“La banca paga muchos impuestos”, protestaba el pasado verano Jaume Guardiola, consejero delegado del Sabadell. Eran meses de inquietud, el Gobierno de Pedro Sánchez barajaba aplicar un impuesto a los bancos con la finalidad de ayudar a financiar las pensiones. Echando mano de la lógica, Guardiola aseguraba que tasar a la banca provocaría una disminución en los beneficios del sector. El primer gobierno de Sánchez no aprobó el impuesto.

Uno de los argumentos esbozados para la queja es el gravamen del 30% que les corresponde por el Impuesto de Sociedades, considerado excesivo en el entorno bancario. La realidad del Banco Sabadell se aleja de estas cifras y solo en uno de los últimos cinco años ha alcanzado a contribuir con dicho porcentaje de sus beneficios. Tomando los datos declarados por el propio banco, en este periodo ha abonado un 16,35% de sus ganancias al fisco, un porcentaje inferior a la retención que tiene un trabajador que gane 30.000 euros anuales. El beneficio medio del Sabadell desde el año 2014 ha superado los 580 millones de euros.

La realidad revelada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) es todavía más oscura: sus últimos datos publicados indican que la gran banca tributó solamente el 2,94% del total de sus beneficios. La diferencia entre lo que afirman abonar y lo que en realidad pagan depende de si el cálculo se realiza sobre la base imponible o sobre el resultado contable. El presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, afirma que “el impuesto que aparece en las cuentas es el gasto contabilizado, que no coincide exactamente con el pagado”. La única forma de averiguar lo que las entidades bancarias terminan abonando de forma efectiva es a través de la declaración de la AEAT, “un dato que debería ser de obligatoria inclusión en la memoria anual de las entidades”. La Marea ha solicitado esta información al Banco Sabadell, pero este no nos la ha facilitado.

De esta manera se abre una vía de opacidad donde los bancos habitualmente ofrecen información incompleta, descontextualizada o confusa. “Suelen hablar del total de impuestos que pagan, incluyendo algunos de carácter local, como el Impuesto sobre Bienes e Inmuebles, o autonómico, como el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Incluso muchas veces también incluyen las retenciones de IRPF de sus trabajadores. Todo menos decir qué pagan realmente por sus beneficios”, afirma el presidente de Gestha.

Adicionalmente, desde el año 2015 existen activos fiscales diferidos que conceden a las empresas la posibilidad de guardar para futuros ejercicios los conceptos adicionales que no se pudieron deducir en un año. Estos créditos fiscales permiten a las entidades financieras ahorrar miles de millones de euros y aplazar pagos, según convenga en cada ocasión. En el año 2015, Banco Sabadell justificó su 4,36% de impuesto sobre el beneficio por la compra del TSB y por el cambio en la normativa fiscal en el Reino Unido.

Sobre la incidencia de esta regulación, Cruzado señala que “la contabilización del impuesto como gasto es bastante complicada, se juega con los conceptos de impuestos diferidos y anticipados, y, salvo que en las cuentas se incluya la conciliación -que no lo hace prácticamente ninguna empresa-, no hay forma de saber cuánto es lo realmente pagado”.

Proliferación de sicavs

Entre las sociedades que están creciendo y colaborando al fortalecimiento del negocio del Banco Sabadell, adscrito al código de buenas prácticas tributarias, se encuentran 172 sicavs, con un volumen de 1.803 millones de euros en el año 2018, que representa una reducción del 15,67% respecto a la cantidad del año anterior. Las sicavs son sociedades de inversión colectiva muy controvertidas por ser habitualmente utilizadas para eludir impuestos, ya que tributan a un tipo reducido del 1%.

En el año 2005 pasaron a ser controladas por la CNMV en detrimento de la Agencia Tributaria, una medida impulsada en el Parlamento por el grupo político CiU y que fue interpretada por los Inspectores de Hacienda del Estado como una legislación encaminada a favorecer la amnistía fiscal. Los presupuestos generales acordados entre PSOE y Podemos en 2018 incluían el compromiso de revertir esta medida, sin embargo, su posterior rechazo ha ocasionado que permanezca vigente.

Los defensores de este tipo de sociedades rebaten el argumento de que las sicav sean utilizadas para evadir impuestos, aunque sí reconocen que se produce una fiscalidad diferida. El rendimiento obtenido por las personas físicas que integran este tipo de sociedades tributa al 19% por los primeros 6.000 euros de beneficios, llegando a un tope del 23% a partir de los 50.000 euros de las ganancias patrimoniales.

