Las puertas giratorias de Cospedal y Sémper y otras noticias económicas

Sémper; Cospedal

En La Marea elaboramos un resumen semanal de las noticias más destacadas del IBEX 35 y de otras grandes empresas de nuestro país. Te contamos la situación judicial de estas compañías, sus prácticas irregulares, sus puertas giratorias o sus condiciones laborales, entra otros muchos temas. Sería imposible hacerlo sin tu ayuda. Suscríbete a la revista desde 40 euros al año o realiza una aportación al proyecto #yoIBEXtigo desde 5 euros para que podamos seguir informando con independencia.

PUERTAS GIRATORIAS

María Dolores de Cospedal, ex ministra de Defensa y antigua secretaria general del Partido Popular, será la nueva socia principal del bufete CMS Albiñana & Suárez de Lezo Madrid. Hasta ahora, la candidata a las primarias del PP había ejercido como abogada del Estado en el Tribunal Supremo después de que renunciase a su escaño en el Congreso en noviembre de 2018. Según el bufete, de Cospedal se encargará de coordinar a un equipo de 27 abogados que realizarán trabajos en materia de derecho procesal civil y mercantil, concursal, penal, económico y contencioso-administrativo, además de litigación bancaria, entre otros. El bufete ha destacado la “trayectoria profesional, prestigio y su altísima calidad humana”. La ex ministra será competencia de Soraya Sáenz de Santamaría, socia y miembro del consejo de administración del bufete de abogados Cuatrecasas.


La despedida política más mediática de la semana ha sido el de Borja Sémper, presidente del Partido Popular de Guipúzcoa, molesto con la deriva polarizadora que había tomado su partido, acercándose a los postulados ultras de Vox. Sin embargo, Sémper se ha asegurado un nuevo puesto de trabajo antes de abandonar la política: será el director de relaciones institucionales de Ernest&Young (EY), una de las cuatro consultoras más importantes a nivel mundial (big four). Su incorporación será efectiva en febrero.


El ex policía Francisco Javier Gudiña ha sido contratado por CaixaBank como nuevo responsable de seguridad de la entidad, según ha publicado el diario económico Expansión. De esta forma, Gudiña –que trabaja para el área de Seguridad de CaixaBank desde 2015– vendría a sustituir a otro policía, el ex comisario Miguel Ángel Fernández Rancaño. A pesar de que Fernández Rancaño se jubiló en 2019, seguirá llevando a cabo otras actividades dentro de la financiera, puesto que recientemente fue nombrado administrador único de Clever Wave, una compañía controlada por Criteria Caixa y cuyo objeto social son los servicios de vigilancia. Gudiña, por su parte, ha sido jefe de la comisaría de Ferrol y jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial de La Coruña, entre otros cargos.

SANCIONES E INVESTIGACIONES

El banquero Jaime Botín, ex presidente de Bankinter, ha sido condenado a un año y medio de cárcel y al pago de una multa de más de 50 millones de euros por intentar sacar de España un cuadro de Pablo Picasso. El hermano del fallecido Emilio Botín fue acusado de contrabando por intentar sacar del país ‘Cabeza de mujer joven’, una obra de arte tasada en 26 millones de euros, a pesar de que tanto el Gobierno como la Justicia lo prohibieron. La sentencia establece que el cuadro formaba parte del patrimonio histórico español por lo que no podía salir del país sin permiso, algo que Botín intentó incumplir para vender la obra. Al parecer, el banquero se reunió en secreto con el ex ministro de Cultura José Guirao con la intención de rebajar su condena a cambio de exponer el picasso. La defensa ha asegurado que interpondrá un recurso de apelación en la Audiencia Provincial de Madrid.


Ricardo Currás, ex consejero delegado del Grupo DIA, ha sido imputado por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional acusado de los cargos de administración desleal y fraude en las cuentas por, presuntamente, haber engrosado las cuentas de la compañía minorista en 2017. El magistrado Alejandro Abascal le acusa de haber llevado a cabo “prácticas irregulares” para incrementar de forma ficticia las cuentas en más de 50 millones de euros. Según el auto para conseguir los objetivos del ejercicio, puesto que era imposible hacerlo, “Currás ideó un plan —que en parte implicaba la utilización de prácticas irregulares previas— para alterar ciertas magnitudes” y así proporcionar “una apariencia de sólida gestión y alcanzar el cobro del variable por objetivos”. También ha sido imputado su número dos Amando Sánchez Falcón.


José Antonio del Olmo, antiguo responsable de Control y Administración de Iberdrola es el testigo clave del caso que relaciona a la eléctrica con el ex comisario Villarejo. Del Olmo fue quien firmó el informe interno en el que se explican cuáles fueron los encargos que la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán hizo al ex policía. Es por ello que el próximo martes 21 de enero ha sido citado en calidad de testigo en el Juzgado Central de Instrucción número 6, donde el magistrado Manuel García-Castellón investiga a Iberdrola en una pieza separada del caso Tándem, donde se investiga todo lo relacionado con Villarejo. La compañía ha iniciado acciones legales contra del Olmo, al que acusan de mantener una actitud “obstructiva”.


El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, encargado de la instrucción del caso Púnica –además del caso Tándem–, ha levantado esta semana la imputación a Javier Monzón, ex presidente de Indra y, en la actualidad, presidente no ejecutivo del Grupo PRISA. En su auto, García-Castellón asegura no haber encontrado pruebas que sitúen a Monzón como “autor, cómplice o encubridor” del presunto traspaso de fondos de Indra al PP madrileño para financiar de forma irregular las campañas electorales de Esperanza Aguirre. Indra, sin embargo, sigue imputada como persona jurídica.

