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¿Quién manda en Gas Natural Fenosa?

Durante los últimos 25 años, Repsol y Criteria, el holding de las diferentes participaciones industriales de La Caixa, mantuvieron un pacto parasocial para gestionar de manera conjunta Gas Natural Fenosa (GNF). Hasta 2016, la entidad financiera y la petrolera controlaban el 34,4% y el 24,4% de la gasística, respectivamente. De esta forma GNF permaneció en manos de capital español como una de las joyas del holding industrial del banco con más clientes de España. La reciente entrada de Global Infrastructure Partners (GIP), un fondo de inversión con sede en Nueva York, en el accionariado principal de GNF rompió la tradicional cogestión y abrió una nueva era en la gasista. Vayamos por partes.

Cuando Óscar Fanjul, presidente de Repsol, y Josep Vilarasau, director general de La Caixa firmaron la fusión de Catalana de Gas y Gas Madrid en 1991 que dio a luz a Gas Natural, la petrolera pesaba casi el doble que la caja de ahorros catalana en el accionariado de la compañía (45% y 25% respectivamente). Sin embargo, Repsol aceptaba el reparto paritario en el consejo de administración de la gasista, pese a que las tensiones eran frecuentes. Por ejemplo, en 1999 la petrolera estuvo a punto de lanzar una OPA para hacerse con todo el control de Gas Natural, y finalmente rompió el protocolo firmado con la caja catalana para ganar más peso en el consejo de la compañía. Un joven Artur Mas, por entonces consejero de Economía de la Generalitat, presionó para que su sede social siguiera en Barcelona (en octubre de 2017 se trasladó a Madrid) y que La Caixa mantuviera el derecho de nombrar el presidente de la empresa, explica el periodista José García Abad.

Capital extranjero en el último bastión del capital nacional

A principios de septiembre de 2016 la prensa informó de que Repsol y La Caixa, a través de Criteria, estaban negociando la venta de una parte de sus acciones en GNF a GIP, el fondo creado por el gigante industrial estadounidense General Electric y el banco helvético Credit Suisse. La llegada de un fondo extranjero que gestiona activos por un valor de 40.000 millones de dólares suponía un soplo de aire fresco para la empresa de energía, afectada por los bajos precios del petróleo y del gas natural, las turbulencias en las divisas latinoamericanas -la mitad de su negocio se concentra en esa región- y una deuda de más de 15.000 millones de euros. Además, tras los cambios normativos posteriores a la crisis bancaria, Criteria-La Caixa pasó a ser considerada por el Banco Central Europeo como una entidad financiera, lo que la obligaba a someterse a sus controles de capital y exigencias, entre ellas la de reducir sus inversiones en empresas industriales para evitar penalizaciones.

Todo eran ventajas a corto plazo a ojos de Repsol y La Caixa, así que el 12 de septiembre informaron a la CNMV de la venta del 20% de las acciones de GNF (un 10% cada uno) al fondo estadounidense por 3.802 millones de euros. Este movimiento obligó a romper el último pacto parasocial, con 17 años de antigüedad, entre La Caixa y Repsol para gestionar la gasística de manera conjunta. Tras esta operación, ambas todavía suman cerca de la mitad del capital (Criteria un 24,4% y Repsol un 20%), pero la ley ahora impide los acuerdos de gestión conjunta (el pacto de Repsol y La Caixa fue previo a la entrada en vigor de la nueva norma en 2000). Tras la llegada de GlP, los tres grandes accionistas de GNF aseguraron que no habrá «actuación concertada en el contexto de gobierno corporativo de la sociedad» y se comprometieron a gestionarla «de forma independiente”.

Desde entonces, de los 17 asientos del consejo de administración de GNF, Criteria nombra a cuatro miembros, y Repsol y GIP designan a tres consejeros cada uno. La entidad catalana conserva el derecho de nombrar al presidente, que carece de poder ejecutivo. El nuevo consejo tras la entrada de GIP actúa «con libertad de criterio y juicio» y mantiene a Rafael Villaseca en el puesto de consejero delegado.

La venta de sendos paquetes del 10% de las acciones en GNF al fondo americano propició una inyección de dinero para Repsol y La Caixa. Sin embargo, con la reducción de su participación también disminuirá su parte en el reparto del dividendo generoso que paga Gas Natural Fenosa. De este modo, en los próximo cuatro años dejarán de ingresarse 1.215 millones de euros, según las previsiones de GNF. El analista de GVC Gaesco Jaume Puig opina que el brazo industrial del banco catalán y la petrolera «están pagando muy caro este beneficio contable a corto plazo» y cree que vender esas acciones a GlP fue un error porque, según su estimación, Repsol y Criteria podrían haber ingresado 1.000 millones más con la operación, en lugar de los 246 y 218 millones en plusvalías obtenidas, respectivamente.

Una semana después de que GIP aterrizara en el accionariado principal de GNF, el consejo de administración dio la bienvenida a sus tres consejeros y confirmó el nombramiento de lsidro Fainé como presidente no ejecutivo de la gasística. Tras 17 años presidiendo GNF y apenas seis meses antes de fallecer, Salvador Gabarró cedió el testigo de manera amistosa a Fainé (75 años), uno de los últimos pesos pesados históricos del Ibex 35 que sigue en activo.

Hasta la fecha, el fondo extranjero ya ha dejado claro que no será un mero observador en el consejo de GNF: primero presionó con éxito para que se reduzca el sueldo a Villaseca. En marzo pidió detalles sobre la estrategia jurídica de GNF en Colombia, donde recientemente el gobierno intervino y decidió liquidar su filial, Electricaribe.

Accionistas contentos con la deuda al cuello

GNF sigue arrastrando el legado de la década pasada, la del boom, cuando la energética acometió inversiones muy costosas. Los efectos de la crisis económica y el posterior derrumbe del precio del petróleo son factores que explican la elevada deuda de Gas Natural: 15.400 millones de euros a finales de 2016, más tres veces su resultado operativo (Ebitda). GNF tiene la intención de reducir esa proporción a 2,5 veces en 2020.

A pesar de la abultada deuda, Villaseca admitió que GNF mantiene una ambiciosa política de dividendos. De momento esa estrategia está teniendo efecto. Por ejemplo, los analistas del banco UBS aseguran que esta estrategia es sostenible y esperan que la empresa «genere suficiente flujo de caja para cubrir este nivel de retribución, al menos, hasta 2020». Los expertos de Citigroup no asocian riesgos financieros a su elevado nivel de endeudamiento. Tanto el Citi como UBS y otras entidades que aconsejan comprar acciones de GNF son, al mismo tiempo, propietarias de parte de la deuda de la gasista, a quien además prestan servicios para la emisión de bonos en mercados europeos.

En su última presentación de resultados, GNF anunció que daría un dividendo de un euro por acción, es decir, del beneficio neto de 1.347 millones de euros se dedican 1.001 millones de euros a la retribución de los accionistas, un “payout” del 74,3%, similar al del año anterior. Esta proporción del beneficio dedicado a dividendo es una de las más altas del Ibex 35. En su plan estratégico para 2016-2018, GNF se compromete a mantener ese payout por encima del 70%. Esa y otras decisiones las toma el consejo de administración, cuyos miembros atesoran a título personal buena parte de las acciones de la empresa.

El consejo de administración de GNF (en mayo de 2017) era el siguiente:

Presidente: Isidro Fainé, en representación de Criteria (propiedad de la Fundación La Caixa que Fainé preside). Posee 17.426 acciones de GNF.
Otros cargos: presidente de la Fundación La Caixa y del holding industrial Criteria Caixa; vicepresidente y consejero de Telefónica; consejero de The Bank of East Asia, el banco BPI y Suez Environment, entre otras (dejó la vicepresidencia de Repsol en 2016). También preside: Agrupación Europea de Cajas de Ahorros, Confederación Española de Directivos Ejecutivos, Capítulo Español del Club de Roma y Círculo Financiero. Entre otras distinciones, posee la Cruz de Sant Jordi y es Caballero de la Legión de Honor francesa.

Vicepresidente primero: Josu Jon Imaz San Miguel, en representación de Repsol. Posee 4.100 acciones de GNF.
Otros cargos: el expresidente del PNV, antiguo eurodiputado, diputado y consejero del Gobierno vasco actualmente es el consejero delegado de Repsol y director de Repsol oil & Gas Canada.

Vicepresidente segundo: William Alan Woodburn, uno de los tres representantes de Global Infrastructure Partners (GIP). No pose acciones de GNF a título personal.
Otros cargos: consejero del Aeropuerto de Gatwick y del Aeropuerto de Edimburgo; presidente de Competitive Power Ventures; presidente de varios comités de GlP.

