, aunque dirigidos únicamente a dos empresas: Indra y Airbus.

Aunque ya muy alejadas, los diez primeros puestos de este ranking los completan Bankia, Banca March, Banco Sabadell, Acciona, CaixaBank y el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Bankinter, el sexto banco del IBEX 35, ocupa el puesto 11º. Según el Centre Delàs, entre ellas destaca el Banco Sabadell “por su apuesta en mantener a clientes de gran peso en la producción armamentística mundial, como Raytheon o General Dynamics”. De acuerdo con la organización pacifista, esto muestra una tendencia de imitación de los dos principales bancos ,“permitiendo que en su cartera aparezcan empresas probablemente muy rentables para el banco, pero cuyas armas protagonizan el armamentismo de buena parte de las regiones del mundo en conflicto armado o con situaciones securitarias de enorme inestabilidad”.

También destaca el papel financiador de dos bancos europeos que cuentan con una amplia presencia en el mercado español: Deutsche Bank e ING. En el caso de otras entidades españolas como Liberbank, Unicaja, Ibercaja, Abanca, Caja Rural o Laboral Kutxa, con cantidades de financiación mucho menores, el Delàs denuncia “inoperancia o desidia” en esta cuestión “ya que es difícil de entender que estas entidades no presten atención a uno de los argumentos que mayor peso tiene en la decisión de un cliente del sector financiero”.

El papel de las aseguradoras

Tras 14 años de investigaciones sobre la financiación del sector, el Centre Delàs también pone la lupa en esta ocasión sobre las compañías de seguros y los fondos de pensiones. “Además de financiar a las empresas de armas a través de nuestras cuentas corrientes, de nuestros depósitos a plazo […], estamos ayudando de manera determinante a la expansión del sector armamentista con la contratación de seguros […] pero también con la contratación de planes de pensiones”, denuncian. Ante ello recomiendan elegir un depositario ético para nuestros planes.

La organización señala como “empresas aseguradoras armadas de primer orden” a  BNP Paribas Cardif Assurance, AXA, Allianz, Generali, Liberty, Aegon y AIG. Axa y Allianz son quienes representan “mayor controversia” ya que financian empresas de todo el mundo que abarcan todo tipo de armas y municiones, “incluso las nucleares”. Es relevante también el caso de Generali por financiar a compañías controvertidas “desde un punto de vista de cultura de paz y derechos humanos, entre las que destaca la italiana Leonardo”, denuncia el informe.

En el caso de los seguros de pensiones, el informe del Centre Delàs no permite conocer qué parte de estos fondos se destinan a la financiación de empresas de armas. Sin embargo, las entidades que gestionan un mayor patrimonio son Caixabank y BBVA, que copan el 50% del total. Los siguientes bancos que completan el ranking por volumen de fondos de pensiones de empleo “coinciden con los principales bancos españoles y con los primeros financiadores de armamento: Santander, Bankia y Banco Sabadell”. También aparece Fonditel, una empresa del Grupo Telefónica, con inversiones en Indra, o Ibercaja, en el puesto número 3 en gestión de planes de pensiones, que financia a Indra, Maxam y Serco.

Las exministras Fátima Báñez e Isabel García Tejerina cruzan la puerta giratoria hacia Iberdrola

puertas giratorias

Se mueve la puerta giratoria de Iberdrola. La eléctrica ha fichado a las exministras Fátima Báñez e Isabel García Tejerina para los consejos de administración de sus filiales Iberdrola México y Neoenergía, respectivamente. Así lo han confirmado ambas al diario El Mundo.

Báñez fue ministra de Empleo y Seguridad durante las dos legislaturas de Mariano Rajoy (2011-2018). Después de que Pablo Casado ganase las primarias del Partido Popular, decidió alejarse de la vida política y centrarse en el ámbito privado. Durante este año, su actividad en la empresa privada ha sido frenética. En abril, la ideóloga de la reforma laboral del PP, se integró en el patronato de la Fundación CEOE para gestionar el proyecto Empresas que ayudan.

