Una compañía del sector fósil que persigue una imagen verde

Infraestructura de Enagás en una zona quemada de Doñana. Foto: José Manuel Cantó.

La comunidad científica es cada vez más escéptica acerca de la verdadera huella climática del gas natural. Aunque sus emisiones de CO2 en la combustión están por debajo de las del petróleo o el carbón, en todas las etapas del proceso del gas natural se producen fugas de metano, un compuesto con un potencial climático 86 veces superior al CO2 en sus primeros 20 años en la atmósfera.

Robert Howarth, científico estadounidense y referente internacional en el estudio del gas natural, demostró en 2011 que si se suman las emisiones en la combustión del gas y las pérdidas de metano en las diferentes etapas hasta su consumo, en casi todos los casos éstas son mayores en relación a otros combustibles fósiles.

Gas Natural Fenosa y Enagás, las dos empresas españolas que más negocio hacen en el sector gasista, llevan varios años inmersas en una ambiciosa campaña para posicionar al gas natural como fuente de energía imprescindible e ideal para la transición hacia las renovables. Esgrimen como ventaja que la combustión de gas natural emite menos CO2 que la del petróleo, pero olvidan mencionar el resto de emisiones que genera este combustible y sus efectos negativos en el desarrollo de las renovables.

En el caso de Enagás, este plan es su principal estrategia en materia medioambiental, por delante de otras medidas como la mejora de la eficiencia energética de sus instalaciones. “El gas natural juega un papel clave gracias a su flexibilidad y a las ventajas medioambientales que presenta”, defiende en un documento corporativo sobre compromiso social Antonio Llardén, presidente de la compañía (declinó ser entrevistado por La Marea). «El gas natural es la energía fósil más limpia y es el mejor aliado de las renovables», explica Enagás.

Otro documento de la compañía deja claro que el compromiso de Enagás ante uno de los mayores retos del planeta consiste en aumentar el consumo de gas. En Posición de Enagás sobre Cambio Climático, la compañía establece su hoja de ruta. Este es el primer punto: “Promover el uso del gas natural asegurando el suministro en todo el territorio nacional”. Enagás vive íntegramente del gas natural, un combustible fósil que, según expertos de diversa índole, está condenado a desaparecer del mix energético tarde o temprano como parte de la transición hacia energías renovables. No obstante, la compañía cree que “debido a la naturaleza de sus actividades, las variables relacionadas con el cambio climático no suponen riesgos relevantes para el negocio”.

“Desde Enagás estamos promoviendo el uso del gas natural en sectores como el transporte, a través de proyectos como CORE LNGas hive”, dice Llardén. De forma directa o con la ayuda de asociaciones de distintos sectores, como el gasista, el automovilístico o el naval, Enagás impulsa nuevas formas de consumir gas natural en España. Por lo general, este esfuerzo se centra en tres pilares: transmitir en los medios de comunicación y círculos de influencia la idea de que el gas natural es una fuente de energía limpia, premiar a quienes sostienen esa idea y recibir reconocimientos por parte de instituciones públicas y privadas, dentro y fuera de España, lo que permite disimular la contradicción de ser una empresa gasista con una imagen eco-friendly.

¿Una empresa gasista contra el cambio climático?

Las referencias a la política medioambiental de Enagás son constantes en sus documentos corporativos. La compañía presume de haber reducido a la mitad sus emisiones de CO2 en los últimos años (aunque se mantienen al nivel de 2009) y asegura que su compromiso para combatir el calentamiento global es firme y activo. Tanto es así que Llardén pidió “coherencia” y menos “hipocresía” en la lucha contra el cambio climático durante una conferencia ante la patronal gasista, Sedigás, organización que él mismo presidió en el pasado.

El negocio de Enagás depende por completo de un combustible fósil (el gas natural. Como el cometido de la empresa es operar la infraestructura para transportar el gas no puede acercarse a otros sectores como las renovables, cuya energía generada pasa por las redes gestionadas por Red Eléctrica Española (REE), el otro operador controlado por el Estado.

Aun así, Enagás figura en la décima posición del ránking mundial de las 100 empresas más sostenibles del mundo (elaborado por la revista canadiense Corporate Knights). De la mano de compañías como Gas Natural Fenosa o de la patronal Sedigás y otros grandes lobbies de las energías fósiles, Enagás promueve que el gas natural sea reconocido como fuente de energía renovable para que sectores como el del transporte eléctrico cedan espacio a ese combustible fósil.

Los intereses económicos de Enagás no coinciden necesariamente con la lucha contra el cambio climático, pero poner trabas a uno de los mayores retos de la humanidad no es popular. El presidente de Enagás asegura que “es muy difícil tener presencia fuerte de las renovables sin la disponibilidad del gas natural”.

Voces expertas con larga experiencia en el sector, como Javier García Breva, Jorge Morales de Labra o José Luis Velasco, aseguran que sucede lo contrario: el exceso de capacidad del sector gasista español, con numerosas plantas regasificadoras y ciclos combinados en paro o a bajo rendimiento, desincentiva el desarrollo de las renovables en nuestro país. También tiene mucho que ver en esta política el intenso lobby de empresas controladas por antiguos altos cargos gubernamentales y pesos pesados del PP.