Consejero delegado: Rafael Villaseca. Único miembro ejecutivo en el consejo, aunque fue nombrado por Repsol, siguiendo el pacto parasocial con Criteria. Posee 21.972 acciones de GNF. Otros cargos: vicepresidente de la Fundación GNF, vocal de Foment del Treball Nacional; miembro del Capítulo Español del Club de Roma. Fue presidente de INDRA (por entonces Grupo INISEL), TABASA, Compañía General de Elecricidad (Chile), Club Español de la Energía.

Consejeros nombrados por Criteria:

–Enrique Alcántara García Irazoqui. Desde 1991 es consejero dominical en representación de Criteria-La Caixa. Tiene 8.339 acciones en GNF. Es vocal de la Comisión de Auditoría. Abogado del Estado y exdelegado del Gobierno en la Autoridad Portuaria de Barcelona. Fue vicepresidente del consejo de administración de La Caixa, de la Fundación La Caixa y de Abertis.

–Marcelino Armenter Vidal: 12.600 acciones en GNF. Vocal de la Comisión Ejecutiva. Fue director de Sociedades Participadas de La Caixa y director de CaixaHolding, más tarde director general adjunto ejecutivo de La Caixa y director general de riesgos en CaixaBank. Otros cargos: director general de Criteria Caixa, presidente de Caixa Capital Risc, Caixa Innvierte Industria; consejero de Abertis.

–Alejandro García-Bragado Dalmau. Sin acciones de la gasista. Ejerció durante 10 años como abogado del Estado, fue consejero de La Caixa y secretario general de CaixaBank, además de ocupar puestos en Abertis, Inmobiliaria Colonial y Aguas de Barcelona. También fue vicepresidente de la Fundación La Caixa.

Consejeros nombrados por Repsol:

–Miguel Martínez San Martin. No tiene acciones de GNF. Es Director General Económico Financiero y Desarrollo Corporativo de Repsol desde 2011.

–Luis Suárez de Lezo Mantilla. Tiene 18.156 acciones. Es vicepresidente de la Fundación Repsol, consejero de Repsol, Comisión de Medioambiente y Energía de la Cámara de Comercio Internacional.

Consejeros nombrados por Global Infrastructure Partners:

–Mario Armero Montes: fue presidente de General Electric en España y Portugal, presidente de American business Council, consejero de Corporación Llorente, presidente de Ezentis. Otros cargos: vicepresidente de ANFAC (Asoc Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones de Genworth Financial Assurance, asesor de GIP, asesor de Ergon, consejero de Bankinter.

–Rajaram Rao. Sin acciones. Sin más cargos que socio de GlP. Está en el Comité Ejecutivo y el Comité de Auditoría. Trabajó para Goldman Sachs, Barclays Capital, Credit Suisse y varias petroleras indias.

Consejeros independientes:

–Ramón Adell Ramón. Preside la Comisión de Auditoría y es vocal de la Comisión Ejecutiva de GNF. Tiene 5.000 acciones de GNF. Es miembro destacado del Instituto de Censores de Cuentas de España, además de presidente de honor de la Asociación Española de Directivos (AED), presidente de la Societat d’Estudis Economics, vicepresidente de Foment del Treball Nacional y CEDE, asesor de Planeta Formación y Universidades, y consejero en Polne, Oryzon Genomics, Intermas Nets…

–Xabier Añoveros Trias de Bes: es vocal de la Comisión de Auditoría. Posee 350 acciones de GNF. Es miembro fundador del bufete Digestum Legal, así como vicepresidente de la Real Academia Europea de Doctores, patrono de la Fundación San Francisco Javier, administrador de Genfran Díez SL y miembro del Grupo Filatélico Tudense y el Círculo Ecuestre, entre otros.

–Francisco Belil Creixell: preside la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Posee 7.128 acciones de GNF. Compagina el cargo con la presidencia de la Fundación Princesa de Girona. También es patrono de la Fundación Integralia, y consejero de la farmacéutica Uriach y de la empresa de gases para fines médicos y alimentarios Abelló Linde, entre otras.

–Benita María Ferrero-Waldner: Vocal en la Comisión Ejecutiva. No tiene acciones. Su amplia experiencia internacional pasa por distintos altos cargos en las embajadas de Austria en Madrid, Dakar y París, además de la ONU. Fue ministra de Exteriores de Austria, comisaria europea de Comercio y Política Europea de Vecindad, candidata a la presidencia del PP Austríaco (Österreichische Volkspartei ) y «tiene muchas condecoraciones internacionales”, según la web de GNF. También es socia y presidenta del consejo asesor de Cremades & Calvo Sotelo, el despacho de abogados que defiende al opositor venezolano Leopoldo López. Es patrona en las fundaciones Princesa de Girona y Bertelsmann, entre otras, y además preside la Fundación Euroamérica y es consejera de la aseguradora Munich-Re, entre otros cargos.

–Cristina Garmendia Mendizábal: es vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de la Comisión de Auditoría de GNF. No posee acciones. Tiene una larga experiencia en el ámbito privado y fue Ministra de Ciencia e Innovación entre 2008 y 2011. También fue presidenta de Genetrix, consejera de Ysios Capital Partners, Corporación financiera Alba, Science & Innovation Link Office, Pelayo Mutua de Seguros; asesora en CaixaBank y la Universidad Europea; miembro de las fundaciones EY, SEPI…

–Helena Herrero Starkie: es presidenta y consejera de HP para España y Portugal y una de las empresarias españolas más destacadas. Pertenece y preside numerosos foros e instituciones, como las fundaciones Consejo España-EEUU, I+E, Fundetec y Princesa de Girona. No posee acciones de GNF. Es vicepresidenta de AMCHAM (American Chamber of Commerce) y miembro del consejo de acción de la patronal CEOE.

Índice completo del dossier #YoIbextigo sobre Gas Natural Fenosa aquí.

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GNF en el sistema energético español

Gas Natural Fenosa es la mayor compañía integrada en gas y electricidad de España, con un papel predominante en el oligopolio que produce y comercializa la mayor parte de la electricidad consumida en el país, y con más de la mitad de los contratos del mercado de gas. Su presencia en el sistema energético puede resumirse así:

GNF y el sistema eléctrico

Esquema del sistema eléctrico. Diseño: Cova Fdez.

  1. GENERACIÓN: Gas Natural Fenosa tiene una cuota de mercado del 18,9% en la generación eléctrica no renovable y del 2,1% en la renovable. La mayor parte la genera en sus ocho centrales de ciclo combinado (54,8% de su producción eléctrica), seguida de las centrales de carbón (16,2% de su producción), hidráulicas (15,3%), eólica (7,8%) y nuclear (4,7%). Se habla de oligopolio a pesar de que la generación es una actividad liberada porque, GNF, Endesa e Iberdrola concentran entre el 80% y el 90% de la electricidad subastada.
  2. TRANSPORTE: La red de transporte enlaza las centrales eléctricas con los puntos de utilización. El grupo empresarial Red Eléctrica de España (REE) opera “en régimen de exclusividad” como operador del sistema eléctrico y gestiona toda la red de transporte de energía eléctrica (alta tensión). En septiembre de 2016 la Comisión Europea dio un ultimátum al Gobierno para eliminar el monopolio de REE.
  3. DISTRIBUCIÓN: La red de distribución (baja tensión) transmite la energía desde la red de transporte hasta los puntos de consumo. GNF distribuye electricidad a 3,7 millones de clientes, un negocio con un 19% de margen de beneficio. El consumidor no puede elegir qué empresa distribuye la energía que consume, pero sí a quién se la compra. La cuota de mercado de GNF en este tramo regulado (no liberado) es del 14,4% (Endesa tiene el 37,5%, Iberdrola el 35,4%).
  4. COMERCIALIZACIÓN: Es una actividad liberada que consiste en la compra y venta de la energía eléctrica subastada en el mercado mayorista (también conocido como pool, es un mercado marginalista, es decir, todas las centrales cobran el precio que fija las central con los costes de producción más altos) y su venta en otras operaciones en ese mismo mercado o a los usuarios finales. GNF tiene el 14,4% de la cuota de mercado. Junto con Endesa e Iberdrola, ponen en venta entre el 80% y el 90% de la electricidad que ellas mismas generan.

GNF y el sistema gasista

Esquema del sistema gasista. Diseño: Cova Fdez.

