Artículo original de Crític. Con la colaboración de la Campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión
Los tratados de comercio e inversión (TCI) son una de las principales apuestas de la actual Unión Europea. Los acuerdos comerciales con los Estados Unidos, Canadá, Japón o Vietnam están sobre la mesa de negociación de la Comisión Europea, pero los detalles de estos tratados son muy opacos, y lo poco que se conoce puede tener consecuencias muy negativas para la población. Entre los aspectos más importantes está la posibilidad que tienen las multinacionales de demandar a los estados, si creen que estos han vulnerado la libre competencia, a través de los llamados tribunales ISDS. A pesar de que los TCI son un asunto social, económico y político de primer nivel, la campaña de las elecciones europeas de este 26 de mayo no los está tratando como un tema central. Crític explica qué hay que saber de estos acuerdos, cuáles son las consecuencias de los tribunales ISDS y qué piensan de ellos los partidos estatales y catalanes que se presentan a las elecciones.
¿Qué acuerdos tiene en marcha la Unión Europea?
Hace algunas semanas, la Comisión Europea recibió el visto bueno de la mayoría de estados de la UE –Francia se opuso– para retomar las negociaciones con vistas a lograr un tratado comercial con los Estados Unidos. Han pasado casi tres años desde el abandono de las conversaciones entre las dos partes sobre el polémico Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión, el famoso TTIP, que fracasó, fundamentalmente, como consecuencia de una exitosa y masiva campaña ciudadana de rechazo durante el año 2016. Desde entonces, la UE no ha abandonado su apuesta por este tipo de acuerdos. Un año más tarde, en febrero de 2017, la Eurocámara validó el CETA, el tratado de comercio e inversión con Canadá, que fue ratificado por el Congreso estatal en junio de aquel año con los votos de Partido Popular, Ciudadanos, Partit Demòcrata Europeu Català y Partido Nacionalista Vasco. El año pasado se aprobaron los acuerdos con Vietnam y Japón, y en febrero de este año fue el turno del tratado con Singapur, con los votos favorables de los mismos partidos y también del PSOE.
Con la excepción del caso de Japón, los últimos acuerdos aprobados incorporan los llamados ISDS –por las siglas en inglés, Investor-state dispute settlement–, que son los mecanismos de resolución de conflictos entre Estados e inversores. Se trata de unos tribunales privados que se incluyen en más de 3.000 TCI y que principalmente sirven para que las grandes empresas reclamen cuando consideren que sus intereses como inversores han sido vulnerados. Precisamente el rechazo a los ISDS fue uno de los elementos capitales en la oposición al TTIP.
¿Qué son los tribunales ISDS y qué consecuencias tienen para los estados?
Desde hace algunos meses está en marcha la campaña “Derechos para las personas, obligaciones para las multinacionales – Stop ISDS”, una iniciativa europea que suma casi 600.000 firmas. La campaña tiene dos demandas claras: la primera es que se eliminen estos controvertidos tribunales y que la UE salga de los tratados que los incorporen, y la segunda, que tanto los estados como la organización comunitaria apoyen al establecimiento de un tratado vinculante en la ONU sobre derechos humanos y empresas que sirva para “poner fin a la impunidad corporativa”. Para Lucía Bárcena, portavoz estatal de Ecologistas en Acción, los ISDS “otorgan a las multinacionales un poder enorme sobre los estados para influir sobre nueva legislación y regulaciones existentes si éstas van en contra de sus beneficios económicos”. La campaña Stop ISDS añade que “para muchos gobiernos, la amenaza de una demanda importante puede ser suficiente para convencerlos de que cedan ante las empresas multinacionales“. Àlex Guillamón, coordinador de Entrepueblos y uno de los portavoces de la campaña catalana Stop ISDS, comenta que una de las características de este mecanismo de arbitraje es que “los ISDS tienen un carácter ejecutivo y son efectivamente vinculantes” y, en la práctica, se han convertido en un “sistema totalmente favorable a las multinacionales”.