En este sentido, destacan medidas como el llamado «impuesto al sol» o la retirada de subvenciones a quienes invertían en renovables, al mismo tiempo que se crean ayudas para los vehículos a gas, un recurso que España importa de países como Argelia, Qatar o Nigeria.

Cifras y galardones de excelencia

En febrero de 2017, Enagás volvió a conceder sus premios ‘Ingenia Business’ (justo después de la crisis de imagen causada por el encarecimiento del recibo de la luz). En esta ocasión el principal galardón fue para un proyecto que promueve el uso del gas natural en los coches. Unos meses antes Enagás y la Asociación Ibérica de Gas Natural para la Movilidad (Gasnam) organizaron unas jornadas para exponer “los beneficios del Gas Natural Vehicular (sic)”, aunque no mencionaron cómo este tipo de transporte juega en detrimento del coche eléctrico o cómo podría quedar obsoleto dado el rápido avance de las tecnología de autogeneración y en el ámbito de las baterías domésticas.

Enagás es consciente de que en un futuro cada vez más cercano, los combustibles fósiles estarán condenados a desaparecer del mix energético. Por ejemplo, Noruega ya ha prohibido usar gas natural para la calefacción con el fin de combatir el cambio climático. Incluso agencias crediticias de la talla de Moody’s advierten de que invertir en Enagás implica riesgos ya que la inevitable implantación de las renovables podría “socavar su calidad crediticia” y “pone en duda” el futuro del gas natural.

Se trata de un mal menor que Enagás, al igual que otras compañías de energías fósiles, contrarresta con numerosas condecoraciones por sus acciones a favor del medio ambiente. Por ejemplo, la empresa está reconocida por CDP (Carbon Disclosure Project, una organización privada) como “líder mundial por su acción contra el cambio climático”.

Al hilo de ese reconocimiento, cabe mencionar un curioso círculo virtuoso: la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental (Funseam), que preside el presidente de Enagás, Llardén, tiene entre sus misiones “analizar y dar visibilidad” al CDP.   En el patronato de esta fundación se sientan los presidentes y consejeros delegados de otras grandes empresas que también han de hacer malabares para aumentar el valor ecológico de sus marcas, entre ellas Gas Natural Fenosa, Repsol, Endesa, Cepsa y ACS.

Enagás también forma parte del Pacto por la Biodiversidad, el registro de huella de carbono del Ministerio de Medio Ambiente, y la iniciativa Action Exchange (plan de reducción de emisiones). Además, publica numerosos documentos y protocolos en este sentido.

Entre 2014 y 2016 Enagás redujo su huella de carbono en un 50%, según datos de la compañía-. La mayor parte de ese descenso se produjo en emisiones indirectas asociadas a su consumo eléctrico y a actividades vinculadas a la compañía, que no propias, pues sus emisiones directas de gases de efecto invernadero disminuyeron en realidad un 20% en ese mismo periodo. En la cadena de negocio de Enagás, la mayor parte de la contaminación se produce en sus estaciones de compresión (143.000 toneladas de CO2e), que representan el 49% de sus emisiones totales.

El goteo de noticias y premios de Enagás y sus gestiones a favor del medio ambiente son constantes. La última llegó en febrero de este año -tras un mes de críticas al sector gasista por el encarecimiento de la factura de la luz-, cuando la compañía recibió la Acreditación Flota Ecológica, concedida por la Asociación Española de Gestores de Flotas de Automóviles (AEGDA) y el Instituto para la Diversisficación y Ahorro de la Energía, un ente público dependiente del Ministerio de Energía, el mismo que año tras año asegura la rentabilidad y solvencia de Enagás, al determinar cuánto cobra por gestionar el sistema gasista español.

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Cómo el Banco Santander se lucra con la quiebra de Puerto Rico

Un grupo de manifestantes frente a una sucursal del Banco Santander en Puerto Rico. Foto: David Galarza.

Esta semana miles de personas de Puerto Rico, Estados Unidos e incluso Brasil han celebrado el Día Internacional contra los Bancos con manifestaciones frente a las sedes del banco Santander y del Popular (ninguna relación con la entidad española) para protestar contra las supuestas maniobras de estas entidades financieras para lucrarse de la frágil situación económica que atraviesa Puerto Rico.

Los convocantes acusan a dos ejecutivos del Santander de ser responsables de que la colonia estadounidense alcanzara niveles de deuda insostenibles en beneficio de la entidad española, al mismo tiempo que implementaban un duro programa de austeridad cargado de privatizaciones, recortes sociales y privilegios fiscales para inversores con perfil especulador y grandes fortunas. ¿Qué ha pasado exactamente?

Una investigación de las organizaciones estadounidenses Comité para Bancos Mejores, Hedge Clippers y la Federación de Trabajadores de Puerto Rico revela que el Banco Santander es una pieza clave para entender por qué la economía de la isla se encuentra sumida en uno de los episodios más oscuros de su historia reciente. La crisis financiera de 2008 asestó un duro golpe a esta colonia estadounidense «Estado libre asociado», según la nomenclatura oficial, que por entonces ya sufría los estragos propios de una economía periférica y desindustrializada dependiente de la potencia vecina, con una elevada deuda pública, un gobierno maniatado y una población menguante debido a la precariedad y el elevado desempleo que asolan la isla. Puerto Rico, definida por varios economistas como «la Grecia del Caribe», ya tiene más población en Estados Unidos (4,7 millones) que en la isla (3,6 millones).

