Trabajar en el avión de combate europeo con condiciones de un taller mecánico

trabajar en indra

A finales de 2018, el Grupo Indra contaba con 41.572 trabajadores en todo el mundo como plantilla media anual. De ellos, algo más de la mitad —26.622— estaba en España, según aparece en su último Informe de Responsabilidad Corporativa. Cerca de la quinta parte de la plantilla de Indra en España —5.500 según datos del sindicato Confederación General del Trabajo (CGT)— está dedicada a defensa y transporte, ámbitos que en 2018 sumaron un 38% de los ingresos del grupo, con una rentabilidad que casi doblaba a la parte de Indra destinada a tecnologías de la información.

Gran parte de la carga de trabajo en Indra en los próximos años son con cargo a su división relacionada con defensa. Los sistemas de guerra electrónica contratados en mayo por Navantia para sus fragatas, los vehículos blindados 8×8 encargados por el Ministerio de Defensa para equipar al Ejército de Tierra o los trabajos relacionados para el futuro avión de combate europeo, encargados también por el Ministerio de Defensa, son y serán, según explica Manuel Guirao, secretario general de CGT Indra, los principales focos de trabajo.

“Es el momento de ponernos al nivel de las empresas con las que competimos”, explica Guirao, que equipara las condiciones de trabajo que Indra ofrece actualmente a las de “un taller mecánico”, a pesar de hacer trabajos de alta cualificación para la Unión Europea. De cara al proyecto Futuro Sistema Aéreo de Combate Europeo (FCAS por sus siglas en inglés), desde CGT están reuniendo firmas para forzar a la empresa a negociar una serie de mejoras en las condiciones laborales. Ya hubo una mesa de negociación anterior, pero, según explica, CGT se levantó de la mesa cuando “en lugar de seguir presionando por subidas salariales, el resto de sindicatos se puso a negociar sobre la nueva ley de control horario; dejaron la mesa de negociación sin contenido real”.

Según señala, frente a la rotación de trabajadores que se suele contar en empresas relacionadas con transporte y defensa, que suele ser “mínima, en torno a un 1% o 2%”, según define Guirao , el número de trabajadores que decide dejar la empresa cada año en algunos centros de Indra se ha quintuplicado en los años posteriores al expediente de regulación de empleo (ERE) que tuvo lugar en el grupo en 2015, alcanzado entre el 17% y el 18%, según cifras del sindicato.

¿Por qué la gente abandona Indra? Desde CGT apuntan al ERE, pero también a la política de salarios. El despido colectivo aplicado en Indra afectó a 1.750 trabajadores. Estaba basado en una variación de existencias, según recoge la sentencia del Tribunal Supremo que dio por bueno el ERE en 2017, que desde CGT afirman que estaban “claramente manipuladas”. La firma del ERE en Indra Sistemas fue por parte de UGT, CC.OO., STC y USO. CGT y Co.Bas, por su parte, decidieron quedarse al margen y no firmar el expediente. 

Este año las centrales sindicales mayoritarias, CC.OO. y UGT, han firmado un acuerdo de jubilaciones anticipadas para los trabajadores que cumplieran 60 años antes de diciembre. “Les quitan un 30% de su base reguladora y les invitan a salir, cubriéndoles la Seguridad Social hasta que cumplieran los 64 años para que así perdieran lo menos posible”, explica Guirao. Fue un acuerdo que desde CGT califican de malo y que, según afirman desde el sindicato, no contó con la opinión de los trabajadores, al igual que había pasado en 2015 con el ERE.

La política de sueldos es otro de los grandes puntos. Con salarios que desde CGT apuntan que pueden ir de los 11.500 a los 50.000 euros anuales por trabajos parecidos, el sindicato señala que la disparidad salarial es una de las consecuencias de que en la empresa prácticamente no haya negociación colectiva. “Los sueldos llevan congelados bastantes años”, explica Guirao.

En paralelo, la empresa tiene una política de subida salarial personalizada. “Se aplica de manera unilateral, depende única y exclusivamente de tu jefe directo”, continúa el sindicalista de CGT, que señala que hay gente que lleva ya diez años sin que le aumenten el sueldo. “La empresa dice que se ha subido muy por encima del convenio, pero te pones a mirar y hay gente a la que se le sube el sueldo un año, y otro, y otro… y otra a la que no se le sube nunca”.

En el caso de los empleados que llegan nuevos a la empresa, la situación es peor. Frente a los 30.000 o 40.000 euros brutos anuales que cobra un trabajador con antigüedad, los nuevos contratados entran en Indra, haciendo un trabajo parecido, con sueldos de 17.000 euros anuales, según explicaba a El Salto José Luis Ortiz, secretario general de CGT en Indra Sistemas Metal.

En 2016, Indra incorporó un programa de introducción en la empresa a jóvenes sin experiencia laboral, el llamado ‘Smart Start’. “Tienen un tutor que les explica cómo funciona la compañía y cómo realizar su trabajo, y, dependiendo de cómo evolucionen, tienen subidas salariales cada seis meses”, explica Guirao. Muchos de ellos, explica, son titulados superiores o ingenieros que se quedan en la empresa hasta dos años con un salario por debajo de convenio.

A las malas condiciones laborales en la plantilla de Indra se suman las subcontratas. El último informe de Responsabilidad Corporativa de Indra, de 2018, cifraba en 3.210 los trabajadores subcontratados a nivel mundial —un 7,34% del total—, para apuntar después que en esta cifra solo se incluyen los trabajadores subcontratados calificados como ATI —asistencia técnica individualizada—.