  1. EXPLORACIÓN: Consiste en identificar y localizar áreas que contienen hidrocarburos. GNF forma parte de varios consorcios con Repsol y otras empresas de hidrocarburos para explorar yacimientos, principalmente en el Mediterráneo, aunque también en países como Argelia (en colaboración con la estatal Sonatrach), Angola y Nigeria, entre otros.
  2. EXTRACCIÓN: GNF no interviene en la extracción de gas, según explica en sus informes anuales. No obstante, tiene intenciones de extraer gas mediante fracking en lugares como Valderredible, al sur de Cantabria, para lo que pidió al gobierno que otorgue carácter de “utilidad pública”, lo que permitiría expropiar esos terrenos.
  3. PRODUCCIÓN Y APROVISIONAMIENTO: GNF posee numerosas plantas de regasificación (actividad regulada) para transformar el gas licuado que llega en buques metaneros y a través de gasoductos antes de almacenarlo en el subsuelo.
  4. TRANSPORTE: GNF compra la mayor parte del gas que comercia mediante contratos a largo plazo. Tiene 9 buques metaneros para transportar gas natural licuado (en estado líquido), gestiona el principal gasoducto que llega desde Argelia -que lleva el nombre de Duran Farrel, presidente de honor de GNF- y controla el 14,9% de Medgaz, el segundo gran gasoducto procedente de ese país. El transporte de gas está regulado en España. Enagás (Ibex 35) la gestora técnica del sistema gasista español y, por tanto, controla la red de transporte primario “en régimen de exclusividad”, mientras que la red secundaria cuenta con más operadores, entre ellos GNF. En 2016 Bruselas lanzó un ultimátum para que el gobierno español elimine este monopolio. Esta petición de la Unión Europea se repite desde 2013.
  5. DISTRIBUCIÓN: La distribución del gas en España está regulada y en manos de tres grupos: GNF, Endesa y Naturgás. El gas que llega en buques metaneros o por gasoducto primero va a plantas regasificadoras y más tarde a almacenes subterráneos como el que GNF tiene en Doñana. Desde allí entra en la red de distribución para llegar a los clientes finales. GNF es líder español de la distribución de gas, con más de cinco millones de clientes en España (29,9% de su beneficio) y más de 13.000 puntos de suministro de distribución. De sus 51.016 km de red de distribución en España en 2015, solo renovó 4 km. Ese año GNF obtuvo un margen de beneficio del 48,6% por la distribución de gas en España.
  6. COMERCIALIZACIÓN: Es un tramo liberado a la competencia. Existe un mercado mayorista para aprovisionamientos de gas natural (régimen liberalizado) y uno minorista (también liberalizado, aunque el gobierno fija la Tarifa de Último Recurso a la que pueden acogerse los consumidores más pequeños). En 2015 GNF tuvo una cuota de mercado del 46% en este tramo, así como el 56,8% de los contratos de gas en España. La venta de gas supuso el 20,5% del beneficio de GNF. Ahora el gobierno quiere obligar a esta compañía y a Endesa, operadores dominantes, a vender parte de su gas a precio regulado en el mercado secundario. Además de suministrar gas a clientes residenciales (10% de sus ventas de gas), industriales (44%) y plantas de ciclo combinado (6%), GNF vende el 40% de su gas en los mercados.internacionales.

Índice completo del dossier #YoIbextigo sobre Gas Natural Fenosa aquí.

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Legisladores al servicio del sistema eléctrico

Directivas europeas, leyes, reales decretos, órdenes ministeriales, correcciones, revisiones y modificaciones de los textos legales. La complejidad de las normas que determinan el funcionamiento del sistema eléctrico es uno de los muros que impiden comprender por qué en España los clientes pagan una de las facturas de la luz más caras de toda Europa. Este embrollo legal también permite que algunas puertas giratorias de segundo nivel (directores generales, por ejemplo) pasen desapercibidas, e incluso camufla los distintos tipos de compensaciones que reciben las empresas del sector eléctrico en la mayoría de casos en los que el gobierno establece una norma que puede mermar su negocio.

“La regulación vigente es resultado de un parcheado”, explica Jorge Fabra, ex presidente de Red Eléctrica de España y uno de los expertos que más años de experiencia acumula en el sector energético. Esta y otras conclusiones también aparecen en el informe “El coste real de la energía”, uno de los documentos más completos al respecto, realizado por el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG).

A continuación repasamos algunas -solo algunas- de las leyes que más han beneficiado a las compañías del sector eléctrico, en concreto a Gas Natural Fenosa, Endesa e Iberdrola:

–Ley 40/1994 de Ordenación del Sistema Eléctrico: el gobierno de Felipe González (ex consejero de GNF) empezó a reestructurar varios proyectos nucleares en 1983, hasta que en 1994 se estableció la moratoria nuclear. En 1996 una disposición estableció que las eléctricas cobraran un porcentaje de la factura de la luz (el 3,54%) para recuperar lo invertido en nuevas centrales nucleares.

Este recargo iba a estar vigente hasta 2020, aunque el fondo estatal creado en aquel entonces para titulizar la indemnización a las eléctricas se disolvió en 2015. Entre 1996 y 2015 los usuarios pagaron 5.717 millones de euros a las eléctricas y a los bancos a través de la factura, según la ODG, de los cuales 1.300 millones fueron destinados a pagar intereses. Iberdrola, Endesa (incluida Sevillana) y Unión Fenosa (ahora Gas Natural Fenosa) fueron las grandes beneficiadas de esta medida.

¿Quién diseñó e implementó las compensaciones por la moratoria nuclear? Cuando se hizo efectiva en 1994, Pedro Solbes llevaba las riendas de Economía (más tarde fue nombrado consejero de Enel), mientras que la cartera de Industria y Energía estaba en manos de José Manuel Eguiagaray, quien afirmó que esta medida era un plan para “rescatar financieramente a las empresas eléctricas del país, que se habían embarcado en un proceso de inversión faraónico, derivado de una planificación delirante, en absoluta contradicción con las necesidades constatadas de la demanda eléctrica en España”. En 1996, cuando se creó la compensación económica para las nucleares, se sucedieron en el cargo dos secretarios de Estado de Energía: concluyó el mandato de Ángel Serrano Martínez-Estéllez, que actualmente es consejero y asesor en seis compañías (entre ellas Indra) y que también pasó por el consejo de Repsol; y Pedro Ferreras Díez, uno de los nombres clave en la privatización de Repsol, Enagás, Argentaria, Telefónica, Endesa, Iberia, Indra y Casa, entre otras.

–Ley 54/1997 del Sector Eléctrico: esta es “la madre de todas las leyes” según Jorge Fabra, que además indica que “su filosofía prevalece” hasta el día de hoy. Hasta entonces las grandes empresas eléctricas eran estructuras que integraban verticalmente las actividades de todo el sistema eléctrico, desde la generación hasta la comercialización, impidiendo la competencia en ese mercado, mientras que el Estado fijaba el precio de la electricidad. La norma traspuso una directiva europea (Directiva 96/92/CE) y mantuvo ciertas actividades reguladas (transporte y distribución) pero liberalizó otras (generación y comercialización). También estableció los Costes de Transición a la Competencia, para compensar el recorte de beneficios de las eléctricas tras el fin oficial del oligopolio y ante la bajada de precios que, supuestamente, se iba a producir tras la liberalización de la generación y comercialización eléctrica. Hoy esos costes siguen pendientes de liquidar, aunque en la factura aún se refleja el impacto de los 7.327 millones de euros de este mecanismo. La propia Comisión Nacional de Energía denunció que esta partida no estaba justificada.

Además, se establecieron un largo número de medidas que fueron consolidándose con el tiempo, como la creación de un mercado mayorista (pool) para fijar el precio de la luz a través de una subasta marginalista, dando lugar a los llamados windfall profits o beneficios caídos del cielo (el precio lo establece la central más cara, por lo que las centrales hidroeléctricas o nucleares, que llevan décadas amortizadas, generan enormes beneficios). Veinte años después de esa ley, Endesa, GNF e Iberdrola siguen dominando la subasta.

¿Quién está detrás de esta ley? En 1997 gobernaba el Partido Popular, con José María Aznar en la presidencia (finalmente acabó en el consejo de Endesa) y Josep Piqué en la cartera de Industria y Energía. El secretario de Estado de Energía en ese momento era Nemesio Fernández Cuesta, que después pasó a formar parte del consejo de administración de GNF. El subsecretario de Estado de Energía en ese entonces era José Manuel Serra Peris, que fue consejero de la Corporación Financiera Alba junto con la ex ministra Cristina Garmendia, hoy consejera de GNF. Al frente de la Dirección General de Energía estaba María Luisa Huidobro y Arreba, ahora consejera delegada de Villar Mir Energía.

–Real Decreto 1432/2002: en el año 2002 el ministro de Economía, Rodrigo Rato, estableció un límite legal al precio de la luz (no podía subir más que el IPC), una patata caliente que con el tiempo se convirtió en un problema descomunal pero que entonces fue aplaudida porque permitió relanzar la economía (un precio de la luz bajo reduce los costes de producción y mejora la competitividad) y mantener la inflación a raya. Aunque ya aparecía en la ley de 1997, este fue el nacimiento oficial del déficit de tarifa. La norma tenía trampa, ya que establecía un mecanismo para que en ningún caso las compañías eléctricas salieran perdiendo. Por primera vez las grandes del sector eléctrico enviaron sus costes operativos al ministerio -no fueron auditados sino que se dio por hecho que eran fiables- y el Estado se comprometió a devolverles la diferencia entre lo que habían ingresado y lo que supuestamente les había costado producir y vender esa electricidad. Esa deuda fue creciendo y llegó a alcanzar los 27.700 millones en 2011. Actualmente el déficit de tarifa supera los 23.000 millones (equivale a cinco veces el presupuesto de Defensa para 2017). El Estado refinancia esta deuda a través de la emisión de bonos (la deuda fue titulizada) con un tipo de interés del 6%, pero son los consumidores quienes la van pagando a través de la factura de la luz.