Decenas de sicavs son gestionadas a través de Urquijo Gestión, S.A, S.G.I.I.C., una sociedad, que lleva funcionando más de 20 años y que fue incorporada al Grupo Sabadell en el 2006 con la adquisición del Banco Urquijo, entidad financiera caracterizada por gestionar el patrimonio de las clases acaudaladas españolas. Esta sociedad es dependiente de Sabadell Asset Management, actualmente quinta gestora de fondos de inversión a nivel nacional, con una cuota del 6% y un patrimonio superior a los 15.000 millones de euros. También gestiona un fondo de inversión colectiva extranjera con sede en Luxemburgo, de nombre Sabadell Funds Sicav, y dos fondos de capital riesgo, Parking Rotación Capital y Sabadell Seleccion Ventures.

Otro de estos vehículos es Sabadell Urquijo Cooperación S.I.C.A.V, S.A, la llamada sicav ética, que ha venido colaborando con proyectos sociales a través de la donación de una parte de la comisión de gestión que cobra por sus inversiones. Esta sociedad se encuentra adherida a los principios de Inversión Social Responsable de la ONU, que exige comerciar con productos de componente solidario. Desde el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa señalan que en los informes anuales no se especifican cuáles son los criterios empleados y las empresas en las que se han realizado las inversiones. Actualmente se encuentra en proceso de liquidación.

El Banco Sabadell ha recibido dos inspecciones por parte de la Agencia Tributaria relacionadas con los pagos de Impuesto de Sociedades e Impuesto sobre el Valor Añadido producidos entre los años 2011 y 2014, los cuales se encuentran actualmente en la fase de alegaciones. Existen otros dos procedimientos abiertos con Hacienda que sí han sido asumidos por la entidad catalana, que estima probable un pago de algo más de diez millones de euros en el proceso de regularización.

El Código buenas prácticas tributarias se tambaleó otro poco más con la multa de un millón de euros impuesta el año pasado por la CNMV al Banco Sabadell, por “infracción muy grave” relacionada con el pago de incentivos vinculados con fondos clónicos e Instituciones de Inversión Colectiva registradas en el extranjero.

Asimismo, la entidad financiera sigue sosteniendo numerosas sociedades domiciliadas en paraísos fiscales como Hong Kong, Luxemburgo o Bahamas, donde permanece activa la sociedad Bank & Trust, heredada en 2003 con la adquisición del Banco Atlántico y que apareció en 2015 en Los papeles de Panamá. En el Principado de Andorra, otro Estado que no suele encabezar el ranking de prácticas financieras transparentes, el Sabadell tiene ubicadas dos sociedades de inversión, Assegurances Segur Vida y Sabadell d’Andorra Inversions Sgcoic, además de la filial BancSabadell d’Andorra, con un valor conjunto en activos que alcanza los 795 millones de euros.

Esquivando impuestos con Famol

Un buen ejemplo de la influencia del poder económico sobre el poder político ocurrió en el año 2011 con el diseño de los Presupuestos Generales del Estado. Como ya contó La Marea en su día, varios directivos del Banco Sabadell conformaron una sociedad -a la que llamaron Famol Participaciones- con la supuesta finalidad de aglutinar más del 5% de las acciones de la entidad financiera, cantidad que eximía de pagar impuestos a la hora del reparto de dividendos.

La ampliación de capital que se produjo en 2010, como consecuencia de la adquisición del Banco Guipuzcoano, modificó a la baja el porcentaje de acciones de Famol, quedando por debajo de esa barrera porcentual. Ante la colateral adversidad, los directivos del banco recurrieron supuestamente de nuevo a CiU, que logró introducir una enmienda en los Presupuestos para rebajar las exigencias al 3%, y conseguir así que los directivos continuaran exentos del pago fiscal correspondiente.

Los partícipes de esta sociedad eran Isak Andic, fundador de la textil Mango; José Manuel Lara García, hijo del que fuera presidente del Grupo Planeta y de Atresmedia; Joaquín Folch-Rusiñol, propietario de Pinturas Titán; y el propio presidente del banco, Josep Oliu. Famol compartía domicilio en Barcelona con el despacho de abogados Roca Junyent. Su fundador, Miquel Roca, exportavoz de CiU y coautor de la Constitución Española, ayudó a constituir esta sociedad en el año 2007. Banco Sabadell pasó a ser uno de los primeros clientes de este bufete, cuando Roca regresó a su profesión de abogado después de su larga etapa en política.

