Banco Santander o la descarbonización de palabrería (2)

Ataviada con un gorro morado, un color político que no le gusta mucho, Ana Patricia Botín se embarcaba en una travesía por Groenlandia. A principios del mes de septiembre, Mediaset daba a conocer que la presidenta del Banco Santander había participado en uno de los programas de Planeta Calleja con el objetivo de “comprobar las consecuencias de la subida global de temperaturas en el deshielo de las regiones árticas”. No suele ser habitual ver a empresarios de la talla de Ana Botín en programas de este tipo, sin embargo, la presidenta del Santander y la propia entidad han agarrado con fuerza la bandera de la lucha contra el cambio climático. Aunque los hechos dicen otra cosa.

“Espero que este programa sirva para concienciar a todos de que pasar a la acción es prioritario y urgente”, escribía la empresaria en su recién estrenada cuenta de Instagram. El Santander ha pasado rápido a la acción y se ha convertido en patrocinador de la Cumbre del Clima de Madrid (COP25), donde comparte esponsorización con otros bancos como BBVA o Banco Sabadell. La llamada de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha surtido efecto en el IBEX 35 y las compañías que integran el índice bursátil han copado las plataformas publicitarias del evento.

Además del patrocinio, la propia Ana Botín acudió el primer día de la Cumbre como ponente a uno de los actos, en concreto en la mesa “Descarbonizando la economía: una empresa conjunta”. A pesar de pedir “incentivos” para poder poner en marcha un “crecimiento verde”, la presidenta de la principal entidad financiera de España aseguró que no podía comprometerse a frenar la descarbonización de una manera real: “En Polonia, por ejemplo, el 80% de la energía viene del carbón. ¿Hasta qué punto podemos cortar la financiación a Polonia por esta razón? No sería responsable”, dijo durante su intervención. ¿La explicación? “No podemos dejar de hacerlo”.

Su explicación casa a la perfección con las acciones que la compañía sigue llevando a cabo, las cuales están lejos de permitir considerar al Banco Santander como una empresa que lidera la lucha con el cambio climático, a pesar de haber sido designado el banco más sostenible del mundo por el Dow Jones Sustainability Index. Tanto es así que la financiera ocupa el puesto número 31 (de un total de 33) del ranking global de entidades que más financian la inversión en combustibles fósiles, según el informe Fossil Fuel Finance Report Card 2019. Entre 2016 y 2018, la entidad ha financiado proyectos relacionados con combustibles por valor de 14.973 billones de dólares. Justo a continuación se encuentra BBVA, también patrocinadora de la COP25, con una financiación por valor de 12.080 billones de dólares entre dichos años. 

Si nos fijamos en ciertos epígrafes, el banco cántabro asciende a puestos superiores. Tal es el caso, por ejemplo, de la financiación a la extracción de petróleo y gas en aguas ultraprofundas, donde el Santander se sitúa en el puesto número 5 a nivel mundial. En el epígrafe de la financiación de la importación y exportación de gas natural licuado, se encuentra en el puesto número 20.

Sin embargo, las posiciones que el Santander ocupa en este ranking no es lo único que enturbia la imagen de la compañía a nivel climático. Otro informe realizado por diferentes ONG, Fool’s Gold, asegura que el Santander es el segundo banco de Europa que más financia a empresas energéticas que utilizan el carbón, solo superado por el Unicredit. Según cálculos de las asociaciones que han realizado el informe, el banco cántabro habría prestado casi 3.000 millones de euros a este tipo de empresas.

En diferentes ocasiones, su presidenta se ha comprometido a dejar de financiar centrales eléctricas de carbón haciendo excepciones como la de Polonia. “Estamos apoyando la transición de nuestros clientes hacia una economía baja en carbono. Este objetivo se apoya en el hecho de que somos el líder mundial en financiación de proyectos de energías renovables. Es cierto que estamos presentes en países como Polonia, donde el 80% de la energía procede de combustibles fósiles. No sería responsable dejar de financiar a nuestros clientes de la noche a la mañana y, por tanto, nuestro objetivo es acompañarles en esa transición hacia una economía baja en carbono. Lo que sí hemos dicho que vamos a hacer es no financiar nuevos proyectos de carbón”, han explicado fuentes del Santander a La Marea.

Desde el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) –una de las organizaciones que firma el informe Fool’s Gold–, sin embargo, aseguran a este medio que no pueden considerar al Santander una entidad sostenible “mientras continúe proporcionando sumas sustanciales de dinero a los sectores del carbón, el petróleo y el gas”. Y añaden: “Sí, el banco está proporcionando capital para apoyar las energías renovables, pero estos esfuerzos se ven socavados por su financiación continua a los combustibles fósiles”.

