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Acciona, una empresa heredada y ocho Entrecanales en la lista Forbes

acciona entrecanales

Hay un apellido que se repite hasta en ocho ocasiones en la lista Forbes de los 100 españoles más ricos de 2021: Entrecanales. Son todos nietos, y por tanto herederos, del ingeniero vasco José Entrecanales Ibarra, fundador de la constructora Entrecanales y Távora en 1931, el germen de la actual Acciona. Una empresa  «muy activa» durante los años de la posguerra, como se reconocía en la propia web. Una frase que posteriormente fue eliminada de la misma.

Primero los hijos de José Entrecanales Ibarra y luego sus nietos han sabido administrar e incluso hacer crecer la fortuna familiar, convirtiendo a Acciona en una de las principales compañías del país, tanto en el ámbito de la construcción como de las energías renovables.

En el siguiente vídeo, puedes conocer la historia completa de la familia Entrecanales

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La relación entre el presidente extremeño Fernández Vara e Iberdrola

“Han llamado a la puerta equivocada”, aseguró el portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González. Lo dijo en la Asamblea autonómica después de que los socialistas votasen junto al Partido Popular contra la comisión de investigación propuesta por Unidas por Extremadura y Ciudadanos el pasado septiembre para abordar el desembalse en verano de los pantanos de Cíjara y Valdecañas para la producción de electricidad. Ambos partidos alegaron falta de competencias. Algunas semanas más tarde, el PSOE, en solitario, volvió a negarse a abrir una comisión, esta vez de estudio.

En esos momentos, Iberdrola contaba en su plantilla con los servicios de Guillermo Fernández, hijo del actual presidente de la comunidad extremeña. Según su propio perfil en la red social Linkedin, ejerce desde 2017 como “responsable de medios sociales” de la compañía. En la pasada edición del Digital Enterprise Show, en mayo de 2021, Fernández participó en la charla TikTok & Iberdrola; la mejor energía entre marca y personas. Según la biografía compartida por el propio evento, parte del trabajo del hijo del presidente extremeño “tiene que ver con gestionar la presencia de la empresa en plataformas emergentes”, entre las que se encuentra TikTok.

El propio presidente extremeño ha asegurado en conversación telefónica con lamarea.com que no tuvo “nada que ver” con la contratación de su hijo por parte de la compañía eléctrica: “Mi hijo entró como becario [en 2014], por un convenio que tenía su universidad con Iberdrola, y ya después se quedó”. Asimismo, sostiene que no tiene que inhibirse en ninguna votación que tenga relación con la multinacional: “Si yo tuviera intereses directos, o fuese accionista, tendría que hacerlo. Pero no por esto”.

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ACS hace negocio en los territorios ocupados de Palestina

Florentino Pérez; ACS

El grupo español de construcción ACS ha realizado trabajos en los asentamientos ocupados por Israel en Palestina, según una investigación llevada a cabo por la coalición Don’t Buy into Occupation (DBIO). En concreto, SEMI, una filial de la compañía presidida por Florentino Pérez, ganó una licitación de 2.000 millones de NIS (unos 550 millones de euros) “para ejecutar la electrificación de la red ferroviaria de Israel, incluido el tren A1 Tel Aviv-Jerusalén”.

De acuerdo con la información facilitada por DBIO, el trazado del tren cruza la Línea Verde hacia los Territorios Ocupados Palestinos en dos zonas. De esta forma, estarían utilizando “ilegalmente” tierras palestinas públicas y privadas para un servicio exclusivo para ciudadanos israelíes “en violación del derecho internacional, y que a través de la apropiación de tierras palestinas obstaculiza el acceso de los palestinos a sus tierras agrícolas y socava su desarrollo económico”.

SEMI está especializada en el mantenimiento e instalación de líneas eléctricas. Desde ACS, no han respondido a las cuestiones enviadas por este medio. La investigación, no obstante, recoge más empresas. Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) participa en la ampliación del tren ligero de Jerusalén, la cual atraviesa Jerusalén Este y Cisjordania. En julio de 2021, CAF formó parte de uno de los consorcios aprobados para presentarse a la licitación de dos líneas del Metro Ligero de Jerusalén. Pero ya antes se había adjudicado otros contratos. 