Además de su actividad en la fundación de la patronal, este mes de septiembre se ha incorporado al consejo de administración de la farmacéutica Rovi, donde forma parte de las comisiones de auditoría y de nombramientos y retribuciones. Ahora ocupará un sillón en Iberdrola México, filial de la eléctrica española.

García Tejerina, por su parte, pondrá rumbo a Brasil, donde se ubica la filial Neonergía. La exministra es una de las caras conocidas en el ámbito de las puertas giratorias. Entre 2000 y 2004, coincidiendo con la segunda legislatura de José María Aznar, fue asesora de los ministros Loyola de Palacio, Jesús Posada y Miguel Arias Cañete, en el Ministerio de Economía. Tras la victoria de Zapatero, se marchó la empresa privada como directora de planificación estratégica de Fertiberia y como consejera de la compañía de fertilizantes Fertial S.P.A. En 2014, Rajoy la nombró ministra de Agricultura, cartera que ocupó hasta la moción de censura.

Tal y como publicó este medio tras las elecciones del 28 de abril, García Tejerina era la diputada con mayor cantidad de acciones de empresas privadas, con un total de 800.000 euros. Iberdrola se llevaba la palma, ya que la exministra contaba con participaciones en la eléctrica por valor de 347.345,95€ en aquellos momentos. También tenía acciones de Banco Santander (343.202,48), Telefónica (68.537,85€) y BBVA (41.189,54€). La participación de García Tejerina en estas y otras empresas le generaron casi 25.000 euros en ingresos durante 2018.

Las otras puertas del gobierno de Rajoy

Antes de Báñez y García Tejerina, también fue noticia el paso a la empresa privada de varios altos cargos de los ejecutivos de Rajoy. Así, María Dolores de Cospedal (Defensa) y Soraya Sáenz de Santamaría (Vicepresidencia) se incorporaron a los bufetes de abogados CMS Albiñana & Suárez de Lezo y Cuatrecasas, respectivamente. Rafael Catalá (Justicia) también ha mostrado hiperactividad tras abandonar el Ejecutivo, siendo nombrado presidente no ejecutivo del consejo de administración de Belagua –compañía propietaria de la mayoría de los hoteles AC Hotels by Marriott en España–, asesor de Codere –la empresa de juegos online y casinos–, y ‘senior advisor’ de la consultora Kreab.

Pedro Morenés, ministro de Defensa entre 2011 y 2016, comparte con García Tejerina los constantes giros entre la política y la empresa privada. Durante las dos legislaturas de Aznar ocupó tres secretarías de Estado diferentes dentro de los ministerios de Defensa, Interior y Ciencia y Tecnología. Antes, había sido abogado de Astilleros Españoles S. A., una de las empresas que contrataban con el Estado. Tras perder las elecciones en 2004, volvió a las empresas armamentísticas, siendo consejero de MBDA dedicada a la fabricación de misiles, y de Instalaza, la principal fabricante española de bombas de racimo en aquellos años. Instalaza, con Morenés al frente de la cartera de Defensa, consiguió adjudicaciones del Estado como el sistema Alcotán.

Tras su paso por el Ejecutivo de Rajoy, en noviembre de 2019 fue nombrado nuevo presidente del consejo de administración de la empresa Amper Ingenio, filial del Grupo Amper. La firma matriz se valió de la intervención del Gobierno en 2014 para cerrar una importante venta en España. Morenés fue quien capitaneó la operación en el consejo de ministros.

España, 50 años bajo el sol del turismo

turismo

“España os espera a partir del próximo julio”. Tras meses de confinamiento y el cierre de fronteras por el tremendo impacto de la COVID-19, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que España está preparada de nuevo para acoger a los turistas extranjeros que quieran pasar la temporada turística en suelo español. Algo que se hará, en palabras de Sánchez, “con plenas garantías sanitarias”. Antes incluso de que los españoles conociesen qué día van a poder viajar de una provincia a otra, los turistas internacionales ya sabían que a partir de julio podrán disfrutar aquí de sus vacaciones.

