El aeropuerto ‘español’ sobre el agua de México (y 4)

Cuenta la leyenda que en las noches en que la luna bañaba las aguas del lago de Texcoco, en el Valle de México, una mujer emergía lamentándose por la pérdida de sus hijos. Es Cihuacóatl, diosa de la tierra y la fertilidad y, al grito de “hijitos míos, ya tenemos que irnos”, advirtió a Moctezuma de la llegada de los colonos y la devastación de la cultura mexicana. Cihuacóatl ha llegado a nuestros días bajo el nombre hispano de la Llorona, una mujer indígena bellísima que mató a sus hijos tras ser abandonada por su amante, un noble español.

Esta figura triste sigue atada a los pueblos cercanos a Texcoco. “Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca”, cantaba Chavela Vargas. Aún hoy se sigue apareciendo a los vecinos, según cuenta Abraham, de la comunidad de Chimalhuacan, desde lo alto del cerro Chimalhuachi.

Los primeros rayos de sol surgen tras la sierra que rodea el Valle, antes bañado por el lago. Pero lo que había sido un inmenso espejo de agua hoy es un mar de metal, hierro y carreteras que alberga, entre otras, a la descomunal Ciudad de México. La desecación progresiva del lago empezó con la llegada de los españoles y no se detiene. “La política de colonización hispánica es la misma que la de los gobiernos mexicanos actuales. La hidrofobia acabará con nuestras comunidades”, se lamenta Abraham.

Abraham en lo alto del cerro Chimalhuachi con el Nabor Carrillo al fondo. DALIRI OROPEZA

El último resto de agua es el Nabor Carrillo, un lago artificial creado para paliar las inundaciones que, invariablemente, se sufren cada época de lluvias. Cercana a sus inmediaciones está la otra zona sin edificar que alcanza a la vista. Son los terrenos reservados para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

Este proyecto faraónico ha estado en mente de dirigentes mexicanos desde 2001 y preveía la construcción de 743.000 metros cuadrados que podrían haber secado también el Nabor Carrillo. Los terrenos están en lugares sagrados para los pueblos originarios pero no se afectaba solo a la cosmovisión sino también a la supervivencia. El complejo ecosistema y la diversidad de fauna y flora han sido sustituidos por altos índices de criminalidad, violencia y represión a las resistencias. El lago era vida. Una vida que fue tasada en 13.400 millones de euros.

Un NAICM parado que sigue gastando dinero

El 1 de julio de 2018 comenzó la cuarta transformación mexicana. Así se refirió a su victoria Andrés Manuel López Obrador, nuevo presidente de México. Poco después de las elecciones y sin haber empezado su legislatura, cumplió su primera promesa electoral. Celebró una consulta que daba a escoger entre construir el NAICM en Texcoco o en la base aérea de Santa Lucía. México prefirió el lago. El proyecto quedaba detenido y la atención se desviaba de Texcoco. Pero no se movieron las máquinas. Las obras seguían.

Desde la consulta han destacado las respuestas ambiguas o silencio del Gobierno. Y como muestra, las reiteradas evasivas del senador Higinio Martínez, responsable de la Secretaría de Transportes, a realizar una entrevista y el silencio de la Secretaría de Transparencia a las preguntas de este equipo periodístico sobre presuntas irregularidades en los contratos. Cancelar un proyecto millonario no es tan fácil: se financió el NAICM a base de bonos, préstamos y fideicomisos que iban a ser devueltos con la tasa aeroportuaria del nuevo espacio. Pero sin aeropuerto no hay vuelos. Ante la falta de liquidez, cancelar los contratos hubiera sido un duro golpe para un López Obrador aún no investido.

“No hemos visto ningún informe que justifique la cancelación”, comenta Ignacio De Presno, socio asesor de la consultoría mexicana KPMG. “Cualquier decisión que involucre dinero de los contribuyentes debe comportar más beneficios que costes y nadie se atreve a darnos una cifra”, añade. Con todo, considera que la cancelación del aeropuerto fue una decisión tomada “a la ligera”.