LABORAL

A los empresarios españoles “les dan miedo” las medidas del nuevo Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. Así lo ha asegurado el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, esta semana. La patronal siempre ha sido beligerante con la entrada de UP en el Gobierno de la nación, si bien en los últimos días ha reconocido que el Ejecutivo es “legítimo”, un discurso que choca con el que ha mantenido Vox en las últimas semanas. Según las cuentas de Garamendi, los gastos alcanzarán los 25.000 millones de euros mientras los ingresos solo serán de 6.200 millones de euros. Todo esto provocaría, según la CEOE, que el déficit público llegue este año al 3,5% del PIB. Además, han calificado la reforma laboral de Mariano Rajoy como una medida “valiente”.


Según el último Boletín del Observatorio de la Negociación Colectiva del Ministerio de Trabajo, edita el Ministerio de Trabajo, el mes de noviembre finalizó con el menor número de convenios colectivos en lo que va de siglo: 3.431 convenios. Además, estos solo amparan a 9,21 millones de trabajadores, la cifra más baja también desde los 2000. ¿La causa? La modificación del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores que se produjo durante la reforma laboral del 2012, que permitía que la empresa regulase sus propias normas en lugar de ser pactadas con la plantilla, lo que ha acarreado pérdidas de derechos laborales para los trabajadores y precariedad.


En septiembre de 2019, El País denunciaba que los trabajadores discapacitados de Integra, perteneciente a Clece, del Grupo ACS, estaban siendo explotados en su trabajo en el Palacio Real, realizando jornadas muy por encima de lo que marcaban sus contratos y sin cobrar dichas horas extra, las cuales, además, están prohibidas según el convenio para personas con discapacidad. Ahora, cuatro meses después, la inspección de trabajo ha corroborado tres infracciones “graves”: el impago de las horas extra, la ausencia de descansos para los trabajadores y un “fraude de ley” en los contratos. Esto ha provocado la destitución de 16 responsables. Ahora debe ser la Comunidad de Madrid quien determine la sanción que recibirá la compañía del grupo de Florentino Pérez.

OTROS

La representación empresarial española para el Foro de Davos estará compuesta por los presidentes y otros directivos de Banco Santander, BBVA, Iberdrola, Repsol, Ferrovial y Acciona. Así, los sectores financieros, de la construcción y energéticos estarán representados en el evento que se celebrará los días 21 y 24 en la localidad suiza de Davos. En la actualidad, BBVA se encuentra imputada en el caso Villarejo e Iberdrola y Repsol están en el punto de mira por su relaciones con el ex comisario. No son las únicas compañías españolas que acudirán al Foro, al que también irán altos directivos del Grupo Disa, Grupo Iberostar o Pepsico. El presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta Nadia Calviño serán los representantes del Ejecutivo.

Los negocios climáticos de Indra y la buena deriva medioambiental

Indra

44,80 puntos obtiene Indra en el apartado de “Medioambiente” del último informe sobre ‘La responsabilidad social corporativa de las memorias anuales de las empresas del IBEX 35’, elaborado por el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa con los datos de los informes anuales de 2017 de las propias empresas. Pero, ¿44,80 puntos es mucho o es poco? Es cinco puntos superior a la media del IBEX 35 que, según este informe, se sitúa en 39,34. Indra ocupa la 12ª posición de este ranking, el cual corona Iberdrola y cierra, en la última posición, la compañía de soluciones tecnológicas Amadeus IT Group.

Dentro de este estudio, el sector que consigue mejor posición es el de Petróleo y Energía –donde se encuentran compañías como Endesa, Enagás, Naturgy, Iberdrola, REC y Repsol–, que alcanza una valoración media de casi 55 puntos. El sector en el que se encuentran Indra y Amadeus –además de Telefónica y Cellnex–, Tecnología y Comunicaciones, se coloca a la cola con una valoración media de 32,19 puntos sobre 100. Tal y como se explica en el propio informe del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, “dentro de medioambiente se han analizado un total de 163 indicadores distribuidos en seis dimensiones y diez subdimensiones. Las dimensiones son política y gestión medioambiental, cambio climático, energía, agua, materiales y biodiversidad”.

El propio documento asegura que solo 5 de las 30 empresas que manifiestan tener sistema de gestión ambiental, entre las que se encuentra Indra, indican la implantación de EMAS III, la tercera actualización del sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental. También se destacan otras buenas prácticas de la compañía: “el hecho de que cuente en su sede corporativa con el Centro de Control de consumos de energía, desde donde se monitoriza y gestiona en tiempo real el consumo de electricidad y gas natural en España. Además, cuenta con una Política Energética en donde plantea los principios fundamentales de la empresa para reducir el consumo y aumentar la eficiencia energética”.

Según los datos proporcionados por la propia compañía, al cierre de 2018, casi un 60% de sus trabajadores se encontraba en los 42 centros certificados bajo la norma ISO 14001. De estos, 27 se encuentran en España y el resto en países como Italia (1), Australia (1), Portugal (2), Colombia (6), Brasil (1), Perú (3) y México (1). En materia de crisis climática, Indra asegura que “materializa a través de sus soluciones y servicios y de sus políticas corporativas” la reducción de impactos en materia de cambio climático reconociendo los acuerdos alcanzados en la cumbre del Clima de París en 2015. Pero, además de en las amenazas, la tecnológica también gira el cuello hacia las oportunidades: “Entender los riesgos y oportunidades en este ámbito otorga a Indra una ventaja competitiva en un contexto que demanda soluciones para este reto”.