La investigación, titulada Piratas del Caribe, cuenta cómo dos ejecutivos del Santander fueron los encargados de diseñar el programa de austeridad fiscal y la emisión de más deuda pública con elevados tipos de interés en favor del banco español. El nombre más relevante es el de Carlos García, el Rodrigo Rato de Puerto Rico, presidente del Banco Santander Puerto Rico tras haber sido ejecutivo de la entidad Santander Securities en la isla, filial encargada del negocio de los bonos públicos que gestiona este banco, tal y como explica a este medio Saqib Bhatti, uno de los investigadores que participaron en el estudio y que estos días visita Madrid junto con varios activistas puertorriqueños.

En 2009, García fue designado para dirigir el Banco de Fomento Gubernamental (Puerto Rico no tiene banco central), responsable de poner en marcha el programa de austeridad que supuso el despido de más de 30.000 funcionarios puertorriqueños, así como drásticos recortes y privatizaciones en los ámbitos educativo (cerraron el 43% de las escuelas públicas), sanitario y de pensiones que han agravado la crisis humanitaria que vive la isla (el 46,1% de la población vive bajo el umbral de la pobreza, según datos del gobierno). Nada más llegar a la institución, García fichó a su compañero José Ramón González, consejero delegado del Santander Puerto Rico. Desde entonces, miles de ciudadanos dentro y fuera de la isla caribeña han protestado contra el conflicto de intereses de estos dos altos cargos del Santander y su programa de austeridad.

«Bajo la dirección de García y González, Santander Securities se estableció rápidamente como administrador principal de emisiones de bonos del gobierno, coincidiendo con el crecimiento de la deuda pública», dice el informe. Al mismo tiempo que implementaba estas medidas de austeridad y creaba nuevas normas de exención fiscal para quienes especulaban con la deuda de la isla (no sin aumentar los impuestos a las rentas medias y bajas), Carlos García firmó la emisión de más deuda pública en forma de ‘bonos tóxicos’ por valor de 71.000 millones de dólares, de los cuales 61.000 millones (85,9% de esa deuda) están en manos del Banco Santander, entidad para la que había trabajado como directivo. Desde que la isla se declaró en bancarrota en 2016, el Santander ha obtenido más de 1.000 millones de dólares en beneficios por el pago de intereses de esa deuda.

Este y otros datos también aparecen en la auditoría realizada por la red VAMOS4PR, que integra a varias organizaciones académicas, sindicales y de la sociedad civil de la isla y de Estados Unidos. «García y un grupo de exejecutivos del Santander implementaron en el Banco de Fomento Gubernamental un programa masivo de emisión de bonos que es la raíz de la crisis de Puerto Rico», sostiene el informe de Hedge Clippers acerca de la elevada deuda pública de la isla (en torno al 100% del PIB). La Marea ha solicitado las cifras del negocio del Banco Santander en la isla y su posición ante este posible caso de prevaricación, conflicto de intereses, violación de secretos, tráfico de influencias y malversación por parte de sus dos directivos al frente de entes públicos de Puerto Rico. La entidad no ha contestado.

Tras poner en marcha esa emisión de deuda pública con elevados tipos de interés real (más del 300% en algunos casos, según esta auditoría) y en medio de un pernicioso programa de austeridad fiscal, Carlos García y José Ramón González abandonaron el Banco de Fomento Gubernamental de Puerto Rico para volver a sus puestos en el Banco Santander. Pero la historia no termina ahí: en 2016 el gobierno de Estados Unidos designó a García y González para formar parte de la Junta de Control Fiscal que ejerce de troika integrada también por la Comisión de Control Fiscal y representantes de los partidos Republicano y Demócrata de EEUU con pleno control sobre las finanzas de la isla para asegurar que las autoridades puertorriqueñas aplican las políticas de austeridad al pie de la letra. El gobernador de Puerto Rico es el único miembro de Comisión que no tiene voz ni voto.

Fuentes del Banco Santander respondieron* a La Marea que «en Puerto Rico fue práctica común en la industria de firmas de corretaje, como Santander, participar en la emisión y comercialización de la deuda de Puerto Rico». Desde la entidad aseguran que «los productos financieros vendidos a los clientes de Santander cumplieron con todas las leyes, regulaciones y requisitos aplicables, incluyendo los establecidos por el regulador local de valores» y declinaron hacer declaraciones sobre el posible conflicto de intereses por parte de sus ejecutivos Carlos García y José Ramón González.

Al no ser un Estado en pleno derecho de EEUU, Puerto Rico no puede declararse en quiebra para recibir un rescate público (tal y como sucedió con Detroit en 2013) y, por tanto, el gobierno puertorriqueño no tiene poder en las negociaciones con sus acreedores, entre los que destaca el Santander.

Actualmente Puerto Rico dedica casi el 25% de su PIB a pagar los intereses de una deuda pública que es «insostenible», opina la puertorriqueña Xiomara Paola, del Centro para la Democracia Popular. Puerto Rico pagará 33.500 millones de dólares en intereses por los 37.800 millones de deuda emitida en forma de bonos de Apreciación de Capital (CABs), por citar un ejemplo del carácter especulativo de gran parte de los más de 134.000 millones de deuda pública que adeuda la isla caribeña.