A finales de abril y con el 30% de deuda recomprada, el NAICM dejaba una agujero de más de 3.760 millones de euros. Pero nada se sabe del dinero que va a costar compensar a las empresas. Para calcular el monto se debería conocer la inversión inicial y gastos no recuperables pagados por las empresas. Pero ni gobierno ni compañías están facilitando esta información.

Ninguna de las cinco compañías españolas presentes en el NAICM ha contestado a las preguntas de este medio sobre la compensación a deber ni las inversiones realizadas. Una de las empresas –cuyo nombre no se revelará, a petición de la persona consultada– comentó que se trata de un proceso “confidencial” y que “no se darán datos hasta finalizar el proceso”. Por lo tanto, sin estos datos, calcular si el dinero que el gobierno mexicano va a pagar a las empresas como compensación por la cancelación del aeropuerto es el adecuado, es casi imposible.

Sacyr, INDRA Business Consulting, Acciona, FCC y Aldesa + Adelsema son las cinco empresas españolas concesionarias en el NAICM. ACS, el holding de Florentino Pérez, no figura en el listado de contratos facilitados por Transparencia del Gobierno de México, aunque su historia con este megaproyecto es convulsa. Solo un mes después de la investidura de Andrés Manuel López Obrador se hizo público un expediente que inhabilitaba a Avanzia, una de las filiales de ACS, a concursar en proyectos públicos en la Ciudad de México por un año y tres meses.

Según esta sanción, ACS habría cometido “irregularidades” en la documentación presentada en los procesos de licitación, que tuvieron lugar en 2016. La empresa no ha respondido a las preguntas de este medio sobre este hecho y el Gobierno mexicano ha obviado dos peticiones de Transparencia para conocer los documentos originales sin dar razón alguna. A pesar de haber sido la filial Dragados la que se presentó al concurso, es Avanzia la que carga con la sanción, por ser la marca madre de ACS en México. Así, las otras filiales del grupo de Florentino Pérez, incluida la propia Dragados, pueden operar con total normalidad en México.

Por su parte, la compensación que planea el gobierno para las españolas no es solo económica: en FITUR, en Madrid –y apenas dos meses antes de que Obrador pidiera a la monarquía española que se disculpara por el expolio durante la conquista–, el secretario de turismo mexicano, Miguel Toruco, abrió la puerta a nuevas “áreas de oportunidad”, entre las que se contempla el Aeropuerto de Santa Lucía. “Se les dará todas las facilidades”, dijo. Igualmente se expresa la española Sacyr, que afirma que están trabajando para “resolver el contrato de forma satisfactoria para ambas partes” y “seguiremos participando activamente en el desarrollo de proyectos” en México.

A pesar de que las palabras de Obrador sugieren borrón y cuenta nueva de un proyecto “costoso, opaco” y en el que asegura que hubo corrupción –la Policía Federal detectó un desfalco de casi 795 millones de euros–, sus gestos no ayudan a arrojar luz. En Santa Lucía ya se está trabajando sin que se haya sabido nada de la licitación de los nuevos contratos. ¿Por qué? Porque el terreno está en una base aérea militar, propiedad de la Secretaría de Defensa que, por su naturaleza, no debe realizar concesiones ni está sujeta a las leyes de transparencia.

La construcción de la carretera Peñón Ecatepec, parte de la construcción complementaria del NAICM, no se ha detenido. DALIRI OROPEZA

Un aeropuerto a medias, un desastre medioambiental completo

“Nunca hubo documentos que mostraran la viabilidad del proyecto”, recuerda De Presno. El consultor afirma que las fallas en el diseño suponían mucho dinero en mantenimiento. Entre las obras que muestran esta complejidad hallamos a empresas españolas como Sacyr, que estaba en proceso de cimentar la base de la terminal.

Preparar los terrenos no era fácil, ya que la humedad se acumula bajo la superficie. Son suelos “muy especiales”, según se señala en uno de los contratos consultados. “No se puede transitar sobre el terreno, por su nula resistencia”. Por ello, se prensó el suelo para drenar el agua, que salió en forma de lodos. Los barros fueron arrojados a minas, que antes eran cerros, que se detonaron para extraer el tezontle, una tierra rojiza usada para aplanar las mismas pistas de donde salieron los lodos.

