No ocurre a menudo que un ministro del Gobierno se meta con una de las grandes empresas del Ibex 35, por lo menos en público. Mucho menos cuando se trata de una multinacional que, gracias a su política de puertas giratorias, siempre ha gozado de los favores del Ejecutivo de turno. De ahí que sorprendieran los ataques de Álvaro Nadal, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, que acusó a Endesa de «una falta de inversión en el conjunto de España» en un pleno del Senado, en abril de 2017. Desde la eléctrica rechazaron la crítica del ministro del Partido Popular, y alegaron que cumplían con las normas.
Sin embargo, hace tiempo que existe un malestar entre la clase política por cómo el principal accionista de Endesa maneja los hilos de la antaño joya de la corona de las empresas públicas españolas. Después de haber despojado a la eléctrica de sus valiosas actividades en América Latina en 2014, Enel —un 25% propiedad del Estado italiano— exprime al máximo su filial. Es una de las pocas empresas del Ibex 35 que dedica el 100% de su suculento beneficio al dividendo, del cual el 70% se lo llevan los italianos ,y por ende, una buena parte acaba en las arcas del Ministerio de Hacienda de Roma. Es el resultado irónico de la controvertida privatización de la mayor empresa de energía del país.
Un mes después, en mayo, Nadal volvió a la carga y se quejó de que Endesa había anunciado el cierre de dos centrales de carbón, en León y Teruel. «Si se confirma esta información demostraría, por un lado, que el compromiso de Enel con España no es el que le gustaría a este Gobierno y, por otro, que tampoco es coherente con las necesidades de la política energética del país», denunció Nadal. El ministro le espetó al senador socialista Graciliano Palomo que «no fue un Gobierno del PP quien trajo a España como propietaria de la principal empresa eléctrica del país a una empresa pública italiana».
Pero, ¿realmente fue así? Rebobinemos. Endesa fue creada en 1944 y tuvo un papel fundamental en la reconstrucción económica y la electrificación del país durante la dictadura de Franco. La privatización de la que, por entonces, era la mayor empresa pública española comenzó con el gobierno socialista de Felipe González, que sacó a bolsa un 25% del capital en 1988. El Partido Popular del presidente José María Aznar completó la privatización en dos pasos, entre los años 1997 y 1998. Entonces, Endesa ya había empezado a invertir miles de millones en América Latina.
En septiembre de 2005, se desató un capítulo controvertido y politizado en la historia de Endesa. Con José Montilla (PSOE) como ministro de Industria y Manuel Pizarro (cercano a Aznar) como presidente de la eléctrica desde 2002, Gas Natural presentó una OPA hostil a la otrora empresa pública, lo que en la práctica implicaba quedar en manos catalanas y, en particular, de La Caixa, que controlaba de forma mayoritaria la compañía gasista con un 33% de las acciones. Esta oferta fue rechazada por el PP y por el propio consejo de Endesa, aunque encontró luz verde por parte del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) y la Comisión Nacional de la Energía (CNE), dirigida en ese momento por la catalana María Teresa Costa Campí. Aprobada finalmente la oferta de Gas Natural el 3 de febrero de 2005, un par de semanas más tarde, aparece el segundo pretendiente de Endesa, la alemana E.ON, que mejora la oferta de la española por la eléctrica. Sin embargo, no logra poner de acuerdo a los actores en liza y tanto Endesa como el Ejecutivo del PSOE rechazan la oferta.
«Aquello lo viví en su día con auténtica vergüenza. El Gobierno llegó a cambiar la ley sobre la marcha para impedir que los alemanes se quedasen con Endesa», asegura el ingeniero industrial y experto en el sector eléctrico, Jorge Morales de Labra. De esta forma se refiere al Real Decreto-Ley aprobado a finales de febrero de 2006 y que modificaba las funciones de la Comisión Nacional de Energía (CNE), dándole el poder de autorizar cualquier operación que implicase la compra de más de un 10% del capital de una empresa cuya actividad estuviese regulada.
En la práctica, muchos consideraron este Real Decreto-Ley como un intento de obstaculizar la compra de Endesa por parte de E.ON, tal y como advirtió la Comisión Europea, que expedientó a España y llevó el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En 2008, el TJUE sentenció que el país había violado el derecho comunitario al impedir la libre circulación de capitales.
En abril de 2006, el Tribunal Supremo paralizó de forma cautelar la OPA de Gas Natural sobre Endesa por considerar que la operación podría llevar a un «incremento de la posición de dominio por parte de la empresa energética». Esto dejó vía libre a la oferta de E.ON, que en septiembre del mismo año es aprobada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). No obstante, entre noviembre de 2006 y febrero de 2007, las cosas se le complicaron a la alemana, con la entrada de Acciona, de la familia Entrecanales, y Enel en el accionariado de Endesa, alcanzando el 46% de la participación. Finalmente, estos dos últimos pretendientes acordaron lanzar una OPA conjunta y firmaron un acuerdo con E.ON, que recibió el control de Electra de Viesgo, entre otros activos, a cambio de retirarse de la compra por Endesa. El 5 de octubre de 2007, culminó todo el proceso de Opas con la oferta de Enel y Acciona, que pasaron a controlar el 92% de la compañía.
Dos años duró la unión de estos dos pretendientes. En 2009, Acciona decidió salir de Endesa a cambio de quedarse con el negocio de energías renovables de la compañía. Enel aceptó y sustituyó a José Manuel Entrecanales por Borja Prado como presidente de la eléctrica, un conocido en el círculo de los italianos en España. Era el principio del desmantelamiento interesado de lo que entonces era uno de los mayores grupos energéticos de Europa.
