SANTO DOMINGO INGENIO, OAXACA, MÉXICO | El horizonte se recorta por las siluetas de hileras interminables de aerogeneradores que parecen molinos de viento espigados. El Istmo de Tehuantepec es la cintura de México, allí donde la tierra se estrecha entre el océano Pacífico y el Atlántico, y por ello concentra la mitad de la industria eólica del país. Hasta allí llegaron los inversores españoles, entre ellos, Florentino Pérez, presidente de Actividades de Construcción y Servicios (ACS), a sacar dinero de donde los oaxaqueños no pensaban que podía salir: del viento.
Con contratos de 30 años, una manada de empresas españolas –entre ellas ACS, su antigua socia Iberdrola y otras compañías del IBEX como Gas Natural Fenosa (ahora Naturgy), Acciona o Renovalia– alquilaron tierras a campesinos pobres a precios ridículos de 3.000 pesos mensuales (unos 150 euros al cambio) para instalar los aerogeneradores que aprovechan el fuerte viento del istmo que es capaz de derribar árboles, casas, pesados camiones de carga, autobuses, coches y torres eléctricas.
El Istmo de Tehuantepec, con 200 kilómetros de ancho, es la zona más angosta que posee México y tiene amplios recursos marítimos, petróleo, maderas que han custodiado históricamente sus habitantes, indígenas huaves, zapotecos y zoques. Ahora ese viento que arrecia entre los dos océanos, es también un negocio redituable, ya que su velocidad media anual es de 10 metros por segundo, 4 más que el promedio mundial.
Vientos rápidos y relativamente estables, lo que aumenta su potencial energético, han atraído a 24 empresas extranjeras y mexicanas, que han instalado 2.123 aerogeneradores en 28 parques eólicos. Junto con sus socios, son los beneficiarios finales de los 2.360 megawatts de electricidad que se producen en el Istmo de Tehuantepec y que representan la mitad de lo que se genera en todo el país.
Estos nuevos molinos de viento ocupan 100.000 hectáreas, una extensión que prácticamente dobla el área de la ciudad de Madrid, y que antes eran tierras de cultivo de maíz, sorgo, caña de azúcar y pastizales para ganado. Se han ido instaurando pese a las protestas de diferentes grupos sociales y defensores del territorio que llevan años denunciando corrupción, impactos económicos y ecológicos negativos.
Para el año 2030 se proyecta instalar 3.000 generadores más. El secretario de Medio Ambiente, Energía y Desarrollo sustentable de Oaxaca, José Luis Calvo, dijo hace un par de años que ya se tenía asegurada una nueva inversión de 4.000 millones de dólares en eólicas, lo que representa el 90% de las inversiones en este Estado.
Santo Domingo Ingenio
En diez años la vida de este municipio cambió radicalmente. En 2012 la Operadora Azucarera Tehuana cerró el ingenio azucarero y la mayor parte de la población se quedó sin empleo. Muchas familias campesinas cambiaron la siembra del maíz por el sorgo, buscando mayor rentabilidad pero no lograron completar los ingresos que les aportaban los jornales en la producción de caña de azúcar. Entonces la esperanza llegó con un grupo de empresas de la industria eólica: las españolas ACS, Iberdrola y Renovalia y la mexicana Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex), que arribaron de la mano de la Comisión Federal de Electricidad, la empresa pública que distribuye la energía eléctrica en el país.
ACS e Iberdrola, que para entonces eran socias, llegaron con una propuesta que a los campesinos inicialmente les pareció una salvación: alquilarles sus tierras por 30 años para plantar torres de energía eólica que hoy inundan una buena parte de los pueblos del istmo de Tehuantepec. Como en casi todos los municipios donde se instalaron las empresas de energía eólica, para asegurar el negocio propusieron a los dueños de las tierras un precontrato de apartado por mil pesos (unos 50 euros), con la promesa de que en los 30 años de arrendamiento tendrían otros beneficios como empleos, luz más barata, alimento para sus animales, escuelas, hospitales y deportivos. Luego vendrían los contratos definitivos con letras pequeñas que la mayoría de los campesinos no entendieron y que ahora luchan por rescindir.
En 2012, el entonces presidente de México, Felipe Calderón, inauguró el parque eólico Oaxaca I junto con Gustavo Fernández Tresgallo, director general en México de Cobra, filial industrial de ACS. “Esta inauguración mostró el lado sucio de la industria eólica que el discurso oficial promociona como sustentable y limpia”, señala Héctor Cruz, maestro de educación básica e integrante de uno de los grupos de campesinos de Santo Domingo Ingenio que rechazaron los contratos. Asegura que no hubo reuniones públicas para que la población conociese las condiciones de los contratos de uso de sus tierras, tal como lo marca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas en Países Independientes ratificado en 1990 por México.