“A nivel de industria nacional, la subcontratación se ha mantenido en su mayor parte”, explica Guirao. Aunque afirma que se han internalizado a algunos de los trabajadores, 400 a nivel nacional, es una cantidad que el sindicalista tilda de “ínfima” y, además, destaca que la empresa ha realizado nuevas subcontratas. A día de hoy, el número de trabajadores subcontratados por Indra en España se mantienen en los 1.800, según cifras de CGT.

“Por una parte, se obliga que parte del trabajo se haga fuera por contrato, en los trabajos con el Ministerio de Defensa, para que otras empresas crezcan, pero también las hay que vienen a hacer trabajo propio de la compañía, y eso termina en cesión ilegal de trabajadores”, continúa Guirao. Fue el caso de Lebrusan, empresa contratada por Indra en Torrejón de Ardoz que en 2010 contaba con 133 trabajadores, todos en tareas dependientes de Indra. Algunos de ellos llevaban hasta 18 años trabajando mezclados en la plantilla propia del grupo tecnológico hasta que finalmente fueron integrados algunos de ellos en la plantilla propia de Indra.

La sombra de los casos Lezo y Púnica

Indra

El 2015 fue un año nefasto para Indra. A su agujero económico se le sumaba comenzar a ser una de las protagonistas del caso Púnica, el cual ha supuesto la imputación de la compañía, la de su expresidente, Javier Monzón –cuya imputación fue levantada en enero de 2020–, la de otros tres altos cargos de la empresa y la de las dos últimas presidentas de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes

No era la primera vez que la empresa se veía cuestionada por supuestos favores a cargos o partidos políticos. Ya en 1988, antes incluso de nacer, había protagonizado el primer caso de incompatibilidad que salió a la luz pública en España, cuando el exministro de Industria socialista Joan Majó admitió que había compatibilizado su cargo de diputado con otro de consejero en Ceselsa, antecesora de Indra.

En 2001, Josep Pujol Ferrusola, hijo del entonces presidente catalán Jordi Pujol, compareció, vía teleconferencia, en una comisión de investigación del Parlament sobre fraude y evasión fiscal. ¿La razón? La compra, ese mismo año por parte de Indra de su consultora Europraxis, en la que participaba, por 44,46 millones de euros (60,5 millones de euros de 2019).

Siete años después, la Sindicatura de Comptes (el órgano de supervisión de cuentas catalán) detectaba irregularidades en contrataciones efectuadas por la Generalitat y varios ayuntamientos a Europraxis y otras sociedades de Indra. Pujol continuó trabajando en la empresa, ahora subordinada a Indra. Desde entonces y hasta 2013, según publica El Confidencial, Indra consiguió contratos en la Generalitat por más de 223 millones de euros. En 2014, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional  que investiga las tramas de corrupción que envuelven a la familia Pujol puso su vista en la compra de Europraxis por parte de Indra, sin que hasta ahora haya causado mucha molestia al gigante tecnológico. 

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) requirió información a Indra sobre la compra en 2013 de G-Nubila Technology a otra empresa en la que tenía una participación del 33% y que también está relacionada con otro expresidente. Se trataba de la compañía Oyauri Investment y del expresidente —esta vez de España— Felipe González. La compra supuso a Indra 3 millones de euros.

Dos años antes, la empresa costaba poco más de 3.760 euros, recalca El Confidencial. Felipe González habría invertido en ella 376 euros, y con la venta a Indra ganó 300.000 en un mes, según señala El Mundo. En marzo de 2019, el Juzgado de Primera Instancia número 70 de Madrid admitía una querella de González contra Indra por la que el expresidente del Gobierno reclama 7,3 millones de euros de bonos que habría comprometido Indra, a pesar de que Oyauri tiene un volumen de negocio cercano a cero. 

La trama Púnica sobrevuela a Indra

Pero la mayor polémica en Indra llegaría ese mismo año, 2015, en abril. Javier Monzón, que tres meses antes había dejado de ser la cabeza del gigante tecnológico y que aún seguía ocupando el cargo de presidente de honor en la compañía, explicó al magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco la implicación de otros cargos de Indra en la trama Púnica. Según explicó Monzón, el ex consejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) había pedido a Santiago Roura —responsable de operaciones en Indra— que pagara 10.000 euros a Alejandro de Pedro, persona que la Audiencia Nacional identifica como el ‘conseguidor’ de la trama Púnica.

Indra estaba ya oficialmente en la mirilla y el 20 de abril de 2017 vio cómo varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraban su sede en busca de documentación sobre los posibles desvíos de fondos para subvencionar ilegalmente las campañas electorales del Partido Popular en el marco del caso Lezo. Según la investigación, la empresa pagó 3,3 millones de euros entre 2011 y 2014 a empresas encargadas de asesorar en imagen y comunicación a cargos políticos del Partido Popular de la Comunidad de Madrid que ya están imputados en la trama Púnica. 

En mayo de 2018, desde la empresa admitían que no tenían modo de justificar pagos por más de un millón de euros a varias mercantiles que habrían servido de intermediarias con la caja B del Partido Popular. De la misma forma afirmaban que no tenía ni idea de qué bienes o servicios habían recibido a cambio. Un año más tarde, la Guardia Civil certificaba que Indra había destinado 566.000 euros a pagar las campañas electorales de Esperanza Aguirre para las elecciones autonómicas de 2007 y 2011, de las que salió presidenta. El dinero habría acabado en la consultora Swat SL.

Actualmente hay cuatro o ex altos cargos de Indra imputados, además de la propia empresa, a la que Fiscalía ha pedido 1,4 millones de euros en concepto de fianza. A esta fianza se suma una condena que ya le cayó en mayo que la obliga al pago de 466.000 euros a la Agencia Tributaria, más una multa adicional de 171.000 euros, por haberse deducido ilegalmente los pagos por unos servicios ficticios que realmente fueron a parar al Partido Popular madrileño. 