¿Quién estaba en el gobierno en ese momento? José María Aznar seguía siendo presidente, Rodrigo Rato era vicepresidente y ministro de Economía (por entonces integrabalas competencias de Industria y Energía). Ostentaba el cargo de subsecretario de Industria y Energía Manuel Lagares Gómez-Abascal, que ahora dirige el área de inversiones de Credit Suisse en España; la Subsecretaría de Industria estaba en manos de María Teresa Gómez Condado, que más tarde pasó a ser directora de Banca Institucional del Banco Santander. También destaca Eduardo Sanfrutos Gambín, que desde 1985 trabaja para Ernst & Young (la nueva auditora de GNF) y que por entonces era el director de gabinete del ministro Rato. La Secretaría General Técnica estaba en manos de Enrique Medina Malo, que después pasó a formar parte de la dirección de Telefónica, y que estuvo imputado por el supuesto pago de 12 millones a iIñaki Urdangarin a través de cuentas con sede en Ucrania. La directora general de Política Energética y Minas era Carmen Becerril Martínez, que actualmente es consejera de Acciona tras haber pasado por los consejos de Endesa y Red Eléctrica de España. En aquel momento también existía el cargo de Secretario de Estado de Economía, de la Energía y de la Pequeña y Mediana Empresa, que estaba en manos de José Folgado, que actualmente preside el consejo de administración de Red Eléctrica de España.

Orden ITC/2794/2007: antes del estallido de la crisis, las compañías eléctricas estimaron que la demanda de electricidad seguiría creciendo al ritmo vertiginoso de los años de bonanza de la era del ladrillo. Para hacer frente a este incremento de la demanda, invirtieron enormes cantidades en la construcción de nuevas centrales eléctricas, principalmente plantas de ciclo combinado (las que más peso ocupan en el portfolio de Gas Natural Fenosa). La potencia instalada de estas plantas se multiplicó por diez y su inutilidad se vio agravada por la entrada de energías renovables gracias a los subsidios del gobierno, tal y como establecía una directiva europea para mitigar el cambio climático.

Esta norma de 2007 obliga a los consumidores a pagar los errores de previsión de las grandes compañías eléctricas. Para ello, establece los “pagos por capacidad” (camuflados en la parte de “impuestos” de la factura), diseñados para que el consumidor costee el mantenimiento de un amplio número de centrales que hoy operan por debajo del 10% de su capacidad. El embrión de estos pagos se encuentra en la ley de 1997, que ya reconocía un “mecanismo de garantía de potencia”.

Aunque empresas como GNF reciben grandes sumas por los “pagos por capacidad”, sus centrales de ciclo combinado no siempre están listas para operar, tal y como sucedió en enero. En aquella ocasión el ministro Álvaro Nadal reconoció que el precio de la luz se disparó en parte debido a que estas centrales no disponían de gas suficiente.

¿Quién ideó los pagos por capacidad? En aquel entonces presidía el gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El ex alcalde de Barcelona Joan Clos i Matheu era por entonces ministro de Industria, mientras que la cartera de Economía recaía sobre Pedro Solbes, que más tarde acabó en el consejo de Enel, la eléctrica estatal italiana que controla Endesa gracias en parte al trabajo de Solbes durante su etapa en el ministerio. El Director General de Política Energética y Minas era Jorge Sanz Oliva, que ahora es director asociado de Nera Consulting, la firma que organiza los cursos de verano de GNF, entre otros eventos, y que además hace campaña en contra del autoconsumo eléctrico junto con directivos de la gasista catalana.

Orden ITC/1601/2010: esta orden ministerial del gobierno socialista de Zapatero puso en marcha la subasta CESUR (Contratos de Energía para el Suministro del Último Recurso), un mercado de futuros que cada tres meses establecía el precio de la TUR (Tarifa de Último Recurso), creada un año antes y pensada para pequeños consumidores. Los intermediarios financieros (bancos) y las cinco empresas autorizadas para operar en esta subasta empezaron a manipular el mercado y a especular con el precio de la luz, hasta el punto de que a finales de 2013 el gobierno de Rajoy eliminó esta subasta. El ex ministro Soria reconoció que la subasta CESUR fue manipulada. Los intermediarios financieros obtuvieron 1.511 millones de euros directamente del bolsillo de los consumidores, según el Observatorio de la Deuda en la Globalización.

Ley 24/2013 del Sector Eléctrico: la reforma del sistema eléctrico impulsada por el gobierno de Rajoy castiga especialmente a quienes poseen instalaciones fotovoltaicas (placas solares) y eólicas, mientras que beneficia a las grandes compañías que poseen plantas de ciclo combinado, centrales nucleares, de carbón, etcétera. Debido a los recortes en renovables que establece esta ley y que previamente había iniciado Zapatero en 2010, en mayo de este año la Corte de Arbitraje del Banco Mundial multó con 128 millones de euros a España para compensar a dos empresas extranjeras por sus inversiones en renovables (en concreto, 935 millones de euros). Quedan otros 30 pleitos por resolver, sin contar con las demandas efectuadas por empresas españolas que no pueden acudir al arbitraje del Banco Mundial.

Después, a través del Real Decreto 900/2015, el gobierno cambió el conocido como “impuesto al sol” (su nombre oficial era “peaje de respaldo”) y estableció una nueva tasa bautizada como “cargo por autoconsumo”, una cantidad que deben pagar quienes generan su propia electricidad y no utilizan (o usan menos) la red eléctrica nacional. Las leyes que desincentivan la transición hacia las energías limpias favorecen especialmente a las grandes eléctricas, propietarias de plantas de generación eléctricas basadas en combustibles fósiles y nucleares, y que gestionan centrales hidroeléctricas amortizadas desde hace décadas.

En marzo de este año el gobierno vetó la proposición de Ley apoyada por todos los grupos parlamentarios -excepto el PP y Foro Asturias- y que abogaba por el autoconsumo eléctrico sin cargos.

¿Quién estableció el “impuesto al sol”? El primer ministro de Industria, Energía y Turismo del gobierno Rajoy fue José Manuel Soria, implicado en casos de corrupción como el “caso Eolo” (su hermano, Luis Soria, entonces consejero de Industria del gobierno canario, presuntamente adjudicó de forma irregular la construcción de parques eólicos en Canarias a un empresario que prestaba su chalet -más de un año y medio- al ex ministro Soria, que por entonces presidía el Cabildo de Gran Canaria). En ese entonces era secretario de Estado de Energía Alberto Nadal, hermano gemelo de Álvaro Nadal, actual Ministro de Energía, turismo y Agenda Digital.

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Las sombras laborales de Gas Natural Fenosa

Sindicalistas de UGT durante la una huelga general en Madrid. FOTO: FERNANDO SÁNCHEZ.

Gas Natural Fenosa (GNF) tenía en 2016 un total de 17.229 trabajadores, según la memoria anual de ese año, repartidos en más de 30 países. Las cifras que facilita sobre su plantilla son incompletas y la opacidad de la empresa no ayuda a despejar algunas incógnitas sobre sus condiciones laborales–rechazó contestar las preguntas que le formuló La Marea–. Con los datos disponibles e información facilitada por algunos sindicatos se dibuja un grupo con gran disparidad entre los empleados, que no solo depende de la filial y del país donde trabajan.

En España, su principal mercado, GNF tenía 7.452 empleados en 2016 (8.262 en 2015). Las condiciones laborales cambian sensiblemente en función de la antigüedad, el convenio y el cargo desempeñado. Existen diferencias entre la plantilla de Gas Natural y la de Unión Fenosa, la eléctrica que se incorporó al grupo en 2009, así como otras compañías adquiridas con anterioridad. “Los salarios no son espectaculares”, apunta un sindicalista de Comisiones Obreras (CCOO), “pero de media no son malos comparados con el resto del mercado”. Los datos muestran una tendencia a la baja entre quienes tienen sueldos más bajos, principalmente debido al menor salario de las nuevas contrataciones, una diferencia que “está generando malestar” en la plantilla, según esta fuente sindical.