Salvar la temporada turística ha sido uno de los mantras del Ejecutivo en las últimas semanas, conscientes de la enorme importancia que el sector tiene para la economía española. El turismo supone el 13% de nuestro Producto Interior Bruto (PIB) y de él depende un 12% de todo el empleo nacional. Pero, ¿en qué momento España pasó a tener esa dependencia tan estrecha del turismo?

Un sector con cimientos franquistas

La primera piedra la puso el dictador Francisco Franco. En 1959, el país se abrió al mundo a través del Plan de Estabilización. Quedaban atrás dos décadas de cerrazón estatal, de fallida autarquía. Sin saberlo, Franco ponía iniciaba la conformación del sistema económico de un país que desde aquella época sigue arrastrando males endémicos.

La apertura de aquella España gris tuvo especial incidencia en la industria turística. Tal y como explican Pedro Ramiro y Erika González en su libro A dónde va el capitalismo español (Traficantes de Sueños, 2019), “a la vez que se reglamentaba el comercio internacional, se avanzaba en la liberalización del mercado interno, se regulaba el déficit fiscal y se impulsaba el turismo como vía de entrada de divisas”. En otras palabras, se empezaban a levantar los que iban a ser los dos pilares económicos del país: el turismo y la construcción.

Los chiringuitos y las grúas se iban a convertir en figuras inamovibles del paisaje español. En 1962, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento subrayó en su Informe sobre España “el papel vital del turismo como factor de equilibrio” y “la necesidad de atraer una mayor entrada de capital privado procedente del extranjero”. En su ensayo Exportando Paraísos (Alba Sud Editorial, 2014), Joan Buades concluye que estos puntos “promovían la expansión turística y la conversión de España en un paraíso inmobiliario. Desde el punto de vista de la realidad, fueron los que triunfaron”.

España y el turismo: una relación duradera

Los efectos del Plan de Estabilización llegaron pronto. Entre 1961 y 1973, la economía española creció de media un 7% anual. Pero es en los años 70 cuando se produce la gran explosión del turismo, y España se convierte en la meca turística mundial. “Del millón de turistas que habían llegado en 1950, se pasó a recibir 14 millones en 1964 y 34,5 en 1973. El turismo funcionó como una increíble fuente de divisas, que servía para compensar el déficit comercial. En esos años, los ingresos generados por el turismo duplicaron la suma de las entradas de inversión extranjera y de las remesas que enviaban los emigrantes”, explican Ramiro y González.

Al mismo tiempo, las grúas se convertían en un elemento perpetuo en el horizonte español. El símbolo de un país con una economía basada en la terciarización y en el mercado inmobiliario. El turismo, por su parte, “no era solamente una herramienta comercial del régimen, sino que también fue una potente arma propagandística ya que permitía mostrar al resto de países europeos que en España no se vivía tan mal”, señala Iván Murray en su libro Capitalismo y turismo en España (Alba Sud Editorial, 2015)

De esta forma, empresarios cercanos al franquismo empezaban a amasar ingentes cantidades de dinero. Ahí estaba, por ejemplo, José Banús, conocido como “el constructor del régimen”, quien se paseaba por las cárceles eligiendo a presos como mano de obra para sus negocios. Banús comenzó sus carrera con la construcción del Valle de los Caídos, continuó edificando por diferentes barrios periféricos de Madrid y acabó en la Costa del Sol, donde levantó el mítico Puerto Banús, en Marbella. La especulación inmobiliaria llevaba su apellido.

Este no iba a ser el único José que hiciese negocios al amparo del dictador. Subido en el otro pilar económico, el del turismo, Meliá Sinisterra construía su imperio turístico: Viajes Meliá S.A.. Según cuenta Mariano Sánchez Soler en su libro La familia Franco S.A. (Rocaeditorial, 2019), Meliá formaba parte del “clan de El Pardo”, un reducido grupo que conformaban la familia del dictador y un puñado de grandes empresarios.