Una de las personas del entorno de Indra imputadas es Javier Monzón. Javier de Andrés es otra de ellas. Ex consejero delegado de Indra, es amigo del expresidente madrileño Ignacio González, también marido de María Fernanda Richmond, directora financiera de Canal de Isabel II entre 2007 y 2016, y primera mujer en prisión preventiva por la Púnica. Los otros dos son Santiago Roura y Jesús Gil Ortega. Todos salieron de Indra entre 2015 y 2017, y ninguno se fue con las manos vacías. Monzón recibió una indemnización dividido en varios conceptos de 14,3 millones de euros. De Andrés, 8,7 millones. Roura, entre 4 y 4,5 millones. Y Gil Ortega, alrededor de dos millones, según señala El Confidencial

*Actualización: 23 de enero de 2020

Investigar en armamento con el dinero de ayuntamientos, ministerios y de la Unión Europea

subvenciones Indra

Más de 40 millones de euros en gastos de desarrollo de productos de Indra en 2018 fueron con cargo a subvenciones otorgadas por administraciones públicas. En 2017 fueron 31,5 los millones de euros en gastos de desarrollo subvencionados, según las cuentas consolidadas de Indra.

En la mayoría de los casos, estos gastos subvencionados están dirigidos al desarrollo de proyectos que después pondrán en venta. Muchos de ellos van dirigidos al ámbito de tráfico aéreo —11,2 millones de euros en 2018 y 7,9 millones en 2017—, a transportes —8,2 millones de euros en 2018 y 5,3 en 2017— y defensa y seguridad —6,8 millones de euros en 2018 y 9,6 millones en 2017—.

El total de subvenciones recibidas por el gigante tecnológico es difícil de concretar. En las cuentas de la entidad aparecen en varios apartados con diferentes cifras. En 2018, el apartado de subvenciones, donaciones y legados recibidos presentaba en las cuentas del ejercicio una cifra de 5,9 millones de euros. En las mismas cuentas, las subvenciones y donaciones imputadas al patrimonio neto fueron por 10,7 millones de euros, cifra a la que se sumarían 863.000 euros en subvenciones para actividades de formación e investigación.

En otro apartado, sin embargo, aparece una nueva cifra relacionada con las subvenciones recibidas: los gastos de desarrollo subvencionados, que ascendían a 40 millones de euros. A esto se añaden, en otro epígrafe, los préstamos transformables en subvenciones —que en 2018 se contaron en otros 21,6 millones de euros— y los préstamos de instituciones públicas no convertibles en subvención, que en el mismo año sumaron otros 73,5 millones de euros y de los que la mayoría son a interés cero —solo 9,8 millones del total fueron a tipo de interés de mercado—.

Ni en las páginas de instituciones oficiales, como el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, aparecen los importes de las ayudas dadas. Tampoco en la propia web de Indra, a pesar de estar especializada en tecnologías de la información y comercializar productos de open data, hay datos actualizados —por el contrario sí permanecen redirecciones a páginas web que actualmente ofrecen contenidos de pornografía, como la URL del proyecto Simaula—ni exhaustivos sobre las ayudas públicas que la misma empresa recibe. Ni siquiera los importes recibidos por Indra en ninguno de los programas listados. 

En el buscador de proyectos de la web de Indra aparecen 227 proyectos en los que ha recibido financiación pública desde 2008 —hasta el 25 de septiembre de 2019, última fecha de visualización—. Según los distintos documentos oficiales, referencias en páginas web institucionales y algunos artículos de prensa publicados sobre cada uno de los proyectos, estos habrían contado con subvenciones por más de 144.6 millones de euros.

De 84 de estos proyectos no se ha encontrado ninguna referencia al importe de la subvención recibida. A estos 231 proyectos se suman al menos otros 73 que no aparecen en el buscador de Indra, pero sí en documentos oficiales, que fueron pagados por distintas administraciones públicas en esos mismos años por importes que sumaron otros 40,3 millones de euros. 

¿Quién da las subvenciones y ayudas?

La Unión Europea es la principal subvencionadora de Indra, con 8,2 millones de euros para proyectos de desarrollo solo en 2018, a los que se le suman otros 835.000 euros para gastos de actividades de formación e investigación, otros 15,3 millones de euros en préstamos convertibles en subvenciones y 483.000 euros más en préstamos en condiciones ventajosas, según aparece en las cuentas de la entidad. 

En la web del Servicio de Información Comunitario sobre Investigación y Desarrollo (CORDIS) aparecen hasta 109 subvenciones otorgadas a Indra desde el año 2008. Hasta 45 de ellas no aparecían en el buscador de proyectos de Indra en el momento de publiar este artículo, la mayoría relacionadas con los programas PJ sobre tráfico aéreo, que en 2016 sumaron cerca de 28 millones de euros. Entre todas las subvenciones procedentes total o parcialmente de la Unión Europea encontradas suman más de 84,4 millones de euros desde 2008

Entre ayudas a fondo perdido y a devolver, la Unión Europea facilitó a Indra, solo en 2018, cerca de 24 millones de euros. Un buen pellizco por el que la empresa ha invertido también en tiempo y dinero. Según el proyecto LobbyFact, impulsado por Corporate Europe Observatory y LobbyControl, desde 2014 hasta 2017 Indra invirtió entre 900.000 y 999.999 euros anuales en hacer lobby en la Unión Europea y tiene a seis personas inscritas como lobistas en las instituciones europeas. En 2017, las personas que hacen presión para Indra mantuvieron hasta 12 reuniones con representantes de la Comisión Europea.

