El Informe Reporta de 2019 ha coronado a Técnicas Reunidas, Banco Sabadell e Indra como las tres peores empresa del IBEX 35 en materia informativa. Este barómetro, que analiza la calidad de los informes y memorias que las grandes compañías ponen a disposición de sus accionistas, otorga 20,7, 42,9 y 46 puntos de 100 posibles, respectivamente, a estas tres empresas, siendo Técnicas Reunidas la peor valorada con mucha diferencias respecto de las siguiente. La compañía de los Lladó obtiene la peor puntuación en tres de los cuatro ejes del informe: Accesibilidad, Relevancia y Compromiso. En Transparencia, la peor valorada es Indra, recientemente imputada en la trama Púnica. Mirando hacia arriba, las tres empresas que obtienen mejor valoración son Red Eléctrica, Endesa y Acciona, con 84,9, 86,4 y 83,8 puntos, respectivamente.

CRISIS CLIMÁTICA

Aramco, la petrolera estatal saudí, anunció el pasado domingo su próxima salida a Bolsa tras obtener el permiso de la Autoridad de Mercados de Capital (AMC) del reino saudita. Aramco es la mayor petrolera del mundo, y ahora será también la compañía cotizada más importante por delante de gigantes como Apple, Google, Amazon o Microsoft. El precio y la fecha de salida todavía no han sido anunciados, aunque se espera que se conozca esta misma semana. El director ejecutivo, Amin al Naser, recordó durante el anuncio que Aramco generó más de 111.000 millones de dólares en ingresos netos durante el año 2018. Este año, hasta el 30 de septiembre, ha generado 68.000 millones de dólares. Banco Santander ha sido uno de los bancos encargados de la salida a Bolsa de la petrolera, la empresa más contaminante del planeta.

En mayo de 2017, Siemens Gamesa Renewable Energy se adjudicaba 206 MW de energía eólica tras una subasta de derechos regulatorios organizada por el entonces ministro Álvaro Nadal (PP). Dos años y medio después, la compañía ha vendido estos derechos a otras empresas como Iberdrola, Viesgo, Falck Renewables o WPD. Según El Confidencial, “desde que Siemens Gamesa decidió ir a la subasta, la compañía tenía claro que su objetivo final no era explotar los parques sino transmitirlos antes de la puesta en operación”. Unos proyectos que juegan con ventaja puesto que tienen derecho a un suelo retributivo para los próximos 25 años.

SANCIONES E INVESTIGACIONES

La Audiencia Nacional ha imputado a Fomento Contratas y Construcciones (FCC) por presunta corrupción y por blanqueo. Los hechos imputados a la constructora propiedad del magnate Carlos Slim se habrían producido entre 2009 y 2015, años en los que FCC habría pagado 82 millones de euros en comisiones para la adjudicación de dos líneas de metro y de la Ciudad de la Salud en Panamá. Según el auto del juez, los directivos de las filiales que formaban parte del consorcio liderado por Odebrecht armaron “un esquema de corrupción repetido” para provocar “sobrecostes” en los contratos de suministro de acero para facturar el doble del precio real y así poder pagar sobornos a empleados y dirigente políticos panameños.

El Consejo de Ministras acuerda el cierre “definitivo” del almacén de gas Castor. En la rueda de prensa posterior, la vicepresidenta Carmen Calvo ha señalado que el encargo de desmontar el almacén “en seis meses” ha sido conminado a Enagás tras reconocer que no existe “ninguna garantía” de que el proyecto pueda seguir funcionando en un futuro respetando las condiciones de seguridad para personas, bienes y medioambiente. El almacén ha estado bajo el foco mediático desde su construcción por diferentes irregularidades en su proceso. El megaproyecto, que provocó casi un millar de seísmos fue adjudicado sin competición ni concurso público a Escal, una de las más de 1.200 empresas del grupo ACS. Varios colectivos presentaron una querella criminal contra Florentino Pérez, presidente del grupo, y contra varios exministros de la época de José Luís Rodríguez Zapatero y del primer mandato de Mariano Rajoy por sus posibles responsabilidades. Los delitos que contempla la querella son estafa, prevaricación, fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos.

Nuevo capítulo en la relación de Iberdrola con el excomisario José Manuel Villarejo. Esta semana, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, el juez Manuel García Castellón, ha decidido abrir una pieza separada en el caso Tándem para investigar los trabajos realizados por el excomisario a la multinacional energética. Según las informaciones desveladas por diferentes medios, la relación entre Iberdrola y Villarejo se remonta a 2004 y habría durado 13 años, hasta 2017. Entre los trabajos encomendados al excomisario se encontrarían el espionaje a competidores, organizaciones ecologista y sindicalistas de la propia compañía. 

El consejo de administración de Prisa, en un consejo extraordinario, ha cerrado filas en torno a su presidente Javier Monzón, recientemente imputado en la trama Púnica. Así, el máximo órgano de la compañía editora de El País, se ha posicionado del lado de inversores como Banco Santander o Telefónica, quienes abogaban por mantener a Monzón, frente a otros como Amber Capital o HSBC que pedían su destitución. Monzón fue imputado por su etapa como presidente de Indra, empresa que también está siendo investigada por presuntamente participar de la financiación ilegal del Partido Popular.

LABORAL

Peligrosa sentencia para los trabajadores emitida por el Tribunal Constitucional. El TC avala el despido de una trabajadora por absentismo laboral pese a que todas sus bajas estaban acreditadas con justificantes. A pesar de que no todos los Magistrados estuvieron a favor, finalmente el Tribunal consideró que el estatuto de los trabajadores permite el despido cuando un empleado acumula faltas a su puesto de trabajo de manera reiterada, aunque estas estén totalmente justificadas. Esta sentencia sienta jurisprudencia por lo que más trabajadores podrían ser despedidos por este mismo motivo. 

Cae en picado el número de horas extra realizadas por los asalariados españoles durante el tercer trimestre sin cobrar nada a cambio. Así, según los datos de la EPA, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la caída entre el 1 de junio y el 30 de septiembre es del 23,7%, pasando de 2,91 a 2,22 millones de horas extra semanales. Este dato es el segundo más bajo desde que el INE incluyó este recuento a principios de 2008, y coincide con la entrada en vigor del registro de jornada a mediados de mayo. El tema de las horas extra no remuneradas representa un gran problema para los trabajadores y trabajadoras y para la Agencia Tributaria. Tanto es así que entre 2012 y 2016, las horas extra no pagadas superaron en volumen a las sí pagadas.