José Meliá

Quién manda en el turismo español: una radiografía empresarial

turismo

17.152 hoteles, unas 880.000 habitaciones y más de 80 millones de turistas anuales. Estas son algunas de las principales cifras que permiten entender mejor la dimensión de la industria turística en España, el segundo destino más visitado del mundo solo por detrás de Francia. En las últimas dos décadas, la radiografía del sector se ha mantenido prácticamente inamovible, con un reducido grupo de compañías y empresarios que han copado el poder de una industria fundamental para la salud económica de España.

La Costa del Sol, la Manga del Mar Menor, Baleares o Canarias son parte del imaginario turístico del país, de la misma forma que los apellidos Escarrer, Fluxá, Barceló o Riu, quienes controlan buena parte de la oferta turística española. El enorme apoyo de las grandes financieras a estas empresas ha provocado que investigadores como Ivan Murray aseguren que este tipo de compañías se encuentran en “las antípodas del mito de la empresa familiar”.

Esta es la historia de las cinco principales compañías hoteleras españolas:

Meliá Hotels International

melia

Joan Buades: “A los grandes empresarios turísticos no les debemos más que pobreza y pérdida de recursos naturales”

joan buades

Joan Buades Beltran (1963) y Lorenzo Fluxá Figuerola (1906-1993) nacieron en la misma ciudad, Inca (Mallorca), con 57 años años de diferencia. Y ambos han dedicado su vida al turismo. En el caso de Fluxá, que llegó a ser alcalde del municipio durante parte de la Guerra Civil, como forma de negocio. Sus descendientes son hoy una de las familias más ricas del país –la 15 según El Mundo, y la 4 para la revista Forbes– gracias a su compañía Iberostar.

El interés de Joan Buades por el turismo ha sido radicalmente diferente. El empeño de este investigador pasa por demostrar los efectos negativos que han supuesto para la sociedad española la labor de grandes empresas como la de la familia Fluxá, entre otras. Entre 1999 y 2003, Buades fue diputado autonómico en representación de Els Verds, y se convirtió en uno de los principales impulsores del impuesto a la actividad turística, la famosa ecotasa que tan poco gustó a los empresarios.

Su trabajo de investigación se ha centrado en el cambio climático, la globalización y, por supuesto, el turismo, sobre el que ha escrito algunos libros como Exportando paraísos. La colonización turística del planeta (La Lucerna, 2006) o Do not disturb Barceló. Viaje a las entrañas de un imperio turístico (Icaria, 2009). Ahora, entre corrección y corrección de exámenes, habla con La Marea sobre la situación actual y futura del sector.

¿A qué cree que se ha debido el cambio de discurso respecto al turismo por parte del Gobierno?

Es evidente que las decisiones del Gobierno central están más marcadas por las presiones del entorno del IBEX 35 que por motivos de precaución epidemiológicas. Se tardó mucho en decretar el estado de alarma, con los costes humanos que eso ha supuesto. Y creo que se está cerrando de manera precipitada para salvar esta temporada turística, entre otras cosas porque, aunque la prensa económica hable de otros sectores, en realidad España sigue viviendo de lo mismo que durante el franquismo: cemento y turismo, que son sectores que no requieren cualificación. 

El turismo, además, es un sector temporal, por lo que si se perdiese la temporada completamente, la tasa de paro sería astronómica. Por eso ahora se intenta salvar el nivel de caja y algunas cotizaciones empresariales y sociales. 

Creo que es un error muy grave porque otra vez pone el acento en vivir como en los años 60 a costa de temporadas turísticas que no proporcionan ni buen nivel de ocupación ni calidad de vida para las poblaciones afectadas. En cambio, lo que debería plantearse es por qué nuestros empresarios turísticos, los cuales figuran en los rankings de las principales fortunas internacionales, no contribuyen solidariamente en forma de impuestos. De esta forma la crisis podría ser compensada con una fiscalidad justa que beneficie a quien realmente lo necesita y a quien produce riqueza, que son los trabajadores.