Un informe en profundidad publicado recientemente por el Transnational Institute (TNI) documenta que los grandes beneficiados por los ISDS son las grandes empresas, los multimillonarios y la industria legal involucrada, pero en ningún caso los estados. En este sentido, recuerda que los ISDS permiten a las empresas demandar a los gobiernos cuando consideran que se están vulnerando sus derechos como inversores, pero no a la inversa. En muchos casos, el demandante acostumbra a ser una gran empresa del Norte y la parte demandada, un estado del Sur. Acceder a la justicia, además, no está al alcance de todos, puesto que de media, recurrir a este tipo de arbitraje supone un coste de 8 millones de dólares. Un ejemplo de manual es el caso que durante más de 25 años ha enfrentado a la petrolera norteamericana Chevron-Texaco con Ecuador, cuyos tribunales la condenaron por un vertido que provocó daños medioambientales muy graves. La multinacional se negó a pagar y después de varios recursos, finalmente el Tribunal Internacional de Arbitraje, con sede en La Haya (Países Bajos), sentenció que es el gobierno ecuatoriano quien tendrá que indemnizar a la empresa. El Estado sudamericano ha optado por salir de numerosos TCI bilaterales.
Guillamón también denuncia la llamada “cooperación reguladora” que se incluye en la mayoría de tratados de este tipo y que supone la creación de un organismo en el que, además de los estados, participan grandes organizaciones empresariales, como el lobby Business Europe o las cámaras de comercio, y que se dedica a “equiparar las reglas de juego de una área y la otra, para igualarlas normalmente a la baja“, en ámbitos como los derechos laborales o las garantías ambientales. Las organizaciones opositoras también denuncian las consecuencias especialmente negativas para las mujeres que tienen los TCI a causa de las privatizaciones, la reducción del gasto público y la precarización de las condiciones laborales que comportan.
¿Qué alternativas hay a los TCI?
Para acabar con la impunidad y el poder corporativo, centenares de organizaciones a escala europea y mundial defienden que se apruebe un tratado internacional vinculante sobre derechos humanos y empresas. Desde hace cuatro años, se negocia en el Comité de Derechos de Humanos de la ONU y, en principio, en octubre podría aprobarse el primer borrador (el año pasado se aprobó el borrador cero). Por desgracia, la Unión Europea presiona para que no se avance en este tratado, amenazando con abandonar el comité, a pesar de que los que participan en las negociaciones sean los estados y no la organización comunitaria. Estados Unidos, por su parte, ha dejado claro que no firmará este tratado que, a grandes rasgos, tendría que servir para garantizar que las corporaciones paguen por las vulneraciones de derechos humanos que cometen sus filiales. De momento, la UE se decanta por impulsar un nuevo mecanismo que sustituya los ISDS, un tribunal multilateral de inversiones (MIC, por sus siglas en inglés), que en ningún caso se vincula con la protección de los derechos humanos y que según sus críticos difícilmente acabaría con la impunidad corporativa.
Àlex Guillamón añade que, además de pedir que la UE y los estados apoyen el tratado vinculante de la ONU sobre derechos humanos y empresas, reclaman que “los estados aprueben leyes sobre empresas y derechos humanos, para que, por ejemplo, el Estado español pueda sancionar a una empresa que los vulnere fuera de su territorio“. En este sentido, en el 2017, Francia aprobó una ley de vigilancia, que al menos obliga a las empresas a tener un plan de derechos humanos, a ofrecer informes públicos y posibilita que haya demandas. “Es el primer estado donde se ha discutido el tema, pero se puede avanzar mucho más. Por ejemplo, establecer que las empresas sancionadas por vulneración de derechos humanos no puedan recibir ayudas o créditos del Estado o que no puedan concurrir a licitaciones públicas”, añade Guillamón.
¿Qué piensan los partidos políticos acerca de los TCI?