Recientemente, Banco Santander fue seleccionada como una de las entidades financieras encargadas de la salida a Bolsa de la empresa petrolera saudí Aramco, la compañía más contaminante del planeta, responsable de la emisión de casi 60 billones de toneladas de CO2 desde 1965. No es un caso aislado. De la misma forma, como señalaban desde Ecologistas en Acción en los días previos a la Junta General Ordinaria de Accionistas del banco en abril, “merece la pena resaltar el reciente papel que ha desempeñado el Banco Santander en la financiación de una de las empresas más sucias de Europa, la energética PGE (Polska Grupa Energetyczna S.A), cuyo socio mayoritario es el Estado polaco”. El grupo ecologista señala la empresa propietaria de la planta termoeléctrica de carbón de Bełchatów, a la que acusan de ser la más contaminante del continente, y denuncian que tiene planes de expansión a nuevos proyectos de carbón en Opole y Turow: “Ambos superan, por ejemplo, a todas las centrales de carbón existentes en Portugal o equivalen al 20% de las de nuestro país. Sin la financiación que entidades como el Banco Santander les conceden estas empresas difícilmente podrían desarrollar sus planes de crecimiento”, zanjan. 

Carlota Ruiz Bautista, abogada del IIDMA, asegura que “para demostrar realmente su compromiso en la lucha contra el cambio climático y evitar caer en el greenwashing, el Santander debe dejar de apoyar a empresas que planean construir nuevas centrales de carbón y acompañarlas en la transición hacia un modelo de negocio respetuoso con el planeta”.

Puertas giratorias de las empresas constructoras: Acciona

puertas giratorias de Acciona

Durante la Guerra Civil, el Ayuntamiento de Sevilla encargó a la empresa Entrecanales y Távora la construcción de un canal que llevara los vertidos lejos de los barrios ricos. La compañía solicitó al alcalde de Sevilla Ramón de Carranza poder utilizar a los presos como mano de obra para acometer la obra. Tal y como se estableció en el expediente, se procedió a crear el campo de concentración de El Colector para hacinar a los presos, ahora reconvertidos en trabajadores sin sueldo. Entrecanales y Távora fue el germen que dio origen a Acciona. Tal y como cuenta Antonio Maestre en el libro Franquismo S.A. (Akal, 2019), José Entrecanales Ibarra, abuelo del actual presidente ejecutivo de Acciona, hizo una importante fortuna al albor del franquismo –Franco le condecoró el 18 de julio de 1969 con la Gran Cruz de la orden del Yugo y las Flechas–, y situó a su empresa constructora como una de las compañías de cabecera del régimen, tal y como se recoge en la propia web de Acciona: “En los años de la posguerra, la compañía fue muy activa, consolidando su posición como una de las compañías más innovadoras del país”.

Desde entonces, Acciona no ha dejado de cultivar las relaciones políticas, también en democracia. En 2002, el Gobierno de José María Aznar anunciaba la venta de la empresa pública Transmediterránea a un consorcio de empresas lideradas por Acciona y participado por una compañía de Abel Matutes, alcalde de Ibiza durante la dictadura, ministro de Asuntos Exteriores durante la primera legislatura de Aznar y la 45ª persona más rica de España según El Mundo. Por las filas de Acciona ha pasado el también exministro Pío Cabanillas Alonso, que se mantuvo en nómina hasta 2016, además de cargos políticos internacionales y apellidos de relumbrón.

Karen Christiana Figueres Olsen

Secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), desde 2010 hasta el 1 de julio de este mismo año. Desde 2016 es candidata a secretaria general de la ONU. Es hija de José Figueres Ferrer, quien fuera presidente de Costa Rica en tres ocasiones y está considerada una importante experta sobre cambio climático. Es también asesora principal de Cambio Climático para Endesa en Latinoamérica, vicepresidencia del Global Covenant of Mayors for Climate and Energy, miembro de la junta directiva de ClimateWorks y líder para los asuntos de cambio climático del Banco Mundial. Se sienta en el consejo de Acciona desde 2017.

Jerónimo Marcos Gerard Rivero

Asesor del vicesecretario de Finanzas del Gobierno mexicano de Carlos Salinas durante todo su mandato presidencial (1988-1994). En la actualidad es presidente y CEO del Grupo México Retail Properties (MRPP), además de consejero de Acciona desde 2014.

Ferran Rodés i Vilà

Empresario. Ha sido vicepresidente de Havas Media y presidente del Consejo Editorial del diario Ara, el cual fundó, cargos que compaginó con el de consejero delegado de Acciona entre 2009 y 2018. En 2012, la Generalitat de Catalunya le nombró presidente del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible (CADS).

Carmen Becerril Martínez

Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y al Cuerpo de Técnicos Superiores de la Comunidad de Madrid. Desde 1986 hasta 2004 estuvo centrada en el área económica de la Administración General del Estado. En los últimos años se ha centrado en el ámbito de la energía, donde ha alcanzado el puesto de directora general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y de directora general de Política Energética y Minas. También ha participado en el consejo de administración de empresas públicas como Red Eléctrica o Enresa. Su vinculación con Acciona se remonta a 2006, año en el que fue nombrada directora general de Análisis Estratégico e I+D+i. Desde ese año hasta ahora ha ocupado numerosos puestos, entre ellos, directora general de Internacional y responsable del Área de Sostenibilidad Corporativa, además de presidenta de Acciona Energía. Tuvo silla en el consejo de administración desde 2014 a 2016.

Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quiró 

Técnico Comercial y Economista del Estado (‘Teco’). IV Marqués de Valtierra, comenzó su carrera en el Ministerio de Comercio durante los últimos años del franquismo. Posteriormente, ocupó diversos puestos importantes en el Instituto Nacional de Industria (INI), del que fue vicepresidente entre 1979 y 1982. Tras la victoria del PSOE ese mismo año, fue nombrado presidente de Iberia Líneas Aéreas de España. Recientemente ha sido el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España (2012-2018). Padre de Iván Espinosa de los Monteros, vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox, ha sido consejero de Acciona entre 1994 y 2014.

Pío Cabanillas Alonso

Exministro portavoz del Gobierno entre 2000 y 2002, es un rostro conocido dentro del mundo de las puertas giratorias, principalmente dentro del ámbito energético. Se encontraba dentro del Gobierno cuando José María Aznar aprobó el Real Decreto 1432/2002, mediante el cual se fijaba un límite legal al precio de la luz, una idea del por entonces vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, cuyo objetivo era contener la inflación. Las eléctricas alzaron la voz y se puso en marcha el conocido ‘déficit de tarifa’, un plus que aparece en la factura de la luz de los hogares españoles, pensado para compensar a estas compañías. Cabanillas terminó recalando en Endesa como director general Comunicación (2007-2009) y en Acciona, primero como director general adjunto a la presidencia (2007) y, posteriormente, como director general de Comunicación e Imagen Corporativa (2009-2016).

Joaquín Mollinedo

Vinculado a Acciona desde el año 2008, en la actualidad ocupa el cargo de director general de Relaciones Institucionales, Sostenibilidad y Marca de la compañía. Anteriormente, como abogado, había ejercido como jefe de sección de Estudios e Informes en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y como letrado y secretario general del Parlamento de La Rioja.

Iberia o contaminar a golpe de talonario (1)

Iberia, COP25, COP 25

“Nuestro compromiso: cero emisiones netas para 2050”. El lema podría ser de cualquier empresa que se anuncia en la Cumbre del Clima de Madrid, la COP25. Stands, grandes carteles, pantallas gigantes por las que desfilan logotipos de marcas, photocalls, lo vagones del metro forrados de publicidad… Cuesta distinguir la COP25 de algunas de las múltiples ferias que se celebran en IFEMA a lo largo del año. 

Viendo a Endesa, Iberdrola o Acciona entre las principales empresas patrocinadoras, hay quien podría pensar que estamos en una feria de la energía. O en un evento financiero con Santander, BBVA y Banco Sabadell como cabezas de cartel.

El lema del principio, en concreto, pertenece a la aerolínea española Iberia, Patrocinador Plata de la Cumbre del Clima que, como la mayoría de las compañías, ha decidido lanzar sus mensajes en futuro. Reduciremos, haremos, seremos. Iberia pertenece a International Airlines Group (IAG), un holding formado tras la fusión de Iberia LAE y British Airways en 2011 que dio lugar a la tercera aerolínea más grande de Europa y provocó el desplazamiento de más de 100 millones de personas al año.

En esta ocasión, la multinacional promete “cero emisiones netas para 2050”, un objetivo que en realidad ha sido marcado por su matriz IAG. “Este plan lo que dice es que van a apostar por la eficiencia, renovando la flota de aviones, por ejemplo. Lo que pasa es que si se duplica o se triplica el número de vuelos, la eficiencia no será suficiente no ya para reducir emisiones sino para no aumentarlas”, explica Nuria Blázquez, responsable de Transporte en Ecologistas en Acción.

De una forma muy similar se expresa Andrew Murphy, responsable de aviación en la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente (T&E): «El cero neto para 2050 es justo donde debemos llegar a más tardar. Por lo tanto, esto es bienvenido. Sin embargo, IAG ha dicho que llegará allí mediante el uso de compensaciones, y esto es algo que no funcionará. Todos los sectores deben reducir las emisiones a cero, y eso incluye a las aerolíneas. Para 2050, necesitamos cero emisiones en todo el mundo, por lo que no habrá lugar para que una aerolínea compre reducciones de emisiones en otros lugares», explica en declaraciones a La Marea. A pesar de ello, el experto no culpa únicamente a las aerolíneas: «El problema no es lo que las aerolíneas hacen (¡o no hacen!), es lo que los gobiernos no han podido hacer. Han dejado al sector libre de impuestos y sus emisiones no reguladas, y eso tiene que terminar».

El holding ha establecido una reducción progresiva de sus emisiones comenzando con un 10% menos en 2025 y un 20% en 2030. Como bien señala la experta, la compañía apuesta por la renovación de la flota, la reducción del peso y de los residuos a bordo, la utilización de energías renovables, etcétera. Así, en 30 años, la compañía asegura que podría alcanzar las cero emisiones netas. Unas fechas aparentemente alejadas para una compañía que cerró el año 2018 con un beneficio de casi 2.900 millones de euros, un 44,2% más respecto al ejercicio anterior.

Las aerolíneas se han convertido en el centro de las miradas climáticas después de que por primera vez en la historia, una compañía aérea se colase entre las 10 empresas más contaminantes de Europa. Fue el caso de Ryanair, que en 2018 declaró la emisión de 9,9 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. “Ryanair es el nuevo carbón”, declaró Andrew Murphy cuando se conocieron los datos, quien también en ese momento volvió a asegurar que el sector de la aviación estaba poco regulado y debía pagar más impuestos.