Estados Unidos controla Puerto Rico pero los isleños no pueden participar en la vida política de ese país, a pesar de las intensas movilizaciones que desde hace años protagonizan sus estudiantes y numerosos ciudadanos. El domingo pasado los puertorriqueños votaron en un plebiscito con escasa participación (menos del 25%) para posicionarse mayoritariamente a favor de una completa anexión a Estados Unidos, un resultado que analistas y medios interpretan como una respuesta desesperada al hundimiento del sistema financiero de la isla.

El futuro de la economía puertorriqueña depende en buena medida del Banco Santander, principal acreedor de la isla que además es la entidad financiera con mayor volumen de préstamos subprime en Estados Unidos. Este miércoles hay convocadas nuevas movilizaciones ante las sedes del Santander en San Juan, capital puertorriqueña. La entidad dirigida por Ana Botín no desglosa las cifras de negocio de su filial en Puerto Rico, subsidiaria de su filial estadounidense Santander Holdings. Hasta la fecha ni este banco ni la Junta de Control fiscal han expresado su posición ante el creciente malestar social que generan sus actuaciones en la antigua colonia española.

Esta información coincide con el juicio en la Audiencia Nacional española contra siete directivos del Banco Santander por supuesto blanqueo de capitales en el marco del caso HSBC, que afecta a varias entidades financieras de la lista Falciani.

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Multas contra Enagás, en papel mojado

Planta regasificadora de El Musel (Gijón). Foto: Enagás.

En la década pasada, coincidiendo con la época de bonanza económica en España y otros países europeos, era frecuente que la Comisión Europea (órgano ejecutivo de la Unión Europea) dejase en manos de los gobiernos nacionales la decisión de sancionar o no algunas prácticas anticompetitivas en sus mercados energéticos. Sucedió con varios casos por violaciones del principio de competencia que afectaron a Enagás y Unión Fenosa y que acabaron archivados. Sin embargo, la lucha contra el cambio climático, la puesta en marcha de la Unión de la Energía y los problemas relacionados con el precio de la energía han hecho que con el tiempo la Comisión Europea tome un rol más activo en este tipo de problemas.

Enagás y Red Eléctrica de España, homóloga de la gasista en el mercado eléctrico, son motivo de disputa entre las autoridades europeas y el Gobierno español desde 2013. En los últimos meses la Comisión Europea ha vuelto a abrir expedientes sancionadores contra España principalmente por tres razones, dos de ellas relacionadas directamente con Enagás y una tercera vinculada de manera indirecta.

El primer expediente -el paso previo a una sanción- contra el Ejecutivo es por limitar la participación accionarial en Enagás y el derecho a voto de sus accionistas privados; el segundo, por tolerar el monopolio de la empresa para operar las interconexiones gasistas de España con Francia y otros países; y el tercero, por la supuesta falta de independencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el ente público que ejerce de árbitro para asegurar la libre competencia en el mercado español. «Este es un asunto entre la Comisión Europea y el Gobierno de España», responden desde el departamento de prensa de Enagás.

Durante estos años el Ejecutivo español atajó las demandas de Europa con parches como el mecanismo de separación patrimonial del gestor del sistema, creado en 2014 (el propietario de la red es designado gestor de la misma y es independiente de cualquier empresa productora o suministradora. Es decir,  una empresa como Gas Natural Fenosa, por ejemplo, no puede ejercer control en Enagás).

En marzo de 2017 la Unión Europea dio un ultimátum a España para poner fin a estos problemas, pero el ministro de Energía, Álvaro Nadal, respondió desbloqueando los dos gasoductos de Enagás en la interconexión con Francia, el de Martorell-Figueras y el de Figueras-Frontera Francesa. Ambos forman parte del proyecto europeo Midcat para mejorar el intercambio de gas entre países, pero en Bruselas ven con malos ojos que Madrid insista en otorgar la operación de estas infraestructura a Enagás. La decisión de Nadal entonces choca de frente con las exigencias europeas de permitir que otras empresas puedan operar esas interconexiones.

En el tercer punto de conflicto entre Madrid y Bruselas, tampoco hay avances. A finales de junio el propio presidente de la CNMC, José María Marín, pidió más independencia para esa institución y aseguró que las sanciones que se han impuesto hasta ahora a España desde Europa “no son realmente disuasorias”. “Hemos tenido que poner más de 1.000 millones de sanciones en estos años”, declaró Marín. De momento el gobierno ha anunciado que va a dividir a la CNMC en dos.

Desde su privatización a finales de los 1990, Enagás no solo ha salido ilesa por los expedientes y sanciones de las autoridades europeas. También ha recibido un trato amable por parte de los supervisores en países como México (por ejemplo, salió indemne por los vertidos de agua contaminada de su planta de Altamira en 2008 y 2009). Los entes de arbitraje de España -es casi una tradición que los sucesivos gobiernos cambien su nombre y atribuciones- han advertido en varias ocasiones posibles infracciones por parte de Enagás en su rol de operador técnico del sistema, aunque la mayoría de los casos fueron archivados.