“Los contratos eran muy amañados, tenían letras chiquitas para durar de 20 a 30 años con renovación automática”, comenta Cruz. Incluso cuenta que las empresas querían quedarse con los terrenos en caso de que murieran los dueños, aunque las tierras son comunales y cada comunero las tiene en uso y las puede heredar, pero no vender.
Cruz señala que, desde los primeros contratos, pagaron solo los metros donde instalan los aerogeneradores y no toda la extensión de la propiedad por hectárea como les dijeron: “Pagaron 1,5 pesos por metro cuadrado [7 céntimos de euro], se aprovecharon todos, las empresas y los líderes. Para convencerlos les llevaron cerveza y pollos”.
Habla delante de las rejas de una empresa eólica a las afueras de la ciudad de Juchitán, el centro económico y político de la región del Istmo de Tehuantepec. En 1994 la Comisión Federal de Electricidad instaló en Juchitán la primera generadora de energía eólica, y diez años después, con las reformas a las leyes mexicanas, se abrió el mercado a las trasnacionales. Hoy existen 56 parques eólicos en 13 Estados donde se generan 5.507 MV, la mitad en Oaxaca.
Las llanuras de Santo Domingo Ingenio, orientadas hacia el Océano Pacífico por donde entran los vientos, son las más cotizadas por los empresarios. Solo entre 2012 y 2015 se instalaron nueve parques eólicos con 603 aerogeneradores. En toda la zona del Istmo de Tehuantepec hay un total de 1.462.
El primer parque que se instaló fue la Venta III por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) e Iberdrola, le siguieron ese mismo año de 2012 Oaxaca I de EYRA –ACS y CFE, Oaxaca II, III y IV de CFE y Acciona, y el parque Piedra Larga de Renovalia y Demex. En 2013 la francesa EDF (Électricité de France) y la japonesa Mitsubichi instalaron el parque Eoliatec del Pacífico. Para 2014, Renovalia y Demex colocaron Piedra Larga II y en 2015 Zuma Energía, el parque Zuma.
El maestro Héctor Cruz precisa que la estrategia de las empresas fue convencer de manera individual a los comuneros para firmar los contratos y no a través de las asambleas. “Rompieron el tejido comunitario”, afirma con pesar, pues ahora los campesinos no pueden acceder a sus tierras si no tienen autorización de los empresarios, que han contratado equipos de seguridad privada y van armados.
“Ellos son dueños de las entradas, tiene seguridad y a los ejidatarios les dan una tarjeta para que puedan entrar. Los beneficios que prometieron inicialmente no se han cumplido”, según explica. Por ejemplo, “hay comunidades que no tienen luz y la energía se va a otro lado. Le dije a un empresario, ustedes están recibiendo euros de ganancias y a los campesinos les dan pesos”. La mayoría de la población no sabe cuántas empresas se benefician de la electricidad que se genera en su región y se asombran cuando ven la lista de las más de 400 empresas beneficiarias: Telmex, Cemento Cruz Azul, Wal Mart, Soriana, BBVA Bancomer, Kimberly Clark, Cemex, Chedrahui, Oxxo, Cemento Moctezuma, Jugos del Valle, Nestlé, Pepsico México.
Sara Méndez, defensora de derechos humanos e integrante de la organización Código DH, comenta que empresas como Fuerza Eólica del Istmo, que opera en el parque de La Ventosa e Ixtaltepec, se negó a firmar el compromiso impulsado por el gobierno estatal para que se pague a los municipios 10.000 pesos (unos 500 euros) por mega producido. Los habitantes del Istmo solo disfrutan de un descuento del 30% en el consumo eléctrico, y en algunos casos otro de 27 pesos (1,3€), llamado “Beneficio Eólica del Sur”.
Aunque algunos habitantes de Santo Domingo Ingenio creían que la instalación de eólicas les daría trabajo durante años, no ha sido así. “Los más beneficiados han sido los anteriores alcaldes, que recibieron 72 millones de pesos por ‘licencias de construcción’ sin que se reportaran en las finanzas del gobierno municipal”, comenta el maestro Héctor Cruz.
