El presidente del grupo turístico Globalia, Juan José Hidalgo, reconocía en junio de este año, durante una cumbre de la CEOE, que si el Gobierno español no ayudaba al sector turístico, este duraría “un telediario”. Cinco meses después, su buque insignia, Air Europa, se ha convertido en la primera empresa española en ser rescatada con dinero público con 475 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas creado por el gobierno para paliar los efectos de la pandemia. Todo ello a pesar de la buena salud financiera de sus dueños.
Air Europa forma parte de Globalia, el holding al que también pertenecen Halcón Viajes y Travelplan, bajo control del clan Hidalgo —a excepción del pequeño porcentaje de acciones en posesión de Abel Matutes Juan, ministro de Asuntos Exteriores con Aznar—. Cuando compró Air Europa en 1991, Hidalgo llevaba casi tres décadas en el negocio del transporte, un camino que inició en los años 60 trasladando a emigrantes españoles a Suiza en su Mercedes de segunda mano. Hoy, Air Europa incluye en su cartera de servicios la actividad inversa: vuelos de deportación de migrantes.
La expulsión de personas migrantes del territorio español es una pieza esencial del negocio antimigratorio y supone ingresos millonarios para empresas como Air Europa. Según la última investigación de la Fundación por Causa, entre 2014 y 2019 Air Europa recibió al menos dos contratos públicos para fletar vuelos de repatriación de inmigrantes junto a las aerolíneas Swiftair y Aeronova, esta última propiedad de Globalia desde 2015. En concreto, la Unión Temporal de Empresas (UTE) constituida entre Air Europa y Swiftair obtuvo 11,9 millones de euros entre 2015 y 2016. Dos años más tarde, Aeronova se unió a las dos empresas citadas y la nueva UTE se embolsó 10,9 millones de euros. En total, la aerolínea de la familia Hidalgo ingresó al menos 11 millones de euros.
Denuncias del Defensor de Pueblo
En estos vuelos —denominados por distintas plataformas y organizaciones como ‘vuelos de la vergüenza’— el Defensor del Pueblo, en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), ha detectado varias irregularidades. Entre ellas, la falta de notificación de los vuelos con suficiente antelación (a veces la expulsión se materializa “solo unas horas después” de la detención) o fallos en la cadena de custodia, cuyo fin es “conocer, en cada momento quién se encuentra custodiando al detenido y qué trámites se han seguido mientras ha durado esa privación de libertad». En su último informe, además, señala un posible incumplimiento del acuerdo en materia migratoria firmado entre España y Mauritania, que exige que la persona haya transitado por el país africano en su ruta hacia Europa para efectuar la devolución a ese país.
El Defensor del Pueblo advierte también que España podría estar vulnerando el principio de no devolución al repatriar en esos vuelos a personas originarias de Mali, en un momento en el que muchas de las regiones de ese país han sido declaradas zonas de riesgo por ACNUR. Por su parte, Air Europa no respondió a ninguna de las preguntas sobre cuáles eran sus mecanismos para garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas deportadas, e invitó a contactar con el Ministerio de Transportes para obtener respuesta.
El pasado 10 de noviembre el Gobierno español retomó los vuelos de deportación a Mauritania, suspendidos desde marzo tras el cierre de fronteras por la pandemia de coronavirus. Ese día, 22 personas se sumaron a las más de 220.000 que han sido expulsadas de España en la última década. La empresa encargada de ejecutar la expulsión fue Evelop Airlines, que junto a Air Nostrum resultó beneficiaria en noviembre de 2019 del contrato adjudicado hasta entonces a Air Europa, Swiftair y Aeronova.
Esta es la punta del iceberg sobre Air Europa y su rol en la Industria del Control Migratorio. El equipo de por Causa investiga a fondo este negocio y su forma de perpetuarse, pero necesita apoyo para seguir desenmascarando #Spectram.