En 2004 se produjeron varios cortes en el suministro de gas y la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) abrió un expediente sancionador contra Enagás. Dos años después, la propia empresa informó de que la CNE, presidida entonces por María Teresa Costa (ex diputada del PSC), archivó el expediente y dijo que no hubo infracción por su parte.

Además, fue Costa quien autorizó en 2008 que se condonase la deuda de 31 millones de euros que le debía Enagás y que finalmente acabó integrada en el déficit de tarifa que pagan los ciudadanos a través de la factura. Actualmente, María Teresa Costa preside la Cátedra de Sostenibilidad Energética y Ambiental, financiada por Enagás y otras compañías como Repsol, ACS y Cepsa.

En aquel periodo Gas Natural aún tenía una participación importante en Enagás que motivó la apertura de varias investigaciones por parte de la CNE ante los indicios reiterados de que ambas empresas podrían estar obstaculizando el acceso de terceros a la red de transporte de gas, lo que supondría delitos contra la competencia. Todos los casos fueron archivados. A día de hoy, Gas Natural Fenosa acapara el a 56,8% de los contratos de gas en España.

La planta de El Musel

Hay casos en los que Enagás sale victoriosa incluso cuando una de las partes involucradas admite ilegalidades. En 2012, la gasista terminó las obras de la planta regasificadora de El Musel, situada en el puerto de Gijón (Asturias). Su construcción había sido aprobada por el gobierno pero en 2016 el Tribunal Supremo volvió a dictar sentencia (la primera fue en 2013) anulando dicha autorización debido a, entre otras cosas, la cercanía de esta regasificadora con el núcleo urbano de Gijón (por seguridad la ley establece desde 1961 un mínimo de 2.000 metros de distancia).

Finalmente, con la planta lista para ser inaugurada (costó 380 millones de euros, de los cuales el Estado aportó 125 millones), el Gobierno ordenó a Enagás que la hibernara y prohibió su puesta en marcha alegando que había sobrecapacidad en el sistema y que su funcionamiento podía empujar al alza los precios del gas. La hibernación implica que la planta no puede operar pero Enagás sigue recibiendo retribuciones públicas por los costes de inversión y mantenimiento.

La decisión del Supremo no gustó ni a Enagás, ni al gobierno de España ni al de Asturias. En febrero de 2017 el presidente de la gasista, Antonio Llardén, se reunió con representantes del Ejecutivo socialista del Principado de Asturias  al que dijo que confiaba en que el gobierno central autorizaría la regasificadora de El Musel este verano.

Un mes después se produjeron dos hechos relevantes: el consejero de Empleo asturiano, Francisco Blanco, reconoció que el expediente para autorizar El Musel se inició de forma ilegal. En paralelo, el Ministerio de Energía inició los trámites para legalizar esa regasificadora mediante un nuevo real decreto y en contra de las sentencias del Supremo (motivada por una denuncia del partido ecologista  Equo). Dos semanas después de conocerse esta noticia, las acciones de Enagás volvieron a marcar un récord en Bolsa.

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Los lobbies de Gas Natural Fenosa

Sede de La Caixa en Barcelona.

El sector energético es uno de los más regulados y, por ende, las compañías que lo componen se esfuerzan por influir en quienes diseñan y redactan las leyes que marcan las normas de su negocio. Al igual que las demás compañías de electricidad y gas de España, Gas Natural Fenosa mantiene una intensa y diversificada agenda de lobby para defender sus intereses a nivel nacional e internacional.

A la hora de influir ante las autoridades, las empresas pueden optar por varias fórmulas: desde hacer presión ellas mismas hasta inscribirse en asociaciones y patronales o contratar a firmas profesionales, como consultoras o despachos de abogados.

Uno de los principios de actuación responsable de GNF consiste en “promover la transparencia informativa”, según su página web. Sin embargo, la compañía no informa sobre las reuniones de sus directivos con representantes del gobierno, ni tampoco publica su presupuesto anual para labores de lobby. De hecho, GNF solo informa de su presencia en grupos de presión cuando lo impone la ley. La legislación española no exige informar sobre tareas de lobby ante el Ejecutivo, pero las instituciones europeas sí cuentan con un registro de transparencia obligatorio.

El lobby de GNF en Europa

Europa es uno de los territorios clave para GNF y sus negocios. La compañía catalana presiona a favor de sus intereses a través de 15 entidades de lobby acreditadas en Bruselas, entre las que destacan Eurogas, EFET (European Federation of Energy Traders), IGU (International Gas Union) y Eurelectric, además de algunas asociaciones españolas con actividad en la capital europea. También cuenta con una posición privilegiada en Business Europe, la poderosa federación de patronales europeas en la que figura la española CEOE, presidida por Juan Rosell, quien también fue consejero de GNF. Business Europe es conocida por oponerse de manera activa a la implementación de normas más severas contra el cambio climático.

Además, GNF mantiene una posición privilegiada con el actual Comisario europeo de Energía, el exministro Miguel Arias Cañete (Partido Popular). Según la organización Corporate Europe Observatory, Gas Natural Fenosa es la empresa que más reuniones mantiene con Arias Cañete –sin contar las que podría mantener fuera de su agenda oficial–, y la cuarta interlocutora que más tiempo recibe del comisario, por detrás de los lobbies Entsoe, Eurelectric (en el que participa GNF) y Wind Europe. Desde que se firmó el Acuerdo del Clima de París en 2015, la relación de reuniones entre empresas de combustibles fósiles y las de energías renovables en la agenda de Cañete ha sido de 8 a 1, según Corporate Europe.