Las diferencias entre los diferentes partidos son abismales. Desde la oposición absoluta al actual sistema de los TCI y los ISDS por parte de Podemos y Catalunya en Comú, a la defensa que hacen PP y Cs, pasando por las posiciones relativamente ambiguas de PSOE y el espacio convergente.
En función del momento, el Partido Socialista ha apoyado los tratados de comercio e inversión o se ha opuesto. Por ejemplo, votó a favor del TTIP y el CETA en el Parlamento Europeo, y después se abstuvo cuando se votó el CETA en el Congreso de los Diputados. El partido de Pedro Sánchez ha avalado los últimos tratados firmados por la UE. En el programa de las elecciones generales del 28 de abril afirmaba que “los acuerdos comerciales son una oportunidad para mejorar la normativa en materia laboral y ambiental, y generar riqueza y bienestar para la sociedad en su conjunto”. En cuanto a los mecanismos de arbitraje, públicamente ha defendido un sistema multilateral público que acabe con los ISDS, si bien después ha aprobado acuerdos, como el de Singapur, que incorporan estos tribunales privados. En un cuestionario de la Campaña No al TTIP, CETA y TISA, el PSC se pronunciaba “absolutamente en contra” de los ISDS y defendía el “tribunal multilateral de inversiones”. En el programa del 26-M, defiende que los tratados no impliquen rebajas en los estándares medioambientales, de salud y de seguridad de la UE. PP y Ciudadanos han coincidido en todo momento en un apoyo acrítico a los diferentes TCI –del TTIP al más reciente tratado firmado con Singapur- y a los mecanismos que se incorporan. El programa del PP, por ejemplo, dedica muy poco espacio a la cuestión y apenas se limita a apuntar que “promoverá” la firma de acuerdos comerciales con MERCOSUR, el bloque comercial formado varios países de la América del Sur, y la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.
Para acabar con los partidos de ámbito estatal, Podemos e Izquierda Unida sí que han tenido una posición claramente diferenciada y han rechazado los diferentes tratados de comercio e inversión, situándose junto a las campañas ciudadanas de oposición y, en consecuencia, oponiéndose también a los ISDS. Los programas de ambos partidos para las elecciones del 26-M son bastante explícitos y detallados en este ámbito. Para Podemos, “las actuales normas internacionales de comercio e inversión y los tratados negociados en secreto que de ellas derivan, como el TTIP, CETA o TISA, otorgan a las grandes corporaciones tanto poder que pueden desafiar a cualquier gobierno y socavar sus regulaciones, además de situarse por encima de los autónomos, autónomas y pymes. En cambio, el comercio no tiene por qué ser una herramienta de expolio y de control por parte de los poderosos”. El partido propone “democratizar el control sobre los procesos normativos en materia de comercio e inversión”, para que haya “consultas ciudadanas vinculantes a los parlamentos nacionales, autonómicos y a los municipios”, se garantice “la participación ciudadana, la democratización, la igualdad de género y la transparencia en la negociación, la aprobación y el seguimiento de los tratados internacionales”.
Podemos también subraya que los “derechos humanos prevalecerán sobre el poder de las grandes corporaciones” y que “se acabará con la impunidad corporativa y los vacíos legales que permiten a las multinacionales operar a expensas de los derechos humanos, el medio ambiente y los tejidos económicos locales. […] Se impulsará un reglamento europeo de obligaciones de debida diligencia aplicable a las empresas multinacionales europeas, que les exigirá responsabilidad ante nuestros tribunales aunque las vulneraciones de derechos se produzcan fuera de la Unión”. Finalmente se declara, al igual que IU, a favor del tratado internacional de la ONU, para que sirva para «imponer penas a las empresas transnacionales si violan los derechos humanos» y en contra de los mecanismos ISDS: «se propondrá el abandono de los tratados de protección y promoción de inversiones que contengan cláusulas de solución de controversias entre inversores y estados ISDS”. IU además resalta la necesidad de “impedir que la UE saque adelante su proyecto del Tribunal Multilateral de Inversiones (MIC), un plan B en caso de que los mecanismos ISDS fracasen”.