Iberia, por su parte, ha aumentado las emisiones directas de gases de efecto invernadero tanto en 2017 como en 2018, pasando de 5,44 millones de toneladas de CO2 en 2016, a 5,49 mt en 2017 y a 5,90 mt el pasado año (sumando las emisiones de Iberia y su línea de bajo coste Iberia Express). Según explica la compañía en su último informe anual, “el incremento de emisiones directas en el año 2018 se debe al aumento de las operaciones de vuelos y del número de aeronaves”. También se incrementaron emisiones indirectas en tierra de alcance 2 y 3, como consecuencia “del mayor consumo de energía eléctrica y el mix energético español” y del “aumento de la plantilla”.

En el caso de IAG, las emisiones directas asociadas con los vuelos también han crecido año tras año, aunque, según aseguran en su informe anual, lo han hecho “a un ritmo menor que la actividad de las aerolíneas”. Sin embargo, lo cierto es que desde 2014 a 2018, la compañía ha pasado de emitir 25,22 millones de toneladas de CO2 a casi 30 millones de toneladas. El holding asegura que contribuyó con una reducción aproximada de 3 millones de toneladas de emisiones de carbono al cumplir con el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (RCDE UE): «[Esto] situó nuestras emisiones netas de CO2 en unos 27 millones de toneladas (cifra provisional pendiente de verificación por parte del RCDE UE)”.

Según explica Blázquez, los planes de alcanzar las emisiones netas de CO2 lo único que establece es que las compañías compensarán esas emisiones mediante tasas económicas. “Pero esto no sirve porque lo que deben hacer es reducir el número de emisiones. Pagando tasas lo único que consiguen es que sus pasajeros laven su conciencia”, explica la responsable de Transporte de Ecologistas, quien asegura que lleva unas semanas persiguiendo a diferentes responsables de la industria de la aviación para invitarles a un evento organizado durante la COP 25 sin obtener respuesta. “Esto ya dice mucho de la diferencia entre lo que venden y lo que hacen. Se defienden bien en la publicidad pero si lo que dijesen fuese creíble, ¿por qué no iban a venir?”, se pregunta.

En el mismo informe anual de IAG, el holding asegura que el consumo de electricidad renovable por parte de compañías como Iberia o Vueling había sido del 0%, mientras que otras compañías del grupo como Aer Lingus o British Airways habían consumido un 52% y 61%, respectivamente.

Según el informe La responsabilidad social corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35, realizado por el Observatorio de Responsabilidad Corporativa en el ejercicio 2017, IAG es la segunda empresa que menor puntuación obtiene en el plano medioambiental, solo por delante de Amadeus. «La única prueba de las credenciales climáticas de una aerolínea es si presionan a favor o en contra de medidas climáticas ambiciosas. IAG debería apoyar la iniciativa de la nueva Comisión Europea de gravar el combustible para aviones, que en la actualidad permanece completamente libre de impuestos en Europa», ha explicado Andrew Murphy.

En la actualidad, la industria de la aviación emite casi 900 millones de toneladas de CO2 al año, lo que vendría a suponer aproximadamente un 2% del total en el mundo. El 65% de estas emisiones las provocan los vuelos internacionales. Si la tendencia de crecimiento se mantienen al como ahora, al 5%, la industria consumiría una cuarte parte del presupuesto de carbono disponible para contener el aumento de la temperatura del planeta por debajo de 1,5ºC.

La aerolínea no ha respondido a las preguntas enviadas por este medio.

Endesa repite como la empresa más contaminante de España y otras noticias del IBEX 35

endesa contaminación

En La Marea elaboramos un resumen con noticias destacadas del IBEX 35 y otros temas económicos relevantes. Sin tu apoyo, este espacio no sería posible:

CRISIS CLIMÁTICA

Endesa, Repsol, Naturgy, EDP, ArcelorMittal, Cepsa, Viesgo, Iberdrola, Cemex y Lafargeholcim. Estas son las 10 empresa más contaminantes de España según el informe Emergencia Climática en España del Observatorio de Sostenibilidad. Endesa, posible patrocinadora de la COP25 que se celebrará en Madrid en diciembre, es, con mucha diferencia, la empresa que más emisiones realiza en España, siendo responsable del 23% de las emisiones industriales y de un 9,3% de todas las emisiones que se expulsan a la atmósfera. Le siguen, aunque bastante alejadas, Repsol y Naturgy.

SANCIONES E INVESTIGACIONES

Preocupación en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por los diferentes casos de “presuntas prácticas irregulares” que salpican a varias empresas del IBEX 35. A través de un comunicado, el regulador advierte de que “este tipo de situaciones puede comprometer la imagen y reputación” del mercado de valores. A pesar del toque de atención de la CNMV, no hay ninguna mención directa a compañías como BBVA, Indra o Fomento Contrata y Construcciones (FCC), las cuales se encuentran imputadas como personas jurídicas por casos relacionados con la presunta corrupción. El supervisor considera esencial que las empresas cuenten con “políticas y controles adecuados” para prevenir este tipo de prácticas.


