Este 3 de diciembre se cumplen 10 años de la creación de Bankia. En plena crisis financiera y proceso de fusiones, siete cajas, entre las que se encontraba Caja Madrid y Bancaja, formaron el embrión de Bankia. La adquisición de Banco Mare Nostrum en 2017 la consolidó como cuarta entidad bancaria de España. En la misma semana en la que se cumplen 10 años de su creación, Bankia aprobaba su fusión con CaixaBank, lo que unirá a las –en su día– dos mayores Cajas de Ahorros de España. 

La sede social y fiscal de Bankia se sitúa actualmente en Valencia, igual que sucede con CaixaBank. El resultado de esta anexión dará lugar a la mayor entidad financiera del Estado, con intención de mantenerse a orillas del Turia y contar con dos bases operativas, en Barcelona y Madrid.

El proceso de reestructuración bancaria de los últimos años ha ido laminando el modelo societario de Cajas de Ahorros, un sistema que albergaba la mitad del pastel financiero y resultaba incómodo a la banca privada. La culminación de este proceso la escenificó en Bankia Rodrigo Rato tocando la campanilla en la celebración de salida a Bolsa de la nueva entidad, dispuesta en verano de 2011 a empaparse de todo el capital privado necesario para garantizar su nivel de solvencia.

Aunque en un primer momento logró este objetivo, el entonces ministro de economía Luis de Guindos elevó el nivel de provisiones del sistema bancario, lo que hizo tambalear la estabilidad de la entidad. Los problemas se agravaron en 2012 cuando, después de presentar unas cuentas con 305 millones de beneficio sin el respectivo informe de auditoría, hubo que reformularlas semanas después, reconociendo pérdidas de 3.318 millones de euros. Se firmaba el mayor descalabro financiero desde la intervención de Banesto en 1993.

Los beneficios de Bankia no llegan a las cuentas del Estado

A partir del desastre contable de 2012 Bankia ha regresado al sendero de los números positivos, acumulando 4.948 millones de beneficios en los últimos siete años. Como accionista mayoritario de Bankia, el FROB ha recibido desde entonces 3.303 millones de euros en dividendos, poco más del 10% del préstamo recibido por la entidad para evitar su colapso financiero. Sin embargo, estos beneficios anuales no están sirviendo para fortalecer el sistema sanitario, educativo o de pensiones, sino que se diluyen en las deficitarias cuentas del FROB.

Carlos Sánchez Mato, profesor de Economía aplicada y exconcejal del ayuntamiento de Madrid, explica cómo “con una parte de esos dividendos, el FROB ha tenido que hacer frente a cantidades de pagos a preferentistas, pérdidas del valor del patrimonio de Bankia o relacionadas con otras entidades bancarias. Y ese dinero es adicional a los 22.424 millones del rescate”. Así, aunque este organismo público recibe los correspondientes dividendos de Bankia, “tiene que asumir los costes que tiene en el «banco malo», que es el BFA, la matriz de Bankia, propiedad al 100% del FROB”.

El Banco Financiero y de Ahorros (BFA) fue el instrumento que se creó en 2010 para aglutinar el SIP (Sistema Institucional de Protección), un proceso que fusionó una decena de Cajas de Ahorros con problemas en sus balances. Se crearon dos sociedades distintas: Bankia, que funcionaría como un nuevo banco privado del IBEX 35, y BFA, que asumiría los activos más deteriorados y las participaciones preferentes emitidas por estas entidades.

Además, y según desvela Nicolás Menéndez Sarriés en su libro Bankia Confidencial, en 2012 se distribuyó un informe interno en la entidad que revelaba un aumento de la morosidad de 4.094 millones correspondientes al año anterior, de los cuales un 77% correspondían a Bancaja, una de las integrantes del SIP.

El procedimiento establecido ha provocado que el perjuicio que vienen generando estos activos sean asumidos de forma preferencial mediante fondos públicos. “A la hora de salir a Bolsa se estableció que los créditos más nocivos se dispusieran en BFA”. De esta manera, “cuando han llegado los quebrantos judiciales por preferentistas, salidas a Bolsa, etc., lo asume BFA y el porcentaje de accionistas privados de Bankia quedan exentos de esa parte”, señala Sánchez Mato. Esto hace que apenas se haya reducido la factura que Bankia mantiene con el Estado. Los problemas judiciales o las minusvaloraciones de los créditos alojados en BFA no salieron a Bolsa y “las pérdidas ocasionadas las soporta directamente el FROB”.

Otro de los problemas recurrentes en Bankia –y en toda la gran banca privada– es su escasa base de capital, que apenas cubre el 5% de los activos. En 2017, coincidiendo con la absorción de Mare Nostrum, el presidente Goirigolzarri y su equipo aprobaron una fuerte reducción de capital que redujo aún más esta proporción, con el objetivo declarado de “obtener una mayor flexibilidad a la hora de gestionar los nuevos requerimientos de instrumentos subordinados”. Para el exconcejal de Hacienda, este movimiento está orientado a obtener una mayor rentabilidad, “cuanto más bajo sea el capital mayor es la rentabilidad sobre ese capital”.