Las sucesivas ampliaciones de capital en los años 2012 y 2013 dejaron nuevamente sin efecto la treta fiscal. El poder de Famol en el banco fue perdiendo fuelle desde entonces. Andic abandonó el Consejo de Administración en el año 2013 y el propio Banco Sabadell en 2017, camino que también siguió Folch-Rusiñol ese mismo periodo y Lara un año más tarde, provocando la liquidación de la sociedad cinco meses después y la confirmación de la pérdida de poder de la burguesía catalana dentro del Banco Sabadell.

Este informe su ultimó en mayo de 2019. Desde entonces se han incorporado actualizaciones y seguiremos haciéndolo a medida que surjan nuevas informaciones

El último informe anual del Banco Sabadell constata que se han registrado 44.713 reclamaciones por parte de su Servicio de Atención al Cliente (SAC). Con todo, este centenar largo de quejas diarias representa una disminución del 41,56% respecto a las 76.505 del año anterior. Estas cifras, aunque se muestran alejadas de una impecable práctica bancaria, no parecen preocupar excesivamente a los directivos del banco. Ni el informe aporta información adicional que muestre las causas de tales reclamaciones, ni se menciona el perjuicio que ha podido ocasionar a los clientes o incluso a la propia entidad. Del total de quejas recibidas, un 40,6% obtuvo una resolución favorable para el usuario, una gran mejoría en relación con el exiguo 17,6% del año anterior.

Estas actitudes, en absoluto exclusivas del Sabadell, se explican por el colchón legal que le proporcionan los organismos reguladores a la banca. El recorrido que ha de seguir cualquier cliente que se aventure a poner una reclamación a su banco deberá pasar por el oportuno filtro del SAC de su entidad, que dispone de dos meses para responder al requerimiento efectuado. En el supuesto —más que probable— de que dicha reclamación sea desestimada, deberá elevar la queja al Banco de España, que dispone de otros cuatro meses adicionales para emitir el correspondiente informe, en el caso de que lo haga, puesto que carece de obligación.

Es decir, después de un plazo posible de seis meses de demora en la respuesta a una reclamación, esta puede resolverse vía silencio administrativo. La situación se ampara en la Orden ECC/2502/2012, que regula las reclamaciones del Banco de España y cuyo espíritu se refleja nítidamente en el artículo 12, donde se afirma textualmente que ”el informe final del servicio de reclamaciones no tiene carácter vinculante y no tendrá la consideración de acto administrativo recurrible”. Así pues, al carecer de ningún tipo de compromiso para las entidades de crédito, dicho informe queda reducido a la irrelevancia. Después de este obligado recorrido, solo queda saltar al abismo judicial, con la complejidad y coste que suelen acarrear estos procesos.

Otro mecanismo interno utilizado para encauzar las quejas de los usuarios es el Defensor del Cliente. En el Banco Sabadell este cargo actualmente lo desempeña José Luis Gómez-Dégano y Ceballos-Zúñiga, persona que también aparece como Defensor del Cliente de otras instituciones como Bankinter, Banco Santander o el banco suizo de inversión UBS. Esta figura admitió a trámite el 92,12% del total de reclamaciones producidas en el último año. Resolvió el 95% de ellas a favor del banco.

Toda esta maquinaria burocrática, y sus resultados finales, desalienta a los clientes a la hora de emprender acciones legales. Aunque a nivel global el número de reclamaciones no deja de crecer -se han incrementado un 68,8% según los últimos datos del Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones (DCMR)-, las victorias jurídicas representan una minoría que se anuncia como hechos noticiosos destacados. Tal es el caso de la reciente condena del Sabadell a pagar más de un millón de euros a una vecina de la localidad que da nombre al banco por la venta de un swap hipotecario.