“Es un círculo perverso”, observa el profesor José Espino Espinosa, investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo, mientras mira hacia el horizonte, antes plagado de unos cerros que las explosiones han allanado.

El profesor José Espino explica corrupción ambiental frente al tiradero ilegal de lodos tóxicos extraidos del NAICM. DALIRI OROPEZA

Espino reside en la comunidad de Tlaminca. “Han llegado más de cuatro millones de camiones” que dejaban barros y se llevaban tezontle para obras como de la que estaba encargada Sacyr. A pesar de la cancelación del aeropuerto y aunque el Gobierno afirma que las obras pararon el 23 de abril, hasta junio los vecinos aseguran que siguieron observando actividades.

“Nos borraron las iglesias”

Espino señala el tiradero de Tlaminca y recuerda: “Demostramos que debían clausurarlo”. Los vecinos llevan desde 2017 denunciando irregularidades. Según la Norma Oficial 083 de la SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente), no puede haber tiraderos a menos de 1.000 m de residencias. Así lo destaca Espino, que tiene a sus espaldas una casa, de la que asoma una vecina, curiosa. Tampoco puede haber lugares de culto, pero igual que la vecina, la cruz de una iglesia se deja entrever entre las copas de los árboles. “Nos borraron las iglesias de los informes para que no fueran un problema”, se lamenta el profesor. Y lo mismo pasó con pozos, escuelas o ríos.

Las quejas no son baladí, ya que en las zonas cubiertas de lodos ya no crece nada, a pesar de que los análisis toxicológicos elaborados por las empresas y ratificados por la SEMARNAT afirman que son inocuos. “Han falsificado los informes para convertir nuestros cerros en vertederos tóxicos”, denuncia el profesor sosteniendo un estudio elaborado por la Universidad de Chapingo, en el que se detectan niveles “altamente peligrosos” de boro, cloruro, carbonato y sodio.

“Matan todo lo vivo”, alerta. Pero no solo los suelos se ven afectados: estos residuos que, al secarse al sol, levantan el vuelo en forma de polvo finísimo, también pueden afectar a los humanos. Hipertensión, irritación y problemas respiratorios son algunas de las consecuencias.

Los tiraderos de Tlaminca son solo una minúscula parte en el engranaje del NAICM. Una pieza en uno de los más de 450 contratos. El que fue el mayor proyecto y símbolo del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto “debía construirse como fuera”, relatan en Tlaminca. Pero, ¿a qué precio?

A la orilla del agua

Los planes del aeropuerto datan de 2001, cuando el Gobierno lanzó una serie de decretos para expropiar 5.400 hectáreas, argumentando que se trataba de una tierra “inservible”, por lo que pagaba 33 céntimos el metro cuadrado. Como respuesta surgió un potente movimiento, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que logró frenar la expropiación, convirtiéndose así en una de las primeras organizaciones que en el entrante siglo frenarían un megaproyecto.

Marta Pérez y Adela Romero son originarias de Atenco y participan en la resistencia desde el principio. “Alteraron nuestra vida con la imposición de la obra”, explica Marta: la entrada del crimen organizado, la falta de acceso a sus propios terrenos, soborno de los propietarios para la venta de tierras o la ruptura del tejido social pasaron a ser su día a día desde la expropiación de los terrenos.

Y no solo en Atenco, sino en toda la región. En Tlaminca, a 17 kilómetros de Atenco, mientras este equipo de periodistas entrevistaba al profesor Espino, un grupo de ejidatarios –propietarios comunales de los terrenos– en estado de ebriedad y favorables a las obras, se acercaron para amenazar al entrevistado.

Marta Pérez y Adela Romero explican la devastación de la plancha de concreto del NAICM a la orilla del cerro de Huatepec. DALIRI OROPEZA

“¿Qué tienes tú que decir? Te tengo dicho que no te metas en problemas: un día te encontraré solo”. Amenazas como esta ahora son constantes entre vecinos que antes compartían relaciones de amistad. Al ser preguntados sobre su opinión al respecto de las obras, responden sin palabras, simplemente empujan la cámara. El territorio sigue en disputa.  

