Planta regasificadora de El Musel (Gijón). Foto: Enagás.Planta regasificadora de El Musel (Gijón). Foto: Enagás.

Multas contra Enagás, en papel mojado

En la década pasada, coincidiendo con la época de bonanza económica en España y otros países europeos, era frecuente que la Comisión Europea (órgano ejecutivo de la Unión Europea) dejase en manos de los gobiernos nacionales la decisión de sancionar o no algunas prácticas anticompetitivas en sus mercados energéticos. Sucedió con varios casos por violaciones del principio de competencia que afectaron a Enagás y Unión Fenosa y que acabaron archivados. Sin embargo, la lucha contra el cambio climático, la puesta en marcha de la Unión de la Energía y los problemas relacionados con el precio de la energía han hecho que con el tiempo la Comisión Europea tome un rol más activo en este tipo de problemas.

Enagás y Red Eléctrica de España, homóloga de la gasista en el mercado eléctrico, son motivo de disputa entre las autoridades europeas y el Gobierno español desde 2013. En los últimos meses la Comisión Europea ha vuelto a abrir expedientes sancionadores contra España principalmente por tres razones, dos de ellas relacionadas directamente con Enagás y una tercera vinculada de manera indirecta.

El primer expediente -el paso previo a una sanción- contra el Ejecutivo es por limitar la participación accionarial en Enagás y el derecho a voto de sus accionistas privados; el segundo, por tolerar el monopolio de la empresa para operar las interconexiones gasistas de España con Francia y otros países; y el tercero, por la supuesta falta de independencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el ente público que ejerce de árbitro para asegurar la libre competencia en el mercado español. “Este es un asunto entre la Comisión Europea y el Gobierno de España”, responden desde el departamento de prensa de Enagás.

Durante estos años el Ejecutivo español atajó las demandas de Europa con parches como el mecanismo de separación patrimonial del gestor del sistema, creado en 2014 (el propietario de la red es designado gestor de la misma y es independiente de cualquier empresa productora o suministradora. Es decir,  una empresa como Gas Natural Fenosa, por ejemplo, no puede ejercer control en Enagás).

En marzo de 2017 la Unión Europea dio un ultimátum a España para poner fin a estos problemas, pero el ministro de Energía, Álvaro Nadal, respondió desbloqueando los dos gasoductos de Enagás en la interconexión con Francia, el de Martorell-Figueras y el de Figueras-Frontera Francesa. Ambos forman parte del proyecto europeo Midcat para mejorar el intercambio de gas entre países, pero en Bruselas ven con malos ojos que Madrid insista en otorgar la operación de estas infraestructura a Enagás. La decisión de Nadal entonces choca de frente con las exigencias europeas de permitir que otras empresas puedan operar esas interconexiones.

En el tercer punto de conflicto entre Madrid y Bruselas, tampoco hay avances. A finales de junio el propio presidente de la CNMC, José María Marín, pidió más independencia para esa institución y aseguró que las sanciones que se han impuesto hasta ahora a España desde Europa “no son realmente disuasorias”. “Hemos tenido que poner más de 1.000 millones de sanciones en estos años”, declaró Marín. De momento el gobierno ha anunciado que va a dividir a la CNMC en dos.

Desde su privatización a finales de los 1990, Enagás no solo ha salido ilesa por los expedientes y sanciones de las autoridades europeas. También ha recibido un trato amable por parte de los supervisores en países como México (por ejemplo, salió indemne por los vertidos de agua contaminada de su planta de Altamira en 2008 y 2009). Los entes de arbitraje de España -es casi una tradición que los sucesivos gobiernos cambien su nombre y atribuciones- han advertido en varias ocasiones posibles infracciones por parte de Enagás en su rol de operador técnico del sistema, aunque la mayoría de los casos fueron archivados.

En 2004 se produjeron varios cortes en el suministro de gas y la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) abrió un expediente sancionador contra Enagás. Dos años después, la propia empresa informó de que la CNE, presidida entonces por María Teresa Costa (ex diputada del PSC), archivó el expediente y dijo que no hubo infracción por su parte.

Además, fue Costa quien autorizó en 2008 que se condonase la deuda de 31 millones de euros que le debía Enagás y que finalmente acabó integrada en el déficit de tarifa que pagan los ciudadanos a través de la factura. Actualmente, María Teresa Costa preside la Cátedra de Sostenibilidad Energética y Ambiental, financiada por Enagás y otras compañías como Repsol, ACS y Cepsa.

En aquel periodo Gas Natural aún tenía una participación importante en Enagás que motivó la apertura de varias investigaciones por parte de la CNE ante los indicios reiterados de que ambas empresas podrían estar obstaculizando el acceso de terceros a la red de transporte de gas, lo que supondría delitos contra la competencia. Todos los casos fueron archivados. A día de hoy, Gas Natural Fenosa acapara el a 56,8% de los contratos de gas en España.

La planta de El Musel

Hay casos en los que Enagás sale victoriosa incluso cuando una de las partes involucradas admite ilegalidades. En 2012, la gasista terminó las obras de la planta regasificadora de El Musel, situada en el puerto de Gijón (Asturias). Su construcción había sido aprobada por el gobierno pero en 2016 el Tribunal Supremo volvió a dictar sentencia (la primera fue en 2013) anulando dicha autorización debido a, entre otras cosas, la cercanía de esta regasificadora con el núcleo urbano de Gijón (por seguridad la ley establece desde 1961 un mínimo de 2.000 metros de distancia).

Finalmente, con la planta lista para ser inaugurada (costó 380 millones de euros, de los cuales el Estado aportó 125 millones), el Gobierno ordenó a Enagás que la hibernara y prohibió su puesta en marcha alegando que había sobrecapacidad en el sistema y que su funcionamiento podía empujar al alza los precios del gas. La hibernación implica que la planta no puede operar pero Enagás sigue recibiendo retribuciones públicas por los costes de inversión y mantenimiento.

La decisión del Supremo no gustó ni a Enagás, ni al gobierno de España ni al de Asturias. En febrero de 2017 el presidente de la gasista, Antonio Llardén, se reunió con representantes del Ejecutivo socialista del Principado de Asturias  al que dijo que confiaba en que el gobierno central autorizaría la regasificadora de El Musel este verano.

Un mes después se produjeron dos hechos relevantes: el consejero de Empleo asturiano, Francisco Blanco, reconoció que el expediente para autorizar El Musel se inició de forma ilegal. En paralelo, el Ministerio de Energía inició los trámites para legalizar esa regasificadora mediante un nuevo real decreto y en contra de las sentencias del Supremo (motivada por una denuncia del partido ecologista  Equo). Dos semanas después de conocerse esta noticia, las acciones de Enagás volvieron a marcar un récord en Bolsa.

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josé bautista

josé bautistaRedactor de economía e internacional, centrado en el proyecto YoIbextigo.

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