Las personas consultadas para este trabajo piden anonimato por miedo a posibles represalias. Los sindicatos presentes en la multinacional de energía que accedieron a hablar con La Marea coinciden en que “la compañía aprovechó la crisis para justificar su política de austeridad”, pero admiten que, en general, sus condiciones laborales son relativamente buenas en comparación con otras empresas del sector eléctrico español. Destacan los avances en materia de conciliación y flexibilidad de horario, y aseguran que la empresa cuida su seguridad, da facilidades sanitarias, lanza campañas de concienciación a nivel interno y promueve prácticas sanas relacionadas con la alimentación o el deporte.

Además, GNF es la primera eléctrica española que obtuvo el certificado AENOR de Empresa Saludable, un diploma de pago que destaca el compromiso de la compañía con la salud y el bienestar de sus trabajadores  –La Marea trató de obtener más información del ente certificador, sin resultado–.

Sin embargo, la diversidad de condiciones laborales y los frecuentes retrasos para aplicar las revisiones salariales se suman a la creciente externalización de servicios por parte de GNF, estrechamente vinculada con la reducción de su plantilla.

Desde hace varios años, la gasista subcontrata a otras empresas para que realicen tareas como la instalación de contadores o la detección de fraudes en el consumo de luz. De esta forma reduce sus gastos operativos -los salarios en las subcontratas son inferiores- y evita manchar su reputación por problemas como el que tuvo lugar en febrero de este año, cuando 16 empleados de Meijide-Melca, subcontrata de Unión Fenosa, se encerraron en las oficinas de la eléctrica en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) en protesta por sus condiciones salariales. “Solicitan que sea Fenosa quien los contrate a ellos una vez que se hayan constituido en cooperativa”, publicó La Voz de Galicia.

“Sabemos que las condiciones [de los empleados subcontratados] son inferiores a las que tenemos nosotros (…). Los últimos accidentes graves no son de personal propio, sino de subcontratas”, explica un sindicalista de GNF que cita los casos de Cobra (filial de ACS, la constructora de Florentino Pérez) y Elecnor, dos grandes subcontratas de la compañía catalana en España cuyos índices de siniestralidad son claramente superiores a los de GNF. En 2016 el Grupo ACS registró 25 accidentes por cada 1.000 empleados; en total, 4.388 siniestros con baja y 14 muertos.

Opina distinto el Sindicato Independiente de la Energía (SIE), cuyos representantes afirman que “GNF es muy celosa con la seguridad en las subcontratas” y que hay compañías que se niegan a trabajar con la gasista catalana “por culpa de sus exigencias en riesgos laborales”. Además de la accidentalidad laboral, GNF minimiza los problemas de imagen que supone prescindir de parte de su plantilla. El último caso relevante fue el despido de 139 empleados de Cobra, después de que Unión Fenosa rescindiera el contrato con esa empresa tras recibir una oferta más atractiva por parte de Incatema.

La ley del silencio

Representantes de CCOO y SIE explican que cada empleado tiene una jornada anual de 1.672 horas como referencia, con cuatro meses de jornada continuada –hasta seis horas seguidas– que va de junio a septiembre y suma dos semanas en Navidad. Cuando surge un problema, la compañía anima a los trabajadores a acudir al Servicio de Atención del Empleado (hubo 178 quejas en 2016, según GNF) en lugar de a los sindicatos. A través de ese servicio, GNF recoge las quejas por teléfono o por escrito y gestiona los incidentes salvaguardando la discreción de puertas afuera.

Desde CCOO  (12% de la afiliación sindical en GNF) instan a los trabajadores a consultar con el sindicato antes de lanzar una reclamación – “es la única forma que tenemos para intentar solucionarlo” –, mientras que el SIE (cuya afiliación alcanza el 16%), ve con buenos ojos que los problemas se canalicen por esa vía en primer lugar. Los trabajadores que contactan con el Servicio de Atención al Empleado pierden el anonimato de cara a los jefes, un problema que resaltan ambos sindicatos, y que desanima a parte de la plantilla a denunciar problemas en su puesto de trabajo.

La compañía tiene un código de buena conducta, de cuya salvaguarda se encarga la Comisión del Código Ético, un órgano nuevo y “hermético”, integrado exclusivamente por directivos de la empresa que sirve para “evitar la vía judicial”, explica un afiliado del SIE. Los dos sindicatos muestran su malestar porque la empresa les impide participar en esa comisión “para evitar que salgan a la luz los casos más feos”, sostienen.

Sin embargo, otras organizaciones laborales presentes en GNF no comparten estas críticas acerca de la Comisión del Código Ético, incluido el sindicato mayoritario (Unión Sindical Obrera, USO), que se negó a hablar con La Marea. Fuentes sindicales consultadas por este medio subrayan la cercanía del sindicato de cristianos de base con la dirección de la empresa.

La nueva generación, más precaria

En España, dentro de GNF conviven dos culturas laborales distintas y bien diferenciadas. En Unión Fenosa toda la plantilla formaba parte del convenio y tenía el mismo horario, con cuatro meses de jornada intensiva en verano (desde las 8 hasta las 18 horas) y una jornada de 6,5 horas en invierno. El modelo en Gas Natural es distinto: los excluidos del convenio no tienen una jornada definida, sino que esta varía en función de lo que cada empleado pacta con la compañía, mientras que quienes suscriben el convenio sí tienen derecho a cuatro meses de jornada intensiva. Además, en cómputo global los trabajadores de Gas Natural dedican entre 20 y 50 horas más de trabajo de media al año que sus pares de Unión Fenosa.

Esta doble cultura laboral da lugar a “casos absurdos”, denuncia un empleado de GNF. Por ejemplo, los trabajadores excluidos de convenio están obligados a permanecer en su lugar de trabajo durante el verano y en jornada intensiva, incluso cuando sus funciones están subyugadas a otros compañeros que abandonan su puesto unas horas antes. “Yo tengo compañeros en mi misma posición que son excluidos de convenio y trabajan por encima de 100 horas más al año”, explica un sindicalista de GNF.

De esta forma, un supervisor sin convenio debe quedarse en su puesto incluso si sus supervisados, con convenio, salen antes de la oficina. “Se va el que aprieta tuercas y se queda el que supervisa al que aprieta tuercas”, resume un miembro del SIE. Plantear cambios en la política de horarios laborales de GNF se enfrenta a “una negativa tajante de la empresa, lo que ellos denominan una línea roja” que deja este tema fuera de cualquier reunión entre directivos y sindicatos.

Otra contradicción se produce, por ejemplo, en el reparto de equipos para trabajar desde casa. Explican los sindicatos consultados que la dirección entrega antes los dispositivos de teletrabajo a empleados excluidos de convenio, es decir, a quienes están obligados a hacer un mayor número de horas presenciales. Cuando los sindicatos tratan alguna cuestión que afecta a los excluidos de convenio, se encuentran con otra línea roja por parte de la compañía.

Sembrar la división a partir del convenio

A finales de 2016 los sindicatos y la dirección de GNF suscribieron un nuevo convenio (el segundo en su historia) que durará hasta 2020 -CCOO pidió revisarlo a los tres años pero no obtuvo apoyo-. El SIE es el único que no firmó este acuerdo por considerar que debería aplicarse automáticamente a toda la plantilla para evitar diferencias entre trabajadores.

El cuerpo del convenio está fraccionado en distintas empresas, pues GNF es el resultado de varias fusiones y adquisiciones – “es el hijo de muchas madres”, según un sindicalista–, entre ellas la de Unión Fenosa, pero la compañía no tiene prisa por homogeneizar la situación de sus empleados. “Alguien de Gas Natural puede estar muy mal y alguien del mismo puesto que esté en Fenosa puede estar muy bien, no es posible hacer una valoración global”, explican representantes del SIE.

De los 7.452 trabajadores de GNF en España, 5.365 tienen convenio y 2.087 están excluidos, un grupo que está creciendo más rápido debido a los beneficios que la compañía ofrece a quienes no lo firman. En otros países, la proporción varía de modo ostensible. En Alemania el 100% de sus trabajadores está sujeto a convenio, mientras que el porcentaje cae al 5,2% en Chile, al 3% en República Dominicana y al 1,8% en Italia. Bien porque no existe o porque la empresa no lo permite, ningún empleado de GNF en Uganda, Kenia, Perú, Portugal, Moldavia, Costa Rica, Guatemala, Australia y Holanda está sujeto a un convenio colectivo.

En España, dentro de estas dos categorías de empleados (con convenio o sin) también hay diversas condiciones. Incluso hay empleados que, más allá de los jefes de departamento, no tienen posibilidad de sumarse a dicho acuerdo colectivo. Los trabajadores fuera de convenio han de negociar su contrato a título individual, permitiendo así que la compañía aproveche la escasez del mercado laboral español para imponer sus condiciones.

GNF discrimina a sus empleados en el pago de una proporción más o menos elevada de su seguro médico en función de su categoría profesional. Las pólizas que ofrece la compañía en Adeslas (propiedad de Criteria Caixa) están totalmente cubiertas para directivos y sus familiares, y disfrutan de mayores bonificaciones los empleados recién llegados que están fuera de convenio y que solo ven cubierta una parte de su póliza.