El número de activos sí ha permanecido más estable durante los últimos años, aunque en el camino se ha producido el traspaso de la gestión de sus bienes inmobiliarios por 5.400 millones de euros al fondo de capital riesgo Cerberus, a través de la inmobiliaria Haya Real Estate.

Rescoldos de una dudosa herencia

Ocho años después del desplome capitalista de Bankia, la entidad sigue padeciendo pleitos como resultado de la herencia acumulada en las etapas de Miguel Blesa y Rodrigo Rato al frente de lo que hasta 2010 fue Caja Madrid. Entre los 3.092 millones de euros captados en su salida a Bolsa se incluían 1.855 millones procedentes de inversores minoristas, que iniciaron masivamente sus reclamaciones cuando la nueva información sobre las cuentas del banco salió a la luz.

A través de procedimientos civiles o mediante el proceso voluntario de pago, Bankia afirma haber devuelto a estos inversores la práctica totalidad de los importes invertidos en apoyar su estreno en el índice bursátil. Con la reciente sentencia de la Audiencia Nacional, que absuelve a los responsables de la entidad por su salida a Bolsa, Bankia se saca de encima la demanda colectiva presentada en 2016 por ADICAE, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros. 

Manuel Pardos, presidente de esta asociación, lamentó en la televisión estatal el hecho de que “salen de rositas los organizadores de este gran fraude a la sociedad española”, valorando que el contenido de la sentencia significa que “todos los supervisores autorizaron el fraude” de Caja Madrid. Según Pardos, “los afectados solo recibieron el 1% y no el interés legal del 4% y muchos aún no han cobrado por un procedimiento de arbitraje truculento que el señor Goirigolzarri orquestó porque tenía las de ganar”. ADICAE finalmente ha desistido de la idea de recurrir la sentencia por considerar ya nulas sus posibilidades de éxito.

BFA-Bankia tienen todavía pendientes otros pleitos masivos, como el procedimiento civil por participaciones preferentes y obligaciones subordinadas. Bankia calculó para el año 2015 la necesidad de provisionar 246 millones de euros por este concepto, el quebranto máximo establecido para la entidad en virtud del convenio firmado entre ésta y BFA, que ha constituido hasta 2019 una provisión de 1.851 millones para afrontar las reclamaciones judiciales de preferentistas.

En lo relacionado con créditos hipotecarios, a comienzos de 2020 las cuentas del banco reconocían 6.063 procedimientos judiciales abiertos por cláusulas suelo y otros 15.826 adicionales por gastos de formalización de hipotecas. Una sentencia emitida en 2018 por la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Bankia –junto con otras entidades- a devolver las cantidades oportunas.

Viviendo de las arcas públicas

Bankia, al igual que otras muchas entidades financieras de ámbito privado, se ha beneficiado de leyes diseñadas para privilegiar a la banca el acceso al dinero por encima de los países, obteniendo miles de millones con la intermediación. Así, el Banco Central Europeo (BCE) presta dinero de forma prácticamente gratuita a las grandes entidades financieras al mismo tiempo que niega esas mismas prebendas a los Estados necesitados de financiación. 

Dentro de estas ayudas estructurales, en la subasta realizada en 2012 por el BCE Bankia fue la entidad financiera que más dinero público recibió, solicitando hasta 40.000 millones de euros. En los últimos años se han producido otras operaciones similares, las llamadas TLTRO, préstamos concedidos a largo plazo y con intereses muy reducidos. En el último año Bankia ha contabilizado 13.809 millones de euros de financiación –un 7,5% de sus recursos ajenos–, en línea con los 13.856 millones recibidos el curso anterior. 

Hace pocas semanas el BCE ha vuelto a reproducir el mismo esquema para adjudicar 1,308 billones de euros a la banca europea, el mayor volumen emitido hasta la fecha. Las condiciones también son de récord, puesto que se ha establecido un interés del -0,5% para las entidades prestatarias. Esto significa que los bancos que reciban los préstamos le cobrarán al BCE por llevarse el dinero. Esto es posible, apunta Sánchez Mato, “entre otras cosas, porque los estatutos del BCE indican que no se financia de manera directa a los Estados”.   

La operación supone un negocio redondo para Bankia, CaixaBank o cualquiera entidad que solicite los bonos emitidos por la Comisión Europea y se los venda posteriormente al BCE. “Lo absurdo es que este tipo de situación se produzca, en lugar de que el BCE acuda al mercado primario, por ejemplo, a la ventanilla del Tesoro Público español, y Calviño no tenga que subastar los bonos entre las entidades privadas”.