Óscar Castilla C.* // Las autoridades anticorrupción del Perú tienen bajo sospecha a las compañías extranjeras que junto a la constructora Odebrecht, y el resto de empresas brasileñas involucradas en el llamado Caso Lava Jato, ganaron las licitaciones de los megaproyectos de construcción, infraestructura y transporte más importantes del país en los últimos 15 años. Una de ellas es la principal transportadora de gas natural de España: Enagás, que junto a Odebrecht se hizo con el contrato para construir el Gasoducto Sur Peruano en el 2014.

El Caso Lava Jato en Perú empezó a finales del 2016, cuando la constructora confesó al Departamento de Justicia de EEUU el pago de sobornos por 29 millones de dólares para ganar las licitaciones de diferentes obras en el país. Desde entonces, la fiscalía viene investigando al cartel de compañías que operaron bajo la sombra de Odebrecht: OAS, Camargo Correa y Queiroz Galvao. Las autoridades  han ordenado la prisión para varios funcionarios públicos de los últimos tres gobiernos, incluidos los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006) y Ollanta Humala (2011-2016).

La compañía Enagás Perú, con matriz en España, fue creada en Lima en agosto de 2014, dos meses después de que el Ministerio de Energía y Minas le concediera la ejecución del Gasoducto Sur Peruano, una de las obras más costosas del país (7.329 millones de dólares). Hoy la investigación sobre presuntas irregularidades en dicha licitación está liderada por el Ministerio Público (Fiscalía) y afecta al expresidente Humala, a la exprimera dama Nadine Heredia (ambos en prisión por otro caso vinculado a Odebrecht) y al ex ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga.

La investigación también alcanzó a los ejecutivos de Odebrecht, Graña & Montero (GyM), que se sumó al consorcio en el 2015) y al gerente de Enagás Perú, el español David San Frutos Tomé. Éste asumió la responsabilidad del consorcio para la construcción de gaseoducto debido a que los altos ejecutivos de la constructora brasileña en Lima venían siendo investigados o estaban en el punto de mira de los medios de comunicación por el Caso Lava Jato. El impacto fue tan fuerte que en febrero pasado el gobierno peruano declaró finalizado el trato con dicho consorcio por incumplimiento de contrato.

En respuesta al cuestionario de La Marea,  Enagás responde que «la fiscalía solicita esta investigación [a su directivo en Perú] como una más de las muchas que se hacen en el marco de un proceso judicial de este tipo». Sin embargo, la empresa no aclara por qué emprendió negocios con Odebrecht en primer lugar,  a pesar de que la constructora brasileña viola varios puntos del código ético de Enagás y  de que ya escuchaban las primeras noticias sobre el mayor escándalo por corrupción en la historia de Brasil.

El origen del caso

La fiscalía inició la investigación del Gasoducto Sur Peruano en 2015 bajo la hipótesis de que Humala, su esposa y Mayorga favorecieron a Odebrecht y a Enagás, fundadoras del consorcio al que después se incorporó GyM, la constructora más importante del país andino. Dos años después, el fiscal anticorrupción Reynaldo Abia, a cargo del caso, considera que se pagaron sobornos para la concesión de la obra, más aún después de conocerse que socios como GyM sí conocían los millonarios montos entregados por la empresa brasileña para ganar otros contratos.

“El pago ha sido [de] Odebrecht, pero el resto de empresas sí tenían conocimiento, no detalles, pero sí sabían que habíamos pagado y sabían que tenían que asumir lo que les correspondería”, dijo este año el brasileño Jorge Barata, ex alto directivo de Odebrecht en Lima, cuando fue interrogado por la fiscalía por el soborno que entregaron al expresidente Toledo para ganar el contrato de la carretera Interoceánica en el 2005. Una de esas compañías es GyM, socia de Enagás.

Después de esta declaración, el Ministerio Público –a raíz de la declaración de testigos de los hechos ilícitos– intervino las oficinas de GyM para recaudar información sobre el contrato del Gasoducto Sur Peruano. GyM, uno de los socios de Odebrecht más golpeados desde el inicio de las pesquisas fiscales, tiene múltiples proyectos en Latinoamérica, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York y cuenta entre sus mayores accionistas a José Graña Miró Quesada, uno de los dueños del grupo El Comercio, un poderoso conglomerado mediático con sede en Lima.

A estas evidencias se suma que el Poder Judicial ordenó la detención preventiva de Humala y Heredia por 18 meses en el marco de la investigación que se les sigue por blanquear tres millones de dólares de Odebrecht, en un caso distinto al del Gasoducto Sur Peruano. La hipótesis del Ministerio Público es que el pago a Humala fue a cambio de favorecer a la constructora y a sus socios en las licitaciones dadas durante su gobierno. Por lo pronto, ya pidieron a Odebrecht que colabore con decir la verdad, como ha hecho en otras investigaciones.

Con esta información, más temprano que tarde se conocerá qué negocios ilícitos ocurrieron detrás de la licitación del Gasoducto Sur Peruano.

*Óscar Castilla es director de Ojo Público.