No obstante, es en los planes de pensiones donde la desigualdad entre empleados se hace más patente. Esta es una de las herramientas que la compañía usa para desincentivar la adhesión de sus trabajadores al convenio de empresa. Normalmente GNF paga una proporción mayor o menor del plan de pensiones en función de la categoría salarial y basándose en criterios regresivos, es decir, aporta una mayor proporción a quienes más ganan y no a quienes tienen menor salario.

El sistema cambia para los empleados excluidos de convenio: a partir de un determinado salario –los más bajos no cuentan–, GNF paga el 100% del plan de pensiones, gestionado por La Caixa, igual que los seguros de salud. De esta forma, la gasista intenta “crear una élite en el colectivo de excluidos de convenio”, explica el sindicato SIE.

Índice completo del dossier #YoIbextigo sobre Gas Natural Fenosa aquí.

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Las puertas giratorias de Naturgy (Gas Natural Fenosa)

La presencia de representantes políticos del franquismo y más tarde del periodo democrático ha sido una constante en Gas Natural Fensoa. El sector energético es estratégico debido a su importancia vital para el funcionamiento y desarrollo de la sociedad y la economía del país. Las autoridades públicas supervisan y regulan de manera constante el mercado del gas, la electricidad y otros ámbitos en los que compañías privadas como GNF hacen negocio.

La estrecha relación entre el gobierno y las empresas energéticas, en particular las del ramo eléctrico, no se detiene ahí. Buena parte de su negocio depende de la adjudicación de contratos públicos o infraestructuras del Estado, como presas y algunas centrales nucleares, razón por la que las eléctricas, petroleras y gasistas de España están entre las que más puertas giratorias ofrecen a antiguos altos cargos de la administración. Una característica que comparten con las multinacionales de otros sectores, desde la banca y la industria armamentística hasta las telecomunicaciones y la construcción.

Expertos y ex altos cargos del Estado entrevistados por La Marea para este trabajo, entre ellos un ex ministro socialista, inciden en que lo preocupante no es que alguien trabaje para el sector privado después de haberlo hecho para la administración, sino que haya obrado en beneficio de intereses particulares para después obtener un puesto bien remunerado. «La puerta giratoria más nociva es la de los altos técnicos de los organismos reguladores, ahí es donde se produce el mayor daño», opina Jorge Fabra, ex consejero de la Comisión Nacional de Energía y expresidente de Red Eléctrica de España. Estos últimos son los que redactan leyes y gozan de un relativo anonimato de cara a la opinión pública. En empresas como GNF es frecuente ver nombres importantes de la administración que, sin tener perfil técnico, cualificación ni experiencia en el sector eléctrico y energético, obtienen un puesto destacado y generosamente remunerado.

En otros casos la puerta giratoria pasa desapercibida porque no se establece una relación directa con la empresa. Es el caso de Maite Costas, del Partit Socialista de Catalunya (PSC) y antigua presidenta de la Comisión Nacional de Energía, cuya firma de consultoría tiene como principales clientes a grandes empresas del sector eléctrico, tal y como señalan varios especialistas y periodistas consultados por este medio.

GNF es una de las empresas más antiguas del lbex 35. Entre los numerosos representantes políticos y altos cargos del Estado que han trabajado para esta compañía hay perfiles con la experiencia y conocimiento técnico, pero también nombres que nunca antes habían tenido relación con el sector o que, simplemente, forman parte del establishment por sus vínculos con la Casa Real y los principales partidos políticos. En las últimas décadas GNF tuvo en nómina al menos a dos expresidentes del gobierno, cinco exministros, una excomisaria europea, un comandante de las Fuerzas Armadas y decenas de ex diputados, eurodiputados y secretarios de Estado. Destacamos los siguientes nombres:

FELIPE GONZÁLEZ: presidente del Gobierno (1982-1996), consejero de GNF entre 2010 y 2015, labor que le reportaba 127.000 euros al año más dietas. González abandonó la empresa en 2015 por «aburrimiento». No obstante, el expresidente sigue haciendo gestiones a favor de los intereses de GNF, principalmente en América Latina, según explica a La Marea una fuente del equipo de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. De acuerdo a su testimonio, las gestiones de González fueron clave para que GNF obtuviese el visto bueno del gobierno chileno en la reciente compra de la Compañía General de Electricidad (CGE), la mayor eléctrica de ese país.

LEOPOLDO CALVO-SOTELO (ya fallecido): presidente del Gobierno entre 1981 y 1982, previamente fue ministro de Comercio (1975-1976), ministro de Obras Públicas (1976-1977), ministro para las Relaciones con las Comunidades Europeas (1978-1979), ministro de Economía y vicepresidente (1980-1981). Posee los títulos de marqués de la Ría de Ribadeo y grande de España. Fue consejero de Unión Fenosa (1998-2002), entre otras compañías.

CRISTINA GARMENDIA: antes de que en 2008 fuera nombrada ministra de Ciencia e Innovación, Garmendia ya había pasado por varias empresas y por la junta directiva de la patronal CEOE. Después de su paso por el gobierno volvió al mundo de los negocios (se unió a Buenafuente para ser inversora de Bananity) y en 2015 obtuvo un puesto de consejera en GNF que mantiene hasta hoy. Dos años antes, en 2013, se incorporó al consejo de la Corporación Financiera Alba, un holding que en 2009 nombró consejero a José Manuel Serra, abogado del Estado y secretario de Estado de Energía, entre otros cargos. Garmendia tiene la Gran Cruz de la Orden de Carlos III.

JOSU JON IMAZ: miembro del consejo de administración y vicepresidente de GNF en representación de Repsol, donde es consejero delegado. Fue presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV) de 2004 a 2007, diputado en el Parlamento Vasco, consejero de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno vasco, y eurodiputado, entre otros cargos.

 

NEMESIO FERNÁNDEZ CUESTA (fallecido en 2009): El que fuera secretario de Estado de Energía y Recursos Minerales en la primera legislatura de Aznar, ministro de Comercio con Franco, columnista de ABC (fue jefe de la sección de Economía), subgobernador del Banco de España y asesor de la delegación española en la ONU acabó de consejero dominical (por Repsol) en GNF. También fue consejero delegado de Prensa Española (actual Grupo Vocento) y presidente de honor de Petronor. Entre sus galardones están la Gran Cruz de la Orden de Carlos III, la Gran Cruz de la Orden del Mérito civil y la Gran Cruz de la Orden de lsabel la Católica. Su mujer, María Victoria Luna de Tena, es hija de Juan Ignacio, Marqués de Luca de Tena. Varios expertos reconocen en Fernández Cuesta un perfil técnico que justificaría su paso por la gasista.

NARCÍS SERRA I SERRA: fue ministro de Defensa coincidiendo con la entrada de España en la OTAN (1986), vicepresidente del Gobierno con Felipe González, diputado hasta 2004, alcalde de Barcelona, primer secretario del PSC… ocupó otros puestos políticos en la administración antes de ser nombrado presidente de Caixa Catalunya (se subió el sueldo en pleno rescate de FROB) y fue consejero de GNF hasta 2011 (hasta 2009 en representación de Caixa Catalunya, después independiente), entre otros cargos. Está imputado por la Fiscalía Anticorrupción. Preside e imparte clases de seguridad en el IBEI.

ANTONIO BARRERA DE IRIMO: «pionero del capitalismo popular» según La Vanguardia, comandante del Ejército, jurista e inspector fiscal. El que fuera vicepresidente Económico y último ministro de Hacienda con Franco también fue vicepresidente de Unión Fenosa, presidente de Telefónica (1965-1973), presidente de Autogrill y asesor internacional del Banco Santander Central Hispano (1969-1999).

JUAN ANTONIO ORTEGA DÍAZ AMBRONA: Asesor de GNF (por entonces Catalana de Gas), antes había ejercido como ministro de Educación y ministro adjunto con UCD; subsecretario de Justicia; y secretario de Estado para la Coordinación Legislativa y el Desarrollo Constitucional. Díaz-Ambrona fue director corporativo en Repsol entre 1995 y 2002, y ha estado en el consejo de administración de Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH). De 2002 a 2012 ocupó el puesto de defensor del cliente del BBVA. Desde 2010 es magistrado del Tribunal Constitucional de Andorra.

BENITA MARIA FERRERO-WALDNER: consejera de GNF desde 2015. Es una figura destacada del Partido Popular de Austria (fue candidata a la presidencia por el ÖVP) con vínculos en España, donde fue agregada cultural de la embajada austríaca en Madrid. Fue jefa de protocolo de un antiguo Secretario General de la ONU, ministra de Exteriores de Austria y comisaria europea de Comercio y de Relaciones Exteriores, entre otros cargos. Escribe con frecuencia en El País, que además le ha realizado numerosas entrevistas, y colabora con FAES y otras fundaciones. Entre sus distinciones destacan la Gran Cruz de la Orden de Leopoldo ll y la Orden de lsabel la Católica.