El informe del DCMR, dependiente del Banco de España, resuelve en un 50,4% de los casos totales a favor del reclamante, cifra que baja hasta el 28,8% en el caso del Banco Sabadell. En todo caso, lejos de tomar medidas sancionadoras, el organismo público se limita a recomendar a las entidades financieras a que resuelvan las reclamaciones presentadas para evitar que los clientes tengan que acudir al DCMR. En el documento se afirma que “la existencia de un porcentaje elevado de informes favorables al reclamante es uno de los indicadores que de manera más fiel podría reflejar el eventual funcionamiento inadecuado del SAC.”

Dentro de este espacio de voluntariedad por parte de las entidades, el Sabadell, con un 62,8% de rectificaciones sobre los informes favorables al usuario, no se encuentra entre las que ha tenido mejor comportamiento, situándose por debajo de la media del grupo de grandes entidades financieras. Preguntado por La Marea, el Banco Sabadell no ha considerado de forma interna establecer como carácter vinculante los informes del DCMR.

Este panorama nacional contrasta con la tensa situación que ha estado viviendo el Banco Sabadell con su filial TSB, en el Reino Unido. El mal funcionamiento operativo, ocasionado por la migración tecnológica acometida al comprar esta entidad al Lloyds Bank, ha ocasionado una avalancha de quejas por parte de más de 159.000 clientes. El Parlamento británico ha llegado a intervenir y el Sabadell se ha visto obligado a provisionar 92,4 millones para futuras compensaciones a clientes del TSB.

El Banco Sabadell no cree en el libre mercado

Son frecuentes las declaraciones del presidente Josep Oliu alertando de lo inoportuno que resulta siempre regular un mercado libre, como el que opera -a su entender- en el sector bancario. Sin embargo, el Banco Sabadell, junto al resto de la gran banca española, ya ha sido pillado en varias ocasiones con prácticas monopolísticas que contradicen su discurso.

De esta manera, la entidad de origen catalán fue sorprendida en febrero de 2018 al pactar con el resto de la gran banca los precios de productos derivados que ofrecían a sus clientes y simular que se establecían en condiciones de mercado. El Sabadell fue sancionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con 15,5 millones de euros por cometer una infracción considerada muy grave, conforme al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La CNMC impuso también multas millonarias al Banco Santander, CaixaBank y BBVA, entidades igualmente organizadoras de esta concertación.

El Sabadell tampoco se ajustó a las reglas de los mercados unos meses después, cuando el Banco Central Europeo le sancionó con 1,6 millones de euros por recomprar acciones propias durante tres años, entre 2014 y 2016, sin cumplir con los trámites establecidos.

Las prácticas del banco presidido por Josep Oliu también han sido sancionadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que multó con un millón de euros a la entidad por “infracción muy grave”, relacionada con el pago de incentivos relacionados con fondos clónicos e Instituciones de Inversión Colectiva registradas en el extranjero.

Este informe su ultimó en mayo de 2019. Desde entonces se han incorporado actualizaciones y seguiremos haciéndolo a medida que surjan nuevas informaciones

Especular con bienes de primera necesidad es rentable. Con el mismo empeño que realiza sus inversiones en los ámbitos de la salud, la alimentación o las armas, el Banco Sabadell ha venido dedicando igualmente sus esfuerzos a mejorar su cuenta de resultados interfiriendo en el mercado inmobiliario.

Las sucesivas adquisiciones bancarias realizadas por esta entidad en los últimos años, especialmente el Banco CAM en el año 2012, tuvieron como consecuencia una cartera de activos inmobiliarios cuya herencia fue engordando hasta obtener una valoración casi 14.000 millones. Al igual que está ocurriendo con el resto de la gran banca del país, el Sabadell ha sido instado por el Banco Central Europeo a limpiar estos activos -considerados tóxicos- de sus balances.

De esta manera, el pasado mes de julio la entidad llegó a un acuerdo para la transmisión de una cartera de 9.100 millones con Cerberus, un fondo buitre de origen estadounidense convertido en uno de los mayores agentes inmobiliarios de España, y que cuenta entre sus consejeros con José María Aznar Botella. El cierre de esta operación, todavía pendiente de las correspondientes autorizaciones, se ha realizado con un 58% de descuento, por un valor neto contable de 3.900 millones de euros. A partir de aquí, las dos compañías implicadas planean constituir una o varias sociedades con los activos traspasados, en las que el Sabadell mantendrá el 20% y Cerberus el 80% restante.