El CDTI es el organismo español que más dinero ha derivado a Indra. Solo en 2018 sumó 1,8 millones de euros en subvenciones de gastos de desarrollo, 3,9 millones de euros más en préstamos transformables en subvenciones y otros 57 millones de euros en préstamos en condiciones ventajosas —de los que al menos 47,2 millones son a interés cero—. Las subvenciones encontradas desde 2008 con cargo al CDTI ascienden a 55, pero solo se ha podido localizar el importe en 12 de ellas. La de mayor importe, Seduce, por 20 millones de euros, tenía como objetivo desarrollar una tecnología de detección de explosivos.

La compañía no ha respondido a las preguntas y las peticiones de información realizadas por este medio.

Un entramado de cientos de sociedades interrelacionadas y paraísos fiscales

El Grupo ArcelorMittal está compuesto por varios centenares de sociedades repartidas por todo el mundo. De ellas, las 31 más importantes dependen directamente de ArcelorMittal S.A. Con sede en Luxemburgo, ArcelorMittal S.A. nació en 2006 de la fusión de Arcelor S.A. —también asentada en Luxemburgo— y Mittal Steel —fundada en India y con sede en Rotterdam (Holanda), que sigue funcionando como subsidiaria de ArcelorMittal—.

A 31 de enero de 2019, los principales accionistas de ArcelorMittal son Lakshmi Mittal, Usha Mittal —su esposa— y sus dos hijos Vanisha y Aditya Mittal, que son a la vez altos cargos de la compañía y participan en el consejo de administración y en la dirección general, respectivamente. La familia controla un 37,38% de las participaciones de ArcelorMittal, que gestionan a través de las sociedades Nuavam Investments Sàrl y Lumen Investments Sàrl —ambas con sede en Luxemburgo—. La propia web de la multinacional admite que en este paquete de acciones del 37,38% no están incluidas otras que puedan tener tanto Lakshmi como Usha Mittal, que ya no aparecen cifradas.

Según información recogida por la bolsa de valores Nasdaq, ArcelorMittal cuenta en total con 222 accionistas. Tras la familia Mittal, los que tienen mayor peso en la empresa son Capital Group Companies Inc. —4,80%—, una de las tres mayores gestoras del mundo en fondos de pensiones. Entre los accionistas que se reparten el 57,82% restante están CaixaBank (0,43%) o el fondo de pensiones estadounidense Vanguard Group Inc, que suma un 1,58% entre las dos sociedades a través de las que invierte (fecha de visionado: 7 de abril). En enero de 2018, tras doblar los beneficios conseguidos por la empresa en el año anterior, ArcelorMittal aprobó repartir entre sus accionistas un total de 101,1 millones de dólares en dividendos (82,04 millones de euros).

En España, las filiales que controla directamente ArcelorMittal son ArcelorMittal España y ArcelorMittal Gipuzkoa. Sin embargo, según señala la misma web de la empresa, en nuestro país la sociedad que actúa como matriz es ArcelorMittal Spain Holding, de la que depende ArcelorMittal España. En 2014, el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) impuso a ArcelorMittal Spain Holding el pago de 73 millones de euros por el impuesto de sociedades no pagado por los dividendos que había recibido por sus participaciones en ArcelorMittal Brasil, entre los ejercicios 2005 a 2008. Sin embargo, en 2017, la Audiencia Nacional aceptó el recurso presentado por la compañía y la eximió del pago. La multinacional alegó que ya había tributado por esos beneficios en Brasil.

Además, desde ArcelorMittal enumeran hasta 20 sociedades en España, aunque al menos dos de ellas —las de Zumárraga y Bergara— ya se han extinguido. A estas 19 se suma al menos una más, que no está en el listado facilitado por la compañía: ArcelorMittal Aceralia Basque Holding, con un capital social de 947 millones de euros, creada en 1998 —el año siguiente de la creación de Aceralia— y cuyas cuentas de los últimos cuatro ejercicios están siendo investigadas actualmente en Gipuzkoa, según publicaba El Confidencial en septiembre de 2018.

Paraísos fiscales

A 31 de diciembre de 2016, ArcelorMittal contaba con al menos 128 sociedades ubicadas en nichos o paraísos fiscales, según señala un informe del Observatorio de Responsabilidad Corporativa publicado aquel año.

El entramado societario de la principal productora de acero mundial incluye, según este observatorio, 23 entidades en Luxemburgo —incluido en la lista de paraísos fiscales más agresivos de la ONG Oxfam Intermón y en la lista gris elaborada por el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha—, 64 en Delaware (Estados Unidos) —Estado que alberga en uno solo de sus edificios a 25.000 empresas— o una en Panamá —incluido en el listado de paraísos fiscales del Fondo Monetario Internacional—. ArcelorMittal también tiene el 50% de una empresa domiciliada en Bermudas, aunque opera en China Oriental, según confirmaron desde la propia compañía al Observatorio de Responsabilidad Corporativa.

Además de estas sociedades, en el informe financiero de ArcelorMittal Finance SCA —rama financiera de ArcelorMittal—, de 2013, el último publicado en la web de la multinacional, aparece que en 2009 adquirió a una sociedad llamada Seolak Investment Ltd tres bonos de ingresos industriales emitidos desde ArcelorMittal USA Inc. por valor de cinco millones de dólares, y que estos habrían sido devueltos en 2011 y 2012. Seolak Investment Ltd, que está domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas según la Corporación Financiera Internacional, y en Barbados según el ICIJ, aparece, años antes, relacionada con ArcelorMittal como la principal y única accionista de Caribbean Ispat Limited —del grupo Ispat, anterior nombre de Mittal Steel—, que recibió en 1996 un préstamo ventajoso de la Corporación Financiera Internacional —perteneciente al Banco Mundial—, como aparece en el apartado de transparencia de la web de esta entidad.