Si atendemos a la huella de carbono de Indra, es decir, a sus emisiones de CO2, podemos ver que la compañía ha reducido la emisión de toneladas de dióxido de carbono entre 2017 y 2018 en los puntos 1 y 2, equivalente a las emisiones directas de CO2 y a las emisiones indirectas de CO2 por electricidad consumida.

Sin embargo, se ha producido un aumento importante –de más de 6.000 toneladas de CO2 equivalente– en las emisiones indirectas de CO2 derivadas del transporte de la compañía mediante vehículos de terceros, donde se incluyen las emisiones de los viajes de negocio de las personas empleadas en avión, coche y tren. Esto provoca que el saldo entre los puntos 1 y 2 sea negativo, es decir, ha reducido algo más de 1.500 toneladas de CO2 equivalente, pero si añadimos el tercer epígrafe la cosa cambia y se produce un aumento de más de 4.500 t. A pesar de esto, y siempre según los datos de la propia empresa, “desde 2013 hasta 2018, Indra consiguió una reducción del 70% de las emisiones de CO2 por empleado” y “en el año 2018 la compra de electricidad verde supuso un 56% de la energía que consume la compañía”.

De cara al futuro, la compañía asegura que pretende “alcanzar al objetivo de reducción total del 75% con horizonte 2013-2030 en línea con los objetos de reducción de emisiones de la Agenda Internacional”.

El propio desempeño profesional de Indra provoca la necesidad de trabajar con “minerales de conflicto” como la propia compañía les denomina: “Parte de la actividad de Indra implica el desarrollo de equipos o componentes electrónicos que pueden contener elementos como el tungsteno, tantalio, estaño u oro”. La multinacional “es consciente de que buena parte de las reservas mundiales de estos minerales se concentra en países como República Democrática del Congo, Ruanda, Uganda o Burundi, donde la guerrilla ejerce el control sobre muchas minas y explota a la población local en la extracción de minerales para así obtener fondos con los que poder equiparse de armamento”.

A pesar de esto y de manifestar que está comprometida “con la defensa de los derechos humanos en toda su cadena de valor”, Indra reconoce que “no tiene capacidad de disponer de trazabilidad exacta del origen de los minerales” aunque en la actualidad trabaja para extender este compromiso a sus proveedores directos, algo que todavía no se habría conseguido.

Según el informe Demand the Supply. Ranking Consumer Electronics and Jewelry Retail Companies on Their Efforts to Develop Conflict-Free Minerals Supply Chains from Congo, realizado por Enough, las compañías que obtienen minerales de zonas de conflicto como la República Democrática del Congo deberían realizar informes y auditorías sobre la utilización de dichos minerales y sus zonas de procedencia, desarrollar un comercio de minerales libres de conflictos o apoyar y mejorar los medios de vida de las comunidades mineras artesanales en el este del Congo. Apple es la compañía electrónica a nivel mundial que mejor está llevando a cabo estas recomendaciones, obteniendo 114 puntos de 120 posibles. Indra no aparece en este estudio aunque en sus memorias e informes no hace mención a la implementación de ninguna de estas medidas.

Obtener beneficios de la lucha contra el cambio climático

Tal y como señala un contenido patrocinado de Indra en El País, la compañía “es un socio clave en el programa SESAR de creación del Cielo Único Europeo, que trabaja para reducir las emisiones por vuelo un 10% optimizando las rutas de tráfico aéreo”. Según la propia Indra, solo la segunda parte del programa, denominado SESAR 2020, le ha supuesto unos ingresos de 30 millones de euros gracias a su participación en 25 de los 27 proyectos que conforman esta segunda fase, liderando dos de ellos.

SESAR Joint Undertaking (SESAR JU) se fundó en 2007 por la Unión Europea y Eurocontrol, la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea, lo que convierte a SESAR en un ente público. La primera fase concluyó en 2016 y contó con un presupuesto de 1.900 millones de euros. Para Indra, el sector de Transporte y Tráfico supuso el 20% de sus ingresos en 2018. 

Pero los beneficios que Indra consigue extraer de la lucha contra la crisis climática no se centran únicamente en el tráfico aéreo. Además de la tecnología de Minsait, Indra cuenta con avanzadas soluciones en este ámbito, por ejemplo, para una detección temprana de los incendios forestales, lo que reduce en un 40% el número de incendios y un 30% el área media quemada. Faedo, por ejemplo, es “un sistema de detección automática, localización y monitorización de incendios forestales mediante imagen térmica”.

También cuenta con sistemas para prevenir y minimizar los daños provocados por avenidas y sequías, la gestión de recursos hídricos e hidráulicos y el estudio medioambiental de ecosistemas complejos, como el Delta del Ebro. Ya trabaja para incorporar los drones a funciones de vigilancia y protección medioambiental en tareas como la detección de vertidos o la extinción de incendios. “La protección de los recursos naturales también es un factor capital en la lucha contra el cambio climático”, explican en el artículo pagado en El País.

