Cuando un drone sobrevuela por Afganistán […]. Ahí también está Indra. FLICKR / Licencia CC BY 2.0

Indra: El ‘Gran Hermano’ que diseña armas y gestiona historiales médicos (1)

Cuando vas en el autobús y conectas tu móvil a su wi-fi, ahí está Indra. Cuando en tu hospital, tu médico de cabecera busca tu historia médica, ahí está Indra. Cuando un drone sobrevuela por Afganistán, cuando un submarino detecta una nave no identificada, cuando una cámara de vigilancia te graba en tu barrio, cuando pagas por telepeaje los cinco euros que te cobran por un pequeño tramo de la autopista de turno y cuando vas a votar en las elecciones. Ahí también está Indra.

El objeto social de la principal compañía tecnológica española cubre desde diseño de aeronaves, obra civil, consultoría y “la prestación de servicios de externalización de todo tipo de actividades y procesos pertenecientes a cualquier campo o sector”. Todo.

En noviembre de 2017, el Consejo de Administración de Indra Sistemas S.A., la cabeza del grupo, aprobó el Plan Estratégico 2018-2021, por el que el grupo se reorganizaba en dos grandes divisiones: Transporte y Defensa —que incluye también seguridad y tráfico— y Tecnologías de la Información (TI) —que incluye energía e industria, servicios financieros, telecomunicaciones y media, administraciones públicas y sanidad. “Como consecuencia de la operación de segregación llevada a cabo en el ejercicio, la gran parte de la actividad de la sociedad corresponde al Segmento TI”, señala el grupo empresarial en sus cuentas de 2018

El 62% de los ingresos que consiguió Indra en 2018 procedoió de sus ramas de tecnología civil —ese segmento TI que comercialmente se enmarca bajo la marca Minsait—. Un alto volumen de negocio que, sin embargo, reporta a la empresa mucha menos rentabilidad que las armas, seguridad y transportes, que a nivel de ingresos se reparten el 38% restante. Según aparece en las cuentas, el beneficio antes de intereses e impuestos (EBIT) de la parte de transporte y defensa de Indra en 2018 ascendió al 16,8%, frente al 9% de la parte dirigida a tecnologías de la información.

Será por ello que es en el área de defensa en la que la empresa sigue invirtiendo mayores cantidades destinadas a desarrollo de productos. Según aparece en las cuentas del último ejercicio, Indra invirtió en 2018 cerca de 142 millones de euros en el desarrollo de productos de defensa y seguridad. El año anterior, las inversiones en defensa alcanzaron los 130,5 millones de euros.

Minsait es el nombre comercial que engloba los productos de tecnologías de la información relacionados con la transformación digital y que ahora se agrupan en la empresa Indra Soluciones Tecnológicas de la Información S.L.U.

Los servicios financieros son su producto estrella a nivel de ingresos, con un 21% de todo el volumen de negocio del grupo Indra. En la web de Minsait se reconocen como líderes en la transformación de banca y aseguradoras, con Bankia, BBVA y Triodos entre sus clientes. Le sigue el apartado de energía e industria, con un 19% del volumen de negocio, administraciones públicas y sanidad —14%—, y telecomunicaciones y media —8%—.

Los servicios de consultoría son unos de los principales del grupo —Indra se autodefine como “una de las principales empresas globales de consultoría y tecnología”. De hecho, lo ha sido tanto que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) inició en febrero de 2019 un expediente sancionador contra Indra y otras 24 empresas por negociar entre ellas para repartirse contratos de consultoría en licitaciones impulsadas entre 2009 y 2018 a partir de una denuncia de la Autoridad Vasca de Competencia sobre contratos del Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca. 

Las administraciones públicas y la sanidad es otro gran pedazo del pastel, con el 14% de ingresos este año. Dentro de este apartado, uno de sus servicios más polémicos es la gestión y difusión del escrutinio en procesos electorales, un trabajo en el que Indra se encarga de centralizar los datos procedentes de cada mesa electoral. Según afirma la empresa en la web de Minsait, desde 1978 —24 años antes de que naciera Indra como tal— hasta ahora ha participado en 400 procesos electorales en 40 países.

Entre otros, las elecciones de Argentina de 1995 —esas en las que Carlos Menem consiguió la reelección con el lema “Soy yo o el caos”, las de 2018 en Colombia o las de 2014 en Iraq. Y casi todos los procesos de elecciones generales en España. El celebrado en abril le supuso a Indra 7,44 millones de euros. El del 10 de noviembre, otros 6 millones de euros

En el ámbito de la sanidad, los productos de Indra también están presentes en más de 5.800 hospitales y centros de salud, según señalan en la web de Minsait. Entre sus clientes está la Junta de Andalucía —comunidad en la que se ha ocupado de la integración de los sistemas de gestión sanitaria—, el Gobierno de Bahrein —país en el que se ha ocupado de la estandarización de procesos clínicos— o Bogotá (Colombia). También se ocupa del sistema de receta electrónica en la Comunidad de Madrid.

La investigación y desarrollo de productos enfocados al sistema sanitario también le ha reportado a Indra ayudas públicas y subvenciones, entre 2008 y 2019, por al menos 3,5 millones de euros, la mayor parte de ellas procedentes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. La de mayor cuantía, un proyecto denominado Sistema de Rehabilitación Integral, en el que participaban otras cuatro entidades, supuso unos ingresos para la empresa en 2011 de al menos 1,4 millones de euros, según aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado. Sin embargo, no aparece en el listado de subvenciones recibidas que Indra facilita en su página web.