Según la radiografía de sociedades en paraísos fiscales realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Seolak Investment Ltd está dirigida por otra sociedad, domiciliada en Barbados, que lleva por nombre Mittal+Usha. Usha es el nombre de la esposa de Lakshmi Mittal, quien además, según el ICIJ, fue administradora de esta sociedad entre 1997 y 2003—.

Aunque la definición de paraíso fiscal —país con un régimen tributario de impuestos bajos o nulos que atrae residentes y capital extranjero— es común, los lugares que son identificados como paraísos fiscales pueden variar según las instituciones. Para el Fondo Monetario Internacional, que elaboró una lista en 2014, existen 26 paraísos fiscales, entre los que se incluyen Andorra o Gibraltar. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea consensuaron en 2017 otra lista que incluía a 17 países, y al año siguiente la redujeron a cinco —Samoa Americana, Guam, Samoa, Trinidad y Tobago y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos—, aunque fue ampliada a 15 en 2019. Según la OCDE, desde 2009 no existe ningún paraíso fiscal no colaborador y, para organizaciones como Oxfam Intermón, hay 15 —entre los que se incluye Luxemburgo y cuatro Estados dependientes de Reino Unido— que son especialmente agresivos.

*Los cambios de divisa de dólares a euros citados son a fecha de las operaciones a las que hacen referencia

De la metalúrgica estatal al gigante ArcelorMittal: historia de una opa

arcelor mittal; arcelormittal; arcelor; transparencia

Antes que ArcelorMittal, actualmente la mayor compañía metalúrgica a nivel mundial, fue Arcelor. Y antes fue Aceralia. Y aun antes, Ensidesa… La historia del gigante metalúrgico en España se remonta a 1882. Aquel año se constituyó Altos Hornos y Fábricas de Hierro y Acero de Bilbao, una sociedad que gestionaba una factoría en Barakaldo y los derechos mineros de los hermanos Ybarra.

Altos Hornos estuvo vinculada a nombres importantes de la sociedad y economía española, como Antonio López —marqués de Comillas, que además controlaba la industria ferroviaria y del tabaco, o Tomás Zubiría —también de la familia Ybarra—, a quien Alfonso XIII nombró conde de Zubiría. Este aristócrata compaginaba la vida política —fue diputado y senador— con la económica, mediante participaciones en la Compañía Española de Minas del Rif, ejemplo paradigmático de explotación colonial en cuyo accionariado figuraban el propio Alfonso XIII y el Conde de Romanones, entre otros.

En 1902 nacía Altos Hornos de Vizcaya (AHV), con la fusión de Altos Hornos de Bilbao, La Vizcaya —sociedad creada 20 años antes con infraestructuras en Sestao— y La Iberia —del empresario Francisco Goitia y Ostolaza, quien también tuvo a su lado, como apoyo financiero, a otro marqués, el de Urquijo, fundador de la Banca Urquijo—. La compañía resultante fue una de las mayores siderúrgicas de España, con un capital de 32 millones de pesetas.

En los siguientes años, AHV continuó con su crecimiento hasta alcanzar más de 5.000 empleados y contar con decenas de instalaciones mineras y pequeñas factorías repartidas por Cantabria, Asturias, Almería, Murcia, Guadalajara, País Valencià y Navarra. Al frente de la empresa figuraba Tomás de Zubiría, quien murió en 1932. Su sucesor fue Víctor Chávarri y Anduiz, también marqués e hijo de Víctor Chávarri, otro de los grandes personajes de la economía vasca. Faltaban pocos años para el golpe de Estado que acabó con la II República Española, un levantamiento militar que fue apoyado por los dueños de la siderúrgica. “Con la ocupación de Bilbao por los rojoseparatistas, que tradujo pérdidas, cada vez mayores, la continuidad de la explotación minerosiderúrgica, como necesariamente en aquellas lamentables condiciones tenía que acaecer […] en este último periodo iniciado el año 1936, fue propósito de Altos Hornos de Vizcaya apartarse del ambiente político económico y de relaciones con el Gobierno instaurado en Vizcaya por no querer intervenir en las fabricaciones de guerra que hubieran perjudicado a los que en la gloriosa Cruzada de Liberación luchaban por la verdadera España”, declaraba el informe de la dirección de la empresa a la Junta de Accionistas celebrada el 15 de junio de 1938.

Su posicionamiento junto a los golpistas se tradujo en poco tiempo en beneficios económicos, resultado de su posición casi monopolística en el sector del acero, y de la política autárquica de Franco, que reservó a AHV todo el mercado siderúrgico hasta 1950. Aquel año, el régimen franquista constituyó la Empresa Nacional Siderúrgica Sociedad Anónima (Ensidesa), con sede en Avilés, la otra gran pata que, junto a AHV, levantaría Aceralia 40 años después.

En sus primeros años, Ensidesa se convirtió en la empresa estrella del franquismo. Su primer gran horno llevaba el nombre de Carmen en honor a Carmen Polo, esposa de Franco, quien acudió personalmente y acompañada del dictador a su inauguración, en 1957. Tras la absorción de Uninsa, en 1973, creada 12 años antes para unificar las antiguas fábricas siderúrgicas asturianas, Avilés se convirtió en uno de los principales polos de esta actividad industrial.

Mientras, el ministro de Industria, Gregorio López Bravo, mimaba a AHV, a la que cedió los Altos Hornos del Mediterráneo, creada en 1971. López Bravo tenía buenas relaciones con el empresariado del acero. Según mostró la investigación Los Papeles de la Castellana, realizada por Fíltrala en colaboración con La Marea, eldiario.es y Diagonal, el entonces ministro de Industria ayudó a otro gran nombre del sector siderúrgico de la época, José María Aristrain Noian, fundador de la Corporación Aristrain, a ocultar dinero en Liechtenstein desde los años 60 hasta su muerte, en 1985. El apellido Aristrain llegaría también a ser parte de la historia de ArcelorMittal, pero para ello aún faltaban tres décadas.