Según la versión ofrecida por el Ministerio de Exteriores a El País, CAF ha sido informada de que la obra vulnera la legalidad internacional al atravesar los territorios ocupados. Sin embargo, esto no supondría la comisión de ninguna ilegalidad por parte de la compañía vasca, ya que no existe ningún embargo ni por parte de la ONU ni de la Unión Europea. La multinacional tampoco ha respondido a los mensajes remitidos por este medio.

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Iberdrola y los ‘honoris causa’

Este artículo forma parte de la serie de investigación #Academicwashing. Puedes acceder al especial aquí.

El 2 de diciembre de 2011 era prácticamente imposible acceder al Paraninfo de la Universidad de Salamanca. Fuera del edificio, una banda de música hacía sonar sus instrumentos mientras caminaba hacia la puerta de entrada. Detrás, un importante cortejo de profesores universitarios perfectamente ataviados con toga, puñetas, muceta y birrete seguían sus pasos. Y, por fin, aparecía el protagonista de la jornada: el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.

El empresario salmantino iba a recibir, en su tierra, el título de doctor honoris causa por sus “méritos en el ámbito de la economía de la empresa y de la ingeniería”, según destacó en la laudatio inicial el decano de la Facultad de Economía de la USAL, Alberto de Miguel. Asimismo, el decano señaló que era “una de las compañías con menores emisiones” gracias a su apuesta por las renovables. Actualmente, es una de las más contaminantes.

El decano también destacó su papel en el «mecenazgo». Y el por entonces rector de la Universidad de Salamanca, Daniel Hernández Ruipérez, hizo referencia a la Cátedra Iberdrola para el fomento de la investigación que la compañía financiaba en la institución universitaria. Esperaban, además, que el nuevo título otorgado al empresario sirviese para “incrementar la intensidad de su colaboración en aquellas áreas de la comunidad científica» que así lo demandaran.

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Repsol y la ‘independencia’ académica

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Repsol es, posiblemente, el mayor exponente de greenwashing en la universidad de los casos analizados en esta serie. En 2020 se convirtió, según el Observatorio de Sostenibilidad, en la compañía que más gases de efecto invernadero emite a la atmósfera, por encima de Endesa, que en los últimos años ocupaba ese puesto. En 2019, las emisiones de CO2 de la petrolera aumentaron un 13% respecto al año anterior. Asimismo, su Plan Estratégico para el periodo 2021-2025, vendido a bombo y platillo en los medios de comunicación es, en realidad, insuficiente y poco realista para cumplir con los objetivos climáticos.

A pesar de todo ello, la multinacional española trata de erigirse en el ámbito académico como líder de la transición energética con la financiación de formaciones relacionadas con esta temática. Así, en 2019 impulsó –a través de su fundación– la creación de una Cátedra de Transición Energética en la Universidad de Barcelona para potenciar “el conocimiento, el debate riguroso y científico, la investigación y la divulgación”. Durante la presentación de la misma, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, aseguró confiar en “el conocimiento científico y la neutralidad tecnológica” para “liderar el debate sobre la transición energética y el cambio climático”.

Sin embargo, desde un primer momento, la neutralidad y la independencia de la cátedra son discutibles. Al frente de la misma se situó al catedrático de Estratigrafía y profesor de Recursos Energéticos y Geología del Petróleo Mariano Marzo Carpio, con un probable conflicto de interés. Desde 2018, Marzo Carpio se sienta en el Consejo de Administración de la petrolera para realizar funciones de consejero externo independiente. En 2019, el año que fue escogido como titular de la cátedra de Repsol, percibió una remuneración por su labor como consejero de 256.000 euros, 13.000 euros más que el año anterior.