GNF declara entre 25.000 y 49.999 euros anuales en gastos de lobby en la Unión Europea, según el registro europeo obligatorio de grupos de interés. Sus prioridades de influencia en Europa se pueden resumir en cinco puntos: prolongar la dependencia europea del gas mediante nuevas inversiones en infraestructura; influir en el diseño del sistema eléctrico europeo para que sus centrales no pierdan protagonismo frente a las renovables; posicionar el gas como combustible imprescindible en la transición a un modelo de energías limpias; promover las explotación de gas pizarra (fracking) y mantener el actual esquema de comercio de emisiones de CO2, criticado por los ecologistas por su falta de ambición.

Además, GNF hace presión para obtener el visto bueno de las autoridades europeas a algunos de sus proyectos estrella, como la interconexión eléctrica y gasística entre España y Francia, o su almacén de gas en el Parque Natural de Doñana. Este caso en concreto dio lugar a que en julio de 2016 Marina Albiol, eurodiputada y portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, presentara una queja formal después de que el Partido Popular invitara a la compañía energética a participar en el debate oficial sobre su proyecto en Doñana, a pesar de no tener el visto bueno del resto de grupos parlamentarios para dicha participación.

Como consecuencia de la creciente preocupación social y política ante la amenaza del calentamiento global, GNF y otras empresas han decidido incorporarse a los lobbies de energías renovables. Por ejemplo, GNF forma parte de la European Wind Energy Association (EWEA) y la European Photovoltaic Industry Association (EPIA). Tras la irrupción de GNF y otras corporaciones del sector, EWEA redujo un tercio sus objetivos de energías limpias para 2030, mientras que EPIA comenzó a defender la “alianza” entre el gas natural y las energías limpias, según fuentes de ambas asociaciones citadas por el diario británico The Guardian. “Poner el gas al mismo nivel que las renovables es un riesgo ya que hace que se desplacen inversiones de las renovables al gas”, opina Wendel Trio, director de Climate Action Network Europe.

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Índice completo del dossier #YoIbextigo sobre Gas Natural Fenosa aquí.

Sedigás y UNESA, los lobbies de GNF en España

El ex secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, hermano del actual ministro de Industria, Álvaro Nadal. Foto: Sedigás.

Hay 18 grandes lobbies energéticos en España. A diferencia de la UE, el registro de grupos de interés que fue creado en 2016 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no es obligatorio, por lo cual las grandes empresas han eludido inscribirse de momento, entre ellas GNF. La ausencia de regulación sobre puertas giratorias y grupos de presión facilita que las grandes corporaciones influyan directamente sobre las decisiones de legisladores, tribunales y autoridades reguladoras, según Transparencia Internacional.

Esta opacidad está estrechamente relacionada con que España tenga una de las facturas de la luz más caras de Europa, la retirada de subvenciones a las energías renovables, el llamado “impuesto al sol” o que la energía nuclear reciba 40 veces más ayuda pública que la eólica, según varios informes de la Agencia Europea del Medio Ambiente citados por Greenpeace.

GNF está presente en numerosos lobbies en España. Algunos cumplen una función específica para la compañía, como Funseam, dirigida por Maite Costa, expresidenta de la Comisión Nacional de Energía (y persona muy vinculada al PSOE), que trabaja para acelerar la interconexión con Francia. Sin embargo, en el repertorio de lobbies de GNF destacan dos organizaciones: Sedigas y UNESA.

SEDIGAS

La Asociación Española del Gas (Sedigas) nació en 1970 con el objetivo principal de “impulsar al liberalización del mercado” de gas. Actualmente es el principal lobby del sector gasista y entre sus empresas asociadas destaca Gas Natural Fenosa, que aparece representada a través de 19 subsidiarias y es la empresa con más poder en este lobby presidido por Antoni Peris (desde 2007 en el cargo, su mandato concluye en 2020). Peris es director general de negocios regulados de GNF, patrono de la Fundación Gas Natural y entre sus méritos está la entrada del Grupo Gas Natural en Colombia, uno de los países donde más problemas tiene la compañía. Peris es un ponente habitual de eventos organizados por el despacho Llorente & Cuenca, el mismo que fichó al exministro socialista Jordi Sevilla a finales de 2016.

Sedigas reparte premios, organiza encuentros y es la principal encargada de difundir por medios propios y ajenos los supuestos beneficios del gas natural en la lucha contra el cambio climático. Consta en el registro de lobbies del Parlament de Catalunya (desde febrero de este año) y de la Unión Europea (oficialmente tiene dos lobistas en nómina en Bruselas), pero no en el de la CNMC, que en 2012 le impuso una multa de 900.000 euros por acordar y recomendar el precio de distintos servicios en el mercado del gas, incluida la atención de urgencias. El Tribunal Supremo anuló la sanción el pasado 4 de abril.