Dentro del capítulo especial dedicado a la relación entre el excomisario José Manuel Villarejo y diferentes empresas del IBEX, esta semana Iberdrola ha anunciado en un comunicado que “se ha personado hoy como interesada en la pieza abierta por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en torno al portal Moncloa.com para garantizar el derecho fundamental a recibir información veraz”, pidiendo que el juez no permita la publicación de más audios y remarcando que la posición de la eléctrica “ha sido, es y seguirá siendo de máxima transparencia y colaboración con la Administración de Justicia”. Además, según informa El Confidencial, Iberdrola ha requisado tanto los móviles como los ordenadores de sus directivos con la intención de buscar posibles delitos. El responsable de seguridad, Antonio Asenjo, ha sido imputado a instancias del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.


Banco Santander tendrá que devolver 500.000 euros a un matrimonio jubilado después de que el Juzgado de Primera Instancia Número 18 de Madrid haya declarado nulas las obligaciones subordinadas de Banco Popular que la pareja suscribió en julio de 2011. Según el juzgado, tanto el hombre como la mujer no tenían conocimientos en materia financiera para evaluar el riesgo que suponía la compra dichas obligaciones.

FISCALIDAD

La Agencia Tributaria ha publicado por primera vez los datos fiscales de más de un centenar de multinacionales españolas y sus más de 16.000 filiales repartidas por todo el planeta. Según los datos, estas grandes compañías pagaron en 2016 algo más de 11.500 millones de euros por el Impuesto sobre Sociedades, lo que supone un 12,6% de su beneficio a nivel mundial, que ese año se cifró en 92.000 millones de euros. La AT avisa de una “gran dispersión” en los tipos impositivos puesto que algunas compañías tributaron al 0,3%, otras al 5,8% y otras al 13,1%. Entre las reacciones a esta noticia, Izquierda Unida ha denunciado “el ‘trilerismo fiscal’” de estas grandes compañías. 

LABORAL

Banco Santander ya ha eliminado a la mitad de los trabajadores que absorbió cuando compró los bancos Popular y Pastor por un euro en 2016. La entidad cántabra ha cerrado finalmente el segundo expediente de regulación de empleo (ERE), que pactó con los sindicatos en junio, con 3.069 despidos, algo menos de los 3.223 firmados en verano. Prácticamente la totalidad han sido adhesiones voluntarias (3.030) a excepción de algunas salidas forzosas (39). A esto se le suman las 1.100 bajas que supuso el ERE de los Servicios Centrales de 2018 y el cierre de casi el 75% de las oficinas absorbidas.


Seat, por su parte, ha planteado también esta semana un ERE temporal que afectaría a unos 6.600 trabajadores de su planta de Martorell (Barcelona). El despido colectivo se llevaría a cabo si no se consigue un acuerdo con los sindicatos para modificar el calendario laboral tras perder turnos de trabajo debido al incendio sufrido por Faurecia y así poder equilibrar la carga de trabajo. Los sindicatos rechazan la medida al no considerarla efectiva como forma de reajuste de las horas perdidas a causa de la falta de suministros.


Según informa El Independiente siguiendo los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo han crecido un 32% en los primeros nueve meses de 2019 respecto al mismo periodo de 2018. De enero a septiembre, 54.201 personas se han visto afectadas por este tipo de despidos colectivos. El medio pone como ejemplo los grandes ERE puestos en marcha por compañías como Banco Santander, CaixaBank, Vodafone o Ford. Industria y servicios fueron lo sectores que más despidos aglutinaron.

El espionaje de Iberdrola y Villarejo a Florentino Pérez y otras noticias del IBEX 35

Florentino Pérez, presidente de la constructora ACS y el Real Madrid. Foto: REUTERS / Juan Medina.

La serie sobre la relación entre el excomisario José Manuel Villarejo y diferentes empresas del IBEX 35 parece no tener fin. En esta ocasión, según los audios desvelados por El Confidencial y el portal Moncloa.com, Iberdrola habría encargado a Villarejo que espiara y encontrara información comprometida sobre Florentino Pérez, actual presidente de ACS y del Real Madrid, que por aquellos años intentaba ampliar su participación en la eléctrica y entrar en su consejo de administración, una información que adelantó Público.es hace algunas semanas.

El jefe de seguridad de Iberdrola hasta hace apenas un mes, Antonio Asenjo, fue quien habría realizado el encargo al policía, según los audios publicados (“me sale más barato matarle”, le espetó Asenjo a Villarejo cuando este solicitó más recursos para la investigación al empresario de la construcción). “En una semana: fuera, muerto, ya está”. Ante estos hechos, Florentino Pérez ha decidido personarse como acusación particular en la pieza separada del caso Tándem –más conocido como caso Villarejo– que investiga la relación del excomisario con Villarejo.

Sin embargo, esta semana se ha producido una vuelta de tuerca más en el caso. El propietario del portal Moncloa.com, Alejandro Suárez, ha sido imputado por un presunto delito de extorsión. La Audiencia Nacional sospecha que Suárez habría estado usando los documentos sonoros que figuran en su poder y que comprometen a importantes empresarios para extorsionarles y obtener un rédito político.

El escándalo en el que Iberdrola se ha visto envuelta puede provocar un daño que va más allá de lo reputacional. Norges Banks Investment Management, el fondo soberano de Noruega, tercer máximo accionista de la compañía eléctrica, ha hecho un guiño a la posibilidad de abandonar el accionariado para evitar exponerse a “riesgos inaceptables”, añadiendo que “no debe invertirse en empresas que a través de su conducta contribuyan a infracciones de normas éticas fundamentales”.