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Endesa o cuando la “calidad de servicio” se queda en los apuntes universitarios

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El 5 de agosto de 2017, el transformador 29272 de Endesa se llevó por delante las vidas de Mariluz Morillo y de Sara Ojeda, dos trabajadoras del hotel 100% Fun, en Tarifa (Cádiz). Otros cinco compañeros resultaron heridos de gravedad, con importantes quemaduras. La Asociación de Afectados por el accidente del Transformador 29272 en Tarifa reúne a víctimas y familiares de dicho accidente. Parte de su trabajo, además de la búsqueda de justicia, se centra en la recopilación de datos e investigaciones sobre este tipo de transformadores de la compañía. 

Juan Ramón Ojeda es el presidente de la asociación; su hija Sara murió como consecuencia de la deflagración y, desde entonces, intenta encontrar la verdad y trabaja en tratar de evitar que una tragedia de este tipo vuelva a ocurrir. En el cuarto aniversario del accidente, en 2021, explicaban en un artículo publicado en este medio que en un escrito de contestación de Endesa al expediente incoado en la Oficina del Defensor del Pueblo, la compañía reconoce que un 4% de los transformadores está en la misma situación que el 29272. Eso serían unas 2.100 unidades, aunque según las estimaciones de esta asociación esa cantidad podría ser mucho mayor. 

En su labor de seguimiento, desde la organización han detectado que los accidentes en transformadores se producen cada vez con más frecuencia, pasando de 27 en 2017 a 56 en 2020, es decir, más del doble. En lo que va de este año, ya han detectado 45, la mitad de ellos en Andalucía, donde Endesa es la compañía distribuidora y denota, según Ojeda una falta de mantenimiento y de inversión. Y es en las comunidades en las que Endesa controla las redes de distribución donde la compañía paga cátedras universitarias. Esto sucede en las universidades de Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria, Zaragoza, Catalunya e Islas Baleares. En estas tres últimas, el motivo de las cátedras es la “innovación energética”.

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Naturgy, la «energía», la «pobreza» y la elusión de responsabilidades

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Habían transcurrido ya 94 días sin luz cuando algunos vecinos y vecinas de los sectores V y VI de la Cañada Real decidieron concentrarse a principios de este año ante la sede de Naturgy, la empresa distribuidora de la energía en este barrio de Madrid. Bien abrigados ante el frío de un 4 de enero, algunas niñas leyeron algunas peticiones dirigidas a los responsables de la eléctrica: “Me llamo Salma y he escrito esta carta para pediros que nos devolváis la luz, estamos pasando muchísimo frío, por las noches no puedo dormir porque me congelo del frío que hace. He bajado mucho en las notas porque no he podido entregar los deberes y trabajos online. Para ducharnos es súper difícil calentando el agua en ollas”.

Algunos días antes, varias de estas familias decidieron denunciar a la compañía eléctrica por delitos de coacciones sobre la vivienda, trato degradante, lesiones y daños al considerar que los cortes de luz habían sido la consecuencia de «intoxicaciones, graves problemas respiratorios, agravamiento de pacientes crónicos, etc.». Un mes después de la concentración, sin embargo, el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid decidió archivar la querella contra Naturgy. Algo similar ocurrió poco tiempo después en Catalunya, cuando el Tribunal Superior de Justicia anuló una sanción de 500.000 euros que la Generalitat había impuesto a la compañía después de que una anciana muriese en 2016 a causa de un incendio provocado por una vela que utilizaba para alumbrarse cuando le fue cortado el suministro de luz. El caso se encuentra actualmente en el Tribunal Supremo.

La eléctrica ha conseguido capear hasta en dos ocasiones a la Justicia por temáticas relacionadas con la pobreza energética, aunque para parte de la opinión pública, la antigua Gas Natural Fenosa es una de las compañías que contribuye a acrecentar este problema que sufren las familias más vulnerables. Así se recoge en el informe Emergencia habitacional, pobreza energética y salud, elaborado por el Observatori DESC, el Consorci Sanitari de Barcelona y la PAH, entre otros. En dicho estudio, se analiza “la inseguridad residencial en Barcelona” en el periodo 2017-2020, y donde Naturgy es señalada como una de las eléctricas que se niegan “a regularizar y ofrecer contratos” a familias en situaciones de precariedad.

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