Cada año Sedigas organiza un encuentro (la inscripción cuesta entre 561 y 615 euros) en el que participan las principales autoridades del sector energético. La última “Reunión Anual” (es el nombre oficial del evento) fue inaugurada por el exministro José Manuel Soria, y clausurada por el presidente de la CNMC, José María Marín.

En 2015 a Sedigas le surgió un nuevo rival en España: Gas Industrial, el lobby formado por las industrias que consumen gas (representan casi el 60% de la demanda en España) y que piden precios más bajos. Sin embargo, Sedigas también cuenta con una nueva herramienta para defender sus intereses: desde noviembre de 2016 la patronal del gas y GNF dirigen –por un mandato de seis años– la Unión Internacional del Gas, el gran lobby internacional de las corporaciones de gas, que “aportará a Sedigas y también a Gas Natural Fenosa notoriedad a nivel internacional, acceso a la información sobre el debate energético y una notable capacidad de influencia”, informó GNF en nota de prensa.

UNESA

La Asociación Española de la Industria Eléctrica es la patronal del sector eléctrico español. UNESA hace lobby a favor de los intereses de las compañías eléctricas con negocios integrados (presentes en más de un sector del mercado), es decir, GNF, Iberdrola, Endesa, EDP España y Viesgo –el hecho de que sean pocos actores facilita su acción colectiva–. La fundó en 1944 el falangista vizcaíno José María de Oriol y Urquijo, marqués de Casa Oriol, antiguo consejero de Unión Fenosa y “gran patriarca de las eléctricas”, según el obituario que le dedicó el diario El País.

Entre los éxitos recientes de la labor de UNESA está la decisión del gobierno de Mariano Rajoy de retirar las subvenciones a las energías limpias en 2012, mientras que entre sus fracasos más sonoros figura su sonora reprimenda contra Jordi Évole tras el programa Salvados dedicado al sector eléctrico, también en 2012. UNESA convocó una reunión tras la que decidió mandar una carta al ya fallecido José Manuel Lara, presidente del Grupo Planeta, para pedirle una “compensación” por el programa emitido en La Sexta. En concreto, pedían un espacio en Antena 3 para dar sus argumentos después de haber rechazado hablar con Évole. No se les concedió.

El poder de UNESA aparece reflejado en su capacidad para revertir sanciones y procesos legales en su contra. Por ejemplo, en 2011 fue multada, junto con varias empresas eléctricas (entre ellas GNF), a pagar 61,2 millones de euros por ponerse de acuerdo para dificultar las peticiones de cambios de compañía comercializadora y cobrar precios similares a los grandes clientes. En abril de 2015 la Audiencia Nacional anuló la que era la mayor sanción al sector eléctrico en la historia de España.

GNF está presente en otros lobbies de España, entre ellos AEE (Asociación Empresarial Eólica), Foro Nuclear, ACOGEN (Asociación Española de Cogeneración), Enerclub (Club Español de la Energía, considerado el principal laboratorio de ideas del sector energético español), ACIEP (Asociación Española de Compañías de Investigación, Exploración y Producción de Hidrocarburos y Almacenamiento Subterráneo; este colectivo defiende el fracking en España y cuenta con la colaboración activa de GNF sin constar entre sus socios) y Shale Gas España (principal lobby en defensa del fracking; no desvela el nombre de sus socios pero GNF participa en sus actos).

GNF y FAES

FAES, la fundación neoliberal cercana al Opus Dei que preside José María Aznar (fue asesor de Endesa), publica documentos sobre cómo debería ser el sector energético español. En sus últimos informes colaboran directivos de las empresas que conforman el oligopolio eléctrico, entre ellas Gas Natural Fenosa. Por ejemplo, en 2015 publicó El ‘consumidor generador’, en el que defiende el llamado “impuesto al sol” que desincentiva el autoconsumo eléctrico. Uno de los dos autores del informe es Juan Luis López Cardenete, colaborador habitual de FAES y profesor del IESE (escuela de dirección de empresas ligada al Opus Dei) que durante 30 años trabajó en la dirección de Fenosa (director general de Unión Fenosa, presidente de Unión Fenosa Internacional, etcétera) hasta que, en medio de la OPA de Gas Natural, le ofrecieron una indemnización millonaria y dejó la compañía. Otro ejemplo es el documento Propuestas para una estrategia energética nacional (2013) –subvencionado por el Ministerio de Educación–, que contó con la “colaboración especial” de José Antonio Guillén, director de regulación de GNF.

Índice completo del dossier #YoIbextigo sobre Gas Natural Fenosa aquí.

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La influencia en los medios de comunicación

En 2017 GNF dejó de celebrar la habitual rueda de prensa para la presentación de los resultados anuales, aunque mantuvo la convocatoria previa a la junta de accionistas. La multinacional de Barcelona (en octubre de 2017 trasladó su sede social a Madrid) mantiene una estrecha relación con los principales grupos de comunicación gracias a su presupuesto para “publicidad y otros servicios comerciales”: 357 millones de euros en 2016. La gasista paga páginas de publicidad en los principales diarios, anuncios televisivos en prime time, espacios de radio, certámenes de cine, un buen posicionamiento en los resultados de Google… Incluso espacios patrocinados en la prensa digital, una modalidad en auge que pretende presentar la publicidad como si fuera información elaborada con independencia periodística.