La alcaldesa, Amelia Gómez Ríos, del omnipresente Partido de la Revolución Institucional (PRI), defiende la llegada de las empresas de energía eólica a Santo Domingo Ingenio, pero toma con pinzas el tema del dinero que las empresas dan como “aportación social” por la instalación de los parques. “Es un tema muy espinoso porque hay personas que están en contra de la construcción de los parques eólicos”, dice Gómez al admitir que sus antecesores se llevaron el dinero que aportaron las empresas para obras sociales. “Por eso yo prefiero que lo usen directamente”, precisa.
La primera edil cree que Iberdrola auspició la construcción de la casa de cultura y un parque infantil que lleva en la fachada de ambas edificaciones el logo y el nombre de la empresa española. Pero en la población se ven todavía los estragos de los temblores de septiembre de 2017 que conmocionaron la región y en el municipio dañaron más de 500 casas, de las cuales 250 se perdieron totalmente. Y la alcaldesa admite que ninguna de las desarrolladoras de energía eólica ha apoyado en la reconstrucción posterior al seísmo.
Gómez cuenta que 500 personas viven de la industria eólica y tres de ellas ofrecen cursos de capacitación a jóvenes que posteriormente son empleados en cualquiera de los parques que hay en el país. Sobre las demandas que los pobladores impusieron a las empresas, argumenta que no puede meterse porque son contratos privados que aceptaron ambas partes. “No sabemos cuánto ganan, ninguna empresa lo ha informado”, dice.
Los beneficios que presumen desde el Ayuntamiento son refutados por el estudio Energía Eólica en el Istmo de Tehuantepec: Desarrollo, Actores y Oposición Social, publicado por los investigadores Sergio Juárez Hernández y Gabriel León. “En municipios como Juchitán de Zaragoza, Asunción Ixtaltepec y Santo Domingo Ingenio, donde se ha concentrado el desarrollo eólico, de 2000 a 2010, habiendo ya proyectos en operación o en construcción, mantuvieron un grado de marginación medio. Para otras localidades como La Ventosa y Santo Domingo Ingenio –si bien algunas como La Venta y La Mata conservaron un grado de marginación medio– pasaron de grado de marginación medio a alto”, se puede leer.
Y los investigadores destacan una paradoja: el 5,1% de la población de Oaxaca vivía sin energía eléctrica en 2010, entonces el porcentaje más alto en el país y muy arriba del 1,9% en escala nacional.
Uno de los efectos sociales negativos de los proyectos eólicos en esta región, destacan los investigadores, ha sido “acentuar las asimetrías socioeconómicas” que comienzan a emerger entre quienes reciben pagos por arrendar sus tierras y aquellos que no los reciben o que ni siquiera poseen tierras. “Esta situación genera tensiones y división al interior de las comunidades y con ello aviva el rechazo de sectores de la población local a los proyectos eólicos”, concluyen.
“Firmaron y se chingaron”
Guadalupe Ramírez, indígena zapoteca del municipio Unión Hidalgo, al igual que muchos de sus vecinos, firmó un contrato en 2011 con la empresa Demex que instaló un parque eólico en sociedad con la española Renovalia.
Pero la firma fue casi a ciegas, sin información, por lo que ahora Ramírez y otros 40 propietarios originarios están peleando en los tribunales que se anulen. Todos y cada uno de ellos está inconforme con la misma situación que no detectaron en el contenido de los contratos: que sus tierras quedaban hipotecadas por tres décadas a favor de las empresas.
“Los contratos son leoninos, cuando se firmaron no teníamos el conocimiento de su contenido, cuando nos explicaron las cláusulas no entendíamos y luego cuando quisimos cambiarlas, la empresa Demex no quiso. Firmaron y se chingaron, nos dijo Fernando Ballesteros representante de la empresa, a pesar de que estaba la promesa de que se iban a revisar los contratos en 2011 y no fue así, y hasta la fecha los quieren hacer válidos”.
Cuando Guadalupe Ramírez firmó el contrato confiaba en que las cosas marcharían bien, pero el día que quiso renovar la hipoteca con Financiera Rural le revelaron su situación: sus tierras estaban hipotecadas a favor de Demex. De inmediato acudió a los tribunales agrarios de Juchitán pero se le negó la anulación. “Hubo presiones por parte del gobernador Gabino Cué para que no se anulara”, afirma la vecina de Unión Hidalgo, municipio donde Demex tiene 2.000 hectáreas contratadas. En esa tierra, la empresa francesa EDF, que creó Eólica de Oaxaca, busca construir un parque de 4.000 hectáreas sobre la zona de riego y en el área pegada al mar.
En Unión Hidalgo, según cuenta Guadalupe Ramírez, pasó algo similar a lo ocurrido en el municipio vecino de Santo Domingo Ingenio: no hubo consulta previa e informada al pueblo, las autoridades municipales se corrompieron y las empresas no cumplieron con los ofrecimientos de trabajo, mejorar las condiciones de la comunidad y cuidar el medio ambiente.