Las puertas giratorias de las compañías constructoras del IBEX 35

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Si sale a la calle y camina durante un rato es posible que se encuentre con alguna obra. La construcción de alguna nueva infraestructura pública o el arreglo de algún edificio deteriorado. Fíjese ahora en las vallas que rodean la obra y en sus carteles. Es muy probable que sean azules, amarillos o rojos, y que en ellos pueda leer nombres como Dragados, Ferrovial o Acciona. Estas son las empresas del IBEX 35 que dominan el mercado de la obra pública en España. 

ACS, el grupo de empresas de Florentino Pérez al que pertenece Dragados desde 2002, es, sin duda, quien se lleva la mayor parte de la tarta. En 2018 le fueron adjudicados contratos públicos en infraestructuras por valor de 721 millones de euros, tanto por parte del Estado como de las comunidades y municipios. La suma de las dos siguientes empresas del ranking (OHL, que no forma parte del IBEX, y Ferrovial) no alcanzan el montante total de ACS, con 332 y 316 millones de euros en adjudicaciones, respectivamente. En la cuarta posición se encuentra Acciona, con 313 millones de euros. 

Según el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, el sector de Contratos de obra pública y construcción “presenta el mayor nivel de riesgo de corrupción de acuerdo con la escala de Transparencia Internacional”. Palau, Lezo, Gürtel, Púnica, 3%… La historia de la corrupción en España está plagada de casos relacionados con la obra pública y las empresas que deben acometer estos proyectos. Los presupuestos manejados por las administraciones para llevar a cabo infraestructuras públicas son una golosina para las grandes compañías, que pugnarán por llevarse el botín. Acciona, por ejemplo, se convirtió en la primera empresa del IBEX 35 en admitir vínculos entre su actividad empresarial y la corrupción en el denominado caso Saqueo de Plaza, en Aragón.

Pocos nombres conocidos

No se trata, sin embargo, de un sector en el que hayan encontrado acomodo los principales cargos públicos, como sí sucede en el ámbito energético, cuyos consejos de administración suelen estar plagados de puertas giratorias, algo que parece no suceder en las constructoras. “En el caso Castor no hemos observado puertas giratorias pero sí hemos apreciado una presunta connivencia entre el poder económico y el poder político”, explica Emma Avilés, integrante de la plataforma ciudadana Caso Castor, que ha conseguido articular una acción ciudadana para depurar responsabilidades a través de una querella ante diferentes instancias –ahora en estudio para su tramitación en Europa–.

Aun así, las constructoras no escapan de la lógica de las puertas giratorias y, atendiendo únicamente a los consejos de ACS, Ferrovial y Acciona, hemos podido detectar más de 20 políticos que han cruzado la puerta desde el sector público al privado, o viceversa.

Aquí puedes leer en detalle Ferrovial, Acciona y ACS (próxima publicación).

Las puertas giratorias de ACS

puertas giratorias ACS

El fallido Proyecto Castor para la construcción de un almacén de gas en la costa levantina de España puso bajo el foco la connivencia entre la clase política y el presidente de ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez. El megaproyecto, que provocó casi un millar seísmos, fue adjudicado sin competición ni concurso público a Escal, una de las más de 1.200 empresas de ACS. Varios colectivos, entre los que se encuentran el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) y Xnet, presentaron una querella criminal en la Audiencia Nacional contra Florentino Pérez y varios exministros de la época de José Luis Rodríguez Zapatero y del primer mandato de Mariano Rajoy por sus posibles responsabilidades en este proyecto. Los delitos que contempla la querella son estafa, prevaricación, fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos.

Tras la paralización del proyecto y en plena ola de ‘austeridad’, Rajoy apenas tardó un mes en ordenar el pago de los 1.350 millones de indemnización prepactada con el empresario en caso de que el proyecto no saliera adelante mediante Real Decreto. Un Real Decreto posteriormente declarado nulo por el Tribunal Constitucional, algo a lo que Rajoy hizo caso omiso publicando en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un pago de 80 millones de euros a la compañía de Florentino Pérez.

En la actualidad, 8 de los 18 miembros que conforman el consejo de administración de ACS ha ocupado algún cargo público con anterioridad. No hay nombres ostentosos, salvo alguna excepción. No hay exministros ni presidentes de Gobierno como sí sucede en otras grandes empresas del IBEX 35. ACS ha apostado por abogados del Estado y antiguos cargos autonómicos que conocen bien cómo funciona la obra pública, el gran negocio de ACS: en 2016, la multinacional se convertía en la primera contratista de obras públicas a nivel internacional.

Debido a la magnitud de la compañía, solo han sido incluidos aquí consejeros y exconsejeros –la mayoría son hombres– del grupo y no de sus filiales u otras empresas participadas. Estas las puertas giratorias de ACS:

Miquel Roca i Junyent

Está considerado uno de los siete padres de la Constitución. Tras las elecciones de junio de 1977, se convirtió en diputado de Convergència i Unió (CiU) en el Parlamento español, conservando el escaño hasta 1995. Ese año se presentó a la alcaldía de Barcelona, donde logró acta de concejal, y permaneció en el consistorio hasta 1999. Es conocida su amistad con Florentino Pérez, con quien formó el Partido Reformista Democrático (PRD), una suerte de CiU en todo el Estado, que fracasó en las elecciones de 1986. Desde 2003 tiene un sillón en el consejo de ACS, un puesto que compagina con su cargo de consejero en Endesa, Banco Sabadell, Abertis –comprada por ACS en 2018–, TYPSA o Wertenlife.