PEDRO MEJÍA GÓMEZ: antes de incorporarse como director de relaciones institucionales del área internacional de Unión Fenosa en el año 2000, fue secretario de Estado de Turismo, director general de Política Comercial, empleado del Banco Mundial y de la embajada de España en Washington. En 2009 fue nombrado presidente de OMEL, la empresa nombrada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores para administrar las subastas de energía eléctrica del sistema español (CESUR, Contratos de Energía para el Suministro de Último Recurso). Pasó de ser directivo de Unión Fenosa a presidir la operadora del mercado de electricidad. Fuentes del sector consultadas subrayan su perfil técnico.

HERIBERT PADROL MUNTÉ: fue diputado y número dos de la lista de CiU al Congreso y consejero en GNF por Criteria Holding. Antes ocupó varios altos cargos en el Ministerio de Economía y Hacienda: fue delegado especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Cataluña, director del Departamento de Organización, Planificación y Relaciones Institucionales de la AEAT y del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria del Estado. Tiene su propio bufete de abogados (Bufet Padrol-Munté, adquirido por el despacho Gómez-Acebo&Pombo Abogados) y es profesor asociado en la escuela de negocios ESADE, institución estrechamente vinculada a GNF.

ARCADIO GUTIÉRREZ ZAPICO: inició su carrera en el sector nuclear y en 1987 ingresó en el cuerpo de Técnicos de la Administración Civil del Estado, llegando a subdirector general en los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Industria y Energía. En 1992 fue nombrado director general de Unión Fenosa Ingeniería (rebautizada más tarde como Socoin Ingeniería Construcción Industrial), aliada de GNF en el consorcio Domocell, y en 2012 fue nombrado director general del Club Español de la Energía (Enerclub).

Jordi García Tabernero: el director general de Comunicación y Relaciones Institucionales de GNF y director del Gabinete de Presidencia de la eléctrica fue también director de Comunicación del Departamento de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat de Catalunya y vocal de la Comisión Asesora para la Publicidad Institucional del Parlament catalán. También tiene cargos directivos en la Asociación Europea de Industrias del Gas y la Asociación Española de Industrias del Gas (Sedigas), entre otros.

Juan Badosa Pagés (fallecido): definido por El País como «el impulsor de la industria gasística en España” fue director general de Política Comercial del Ministerio de Economía, presidente de CESCE (empresa que otorga seguros de crédito a las exportaciones por cuenta del Estado español), presidente de Enagás y consejero delegado de GNF («el primer ejecutivo de Gas Natural”). Las fuentes consultadas le definen por su perfil técnico. En los 90, también ocupó un cargo directivo en GLP, filial de Repsol.

Ramón Blanco Balín: antes de pasar por el consejo de GNF fue inspector de Finanzas del Estado, donde se hizo amigo íntimo de José María Aznar. Está imputado por blanqueo de capitales en la trama Gürtel (la Fiscalía pide once años de cárcel para el “gurú financiero de la Gürtel«), entre otros delitos de corrupción. También fue vicepresidente de Repsol y desempeñó cargos directivos en más de 40 compañías.

José Maria Amusátegui: el expresidente del Banco Central Hispano (que fue absorbido por el Santander) actuaba también como vicepresidente de Unión Fenosa y vicepresidente del Instituto Nacional de Industria, Instituto Nacional de Hidrocarburos (el posterior Repsol), presidente de Campsa, entre otros.

 

Guzmán Solana Gómez: durante el gobierno de Felipe González fue vicepresidente del Instituto Nacional de Hidrocarburos. Fue consejero de GNF.

 

 

Luis Coronel de Palma: el difunto Marqués de Tejada y antiguo embajador de España en México fue vicepresidente de Unión Fenosa. También tuvo un escaño en el Parlamento durante tres legislaturas, fue vicepresidente del Banco Central y ex gobernador del Banco de España, tuvo un papel destacado en la Asociación Católica Nacional de Propagandistas y posee la Gran Cruz de Isabel la Católica.

Josep Manuel Basañez i Villaluenga: antes de ser consejero de GNF fue diputado de CiU en el Parlament y consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat (1987-1988). También formó parte de la directiva de la CEOE. Tiene la orden del Mérito Civil.

 

 

Jorge Segrelles García: uno de los currículums más diversificados que han pasado por consejo de administración de GNF, Segrelles pasó por la dirección de Repsol, Tabacalera (pública). Escribe columnas en El País y actualmente preside el consorcio que construye el AVE Medina-Meca con al apoyo del Ministerio de Fomento. Previamente había sido inspector de Hacienda y presidente del Instituto Superior de la Energía, además de consejero de la embajada de España ante la OCDE en París. Dos fuentes de distinto signo político destacan su perfil técnico.

Guillermo de la Dehesa Romero: poco después de llegar a la administración pública fue nombrado técnico comercial y economista del Estado, Jefe de oficina del Banco de España y finalmente, secretario de Estado de Economía con el gobierno socialista de Felipe González. Fue presidente de Gas Madrid, que más tarde fue adquirida por Gas Natural, y también consejero de Unión Fenosa, el Banco Pastor, Banco Santander (mantiene el cargo de consejero externo) y otras empresas. También fue presidente del Patronato del Museo Reina Sofía hasta marzo de este año, aunque se mantiene como patrono del Museo del Prado, y fue asesor de Goldman Sachs y vicepresidente de Amadeus IT Holding, entre otros cargos.

Víctor Pérez Pita: durante el gobierno de Felipe González fue secretario general y director general de Energía. Más tarde entró en el consejo de administración de GNF. Su hermana es esposa de Luis Carlos Croissier, antiguo ministro de Industria -fue uno de los grandes promotores de la primera ola privatizadora bajo la batuta de Felipe González- y presidente de la CNMV antes de pasar a la empresa privada, donde también ejerció de consejero de Repsol, Jazztel y otras empresas. Perfil técnico.

 

Joaquín Arias y Díaz de Rábago: consejero de Unión Fenosa fallecido en 2007. Fue registrador de la propiedad y hermano de Carmela Arias y Díaz de Rábago, Condesa de Fenosa. También fue vicepresidente de la Fundación Pedro Barrié de la Maza y consejero del Banco Pastor.

 

José María Egea Krauel: una de las figuras más relevantes del proceso de privatización que empezó en España en los años 80. Egea Krauel ocupó altos cargos en empresas participadas por el Estado y, tras las privatizaciones, pasó a sus consejos de administración. Llegó a GNF en 2005 como director general de gestión del gas y actualmente es director general de Planificación Energética de la gasista.

 

Xabier Añoveros Trias de Bes: fue consejero de Gas Natural Fenosa (en su perfil de LinkedIn figura aún como consejero). Su esposa, Julia García Valdecasas, fue ministra del PP y exdelegada del gobierno en Cataluña, época durante la cual Añoveros fue acusado de arreglar documentos de migración a miembros de la mafia rusa. Prestó servicio en varias universidades públicas.

Ramón Adell Ramón: íntimo de Fainé, es presidente de honor de la Asociación Española de Directivos (que preside Isidro Fainé). Este catedrático de la Universidad de Barcelona es además miembro del consejo de administración de GNF.

 

Mario Armero Montes: de familia influyente, hijo del presidente de Europa Press y cercano al ex ministro de Industria José Manuel Soria. Pasó de ser vicepresidente de la patronal automovilistica a consejero en GNF.

 

Antonio González-Adalid: en 1967 el gobierno lo nombró consejero representante de la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas. Después saltó al ámbito privado, y fue presidente de Enagás entre 2002 y 2007, periodo en el que GNF ostentaba parte de la propiedad de esa empresa, y de la patronal Sedigas.

 

Víctor Moro Rodríguez: este gallego empezó en el Banco de España con un puesto técnico, y diez años después fue nombrado director general. Más tarde pasó al Congreso, donde fue diputado por UCD (después se pasó a Coalición Galega). También fue director de Pescanova -antes había sido subsecretario general de Pesca- y consejero de Unión Fenosa -no obstante, en varias ocasiones acusó de «expolio» a las eléctricas-. En 2008 El País lo definía como «el galleguista más deseado«. Caixa Galicia le rindió varios homenajes ante de que la Fiscalía Anticorrupción lo llamara a declarar por sus gestiones a favor de la fusión de las cajas Caixa Galicia y Caixanova. Su hijo, también llamado Víctor Moro, reside en Cuba y aparece en los Papeles de Panamá.

Ramón Linares Martín de Rosales: fue consejero de Unión Fenosa hasta 2002 y vicepresidente del Banco Pastor, por entonces sexto banco español. Antes había sido Director general de Impuestos Indirectos en el Ministerio de Hacienda (1969).