Además de esto, en connivencia con el gobierno de la entidad, las empresas se encargaron de cambiar el régimen de propiedad comunal o ejidal a privada, para que se pudieran firmar los contratos. Incluso, cuando ya hubo necesidad de hacer las asambleas, pagaron para que la gente votara a favor de la instalación de los parques eólicos.
“Estamos peleando contra dos monstruos, contra las empresas y el gobierno, a las comunidades indígenas las aplastan, eso no se vale. Las amenazas van a seguir. Ahorita estamos en manos de una jueza en Oaxaca que detuvo el caso el pasado 23 de marzo porque dijo que las cosas no se están haciendo bien. Pero tiene mucha presión, incluso del gobernador Alejandro Murat”, asegura Guadalupe Ramírez.
En Unión Hidalgo se suceden las hileras de aerogeneradores. Las torres están apenas a escasos metros de una escuela y de una cancha de fútbol. En este municipio, como en el barrio de San Martín, a las afueras de la ciudad de Oaxaca y junto a la zona arqueológica de Monte Albán, la empresa ACS ha instalado como “proyectos sociales y solidarios” escuelas de fútbol del Real Madrid para niños.
En todo México hay 8, repartidas en los lugares donde más inversiones tiene ACS –dos en la Ciudad de México y dos en Oaxaca y una en los estados de Veracruz, Chiapas, Campeche y Chihuahua–. El áurea del Real Madrid congracia a la gente.
De pie ante un aerogenerador, Guadalupe Ramírez pide que se escuche el ruido que producen las aspas y luego apunta a la base de la torre metálica, de donde sale aceite que se derrama en la tierra. Eso, afirma, es contaminación porque el sonido ahuyenta a las aves y el aceite se trasmina a los mantos freáticos. “Nos dieron atole [engañaron] con el dedo y eso está pasando en todos lados”.
La defensa
En 2013, Juchitán albergó un Seminario Internacional sobre Megaproyectos de Energía y Territorios Indígenas llamado El Istmo en la encrucijada. En la declaratoria concluyeron: “No estamos en contra de la tecnología para generar energía mediante las fuentes renovables; pero sí rechazamos su uso a favor del mero lucro de las empresas y en detrimento de los pueblos y de su patrimonio biocultural”.
En San Dionisio del Mar hay un estero natural que durante años ha sido el sostén del pueblo, porque allí pescan el camarón. Los pobladores, indígenas huave, se rigen ancestralmente en asamblea para dirimir sobre sus tierras y otros problemas cotidianos, pero tienen una presidencia municipal y un alcalde, que negoció directamente con las empresas de energía eólica. Querían supuestamente construir un muelle sobre el estero y poder así instalar otro parque eólico. Los habitantes, que ya habían visto a los pueblos vecinos llenarse de aerogeneradores, se opusieron, hasta tal punto de expulsar al alcalde.
“Echamos al presidente municipal porque firmó un convenio con una empresa eólica sin dar conocimiento al pueblo y por ello recibió 24 millones de pesos”, explica Alejandro Sosa López, representante de la asamblea de San Dionisio del Mar. Esta asamblea sustituyó y tomó el Palacio Municipal hace siete años y desde entonces son la autoridad colectiva del pueblo.
Saidel Palafox es un indígena huave de San Dionisio del Mar. La noche del 12 de julio de 2017, junto a otros pobladores de San Mateo, San Francisco del Mar y Álvaro Obregón, quemaron la maquinaria de la empresa Spectra que quiso dragar la barra de arena de Copalito, al considerar que los estaban engañando porque cinco años después seguían con la misma intención de instalar un muelle y un parque eólico sin el permiso de la comunidad.
Desde la playa Saidel mira del otro lado de la barra natural de Santa Teresa y a lo lejos se ven las torres eólicas desafiantes al horizonte marítimo. “Si la empresa quiere entrar otra vez, no les vamos a dejar”, advierte. “Estamos cuidando la tierra y el mar para que no entren las eólicas”, concluye.
Otros artículos del trabajo:
Este trabajo fue realizado por periodistas de Pie de Página y Proceso gracias a la beca Devreporter para la Justicia Global 2018, auspiciada por Lafede.cat. Una primera versión del texto, firmada por José Gil Olmos, Pedro Matias, Marta Molina y Paulina Rios, se publicó en la revista mexicana Pie de Página con el titular ‘El negocio del viento’