Marta y Adela también vivieron la represión. Recuerdan momentos convulsos mientras dirigen su mirada 200 metros abajo, por donde cruza la barda perimetral que rodea los terrenos del aeropuerto y que cercenó su pueblo. Como represión a las resistencias, más de 100 personas fueron apresadas, con sentencias de hasta 100 años y 26 mujeres sufrieron tortura sexual. Los helicópteros sobrevolaban la región a diario. “Pensábamos que enfrentábamos al gobierno, pero luego vimos a las transnacionales”.

El vuelo de un pato lo es todo

“El amor es dignidad: estamos orgullosas de nuestra sangre indígena”, asegura Marta. Para ellas el lago es vida y la vida es lucha. “Es con lo que Atenco puede contribuir al mundo”, comenta Adela, emocionándose con la vista fija en el aeropuerto. La lucha no era contra el NAICM, sino en favor de la vida. De toda la vida. “Se llevaron a los patos”, explican, apesumbradas.

A la orilla del lago Nabor Carrillo, justo en frente de la construcción del NAICM. DALIRI OROPEZA

Los vuelos de las aves migratorias hubieran resultado tremendamente peligrosos para un aeropuerto. Pero aún con la obra detenida los vecinos de Atenco siguen sin saber dónde están sus patos. Y esa lucha por cada uno de los seres vivos es lo que diferencia las comunidades de las grandes transnacionales: “Para ellos la vida es lo mínimo, pero para nosotros un pato lo es todo”, apunta Marta. “Nos dicen que nos negamos al progreso, pero si el progreso es eso, pues no, no lo queremos”, sentencia.

 “Si dejábamos que esto se construyera vendría la desaparición: ni los cultivos ni el agua iban a ser de nosotros. Era el exterminio”, dice Adela. Y no iba desencaminada, pues la falta de agua de una zona que había sido lago desafía la lógica y la memoria de las pocas personas que recuerdan haber jugado en las orillas, décadas atrás.

A la orilla del Río Papalotla, Arturo Cando describe cómo “rompieron el ciclo hidrológico en una región en la que falta el agua”, comenta. Los ríos que quedan no se ven porque se entubaron para redirigir su cauce y alimentar las necesidades que tendría el aeropuerto, dejando a las comunidades sin agua para sus cultivos, ganado y consumo.

Devastación del cerro sagrado de Tepetlaoxtoc, de donde sacaron tezontle para la plancha del NAICM. DALIRI OROPEZA

Arturo explica que los gobiernos municipales se muestran muy orgullosos de anunciar que en este tipo de obras participan empresas españolas, “como si fueran garantía de progreso”. Pero, en realidad, para él resulta una contradicción: “Los españoles nos trajeron hidrofobia”, reflexiona, mientras nos guía hacia lo alto de uno de los cerros que antes coronaban el horizonte de su comunidad.

En Tepetlaoxtoc, además de ríos entubados, también hay algunos de los más de 150 montículos que se explotaron para sacar tezontle. Arturo y Daniel, su hermano, recorren con la mirada lo que antes era un cerro sagrado y ahora está a la mitad. Mientras caminan, levantan pequeñas piezas de barro y obsidiana, material con el que se fabricaban cuchillas y ornamentos prehispánicos. Imaginan qué tipo de pieza habría sido hace siglos. Al destruir la memoria, solo queda la invención.

“Esta era una flauta”, asegura tomándola con su mano. Pero al dar tres pasos llega a la orilla del abismo. Se asoma. El vértigo no es solo por ver el fondo del agujero que provocaron las explosiones, sino por saber lo que se perdió de la vida que antes era.

Nieves frente a su casa, de pie sobre la carretera que quieren construir. DALIRI OROPEZA

La dignidad son cuatro paredes

Después de la cancelación del NAICM, paulatinamente fueron parando las obras, tanto las del aeropuerto como sus trabajos complementarios. Todas, menos una autopista que debía conectar los núcleos urbanos con el recinto. Todavía a mediados de julio y, pesar de estar oficialmente parada, cada pocos días se añadían detalles que hacen sospechar que, aun sin aeropuerto, la autopista se acabará.