Restructuración y reventa

En la década de los 70, AHV se expandió por País Vasco y Navarra, con la compra de empresas de Echévarri y Lesaka. También adquirió la constructora Obrascón. En 1987, el empresario Juan Miguel Villar Mir compró Obrascón a AHV por una peseta. Finalmente, el ex ministro acabó presidiendo AHV.

En aquellos años, AHV era la principal empresa de País Vasco, con unos 14.000 trabajadores directos, la mayoría de ellos en Barakaldo y Sestao. A finales de esa década comenzó su declive, en parte debido a la eliminación de aranceles que supuso la entrada de España en la Comunidad Económica Europea. En 1979 se nacionalizó la filial de AHV, Altos Hornos del Mediterráneo. A principios de los años 80, las deudas de AHV ya alcanzaban los 16.000 millones de pesetas y, para su refinanciación, la empresa vasca aceptó un acuerdo que supuso un recorte en su plantilla de 5.800 trabajadores, además de contenciones salariales para los siguientes años.

Pero las sucesivas reformas realizadas fueron insuficientes y en 1994, a raíz del Plan deCompetitividad Conjunto AHV – Ensidesa, se constituyó la Corporación Siderúrgica Integral (CSI), creada por el Instituto Nacional de Industria, con el objetivo de privatizarla. Este plan supuso la eliminación de 10.347 de los 24.489 puestos de trabajo que sumaban entonces las dos empresas, y la recepción de ayudas públicas por un máximo de 776.000 millones de pesetas. La privatización —impulsada por el Gobierno del Partido Popular— se consiguió tres años después con la entrada de Arbed, siderúrgica de Luxemburgo que se hizo con un 35% del capital de la que a partir de ahora se llamaría Aceralia. En 1998 entra en escena el Grupo Aristrain. El primer fabricante español de perfiles fue comprado por Aceralia a cambio de que José María Aristrain se quedara el 10,8% de las acciones de la sociedad resultante, las cuales se llevó a Luxemburgo. Estas acciones se convertirían en el 2% de ArcelorMittal y por estas participaciones, Aristrain hoy está pendiente de juicio por delitos de evasión fiscal.

En 2001 la compañía volvió a cambiar de nombre con la fusión de Arbed, Aceralia y la francesa Usinor. El nuevo gigante del acero europeo, con sede en Luxemburgo, se nombró Arcelor y se disputaba con Mittal Steel, el gigante indio, el primer puesto en el sector siderúrgico mundial.

2006: Mittal se come a Arcelor

“Mittal fabrica colonia y Arcelor, perfume”. La frase, pronunciada por el entonces consejero delegado de Arcelor, el francés Guy Dollé, fue lema de la oposición a la oferta pública de adquisición (opa) lanzada por Mittal Steel sobre Arcelor a inicios de 2006.

Lakshmi Mittal, multimillonario indio propietario de Mittal Steel, se había metido entre ceja y ceja hacerse con Arcelor y le costó, pero lo consiguió. De ofrecer 18.600 millones de euros por el 100% de la compañía en enero pasó a los 26.900 millones en junio. Y los accionistas, el primero de ellos José María Aristrain, quien siempre se había mostrado a favor de la compra por parte de Mittal, dijeron sí.

En 2010, cuatro años después de la fusión, Lakshmi Mittal borró la representación española y la de los trabajadores en el consejo de administración de ArcelorMittal. La composición del órgano de dirección acordada en la fusión reservaba seis de los 18 puestos a representantes de Arcelor, otros seis a Mittal Steel y los seis restantes a representantes de accionistas y trabajadores a partes iguales. A día de hoy, el consejo pasó a estar compuesto por nueve personas, todas ellas empresarias.

Contaminar en una de las regiones más castigadas por la polución

contaminación en arcelormittal

Varias nubes naranjas adornaban, el 14 de diciembre de 2018, los alrededores de la acería de Carreño, una de las que conforman la planta de ArcelorMittal en Avilés. El extraño color del cielo estaba causado por las partículas de óxidos de hierro. Desde la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies afirman que no es la primera vez que pasa.

Los episodios de alta contaminación son frecuentes en el Principado, el principal bastión de ArcelorMittal en España. Las instalaciones de la siderúrgica en Avilés y Gijón, próximas a los puertos de ambas localidades, suman más de 12 kilómetros cuadrados. Aquí están incluidos tres embalses que aportan agua para la refrigeración de las factorías: el de San Andrés, en Gijón, y La Granda y Trasona, en Avilés. Los tres están catalogados como zonas de especial protección ambiental por su variedad de aves. La de Asturias es la única planta siderúrgica integral de España, en la que se produce y transforma acero a partir de mineral de hierro. “ArcelorMittal es la mayor contaminadora de Asturias con muchísima diferencia, tanto en el agua, como en el aire, como en el suelo”, afirma Fructuoso Martínez, de la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies.

En 2015, último año del que el Observatorio de la Sostenibilidad ha publicado datos, España emitió 337 millones de toneladas de CO2, un 3,3% más que en 2014. De estos, 6,4 millones correspondieron a las diferentes instalaciones de ArcelorMittal, la quinta empresa que más gases de efecto invernadero emite en suelo español. Si hablamos de Asturias, sube hasta la segunda posición, según un informe publicado en 2015. Y tampoco le sale caro: el precio por tonelada de CO2 en enero de 2019 estaba a 23,24 euros, pero en los últimos años ha llegado a costar tan solo 3,50 euros (mayo de 2013) o 5,83 euros (su precio medio en 2017).