Antonio Botella García

Abogado del Estado. Ha prestado servicios en el Tribunal Supremo y en la Delegación de Hacienda y Tribunales de Oviedo, entre otros. Llegó a ser secretario general técnico del Ministerio de Transportes Turismo y Comunicaciones y del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, además de subsecretario del Ministerio de Agricultura y Conservación de la Naturaleza. También ha sido profesor de Derecho en la Universidad de Oviedo y en la Universidad a Distancia de Albacete. En 2015 fue fichado como consejero independiente de ACS, un puesto que mantiene en la actualidad.

Emilio García Gallego

Consejero desde 2014 de la constructora presidida por Pérez, anteriormente lo había sido de Abertis. Ha sido presidente del Ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), adscrito al Ministerio de Fomento, entre 1998 y 2000, y encargado de la ejecución de toda la infraestructura de Alta Velocidad ferroviaria. Su vinculación con la obra pública es larga, y ha pasado por diferentes puestos tanto en la Generalitat de Catalunya como en la Xunta de Galicia. En la Generalitat ha sido jefe del Servicio de Puertos, director general de Transportes y subdirector de la Junta de Saneamiento y de la Junta de Aguas, entre otros. Para la Xunta ha ejercido como director General de Infraestructura y Transportes, director general de Obras Públicas, presidente de Aguas de Galicia y presidente de Puertos de Galicia. 

Carmen Fernández Rozado

En plena batalla de ACS por entrar en el consejo de administración de Iberdrola, Florentino Pérez invitó a los consejeros de la Comisión Nacional de la Energía al palco del Estadio Santiago Bernabéu para presenciar un partido del Real Madrid. Según algunos medios, allí se encontraba Carmen Fernández Rozado, por entonces consejera de la CNE. Fernández Rozado comenzó su carrera en 1984 dentro del Ministerio de Hacienda, donde ocupó diferentes puestos en la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Quince años después fue designada miembro del consejo de administración de la CNE por el gobierno de José María Aznar, donde se mantuvo hasta 2011. En 2017 se convirtió en consejera de ACS.

José Eladio Seco

Su carrera profesional comienza en 1972 en la empresa pública de ingeniería INECO, donde llegó a ser director internacional. En 1988 se incorpora a Renfe. Aquí también desempeñó diferentes puestos. En 2000 vuelve a INECO, en este caso como presidente ejecutivo. Dos años después abandona la empresa para ocupar el puesto de presidente-director general de AENA, de donde también salió al ser nombrado asesor de la Presidencia de Renfe. Ocupa un sillón del consejo de administración de ACS desde 2016.

Catalina Miñarro Brugarolas

Abogada del Estado. Como tal, ha sido secretaria general técnica de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, directora de Asuntos Jurídicos y secretaria del Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Estatales (SEPI) y secretaria del consejo de administración de la Sociedad Estatal Paradores de Turismo. Se sienta en el máximo órgano de ACS desde 2015 y, en 2017, se convirtió en la primera directiva del Real Madrid en el segundo mandato de Florentino Pérez.

José Luis del Valle Pérez

Abogado del Estado. Fue diputado en el Congreso de los Diputados en la legislatura tras las elecciones de 1979 y hasta 1982 con UCD, llegando a alcanzar el puesto de subsecretario del Ministerio de Administración Territorial. Según algunos medios, de su etapa en UCD le viene la relación con Florentino Pérez. Como abogado del Estado ha trabajado en la Delegación de Hacienda y Tribunales de Burgos y de Toledo y en los Ministerios de Sanidad y Seguridad Social, y de Trabajo y Seguridad Social. Es consejero del grupo presidido por Florentino Pérez desde 1989 y, en la actualidad y desde 1997, es también su secretario general. Al igual que Catalina Miñarro, se convirtió en directivo del Real Madrid en 2017.

Miguel Blesa 

Íntimo amigo del expresidente José María Aznar. Ostentó numerosos cargos en la Administración central (secretario del Gabinete Técnico del Ministerio de Hacienda, jefe del Servicio de Tributos de las Comunidades Autónomas, subdirector general de Estudios y Coordinación del Ministerio de Economía…). Finalmente, alcanzó el puesto de presidente de Caja Madrid, «su principal mecenas en la política de compras de Florentino», tal y como cuenta Rubén Juste en libro IBEX 35 (Capitán Swing, 2017). La entidad concedió la financiación a ACS para la compra de Dragados o de un importante paquete accionaria de Iberdrola en 2003. Posteriormente, Blesa fue condenado a seis años de prisión por apropiación indebida entre 2003 y 2012 por el caso de las tarjetas black. Entre 2003 y 2004 fue consejero de ACS.

Pedro José López Jiménez

López Jiménez fue director general de Puertos del Ministerio de Obras Públicas y secretario de Estado de Asuntos Urbanos y Obras Públicas. Entre 1979 y 1982 fue presidente de Endesa. También ha sido presidente de Unión Fenosa y vicepresidente de Indra. Se sienta en el consejo de ACS desde 1989 y en el de Abertis, y ha ocupado numerosos puestos dentro del Grupo ACS, como el de vicepresidente. En la actualidad es también vicepresidente del Real Madrid desde 2009.