¿Cómo se está moviendo el lobby turístico ante esta crisis?

El propio señor [Abel] Matutes en una entrevista reconocía que hace unos días se habían reunido telemáticamente los principales empresarios turísticos con la ministra [Reyes] Maroto y con la ministra de Trabajo para prolongar los ERTEs, y así solo pagar a los trabajadores que necesiten para mantener el negocio. Es decir, que el Estado, que ya lleva años sosteniendo a la industria a base a pagar el subsidio para fijos-discontinuos, ahora haga lo propio con una parte de la plantilla para que sus sueldos los pague la caja pública.

En otro sentido también están pidiendo una rebaja radical de impuestos con la excusa del coronavirus. Y, tercero, solicitan grandes campañas de marketing para que crezca la capacidad de atracción de España, que ya está totalmente sobredimensionada al acoger a más de 80 millones de turistas al año. Ahora, con dinero público, quieren que esta capacidad de recepción crezca todavía más y que se remodelen ciertas zonas.

«Es el momento de que un Gobierno de izquierda plural se atreva a hacer cambios sustanciales en el sector en favor del medioambiente y de la gente»

Joan Buades, investigador

Básicamente, la intención es conseguir un plan de rescate turístico valorado en miles de millones de euros que salen de las arcas públicas. En un estado tan endeudado como el español, con más del 100% del PIB de deuda sostenida, es evidente que todo el dinero que vaya a rescates de sectores como el turístico o el automovilístico irá en detrimento del bienestar social.

De hecho, Pedro Sánchez ya aseguró que el sector turístico “ha sido el más beneficiado por los avales del ICO”.

Sí, sí. Y hay indicios de que muchos de estos créditos no son más que el blanqueo de créditos anteriores, consiguiendo así ampliarlos, prolongarlos o sustituirlos a un interés muy bajo. Es decir, en lugar de que estas líneas de crédito vayan a pequeñas y medianas empresas con problemas para sostener el empleo, están yendo a grandes compañías en sectores como el turístico.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, recibió numerosas críticas por decir que el turismo español aportaba un “bajo valor añadido”, algo que denuncian desde numerosas organizaciones hace ya muchos años. ¿Por qué creen que el turismo aporta poco valor añadido?

Te pongo el ejemplo de Baleares, que es la zona de España y probablemente de Europa con más turistas por millón de habitantes. Aquí tenemos el nivel de salarios más bajo del Estado español, es decir, no hay ningún sitio donde los trabajadores salgan tan baratos como en Baleares, a pesar de ser un destino turístico de primer nivel.

Por otro lado, somos también un laboratorio de desmantelamiento de la educación pública. No hay ninguna otra comunidad, excepto Ceuta y Melilla, donde las tasas de fracaso escolar sean tan altas y donde haya un nivel tan bajo de universitarios. En Baleares solo hay un tercio de los universitarios que debería haber por número de habitantes, según la media española. Esto es terrible.

Finalmente, tenemos unos costes sociales en materia de vivienda que hacen que las islas sean el sitio más caro de España en este ámbito, incluso a la hora de comprar alimentos. Por eso dice el ministro Garzón, y estoy totalmente de acuerdo con él, que el futuro de España y de Baleares no puede ser nunca el turismo, porque produce un mercado de trabajo especialmente vulnerable, precario y que supone una inversión cero en I+D+i. De nuevo, Baleares es la región con menos investigación de todo el país porque los empresarios se limitan a mercantilizar un sol y unas playas que ya existen, y a aprovecharse de unos trabajadores que no requieren ningún tipo de cualificación. 

El ministro tiene toda la razón, ahora solo hace falta que el Gobierno entero se dé cuenta. Es el momento de que un Gobierno de izquierda plural se atreva a hacer cambios sustanciales en el sector en favor del medioambiente y de la gente.

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