El CO2 no es la única partícula que sale de las fábricas de Arcelor. Entre las sustancias más peligrosas que emite están el benceno —cancerígeno—, cadmio —que afecta a los pulmones y se acumula en los riñones—, cianuro, plomo, partículas en suspensión (PM10) —que provocan desde alergias hasta cáncer de pulmón— y óxidos de nitrógeno (NOx) —causa enfermedades respiratorias y cardiovasculares—.

Según el informe de 2018 del Observatorio de la Salud en Asturias, para el 14% de su población la contaminación industrial era una de sus preocupaciones debido a su incidencia en la calidad de vida. No es una preocupación gratuita ya que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las enfermedades respiratorias se mantienen como la tercera causa de muerte en España, con más de 51.615  fallecimientos en 2017 —el último año con datos disponibles—. Asturias es la tercera región con mayor tasa de mortalidad por este motivo, con 153,3 fallecidos por cada 100.000 habitantes, solo por detrás de Castilla y León y Extremadura. Si se pone la lupa sobre los municipios, Avilés fue la localidad, al menos hasta 2014 —último año con datos disponibles— con mayor índice de defunción por cáncer de pulmón. Entre los nueve municipios que le siguen en el ranking, cinco son asturianos.

“Asturias se sitúa en primer lugar en la declaración de enfermedades relacionadas con exposición laboral a agentes cancerígenos”, afirma el informe del Observatorio de la Salud en Asturias. El documento señala que, aunque la presencia de los principales contaminantes —entre los que destacan las partículas en suspensión, los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre y el ozono— ha disminuido en los últimos años, en las zonas industriales no ha bajado tanto. Y los días en los que se registran picos de contaminación, también crecen los ingresos hospitalarios por enfermedades cardiovasculares y respiratorias.

En noviembre de 2018, un informe realizado por el Ayuntamiento de Gijón elevaba hasta 21 los episodios de contaminación causados por ArcelorMittal en este municipio. Solo en abril de ese año se registraron ocho de estos episodios. Las autoridades municipales identifican las plantas de sínter —de sinterización de mineral de hierro, coque y un fundente para fabricar acero— que ArcelorMittal tiene en la parroquia de Veriña, en la parte oeste de Gijón, como origen de esta polución. Las baterías de cok que la multinacional tiene en Avilés son otra de las instalaciones que se identifican como más contaminantes, con picos de hasta 86,3 microgramos de benceno por metro cúbico en julio de 2018, un récord respecto a los años anteriores y una cifra por encima de los límites fijados en la Autorización Ambiental Integral concedida a este tipo de baterías.

“Es una empresa integral: incluye el proceso de fabricación, con las baterías de cok, los altos hornos, la laminación y la transformación. Todo es contaminante”, apunta Martínez sobre ArcelorMittal. Este ecologista señala la antigüedad de las instalaciones como uno de los motivos que explican los niveles de contaminación tan altos: “Se ha gastado muy poco dinero en mejoras ambientales, y eso genera muchísimos problemas”. Es un problema que, según señala, viene de lejos. De cuando estas plantas pertenecían a Ensidesa en los años 60. Pero a partir de ahí los arreglos en las instalaciones han sido, según Martínez, “chapucillas, y las justas”.

Entre los problemas más concretos destacan la falta de sistemas de depuración en la planta ubicada en el concejo de Carreño —que forma parte de la factoría de Avilés—, donde a veces se ven nubes naranjas de óxidos de hierro. Desde ArcelorMittal afirman que “ninguno de los incidentes” que se producen en esta acería “tiene afección al medio ambiente”, tal y como demuestran los datos registrados en la estación de control de calidad del aire que posee la empresa. “Cada vez que se produce una emisión difusa [no localizadas, ocasionadas por fugas] de este tipo, se realiza un análisis de causa raíz y se toman las medidas oportunas”, sostienen desde la multinacional. Y añaden: “Existe, además, un plan de acción para la reducción de emisiones difusas en la instalación orientado a la optimización de la carga en el convertidor y la aspiración de los humos generados en el proceso de conversión”.

Sobre los sínter, desde ArcelorMittal inciden en que el plan de mejora ambiental anunciado en diciembre de 2017 ya está en marcha, y se están ejecutando las primeras inversiones contempladas. En concreto, 12 millones de euros para mejoras en la instalación que permitan una rebaja de emisiones de polvo de uno de los sínter, unas obras que prevén que estén finalizadas a finales de este año. El cierre de las baterías de cok, que serán sustituidas por unas nuevas, es otra de las medidas incluidas en este plan.

La última revisión ambiental realizada por el Principado de Asturias a las instalaciones de ArcelorMittal incluye algunas de estas mejoras ya citadas. Publicada el 16 de enero, la resolución de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente obliga a la empresa a controlar los combustibles empleados, la mejora de los sistemas de medición de contaminantes emitidos o el uso de tecnologías más eficaces para disminuir las emisiones. Desde ArcelorMittal insisten en que la mayor parte de las medidas ya están recogidas en el plan de mejora ambiental de la empresa, y “el resto están en fase de análisis para poder acometer su implantación”.

Para CCOO, se han dado pasos importantes, entre los que destacan la creación de una comisión de medio ambiente y una figura sindical, el delegado de medio ambiente, que pueda estar dedicado prácticamente en exclusiva a los temas medioambientales de la empresa a nivel estatal. “La industria es la industria, contamina, y nada puede impedir que deje de contaminar, pero hay que hacerlo en unos niveles que sean compatibles con los entornos donde se encuentra”, sostiene José Manuel Castro, secretario general de CCOO en ArcelorMittal. Castro subraya la importancia del respeto al medio ambiente, tanto dentro como fuera de Europa: “Lo que no vale es que nosotros seamos los más limpios y los más incisivos en este sentido, y después permitamos que entren productos de fuera que no cumplen ningún tipo de reglamentación. Habrá que hablar de aranceles ambientales”.