Algo similar podría ocurrirle con los créditos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), una de las entidades financieras a las que suele acudir con más frecuencia. Sin embargo, el código ético del ente público asegura que “el BEI no tolerará ninguna práctica prohibida en el ejercicio de sus actividades”, por lo que podría suspender las ayudas a Iberdrola.

SANCIONES E INVESTIGACIONES

Y otro coletazo más del caso Villarejo. El pasado lunes, el expresidente del BBVA Francisco González acudió a la Audiencia Nacional para prestar testimonio en calidad de imputado por las presuntas relaciones bajo su mandato entre la entidad vasca y el excomisario. En todo momento, el banquero gallego “el grupo BBVA y sus directivos han sido siempre ejemplares y han trabajado con integridad”. González, uno de los grandes prohombres del IBEX, dejó la presidencia de BBVA hace un año aproximadamente. En marzo de este año hizo lo propio con la presidencia de honor para evitar un daño mayor en la reputación del segundo banco más importante de España.


El hackeo del teléfono personal del expresidente de Panamá Juan Carlos Varela revela una presunta connivencia para favorecer la contratación de la constructora Fomento Contratas y Construcciones (FCC) y Odebrecht frente a otras como Acciona u OHL. Según los WhatsApps filtrados y publicados en el sitio web Varela Leaks, el expresidente panameño habría pedido al que fuese ministro para Asuntos del Canal y también director general de Metro de Panamá, Roberto Roy, que llamase a Carlos Slim –máximo accionista de FCC– para poner en marcha la negociación del contrato para la ampliación de la línea 2 de metro, la cual finalmente fue adjudicada a la compañía del magnate mexicano. A petición de la Fiscalía Anticorrupción, la constructora ha sido imputada por un delito de blanqueo, cohecho y organización criminal entre 2009 y 2015.


Nuevo supuesto cártel de empresas investigado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En este caso, el superregulador investiga a varias empresas relacionadas con el sector inmobiliario que presuntamente se habrían estado intercambiando “información comercial sensible” y concertando precios y comisiones en operaciones de compraventa de vivienda. Competencia ha realizado investigaciones en las sedes para poder aclarar los sucedido.

CRISIS CLIMÁTICA

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, más conocida como COP 25, estará patrocinada por gran parte de las empresas del IBEX 35. La cita, que se celebrará en Madrid entre el 2 y el 13 de diciembre, costará unos 86 millones de euros al Estado español. Para aligerar la factura, la ministra para la Transición Ecológica en funciones Teresa Ribera intenta recabar apoyos económicos de las grandes empresas españolas. Iberdrola –una de las 10 compañías más contaminantes de España– y Banco Santander –la 31ª entidad bancaria que más proyectos de extracción de combustibles fósiles financia a nivel mundial– han dado un paso adelante y estarían dispuestas a patrocinar el evento con hasta 2 millones de euros. Otras empresas como Endesa, Repsol, Naturgy, Acciona, Banco Sabadell, BBVA o CaixaBank también estarían dispuestas a financiar la Cumbre.

LABORAL

Entre enero y septiembre de este año, 51 autónomos han perdido la vida en accidente laboral según las cifras oficiales del Ministerio de Trabajo. De ellos, 47 fallecieron durante el ejercicio de su trabajo y el resto, de camino o de vuelta de su lugar de empleo. Con 20 trabajadores fallecidos, el sector servicios es el que presenta una mayor mortalidad. Es también el ámbito en el que más accidentes no mortales se producen: un total de 12.648, de los cuales 230 fueron graves. Le sigue el sector de la construcción con 14 muertes.


Un trabajador ha muerto y otros cuatro han resultado heridos tras producirse una importante deflagración en la presa del embalse de Cijara, en la provincia de Badajoz. El accidente se ha producido mientras se realizaba una revisión del sistema antiincendios de la central gestionada por Endesa.

La imputación del expresidente del BBVA por el caso Villarejo y otras noticias del IBEX 35

BBVA y villarejo

En La Marea elaboramos un resumen con noticias destacadas del IBEX 35 y otros temas económicos relevantes. Sin tu apoyo, este espacio no sería posible:

SANCIONES E INVESTIGACIONES

El expresidente de BBVA Francisco González ha sido imputado esta semana por sus presuntas relaciones laborales con el excomisario José Manuel Villarejo. De esta forma, Manuel García Castellón, magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha tomado la decisión de citar como investigado al empresario un día después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiese su imputación por delitos de cohecho y revelación de secretos. González vio salpicada su carrera como uno de los empresarios más importantes de España al conocerse los trabajos de Villarejo para BBVA durante los años su mandato. Según la Fiscalía, el excomisario habría cobrado más de 10 millones de euros de la entidad, en algunos casos para la realización de trabajos ilegales, algo que ha provocado la imputación de propio BBVA como persona jurídica. González deberá acudir a declarar a la Audiencia Nacional el próximo 18 de noviembre.