Las puertas giratorias de Ferrovial

puertas giratorias Ferrovial

Rafael del Pino y Moreno funda Ferrovial en pleno franquismo, en 1952. Cuñado del que posteriormente sería el primer presidente español de la Transición, Leopoldo Calvo-Sotelo –del Pino estaba casado con su hermana Ana María Calvo-Sotelo–, y primo segundo del golpista Jaime Milans del Bosch, la compañía echa a andar gracias a un contrato con la empresa estatal Renfe para la renovación de sus vías. “De su fundación participaron Rafael del Pino; su primo José María López de Letona y Núñez del Pino, que después sería ministro de Industria durante el franquismo; Claudio Boada, que luego será presidente del Instituto Nacional de Industria; y Leopoldo Calvo-Sotelo. El perfil de estas personas lo que refleja es que hay unas trayectorias que no solo se circunscriben a la empresa privada sino que las relaciones con el poder político son fundamentales”, explica Andrés Villena, autor del libro Las redes de poder en España (Rocaeditorial, 2019). Se pone en marcha la que será una de las grandes compañías españolas de construcción cuya historia no ha estado exenta de polémica.

La sala décima de la Audiencia de Barcelona sentenció que durante diez años (1999-2009) Ferrovial pagó comisiones a Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) por valor de 6,6 millones de euros tras la obtención de la obra pública. Finalmente, los exdirectivos de la constructora resultaron absueltos debido a la prescripción de los delitos de administración desleal y tráfico de influencias.

Tal y como sucedía en ACS, no se han encontrado en su consejo de administración nombres mediáticos conocidos por el gran público, sino más bien personas ligadas a la administración pública en niveles inferiores como técnicos comerciales o abogados del Estado, grandes conocedores del funcionamiento de la administración.

José Fernando Sánchez-Junco Mans

Miembro del Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado. Sánchez-Junco Mans ha ocupado el puesto de director general de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, y de director general de Industria dentro del Ministerio de Industria y Energía entre 1980 y 1989. Desde 1994 es el CEO de Maxam y tiene silla en varios consejos, entre ellos el de Dinamia, sociedad de capital riesgo controlada por Alantra –antes conocida como Nmás1–, cuyo presidente es Santiago Eguidazu, exconsejero de Ferrovial.

Óscar Fanjul Martín

Catedrático de Economía en la Universidad Complutense de Madrid, Fanjul fue presidente del Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH) a propuesta del que era ministro de Industria Carlos Solchaga en 1985. Dos años después se convirtió en el primer presidente de Repsol, un puesto en el que se mantuvo hasta 1996, cuando fue sustituido por Alfonso Cortina. Es consejero externo independiente de Ferrovial desde 2015: “Óscar aporta una larga experiencia en gestión de grandes compañías y un profundo conocimiento del mundo empresarial en múltiples países del mundo”, señaló ese mismo año el presidente de Ferrovial Rafael del Pino al ser preguntado por dicho nombramiento. En mayo de 2018, Fanjul fue nombrado consejero coordinador del grupo.

Santiago Ortiz Vaamonde

Abogado del Estado. Secretario del consejo de administración de la compañía desde 2009, cuando entró para sustituir José María Pérez Tremps, tanto en el consejo como en la secretaría general del Grupo Ferrovial. Doctor en Derecho, está vinculado a Ferrovial desde 1990 siendo “uno de los principales protagonistas en el desarrollo del grupo específicamente en el ámbito de su estructuración jurídica y de gobierno corporativo”, señalaron en la nota de prensa tras su nombramiento como secretario general. “Estoy seguro de que Santiago Ortiz es la persona adecuada para esta posición por su cualificación y experiencia profesional, como lo ha demostrado a lo largo de este año y medio que lleva en el grupo como jefe de la asesoría jurídica», señaló Iñigo Meirás, consejero delegado de Ferrovial en aquellos años. Como abogado del Estado, ejerció ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

José María Pérez Tremps

Letrado del Consejo de Estado y miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. También ha sido secretario del consejo de administración y de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Industria (INI). Fue miembro del consejo de administración de Ferrovial desde 1992 hasta 2009, donde le sustituyó el abogado del Estado Santiago Ortiz Vaamonde. También fue secretario general del grupo (1990-2009). 

Jaime Carvajal y Urquijo

Marqués de Isasi, fue vicepresidente (2000-2008) y consejero (1999-2015) de Ferrovial. Estudió con el rey emérito Juan Carlos I, con quien comparte amistad. En 1977, el monarca le nombró senador, incorporándose al grupo de senadores de la Agrupación Independiente, donde se mantuvo hasta 1979, cuando decidió no presentarse a la reelección. Fue presidente del Consejo de administración de Banco Urquijo y presidente de Ford España, además de consejero de Telefónica, Repsol y Unión Fenosa.

Las puertas giratorias de Acciona

puertas giratorias de Acciona

Durante la Guerra Civil, el Ayuntamiento de Sevilla encargó a la empresa Entrecanales y Távora la construcción de un canal que llevara los vertidos lejos de los barrios ricos. La compañía solicitó al alcalde de Sevilla Ramón de Carranza poder utilizar a los presos como mano de obra para acometer la obra. Tal y como se estableció en el expediente, se procedió a crear el campo de concentración de El Colector para hacinar a los presos, ahora reconvertidos en trabajadores sin sueldo. Entrecanales y Távora fue el germen que dio origen a Acciona. Tal y como cuenta Antonio Maestre en el libro Franquismo S.A. (Akal, 2019), José Entrecanales Ibarra, abuelo del actual presidente ejecutivo de Acciona, hizo una importante fortuna al albor del franquismo –Franco le condecoró el 18 de julio de 1969 con la Gran Cruz de la orden del Yugo y las Flechas–, y situó a su empresa constructora como una de las compañías de cabecera del régimen, tal y como se recoge en la propia web de Acciona: “En los años de la posguerra, la compañía fue muy activa, consolidando su posición como una de las compañías más innovadoras del país”.