Pero algo detiene su inexorable avance. Es el jardín de Nieves Rodríguez. Su casa se halla en medio de dos lenguas de cemento que no pueden conectarse. Se niega a dejar su casa y su jardín de árboles frutales, donde siembra nopal, calabaza y frijol. “Te voy a defender”, dice mirando desde la carretera a su hogar, con fachada de ladrillo.

Nieves ha sido amenazada de muerte varias veces pero sigue impidiendo la operación de esta autopista casi terminada. A pesar de que las administraciones comunicaron que todo el terreno quedaría restablecido, tras la cancelación del NAICM, Nieves ve impotente cómo la construcción de esta autopista continúa.

Según el asesor de KPMG Ignacio García de Presno es normal que tras los meses posteriores siguieran algunas obras, “para tapar agujeros; no se pueden soltar las máquinas y ya”, apunta. Pero no parece que colocar los separadores de carriles sea necesario para una autopista que ha de derrocarse. Además, empresas y gobierno siempre fueron opacos: pocos datos había disponibles en los contratos sobre las responsabilidades ambientales de las empresas y modus operandi en caso de cancelación. Esta parte de los documentos aparece tapada por recuadros negros superpuestos, por contener información que pudiera ser “útil para un competidor”.

El territorio en disputa

En abril comenzaron las mesas de negociación entre comunidades y gobierno para acordar cómo se iba a reestructurar el territorio. Una de las primeras demandas era la restitución de 2.000 hectáreas que quedaron dentro del polígono de obra. Pero precisamente lo único que, según los expertos, no puede ser restituido es la base para la torre de control, erigida por la española Aldesa. “Que quiten toda la infraestructura. Es una afrenta a los pueblos, un delito ambiental. Una vez retirado todo, que las aguas regresen a su cauce”, exige Marta.

El retorno del lago es lo que desea todo aquel que recuerda la vida lacustre: reviven en la memoria de las comunidades los patos y el ahuahutle. Ese manjar, huevas de un pequeño mosco que cría en las orillas, también se acabó con la desecación del lago, y quedan muy pocas personas que siquiera conozcan el llamado ‘caviar de los pobres’.

Sin embargo, hay quien todavía lo cultiva en el lago Nabor Carrillo, aunque no cualquiera consigue entrar, ya que se trata de un área bajo custodia federal. “Nos prohíben acceder porque no quieren que al verlo queramos recuperar Texcoco”, opina Abraham. Y es cierto que, dejando atrás los áridos caminos de Chimalhuacan, seca la piel por el polvo y el asfalto ardiente, la fresca brisa que acaricia las aguas tranquilas del Nabor Carrillo limpia hasta lo más hondo.

Así lo vivió este equipo periodístico, que logró entrar al lago para ver el gran cuerpo de agua al que acuden miles de aves. Y dentro, como una perla, estaba El Lobo, una de las 6 personas con licencia para seguir con el cultivo de ahuautle. Aun al saber que ese hombre de manos curtidas es de los pocos que realizan aún esta actividad, a sus hijos ya no les interesa continuarla.

Dada la escasez, este manjar puede llegar a tener un precio altísimo, pero El Lobo asegura que prefiere regalarlo que venderlo a 40 euros el kilo. “El lago nos enseñó a compartir, no a lucrarnos”, cuenta, con la vista fija en el agua. “Van a creer que estoy loco pero yo hablo con el lago”.

Ahí, en la orilla, buscando ahuautle, resistiéndose a abandonar lo que queda de toda esa explosión de vida, le preguntamos qué le diría al lago si algún día vuelve a estar completo. Clava la mirada y no tarda en responder. Le diría “gracias”.


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Este trabajo fue realizado por periodistas de Pie de Página y Proceso gracias a la beca Devreporter para la Justicia Global 2018, auspiciada por Lafede.cat. Una primera versión del texto, firmada por Sandra Vicente, Daliri Oropeza y Al-Dabi Olvera se publicó en la revista mexicana Pie de Página con el titular ‘Cinco empresas que secan un lago’