Abengoa reconoce que realizó una manipulación contable de la ejecución de los contratos que consiguió en el Ave Meca-Medina, en Arabia Saudí. Según un informe de KPMG al que ha tenido acceso El Confidencial, las irregularidades apuntan directamente a Felipe Benjumea, presidente hasta 2015, y al actual secretario de Estado de Energía en funciones, José Domínguez Abascal, sucesor de Benjumea hasta febrero de 2016. La investigación de KPGM ha sido aportada por Abengoa al juzgado de instrucción número 3 de Sevilla, donde se investiga la querella presentada por este asunto y que ya suma 11 imputaciones.


La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una sanción de más de 77 millones de euros a Atresmedia y Mediaset “por prácticas anticompetitivas en la comercialización de la publicidad en televisión”. Según Competencia, ambos grupos mediáticos ha venido desarrollando políticas comerciales publicitarias que han desembocado en una concentración que supera el 85% del mercado. Esta práctica provoca una limitación de la “capacidad del resto de canales de televisión para captar ingresos por publicidad, con riesgo de verse expulsados del mercado”. Para conseguirlo, Atresmedia y Mediaset imponían a sus anunciantes una “elevada cuota mínima de inversión”, cuyo incumplimiento podría ser penalizado, consiguiendo así concentrar gran parte de su presupuesto de publicidad televisiva.

PUERTAS GIRATORIAS

En 2014, el Gobierno presidido por Mariano Rajoy realizó una intervención para “garantizar la viabilidad” de la compañía Amper Programas de Electrónica y Comunicaciones S.A, una filial del Grupo Amper, la cual fue vendida al grupo francés Thales. El que era ministro de Defensa, Pedro Morenés, fue el encargado de dirigir la operación y de dar el visto bueno a la transacción. Cinco años después, el que fuese titular de la cartera de Defensa se convierte en presidente de la empresa Amper Ingenio, filial del mencionado grupo. El fichaje ha recibido el visto bueno de la Oficina de Conflicto de Intereses y ha sido publicado en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado.

IGUALDAD

Las mujeres solo ocupan el 15,6% de los puestos en los Comités de Dirección del IBEX 35. El dato lo recoge el segundo informe ‘La mujer en los puestos claves de las empresas del IBEX 35’ elaborado por Atrevia y Eje&Con. De los 473 altos directivos que componen estos órganos en las 35 empresas del IBEX, “tan solo 74 son mujeres”, lo que supone una importante brecha de género. Una brecha que se acentúa en empresas como Acerinox, ACS, ArcelorMittal, Cellnex, MásMóvil o Siemens Gamesa, las cuales no tienen a ninguna mujer en sus comités de dirección. Este dato es incluso peor que el de la presencia de mujeres en los consejos de administración, las cuales representan el 23,5%, ocupando 110 sillones de un total de 469, lejos del 30%, el objetivo marcado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para 2020.

TECNOLOGÍA

El pasado lunes, The Wall Street Journal publicaba una noticia que desató la polémica a nivel mundial: Google había recopilado los datos médicos de millones de personas en Estados Unidos sin su permiso. La operación se había llevado a cabo gracias al acuerdo entre Google Cloud y la red de hospitales Ascension y había recibido el nombre de Proyecto Nightingale. Entre los datos se encuentran, por ejemplo, diagnósticos médicos, resultados de pruebas, nombres de los pacientes, fechas de nacimiento… El objetivo Google es desarrollar aplicaciones de análisis médicos, una nueva vía de negocio en la que se fijan otros gigantes tecnológicos. Algunos días después de conocerse la noticia, el presidente de Google Cloud, Tariq Shaukat, aseguró que “los datos médicos no pueden usarse para ningún otro fin que no sea proveer estos servicios que ofrecemos bajo el acuerdo, y los datos de los pacientes no se pueden combinar con ninguna información de Google sobre los consumidores”.

Técnicas Reunidas, Sabadell e Indra, las tres peores empresas del IBEX 35 en materia informativa

lobby Técnicas Reunidas

El Informe Reporta de 2019 ha coronado a Técnicas Reunidas, Banco Sabadell e Indra como las tres peores empresa del IBEX 35 en materia informativa. Este barómetro, que analiza la calidad de los informes y memorias que las grandes compañías ponen a disposición de sus accionistas, otorga 20,7, 42,9 y 46 puntos de 100 posibles, respectivamente, a estas tres empresas, siendo Técnicas Reunidas la peor valorada con mucha diferencias respecto de las siguiente. La compañía de los Lladó obtiene la peor puntuación en tres de los cuatro ejes del informe: Accesibilidad, Relevancia y Compromiso. En Transparencia, la peor valorada es Indra, recientemente imputada en la trama Púnica. Mirando hacia arriba, las tres empresas que obtienen mejor valoración son Red Eléctrica, Endesa y Acciona, con 84,9, 86,4 y 83,8 puntos, respectivamente.