Este acuerdo se sumó a la venta de 2.300 millones en créditos provenientes de la CAM al Deutsche Bank, así como el traspaso de dos carteras valoradas en 3.300 millones, el pasado mes de marzo. La más abultada de ellas -de 2.400 millones- también tenía como origen la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Estos activos se protegieron a través del Esquema de Protección de Activos (EPA), a partir del cual el 80% de las posibles pérdidas son cubiertas por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), es decir, también por la competencia del Banco Sabadell. 

Como parte del acuerdo, se estableció que estos activos fueran gestionados por el Sabadell a través de su sociedad Solvia Servicios Inmobiliarios, entidad con presencia relevante en los principales segmentos del sector y también en algunos medios de comunicación como El País, donde patrocina noticias. Este mes de diciembre se ha culminado un acuerdo para la venta de Solvia a Lindorff Holding Spain, un fondo de inversión perteneciente al grupo Intrum.

Además de 18 oficinas propias, este servicer ha abierto en el último año 35 franquicias en diferentes municipios de España, especialmente en el litoral mediterráneo. Conforme a sus propios datos, dispone de una cartera de 148.000 unidades de activos cuyo valor supera los 31.000 millones de euros. El Sabadell ha estimado una plusvalía de 138 millones de euros con esta operación.

Con la venta de Solvia se culmina el traspaso de las compañías de gestión de activos que funcionaban bajo el paraguas de las entidades financieras nacionales. Así, la adquisición de esta gestora se une a las ventas de Altamira por el Banco Santander, Anida, que fue vendida a Cerberus por parte del BBVA, Servihabitat pasó de las manos de CaixaBank al fondo norteamericano Lone Star, y Bankia Hábitat, vendida también a Cerberus por parte de la entidad nacionalizada.

El acuerdo no ha incluido Solvia Desarrollos Inmobiliarios, una sociedad constituida para la promoción de inmuebles y terrenos, cuya dirección corresponde actualmente a Enric Rovira Masachs, que es también consejero de la Sareb, entidad que cuenta con un 45% de capital público y un 55% de capital privado. En el segundo grupo se encuentra el propio Banco Sabadell, que en 2014 resultó adjudicatario de una cartera de 42.900 activos de la Sareb, valorados en 7.000 millones de euros. 

Dentro del organigrama actual de sociedades inmobiliarias dependientes del Banco Sabadell emerge la figura de Jaume Oliu, hijo del presidente del banco. Oliu junior coincide con Rovira en Solvia y también en Sabadell Real Estate Activos, Sabadell Real Estate Housing y en Hotel Investment Partners -anteriormente denominada Solvia Hotels-, compañía de gestión hotelera vendida en diciembre del 2017 por 630 millones de euros a Halley Bidco, entidad controlada por los fondos de Blackstone Group International Partners. Esta venta arrojó unos beneficios netos de 50 millones de euros a las cuentas del Sabadell, que sigue siendo propietario de una docena de hoteles y varias sociedades de gestión inmobiliaria.

Jaume Oliu dirige desde el año 2016 Sabadell Patrimonio Inmobiliario, una socimi hasta febrero de 2017 que ahora funciona como sociedad anónima. También aparece como consejero en Vea Rental Homes Socimi. Se trata de sociedades de inversión constituidas para incidir en el mercado inmobiliario y maximizar su rentabilidad, especialmente con las operaciones de alquiler de viviendas. No pagan impuesto de sociedades ni tributan plusvalías.

Solvia Servicios Inmobiliarios aparece como apoderada solidaria en Port Mataró, una empresa que pertenece a Torrellimona, una sociedad fundada en el año 2003 y administrada en exclusiva por María Victoria Quintana Trías, mujer de Josep Oliu. En Port Mataró también se encuentra Jaume Oliu, cuya presencia en el mercado inmobiliario se extiende a través de una veintena de sociedades vinculadas al banco de origen catalán.

¿El casero bueno?

El Banco Sabadell suele destacar el hecho de no haber ejecutado ningún desahucio de habitantes de primeras viviendas sin alternativa ocupacional. Este punto ha sido reconocido en alguna ocasión por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH). El Sabadell gestionaba la vivienda social a través de Sogeviso, integrada en la recién vendida Solvia. Actualmente se encuentra adherida al Convenio del Fondo Social de la Vivienda (FSV), donde tiene cedidos “101 inmuebles a 48 instituciones y fundaciones sin ánimo de lucro, orientadas a prestar soporte a los colectivos sociales más desfavorecidos”, según su propia información.