Desde entonces, Acciona no ha dejado de cultivar las relaciones políticas, también en democracia. En 2002, el Gobierno de José María Aznar anunciaba la venta de la empresa pública Transmediterránea a un consorcio de empresas lideradas por Acciona y participado por una compañía de Abel Matutes, alcalde de Ibiza durante la dictadura, ministro de Asuntos Exteriores durante la primera legislatura de Aznar y la 45ª persona más rica de España según El Mundo. Por las filas de Acciona ha pasado el también exministro Pío Cabanillas Alonso, que se mantuvo en nómina hasta 2016, además de cargos políticos internacionales y apellidos de relumbrón.

Karen Christiana Figueres Olsen

Secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), desde 2010 hasta el 1 de julio de este mismo año. Desde 2016 es candidata a secretaria general de la ONU. Es hija de José Figueres Ferrer, quien fuera presidente de Costa Rica en tres ocasiones y está considerada una importante experta sobre cambio climático. Es también asesora principal de Cambio Climático para Endesa en Latinoamérica, vicepresidencia del Global Covenant of Mayors for Climate and Energy, miembro de la junta directiva de ClimateWorks y líder para los asuntos de cambio climático del Banco Mundial. Se sienta en el consejo de Acciona desde 2017.

Jerónimo Marcos Gerard Rivero

Asesor del vicesecretario de Finanzas del Gobierno mexicano de Carlos Salinas durante todo su mandato presidencial (1988-1994). En la actualidad es presidente y CEO del Grupo México Retail Properties (MRPP), además de consejero de Acciona desde 2014.

Ferran Rodés i Vilà

Empresario. Ha sido vicepresidente de Havas Media y presidente del Consejo Editorial del diario Ara, el cual fundó, cargos que compaginó con el de consejero delegado de Acciona entre 2009 y 2018. En 2012, la Generalitat de Catalunya le nombró presidente del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible (CADS).

Carmen Becerril Martínez

Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y al Cuerpo de Técnicos Superiores de la Comunidad de Madrid. Desde 1986 hasta 2004 estuvo centrada en el área económica de la Administración General del Estado. En los últimos años se ha centrado en el ámbito de la energía, donde ha alcanzado el puesto de directora general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y de directora general de Política Energética y Minas. También ha participado en el consejo de administración de empresas públicas como Red Eléctrica o Enresa. Su vinculación con Acciona se remonta a 2006, año en el que fue nombrada directora general de Análisis Estratégico e I+D+i. Desde ese año hasta ahora ha ocupado numerosos puestos, entre ellos, directora general de Internacional y responsable del Área de Sostenibilidad Corporativa, además de presidenta de Acciona Energía. Tuvo silla en el consejo de administración desde 2014 a 2016.

Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quiró 

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Técnico Comercial y Economista del Estado (‘Teco’). IV Marqués de Valtierra, comenzó su carrera en el Ministerio de Comercio durante los últimos años del franquismo. Posteriormente, ocupó diversos puestos importantes en el Instituto Nacional de Industria (INI), del que fue vicepresidente entre 1979 y 1982. Tras la victoria del PSOE ese mismo año, fue nombrado presidente de Iberia Líneas Aéreas de España. Recientemente ha sido el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España (2012-2018). Padre de Iván Espinosa de los Monteros, vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox, ha sido consejero de Acciona entre 1994 y 2014.

Pío Cabanillas Alonso

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Exministro portavoz del Gobierno entre 2000 y 2002, es un rostro conocido dentro del mundo de las puertas giratorias, principalmente dentro del ámbito energético. Se encontraba dentro del Gobierno cuando José María Aznar aprobó el Real Decreto 1432/2002, mediante el cual se fijaba un límite legal al precio de la luz, una idea del por entonces vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, cuyo objetivo era contener la inflación. Las eléctricas alzaron la voz y se puso en marcha el conocido ‘déficit de tarifa’, un plus que aparece en la factura de la luz de los hogares españoles, pensado para compensar a estas compañías. Cabanillas terminó recalando en Endesa como director general Comunicación (2007-2009) y en Acciona, primero como director general adjunto a la presidencia (2007) y, posteriormente, como director general de Comunicación e Imagen Corporativa (2009-2016).

Joaquín Mollinedo

Vinculado a Acciona desde el año 2008, en la actualidad ocupa el cargo de director general de Relaciones Institucionales, Sostenibilidad y Marca de la compañía. Anteriormente, como abogado, había ejercido como jefe de sección de Estudios e Informes en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y como letrado y secretario general del Parlamento de La Rioja.

Banco Santander o la descarbonización de palabrería

Ataviada con un gorro morado, un color político que no le gusta mucho, Ana Patricia Botín se embarcaba en una travesía por Groenlandia. A principios del mes de septiembre, Mediaset daba a conocer que la presidenta del Banco Santander había participado en uno de los programas de Planeta Calleja con el objetivo de “comprobar las consecuencias de la subida global de temperaturas en el deshielo de las regiones árticas”. No suele ser habitual ver a empresarios de la talla de Ana Botín en programas de este tipo, sin embargo, la presidenta del Santander y la propia entidad han agarrado con fuerza la bandera de la lucha contra el cambio climático. Aunque los hechos dicen otra cosa.