La marca de la mariposa va asociada a la de una empresa limpia -en todos los sentidos-, moderna y dinámica, que aparece junto a personajes célebres del mundo del cine y que se desvive en la lucha contra la pobreza energética. Sin embargo, hace falta algo más que un gasto publicitario millonario para alcanzar esa reputación.

En el corazón de los grandes grupos de comunicación

Tras años de dificultades en el sector de la información, la crisis financiera añadió presión a las cuentas de los medios y los grandes grupos abrieron sus puertas a las entidades financieras, una oportunidad que La Caixa, presidida entonces por Isidro Fainé (que hoy preside GNF) y principal accionista de la compañía energética, aprovechó para ganar peso en el seno de los medios más influyentes del país.

El Grupo Godó, propietario del diario La Vanguardia, además de un 18% de la Cadena SER, es el más cercano a Gas Natural Fenosa después de más de siete décadas de estrecha relación en Cataluña. Su dueño, Javier Godó, conde  de Godó, grande  de España y editor de La Vanguardia entre otros, es patrono de la Fundación La Caixa, presidida por Isidro Fainé, y vicepresidente de Criteria Caixa, el holding a través del cual el banco catalán controla un tercio de GNF. Anteriormente Godó había sido consejero de La Caixa y también fue vocal de CaixaBank hasta 2013.

La relación de GNF y sus propietarios con el Grupo Zeta (El Periódico de Catalunya, Interviú,…) es menos longeva pero no menos intensa. De hecho, en los últimos diez años La Caixa-Caixabank ha jugado un papel clave concediendo préstamos al Grupo Zeta, algunos sindicados (préstamos concedidos por varios bancos al mismo tiempo debido a su tamaño). La última vez que el Grupo Zeta pidió auxilio financiero fue en diciembre de 2016, cuando venció una deuda de seis millones de euros que no pudo pagar. En total este conglomerado debe aproximadamente 19 millones de euros a la entidad.

Otro caso de relación indirecta entre GNF y los medios es el del Grupo PRISA, el principal conglomerado de medios de España (El País, Cinco Días, SER,…), con una fuerte presencia en América Latina. Tras la crisis de 2008, la deuda de PRISA creció hasta superar los 5.000 millones de euros. Fue entonces cuando el presidente del grupo, Juan Luis Cebrián, aceptó el préstamo sindicado de 2.000 millones que le ofrecieron La Caixa de Isidro Fainé, el Banco Santander de Emilio Botín y el HSBC, una entidad con sede en Londres conocida por los escándalos de evasión y las filtraciones de su antiguo empleado Hervé Falciani. En 2014 los bancos aceptaron canjear deuda por acciones, y desde entonces La Caixa controla el 4% de PRISA.

Fainé, también presidente de GNF, entra por partida doble en el grupo de medios: lo hace a través del 4% de acciones en manos de La Caixa y también a través de Telefónica, de la que es vicepresidente, y que posee el 13% de acciones de PRISA. Recientemente el rey Juan Carlos telefoneó a Fainé para que se posicionars a favor de Juan Luis Cebrián, el presidente de PRISA al que tanto el empresario catalán como otros poderosos accionistas barajan echar, según contó la agencia Bloomberg.

Otro conglomerado mediático estrechamente vinculado con GNF es el Grupo Vocento, que tiene en su cartera el diario ABC y la cadena COPE (el medio más retuiteado por las cuentas de Twitter de GNF), entre otros. La familia Luca de Tena, descendiente del fundador de ABC, controla el 10% de Vocento a través de Valjarafe SL. Entre 2011 y 2015 la compañía gasista tuvo como consejero a Nemesio Fernández-Cuesta Luca de Tena, que anteriormente había sido número dos de Repsol y consejero de ABC hasta que le sustituyó su prima Catalina, hija de Guillermo Luca de Tena, presidente de honor del periódico de línea conservadora, católica y monárquica.

Los Luca de Tena, nexo privilegiado de Vocento y GNF, aparecen en repetidas ocasiones en la lista de evasores fiscales revelada por el ex banquero Falciani. Vocento celebró sus 100 años de historia en 2015 con una entrega de premios. Entre los galardonados estuvo La Caixa, que le concede ventajosos préstamos al 1,58% de interés, según los informes anuales de este grupo mediático.

El Grupo Planeta (Onda Cero, Antena 3, La Sexta…), con sede en Barcelona (en octubre de 2017 trasladó su sede social a Madrid), también aparece en la órbita de influencia directa de la gasista catalana y de su principal accionista, La Caixa. Hasta 2011 Jordi Fainé de Garriga, hijo de Isidro Fainé, fue director general de Inversiones Hemisferio, la sociedad patrimonial que controla más de 100 empresas del Grupo Planeta. En 2013 CaixaBank y el Banco Santander ayudaron al Grupo Planeta a sanear una deuda de 1.500 millones de euros. Isidro Fainé, por entonces presidente de CaixaBank, rompía su discreción habitual para exigir abiertamente a José Manuel Lara, presidente del Grupo Planeta, que vendiera activos para sanear sus cuentas. Aunque es la tónica habitual de muchos medios, principalmente desde el estallido de la crisis financiera, este tipo de peticiones se hace normalmente en privado.

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