CRISIS CLIMÁTICA

Aramco, la petrolera estatal saudí, anunció el pasado domingo su próxima salida a Bolsa tras obtener el permiso de la Autoridad de Mercados de Capital (AMC) del reino saudita. Aramco es la mayor petrolera del mundo, y ahora será también la compañía cotizada más importante por delante de gigantes como Apple, Google, Amazon o Microsoft. El precio y la fecha de salida todavía no han sido anunciados, aunque se espera que se conozca esta misma semana. El director ejecutivo, Amin al Naser, recordó durante el anuncio que Aramco generó más de 111.000 millones de dólares en ingresos netos durante el año 2018. Este año, hasta el 30 de septiembre, ha generado 68.000 millones de dólares. Banco Santander ha sido uno de los bancos encargados de la salida a Bolsa de la petrolera, la empresa más contaminante del planeta.


En mayo de 2017, Siemens Gamesa Renewable Energy se adjudicaba 206 MW de energía eólica tras una subasta de derechos regulatorios organizada por el entonces ministro Álvaro Nadal (PP). Dos años y medio después, la compañía ha vendido estos derechos a otras empresas como Iberdrola, Viesgo, Falck Renewables o WPD. Según El Confidencial, “desde que Siemens Gamesa decidió ir a la subasta, la compañía tenía claro que su objetivo final no era explotar los parques sino transmitirlos antes de la puesta en operación”. Unos proyectos que juegan con ventaja puesto que tienen derecho a un suelo retributivo para los próximos 25 años.

SANCIONES E INVESTIGACIONES

La Audiencia Nacional ha imputado a Fomento Contratas y Construcciones (FCC) por presunta corrupción y por blanqueo. Los hechos imputados a la constructora propiedad del magnate Carlos Slim se habrían producido entre 2009 y 2015, años en los que FCC habría pagado 82 millones de euros en comisiones para la adjudicación de dos líneas de metro y de la Ciudad de la Salud en Panamá. Según el auto del juez, los directivos de las filiales que formaban parte del consorcio liderado por Odebrecht armaron “un esquema de corrupción repetido” para provocar “sobrecostes” en los contratos de suministro de acero para facturar el doble del precio real y así poder pagar sobornos a empleados y dirigente políticos panameños.


El Consejo de Ministras acuerda el cierre “definitivo” del almacén de gas Castor. En la rueda de prensa posterior, la vicepresidenta Carmen Calvo ha señalado que el encargo de desmontar el almacén “en seis meses” ha sido conminado a Enagás tras reconocer que no existe “ninguna garantía” de que el proyecto pueda seguir funcionando en un futuro respetando las condiciones de seguridad para personas, bienes y medioambiente. El almacén ha estado bajo el foco mediático desde su construcción por diferentes irregularidades en su proceso. El megaproyecto, que provocó casi un millar de seísmos fue adjudicado sin competición ni concurso público a Escal, una de las más de 1.200 empresas del grupo ACS. Varios colectivos presentaron una querella criminal contra Florentino Pérez, presidente del grupo, y contra varios exministros de la época de José Luís Rodríguez Zapatero y del primer mandato de Mariano Rajoy por sus posibles responsabilidades. Los delitos que contempla la querella son estafa, prevaricación, fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos.


Nuevo capítulo en la relación de Iberdrola con el excomisario José Manuel Villarejo. Esta semana, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, el juez Manuel García Castellón, ha decidido abrir una pieza separada en el caso Tándem para investigar los trabajos realizados por el excomisario a la multinacional energética. Según las informaciones desveladas por diferentes medios, la relación entre Iberdrola y Villarejo se remonta a 2004 y habría durado 13 años, hasta 2017. Entre los trabajos encomendados al excomisario se encontrarían el espionaje a competidores, organizaciones ecologista y sindicalistas de la propia compañía


El consejo de administración de Prisa, en un consejo extraordinario, ha cerrado filas en torno a su presidente Javier Monzón, recientemente imputado en la trama Púnica. Así, el máximo órgano de la compañía editora de El País, se ha posicionado del lado de inversores como Banco Santander o Telefónica, quienes abogaban por mantener a Monzón, frente a otros como Amber Capital o HSBC que pedían su destitución. Monzón fue imputado por su etapa como presidente de Indra, empresa que también está siendo investigada por presuntamente participar de la financiación ilegal del Partido Popular.

LABORAL

Peligrosa sentencia para los trabajadores emitida por el Tribunal Constitucional. El TC avala el despido de una trabajadora por absentismo laboral pese a que todas sus bajas estaban acreditadas con justificantes. A pesar de que no todos los Magistrados estuvieron a favor, finalmente el Tribunal consideró que el estatuto de los trabajadores permite el despido cuando un empleado acumula faltas a su puesto de trabajo de manera reiterada, aunque estas estén totalmente justificadas. Esta sentencia sienta jurisprudencia por lo que más trabajadores podrían ser despedidos por este mismo motivo. 


Cae en picado el número de horas extra realizadas por los asalariados españoles durante el tercer trimestre sin cobrar nada a cambio. Así, según los datos de la EPA, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la caída entre el 1 de junio y el 30 de septiembre es del 23,7%, pasando de 2,91 a 2,22 millones de horas extra semanales. Este dato es el segundo más bajo desde que el INE incluyó este recuento a principios de 2008, y coincide con la entrada en vigor del registro de jornada a mediados de mayo. El tema de las horas extra no remuneradas representa un gran problema para los trabajadores y trabajadoras y para la Agencia Tributaria. Tanto es así que entre 2012 y 2016, las horas extra no pagadas superaron en volumen a las sí pagadas.