“Espero que este programa sirva para concienciar a todos de que pasar a la acción es prioritario y urgente”, escribía la empresaria en su recién estrenada cuenta de Instagram. El Santander ha pasado rápido a la acción y se ha convertido en patrocinador de la Cumbre del Clima de Madrid (COP25), donde comparte esponsorización con otros bancos como BBVA o Banco Sabadell. La llamada de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha surtido efecto en el IBEX 35 y las compañías que integran el índice bursátil han copado las plataformas publicitarias del evento.

Además del patrocinio, la propia Ana Botín acudió el primer día de la Cumbre como ponente a uno de los actos, en concreto en la mesa “Descarbonizando la economía: una empresa conjunta”. A pesar de pedir “incentivos” para poder poner en marcha un “crecimiento verde”, la presidenta de la principal entidad financiera de España aseguró que no podía comprometerse a frenar la descarbonización de una manera real: “En Polonia, por ejemplo, el 80% de la energía viene del carbón. ¿Hasta qué punto podemos cortar la financiación a Polonia por esta razón? No sería responsable”, dijo durante su intervención. ¿La explicación? “No podemos dejar de hacerlo”.

Su explicación casa a la perfección con las acciones que la compañía sigue llevando a cabo, las cuales están lejos de permitir considerar al Banco Santander como una empresa que lidera la lucha con el cambio climático, a pesar de haber sido designado el banco más sostenible del mundo por el Dow Jones Sustainability Index. Tanto es así que la financiera ocupa el puesto número 31 (de un total de 33) del ranking global de entidades que más financian la inversión en combustibles fósiles, según el informe Fossil Fuel Finance Report Card 2019. Entre 2016 y 2018, la entidad ha financiado proyectos relacionados con combustibles por valor de 14.973 millones de dólares. Justo a continuación se encuentra BBVA, también patrocinadora de la COP25, con una financiación por valor de 12.080 millones de dólares entre dichos años. 

Si nos fijamos en ciertos epígrafes, el banco cántabro asciende a puestos superiores. Tal es el caso, por ejemplo, de la financiación a la extracción de petróleo y gas en aguas ultraprofundas, donde el Santander se sitúa en el puesto número 5 a nivel mundial. En el epígrafe de la financiación de la importación y exportación de gas natural licuado, se encuentra en el puesto número 20.

Sin embargo, las posiciones que el Santander ocupa en este ranking no es lo único que enturbia la imagen de la compañía a nivel climático. Otro informe realizado por diferentes ONG, Fool’s Gold, asegura que el Santander es el segundo banco de Europa que más financia a empresas energéticas que utilizan el carbón, solo superado por el Unicredit. Según cálculos de las asociaciones que han realizado el informe, el banco cántabro habría prestado casi 3.000 millones de euros a este tipo de empresas.

En diferentes ocasiones, su presidenta se ha comprometido a dejar de financiar centrales eléctricas de carbón haciendo excepciones como la de Polonia. “Estamos apoyando la transición de nuestros clientes hacia una economía baja en carbono. Este objetivo se apoya en el hecho de que somos el líder mundial en financiación de proyectos de energías renovables. Es cierto que estamos presentes en países como Polonia, donde el 80% de la energía procede de combustibles fósiles. No sería responsable dejar de financiar a nuestros clientes de la noche a la mañana y, por tanto, nuestro objetivo es acompañarles en esa transición hacia una economía baja en carbono. Lo que sí hemos dicho que vamos a hacer es no financiar nuevos proyectos de carbón”, han explicado fuentes del Santander a La Marea.

Desde el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) –una de las organizaciones que firma el informe Fool’s Gold–, sin embargo, aseguran a este medio que no pueden considerar al Santander una entidad sostenible “mientras continúe proporcionando sumas sustanciales de dinero a los sectores del carbón, el petróleo y el gas”. Y añaden: “Sí, el banco está proporcionando capital para apoyar las energías renovables, pero estos esfuerzos se ven socavados por su financiación continua a los combustibles fósiles”.

Recientemente, Banco Santander fue seleccionada como una de las entidades financieras encargadas de la salida a Bolsa de la empresa petrolera saudí Aramco, la compañía más contaminante del planeta, responsable de la emisión de casi 60 billones de toneladas de CO2 desde 1965. No es un caso aislado. De la misma forma, como señalaban desde Ecologistas en Acción en los días previos a la Junta General Ordinaria de Accionistas del banco en abril, “merece la pena resaltar el reciente papel que ha desempeñado el Banco Santander en la financiación de una de las empresas más sucias de Europa, la energética PGE (Polska Grupa Energetyczna S.A), cuyo socio mayoritario es el Estado polaco”. El grupo ecologista señala la empresa propietaria de la planta termoeléctrica de carbón de Bełchatów, a la que acusan de ser la más contaminante del continente, y denuncian que tiene planes de expansión a nuevos proyectos de carbón en Opole y Turow: “Ambos superan, por ejemplo, a todas las centrales de carbón existentes en Portugal o equivalen al 20% de las de nuestro país. Sin la financiación que entidades como el Banco Santander les conceden estas empresas difícilmente podrían desarrollar sus planes de crecimiento”, zanjan. 

Carlota Ruiz Bautista, abogada del IIDMA, asegura que “para demostrar realmente su compromiso en la lucha contra el cambio climático y evitar caer en el greenwashing, el Santander debe dejar de apoyar a empresas que planean construir nuevas centrales de carbón y acompañarlas en la transición hacia un modelo de negocio respetuoso con el planeta”.