De la transparencia de ERC y En Comú Podem, a la moderación de JxCAT y PNV
Entre los partidos catalanes, el programa de En Comú Podem va en el mismo sentido que el partido de Pablo Iglesias, defendiendo también la creación de un tratado internacional vinculante sobre derechos humanos y empresas y la “revisión y anulación de las cláusulas ISDS en todos los tratados de comercio e inversión”.
ERC, por su parte, que no esconde que es partidario del “libre comercio”, siempre se ha puesto junto a los movimientos ciudadanos de oposición al actual sistema de tratados de libre comercio e inversión. Más allá de votar en contra de los últimos tratados en la Eurocámara, en el Parlamento dio el visto bueno a una resolución de rechazo a la firma de tratados como el TTIP, el CETA o el TISA, “siempre que no garanticen la soberanía y las competencias de las instituciones nacionales electas o la preservación de los derechos laborales”. Su programa para las europeas es muy detallado en este ámbito y expone que “necesitamos un comercio justo, responsable y sostenible, una política comercial que evite que los tratados comerciales sean herramientas para regular en la baja, o desregular, normas sociales, laborales, medioambientales y sociales con la excusa que son una barrera al comercio”.
Concretamente, la formación republicana pide “transparencia en las negociaciones comerciales” y quiere acabar con la opacidad. Exige “que se hagan públicos los documentos de las negociaciones. Hace falta un control parlamentario de las negociaciones, un sistema que permita en el Parlamento Europeo consultar el estado de las negociaciones en cualquier momento y sin limitaciones de extensión o tiempo”, dice el texto. También quiere que se conozcan “los riesgos y los desajustes que los acuerdos pueden provocar en el ámbito laboral, social, medioambiental y en el tejido productivo de la Unión”, y que se mejore “el escrutinio democrático y la participación pública en los acuerdos comerciales”. Sobre los ISDS, ERC pide “crear un mecanismo de resolución de conflictos bilateral, dónde la ciudadanía, o bien los estados, puedan también llevar a los tribunales a las multinacionales en caso de violaciones de los tratados, y no solo a la inversa”, como sucede también con el tribunal multilateral de inversiones propuesto por la UE, que critica ERC. Finalmente, defiende que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU cree un «instrumento internacional jurídicamente vinculante» sobre empresas y derechos humanos.
La antigua Convergència tradicionalmente había avalado sin muchos miramientos los tratados de comercio e inversión. Su eurodiputado Ramón Tremosa, por ejemplo, votó a favor del CETA o el Tratado con Singapur. También defendió el TTIP en su momento.
Ahora bien, en el programa que presenta Junts per Catalunya a las europeas se incorporan nuevos matices y, por ejemplo, se asegura que apostarán “claramente por la negociación de nuevos acuerdos de libre comercio”, si bien añade que exigirán “que los tratados que firme la UE tengan en cuenta los derechos humanos, los derechos laborales y la conservación del medio ambiente”. Además, en un segundo punto, JxCat asegura defender “la introducción de un pequeño arancel sobre las importaciones procedentes de estados que no respeten los derechos humanos, el estado de derecho y la democracia”.
En cuanto a los partidos del ámbito vasco, el PNV ha tenido en general una posición favorable a los TCI tanto en la Eurocámara como en el Congreso de los Diputados. En su programa para las elecciones europeas propone “legislación para garantizar que las empresas europeas respeten los derechos humanos, sociales y ambientales en toda su cadena de suministro”, aunque no hace referencia al proceso del tratado vinculante de Naciones Unidas. En cuanto a los acuerdos comerciales, aboga por mejorar la transparencia de los procesos de negociación e incluir en ellos más salvaguardas sociales, laborales y ambientales, pero no hace ninguna referencia a los mecanismos ISDS. EHBildu, por su parte, se muestra claramente contrario a la firma de nuevos TCI y apuesta por la derogación de los ya ratificados, aunque su programa electoral no profundiza en la materia.