En 2014, Enel compró Enersis, la filial de Endesa que concentraba todo el negocio en Latinoamérica, donde era líder del mercado, por 8.250 millones de euros. La empresa italiana recuperó este dinero en seguida —y, de paso, sacó un poco más de la caja de Endesa para reducir su abultada deuda— al repartirse un dividendo extraordinario de 14.600 millones de euros, el mayor en la historia de España. Los analistas consideraban que Enel había vaciado su filial española. «Sin potencial de crecimiento y con una estructura financiera insuficiente, en nuestra opinión, la acción deja de tener interés», comentaba Citibank.
Poco después, Enel hizo caja otra vez al colocar en el mercado un paquete de acciones, con lo cual redujo su participación al 70%. Un juez de Madrid obligó a Endesa a incluir una advertencia en la información para los compradores interesados de este 22% de las acciones en venta: «Endesa está controlada en un 92% por el grupo semipúblico italiano Enel, cuyos intereses pueden entrar en conflicto con los de la empresa española. Éste y otros importantes factores de riesgo, como la reducción de su crecimiento potencial y una deuda con la que antes no contaba, se recogen en el Folleto informativo de la Oferta Pública de Venta de Acciones disponible en la página web de la CNMV».
Pero el expolio de la eléctrica con la mayor capacidad de generación instalada de España continúa hasta hoy. Desde 2014, Endesa dedica la totalidad de su abultado beneficio —1.411 millones de euros en 2016— al dividendo para sus accionistas. En noviembre de 2017, la eléctrica confirmó esta política en la revisión del plan estratégico hasta 2020. En total se pretende pagar 5.900 millones de euros a los accionistas, frente a 5.000 millones de euros previstos para inversiones.
Los dueños ni siquiera disimulan para qué les sirve su filial. «Está bien tener una máquina de generar cash. Otros ya quisieran», dijo Francesco Starace, consejero delegado de Enel y vicepresidente de Endesa, en una entrevista con la agencia Reuters en diciembre de 2015.
«Lo que ha ocurrido con Endesa desde finales de los 80 se puede, sin ninguna duda, calificar de expolio. Endesa era en 1988, cuando empezó a privatizarse, la empresa con mayores beneficios de España, los cuales se revertían al Estado. Además, permitía al sector público hacer política energética, decidiendo por ejemplo qué tipo de centrales eléctricas quería instalar, fijándose no solo en satisfacer a sus accionistas sino en servir al interés general. A pesar de ello, se decidió venderla y ahora Endesa es parte de un oligopolio privado», afirmó José Luis Velasco, doctor en Física y miembro del Observatorio Crítico de la Energía, a La Marea en 2016. «Una vez que alejas una empresa del control público ¿cómo impides que sus accionistas hagan lo que quieran? No es imposible, desde luego, pero es muy difícil», añadió. Lo curioso de este expolio, totalmente legal pero expolio al fin y al cabo, es que no generó ninguna controversia en los grandes medios de comunicación.»El tratamiento de los asuntos relacionados con grandes empresas en general, y las eléctricas en particular, es desolador», dice Velasco. «Igual nunca ha sido maravilloso pero sin duda ha ido a peor», añade.
Alberto Garzón coincide en esta crítica de la prensa y resalta el papel de la publicidad. El entonces diputado por Izquierda Unida llevó el asunto de Endesa al Congreso de los Diputados en 2015. «El Gobierno no ha hecho absolutamente nada y ni siquiera ha respondido a mis preguntas», admitió a La Marea. En una sesión parlamentaria echó en cara el «saqueo de Endesa» al presidente Mariano Rajoy. También se lo preguntó al ministro de Economía Luis de Guindos en la Comisión de Economía del Parlamento sin obtener contestación. «Al salir de aquella reunión, un diputado relativamente joven del PP me dijo que era un escándalo y que el Gobierno estaba indignado pero que no iba a decir nada», recuerda el dirigente de IU. «El PSOE tampoco ha hecho nada. Cuando un partido se calla ante semejante escándalo es porque tiene intereses», explica. Y apunta al infame fenómeno de las puertas giratorias.
Endesa ha sido, junto con Telefónica, el principal refugio para políticos que buscaban una jubilación dorada después de pasar por el gobierno. Entre otros cargos, por parte del PP han trabajado para la eléctrica Aznar, como asesor, y De Guindos, como consejero, antes de que fuera ministro. Del lado socialista destacan Elena Salgado, ministra de Economía con Zapatero, que fue consejera de la filial chilena Enersis, y su antecesor en el ministerio, Pedro Solbes, que pasó a ser consejero de la matriz Enel. Endesa también fichó a exdirigentes de Convergència i Unió, como Miquel Roca.
El ministro Nadal parece haber roto este idilio con la eléctrica. «Las declaraciones de este ministro han sido poco amables con los italianos, no les gusta que Endesa sea italiana pero el problema es que los mercados de capitales funcionan así, no se puede decidir quién compra», señala Morales de Labra, quien además acusa al Gobierno de haber vendido la empresa a un precio barato. «Luego viene otro, la compra, y gana mucho dinero con ella. Esto también pasa porque se permite que las eléctricas ganen mucho dinero en España, a través de la regulación del sistema eléctrico», concluye.
Este artículo es una actualización del reportaje ‘Un expolio que no tiene nombre’, publicado en #LaMarea35.