Porque Arcelor, una de las mayores contaminadoras de Europa, es también la mayor generadora de empleo en esta comunidad, como destacan desde la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, y eso dificulta que las denuncias por contaminación sean escuchadas. “Llueve sobre mojado, es una relación muy conflictiva que lleva así muchísimos años”, lamenta Martínez. Su conclusión es clara: “Si no se ponen dineros, la cosa está muy jodida”.

Aristrain: el mayor caso de fraude a Hacienda investigado hasta el momento

Hasta 64 años de cárcel y 1.400 millones de euros de multa. La petición de condena por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para José María Aristrain, que llegó a tener en su poder cerca de un 2% de las participaciones de ArcelorMittal, es la mayor de la historia de España por un caso de fraude a Hacienda. El proceso judicial, que comenzó en 2011 en el Juzgado número 4 de Pozuelo de Alarcón (Madrid), está a día de hoy pendiente de que la Audiencia Provincial dicte apertura de juicio oral.

La Fiscalía acusa a Aristrain de fingir su residencia en Suiza para evitar el pago de impuestos en España entre los años 2005 y 2009. Para ello, habría utilizado varias sociedades, una de ellas —Corporación JMAC BV, S.A.R.L., creada en Holanda—, en el mismo año en que Corporación Aristrain entró en la privatización de Aceralia, de la que se quedó un 11%. En Holanda, Aristrain no estaba obligado a pagar impuestos por los dividendos que recibía de las sociedades en las que participaba ni por las plusvalías por la venta de estas participaciones. En 2002, cuando perdió esos beneficios fiscales, según explica el escrito del fiscal, trasladó la sociedad a Luxemburgo, donde también estaba exento del pago de impuestos por dividendos o plusvalías. Corporación JMAC BV, S.A.R.L. era propiedad de Corporación JL Aristrain SL, el buque insignia de Aristrain, que a su vez era propiedad de José María Aristrain —67,19%— y Fundación Navarra Aristrain de la Cruz —30,83%—.

El empresario habría usado esta estructura societaria para no pagar en España los impuestos correspondientes a los dividendos que recibió por sus acciones en Arcelor SA y, después —tras la opa—, por las acciones en ArcelorMittal SA y ArcelorMittal Steel —, de las que tenía el 3% del total del gigante metalúrgico en 2008—. Tampoco tributó por la ganancia que sacó con la venta, en 2008, de sus acciones en ArcelorMittal. Fuentes de la multinacional en España prefieren “no hacer comentarios” sobre la causa penal seguida contra Aristrain.

Aristrain presuntamente también utilizó la Corporación JMAC BV, S.A.R.L. para no tributar en España —ni en Luxemburgo, donde también estaba exento del pago de impuestos— por los beneficios obtenidos de la liquidación de Tenmat S.L.. El dinero de esta sociedad sería reintroducido en España a través de Corporación JM Aristrain y Guanaba SL, de la que Aristrain es administrador único. A través de otra sociedad en Malta, Wasp Limited, Corporación JMAC BV también mandaba dinero a otra sociedad propiedad de Aristrain, International Restoration Cars Limited, domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas, desde la que compró la casa en Suiza que Aristrain afirma que es su domicilio habitual, un yate de lujo llamado My Steel —con bandera de Islas Caimán— y una colección de coches de lujo que incluía un Ferrari GTO 250, considerado el más caro del mundo.

En total, entre 2005 y 2009 habría defraudado a Hacienda una cantidad que roza los 132 millones de euros solo contando el impuesto de sociedades por JMAC BV. A esta suma la Fiscalía añade unos 7,2 millones de euros por el IRPF y otros 2,7 millones de euros de impuestos de patrimonio. En total, 142 millones defraudados a través de JMAC BV a los que hay que sumar otros 69 millones a través de International Restoration Cars Limited. La Fiscalía calcula que la cifra asciende a 210,98 millones de euros defraudados.

La investigación judicial llevada a cabo sobre Aristrain, en la que se registró su domicilio de Pozuelo donde los agentes encontraron un agenda con varias fechas de reuniones en España, sostiene que el empresario tiene su residencia habitual en nuestro país. Él, por su parte, afirma que vive en Suiza.

La relación del apellido Aristrain con la defraudación a Hacienda mediante el uso de sociedades ocultas en países con una fiscalidad ventajosa viene de lejos. Según expuso una investigación llevada a cabo por la plataforma Filtrala, La Marea, eldiairo.es y Diagonal bajo el nombre Los Papeles de la Castellana, el padre de José María Aristrain, José María Aristrain Noain, con la ayuda del entonces ministro de Industria Gregorio López Bravo, abrió varias sociedades en Liechtenstein y en las Antillas neerlandesas.

Al menos una de ellas, Inometal Trade Holding, domiciliada en Vaduz y que en 1987 llegó a tener 7,3 millones de dólares, podría haber sido compartida por José María Aristrain y su hermana, María Ángeles, como se deduce de un documento fechado en 1993 en el que se reparten el patrimonio paterno.

En la actualidad, José María Aristrain dirige, directamente o a través de Corporación JM Aristrain, sociedades en España que suman al menos 225,8 millones de euros. También ha intentado recuperar de manos de ArcelorMittal los terrenos sobre los que se levantaba, hasta 2012, la antigua fábrica de Villaverde, hoy convertida en un almacén de chatarra.  Este terreno, que llegó a ArcelorMittal tras la fusión con Arcelor en 2012, seguirá en poder de la empresa por resolución de la Audiencia Provincial de Madrid. La multinacional tampoco quiere hacer comentarios sobre los planes que tienen para este recinto.