Eduardo Santos Andrés: (fallecido) subsecretario de Industria y Energía (1985) que, además de desempeñar otros cargos públicos, acabó en el consejo de administración de Unión Fenosa. Fue experto en reconversión industrial. «Llegó al Ministerio de Industria de la mano de Carlos Solchaga porque era asesor de varias empresas en la reconversión de la industria del País Vasco (…) a través de sus contactos siderúrgicos y con la banca, acabó de consejero en Unión Fenosa porque la banca tenía acciones ahí», explica un antiguo cargo del ministerio que trabajó varios años con Santos Andrés.

Baltasar Aymerich Corominas: de su largo currículum destacan su paso por el consejo de administración de Unión Fenosa, su puesto como delegado de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid y su labor como subsecretario de obras Públicas y urbanismo en el Ministerio de Fomento.

Índice completo del dossier #YoIbextigo sobre Gas Natural Fenosa aquí.

*Actualizado el 20/06/2018 a las 20:31.

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Predilección por los abogados del Estado

Rafael Villaseca, Consejero delegado de Gas Natural Fenosa. FOTO: GNF.

La mitad de las compañías de la bolsa española cuenta con abogados de Estado en excedencia en su consejo de administración y en distintos órganos directivos. Gas Natural Fenosa no es una excepción y por su máximo órgano de dirección han desfilado numerosos letrados de la Administración, entre ellos:

Rafael Villaseca: el consejero delegado de GNF desde 2005, el ejecutivo más importante de la gasista, empezó en el mundo de los negocios como presidente de la pública Inisel (la actual Indra) a finales de los años 80. También fue consejero de Indra, Grupo Panrico presidente de Túneles y Accesos de Barcelona.

 

Luis Suárez de Lejo: miembro destacado de la dinastía Blas de Lezo, destacado almirante español, cercano a la Casa Real, figura como abogado del Estado desde 1997. Es consejero dominical en GNF por Repsol desde 2010.

 

Manuel García Cobaleda: abogado del Estado desde 1994, se incorporó a Gas Natural en 1999 como director de los servicios jurídicos de comercialización. Fue alférez del ejército, asistente de la ministra de Medio Ambiente en los años 1998 y 1999 (Isabel Tocino, actualmente consejera de Enagás y Banco Santander), y director general de Servicios Jurídicos y Secretaría en el consejo de administración de GNF desde 2005. Dirige a 75 expertos legales de GNF en América Latina y a 65 en España. También fue secretario del consejo de GNF.

Alejandro García Bragado Dalmau: primero logró el puesto de abogado del Estado y después pasó a la dirección de CriteriaCaixa Holding, el brazo industrial de La Caixa. Está considerado uno de los mejores abogados en temas de arbitraje internacional según el ranking Best Lawyers 2015 y prestó asesoría jurídica a lñaki Urdangarín. Ahora es consejero en GNF por Criteria Holding, de La Caixa. Jugó un papel clave para que la auditora PwC mantuviera los contratos de auditoría de La Caixa y de GNF.

José Luis del Valle Pérez: antiguo consejero de GNF en representación de ACS (la constructora vendió su participación en Unión Fenosa en 2008). Está presente en un amplio número de empresas (ACS, Cobra, Iberdrola, Saba, Dragados…) y posee su propio fondo de inversión, De Valle Inversiones SA. Varios medios lo definen como el «alter ego» del presidente de ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez. Fue diputado por UCD y subsecretario del Ministerio de Administración Territorial, donde arrancó su exitosa carrera como abogado del Estado para más tarde saltar al ámbito privado. Los principales diarios financieros de España lo señalan como un influyente lobbista de ACS ante la administraciones.

Carlos Losada Marrodán: miembro del consejo de administración de GNF, director general de ESADE, miembro de la Fundación Princesa de Girona y alto cargo de un largo número de instituciones académicas y comerciales. Ocupó la dirección de varios organismos económicos, jurídicos y técnicos de la Generalitat de Catalunya antes de llegar al consejo de la gasista.

José María Nebot Lozano: abogado del Estado y secretario general del consejo de administración de Unión Fenosa durante 25 años. Falleció en 2011.

Juan Antonio Ollero de la Rosa: procedente de una familia destacada del Opus Dei, fue abogado del Estado jefe durante el franquismo, presidió la Empresa Nacional Bazán de Construcciones Navales Militares (embrión de Navantia) y también fue consejero de Fenosa.

Víctor Antonio Quesada: el director del Servicio Jurídico de Distribución de GNF, también es abogado del Estado.

Javier Gallego Piñera: el director jurídico de GNF es abogado del Estado.

Índice completo del dossier #YoIbextigo sobre Gas Natural Fenosa aquí.

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Telarañas en la cabina de mando: el gobierno corporativo de GNF

Actual Consejo de Administración de Gas Natural Fenosa. FOTO: GNF.

Gas Natural Fenosa no tiene prisa por ajustarse al Código Unificado de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el organismo supervisor de los mercados bursátiles. Se trata de una guía con 63 recomendaciones para que las empresas que cotizan en bolsa respeten preceptos básicos para mejorar la transparencia, y con ello la competitividad y la confianza de los inversores. También prevé aspectos como la igualdad de género en las grandes corporaciones. Pero tiene un fallo importante: las recomendaciones son voluntarias.

La última actualización del Código de Buen Gobierno se hizo bajo el mandato de Elvira Rodríguez, presidenta de la CNMV hasta 2016 y nombre fuerte del Partido Popular —fue diputada, ministra, presidenta de la Asamblea de Madrid—, bajo la premisa «cumplir o explicar». El documento sienta las bases del informe del Foro de Buen Gobierno sobre Juntas del Ibex 35 que la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) publicó en enero de este mismo año. Gas Natural Fenosa (GNF) es una de las multinacionales españolas que menos se ajustan a las recomendaciones para un buen gobierno corporativo.

Una de ellas consiste en que el consejo de administración tenga un máximo de 15 miembros. Gas Natural Fenosa es una de las seis empresas del Ibex 35 que exceden esta sugerencia (en abril de 2017 tenía 17 consejeros).

El Código de Buen Gobierno también aconseja nombrar a un consejero coordinador independiente, principalmente en empresas donde el presidente del consejo de administración y el director ejecutivo son la misma persona. El 77% de las compañías del Ibex 35 cuenta con esta figura, pero no así GNF. Tampoco sigue la recomendación de tener al menos un 50% de consejeros independientes —solo seis de sus 17 consejeros lo son—, mientras que otros 10 son consejeros dominicales, es decir, que representan a los accionistas (a estos 16 se suma al consejero delegado de GNF, Rafael Villaseca, como consejero ejecutivo, que no es ni independiente ni dominical).

Las recomendaciones de la CNMC también subrayan la necesidad de aumentar la presencia de mujeres en las altas instancias corporativas. En este sentido, en tiempos recientes ha habido mejoras en el Ibex 35, aunque la desigualdad de género sigue siendo clamorosa en la mayoría de las compañías. En el primer trimestre de 2017, hubo 92 mujeres en los consejos de administración de las 35 empresas del Ibex frente a 361 hombres (un 20% y un 80% respectivamente), según la organización Paridad en Acción.

En 2015, GNF contaba con una mujer en su consejo. Hoy ya son tres: la excomisaria europea austriaca Benita Ferrero-Waldner, la exministra socialista Cristina Garmendia, y la presidenta de HP en España, Helena Herrero Starkie.

Por otro lado, GNF es una de las compañías que más dividendo reparte entre sus accionistas. Las juntas de accionistas de la compañía son muy mejorables, de acuerdo al informe de la APIE. El reducido núcleo duro de accionistas de la compañía (Repsol, La Caixa y el fondo norteamericano Global Infrastructure Partners) posee más de dos tercios de las acciones (68,4% en 2016), mientras que el volumen de acciones de libre circulación (free float) es del 28,6%. De esta forma, los accionistas minoritarios quedan en un segundo plano como espectadores y asumen mayores riesgos, como ocurre en otras empresas donde más de la mitad del capital se concentra en pocos o incluso un solo accionista, como ocurre en Inditex (familia Ortega), Endesa (Enel) o Bankia (Frob).

Respetar las normas de buen gobierno corporativo no es obligatorio en España, como tampoco lo es apuntarse en el Registro de Grupos de Interés de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el organismo que vigila por la libre competencia, creado en 2016. Este tiene como objetivo elaborar una lista de grupos que hacen lobby en España, a semejanza de los que existen a nivel de la Unión Europea o en Estados Unidos. Como ocurre con el Código de Buen Gobierno de la CNMV, la adhesión a este registro es voluntario, por lo cual GNF ha prescindido de apuntarse por ahora, como la inmensa mayoría de las 35 empresas del Ibex.

Índice completo del dossier #YoIbextigo sobre Gas Natural Fenosa aquí.

 

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