La segunda subvención pública por importe en sanidad corresponde al proyecto Aimes, otorgada en 2008 y con el objeto de “diseñar y desarrollar una novedosa infraestructura de comunicaciones y servicios adaptada al entorno hospitalario”, según aparece en la web de Indra. Le ha supuesto a la empresa al menos un millón de euros, según consta en dos partidas publicadas en distintas ediciones del BOE en 2009 —por 955.796,40 euros— y 2011 —por 37.667,50 y por 92.720 euros—.

Indra también ha sido una de las impulsoras del concepto de ‘smart city’ en España. Ya en 2013, la compañía lideró un consorcio que, a cambio de 11,5 millones de euros —el 80% de ellos financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), transformó A Coruña en una ‘ciudad inteligente’.

En su primera fase, el proyecto se centraba en aplicaciones para móviles con la agenda cultural y de ocio de la ciudad, y una visita guiada con realidad aumentada. Después también incluía construir la sede electrónica del consistorio, que formaría parte del portal Coruña Smart City, con información sobre gasolineras cercanas, bicicletas públicas disponibles o farmacias de guardia. El proyecto se basaba en la plataforma Sofia, un desarrollo tecnológico que en Indra sería base para su tecnología de ‘smart city’ impulsado por Nokia —y con la participación de otras 17 empresas— y financiado en parte —6 de los 36 millones de euros en los que se planteó en total— por la Comisión Europea.

La ayuda que la multinacional recibió de la Comisión Europea por el desarrollo de esta tecnología ascendió a 453.702,43 euros. Según aparece en la web de Indra, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo también subvencionó el desarrollo de esta tecnología, pero no se ha podido encontrar el importe asignado. En 2017 se unió al carro de las ‘smart cities’ Logroño, adjudicándole a una unión temporal de empresas liderada también por Indra la Plataforma Smart Logroño para la gestión integral de los servicios municipales por 1,7 millones de euros.

Pero si un producto de Indra vendido a las administraciones públicas dio que hablar, ese fue LexNet. El programa de digitalización judicial comenzó sus primeros pasos en 2010 y en 2011 comenzó a implantarse. Indra se ocupó de su aplicación en las comunidades autónomas. Desde el primer momento, juristas han denunciado un sinnúmero de fallos en el sistema, que van desde problemas en la carga de documentos —que pueden suponer una condena o absolución para personas procesadas— a fallos en seguridad o notificaciones dirigidas a destinatarios erróneos.

En 2018, Indra ganaba el concurso para hacerse con el contrato para el apoyo tecnológico a la Oficina de Gestión del Servicio (SMO), responsable del buen funcionamiento de LexNet, por 5,68 millones de euros

Antes, en 2007, recibió un contrato por 1,8 millones de dólares para automatizar el sistema judicial de Nicaragua, y, cinco años después, otro contrato por 23,7 millones de dólares, para modernizar la gestión del sistema judicial en Ecuador. A día de hoy, según aparece en sus cuentas, Indra está pendiente de un proceso contencioso-administrativo impulsado por la Contraloría General de Estado de Ecuador en relación a este último contrato en 2013. Desde Ecuador denuncian que, cuando Indra entregó el producto, denominado Justicia 2.0, se encontraron 133 fallos que la empresa no quiso resolver

El grupo de administraciones públicas es uno de los principales clientes de Indra. Solo en el periodo en 1996 y 2002, la Sindicatura de Comptes de Catalunya localizó hasta 20 contratos entre Indra y distintas administraciones e instituciones catalanas que sumaron más de 8,3 millones de euros, según aparece en el informe publicado en enero de 2008 en el Boletín Oficial del Parlament.

En este informe se advierte sobre contrataciones formalizadas fuera de plazo y que después sufrieron modificaciones que lo encarecieron en un 23,9%, contratos fraccionados para no superar los límites de un contrato menor, con menos requisitos a la hora de ser justificados —para el desarrollo del Sistema de gestión para la integración tarifaria (SGIT) del Consorcio Autoridad del Transporte Metropolitano—, o contrataciones directas, sin expediente ni cláusulas administrativas.

El sector de Transporte y Tráfico supuso el 20% de los ingresos de Indra en 2018. Dentro de este área de productos, la gestión de rutas aéreas, los sistemas de pago, el entretenimiento en los transportes y el telepeaje en autopistas son sus productos estrella.

En desarrollo tecnológico relacionado con autopistas, destaca el proyecto Oasis, en el que Indra participa junto a OHL, Abertis y Dragados, entre otras entidades, y que está financiado por el CDTI, sin que se haya podido averiguar el importe recibido de las arcas públicas. El proyecto, tenía como objeto llevar el telepeaje a las autovías españolas y se emprendió el mismo año que desde el Gobierno de Mariano Rajoy se planteó la posibilidad de aplicar peajes en las autovías, idea que el Gobierno de Pedro Sánchez ha reactivado en agosto de 2019

En la implantación del Tren de Alta Velocidad (AVE), Indra ha tenido uno de los papeles protagonistas. Un expediente sancionador impulsado también por la CNMC la incluía entre las 26 empresas españolas que habrían formado un cártel para repartirse contratos de electrificación y electromecánica por más de 837 millones de euros. Según aparece en las cuentas de la empresa, la CNMC propuso en agosto una sanción para Indra por este tema de 1,4 millones de euros y prohibirle contratar con administraciones públicas.

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Ter García

Ter GarcíaRedactora y miembro del colectivo editor de El Salto. Entre 2012 y 2016 formó también parte del colectivo editor de Diagonal.

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