Sogeviso gestiona en ocasiones activos inmobilarios de la Sareb que sí han terminado en alguna ocasión en desahucio, como le ocurrió a la familia de Sonsoles el pasado mes de junio en el barrio madrileño de Carabanchel. En la misma línea, la PAH de Leganés consiguió en el mes de octubre detener por dos meses otro desahucio, producido por la incapacidad del banco para gestionar el alquiler social solicitado por los inquilinos. Son casos concretos que se pueden multiplicar con la absorción de Intrum, un grupo especializado en gestionar ocupaciones y judicializar impagos de renta.

En un país donde la vivienda pública de alquiler representa un ridículo 2,5%, más de 6 puntos por debajo de la media europea, la inhibicion de la Sareb y el desvío sistemático de inmuebles hacia sociedades financieras de inversión -a menudo con ventas a precio de saldo-, suponen una nueva vuelta de tuerca en la transformación de un derecho fundamental devenido en mercancía para el lucro privado. Un panorama que contraviene a la propia Constitución Española, que apela en su artículo 47 a los poderes públicos como vehículos necesarios para promover las condiciones que permitan hacer efectivo el derecho a una vivienda digna, “regulando la utilización del suelo de acuerdo al interés general para impedir la especulación”.

Diez años después de la creación de Sabadell Commodities FI, un fondo de inversión destinado a especular con las materias primas y productos agrícolas, el Banco Sabadell sigue en su afán de obtener rentabilidades con el alza de los precios de los alimentos. Lejos de atender las peticiones de organizaciones como VSF Justicia Alimentaria Global o de la misma ONU para que cesen estas prácticas financieras, este fondo ha duplicado en el año 2017 su cartera de inversiones.

Se trata de un producto que opera con la rentabilidad del índice Bloomberg Commodity Index. Fue constituido en 2008, justo después del fuerte aumento registrado en los precios de los alimentos esenciales, circunstancia que incidió en el impacto de estos primeros años de crisis. A partir de ese momento los precios cayeron, pero volvieron a subir en 2011. En los últimos doce meses el precio de productos básicos como el trigo o el maíz ha seguido experimentando subidas significativas.

La reciente modificación de la Ley del Mercado de Valores, publicada en el BOE el pasado 28 de septiembre, supone un punto y seguido a las políticas diseñadas en el Reglamento de la Unión Europea n.º 1308/2013 en cuanto a materias primas y productos agrícolas, medidas que no han evitado que los beneficios de BS Commodities se hayan multiplicado por cuatro en el último ejercicio, especialmente por su actividad en metales industriales y preciosos. Cinco años después de que la plataforma Banca Bajo Control llevara al Banco Sabadell al Parlament de Catalunya para denunciar su carácter especulativo, el fondo de esta entidad ha duplicado sus activos, alcanzando los 32.085.778 € a finales de 2017.

Según se consigna en la propia memoria del banco, “la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de Banco Sabadell se centra en la idea de desarrollar el negocio de forma ética y responsable. Más allá de cumplir con las normas aplicables, el Banco Sabadell dispone de un conjunto de políticas y códigos que garantizan el comportamiento ético y responsable en toda la organización”. En este punto, el código ético del Banco Sabadell no resulta compatible con las denuncias de organizaciones humanitarias o con las de Olivier de Schutter, Relator Especial de la ONU hasta el 2014, relacionando directamente esta acción especulativa con el aumento de los precios agrarios. 

El control y seguimiento de las cuestiones relacionadas con las políticas y normativa ética se lleva a cabo a través del Comité de Ética Corporativa, cuyos miembros son designados por el Consejo de Administración. Dentro del Consejo de Sabadell Commodities FI, una de estas personas es el economista Alfredo Pastor, premio Godó de Periodismo en 2011 y amigo personal de Josep Oliu desde sus etapas académicas. Coincidieron también en 1983 en el INI, implicados en la reconversión industrial y privatización de empresas públicas, llevada a cabo durante el gobierno de Felipe González. Diez años más tarde sería nombrado secretario de Estado de Economía.

El actual presidente de este Consejo es Cirus Andreu, por entonces subdirector general de Mercados y Banca Privada y la persona encargada de comparecer en noviembre de 2015 ante la comisión de Agricultura del Parlament de Catalunya. Completan la lista José Antonio Pérez Roger, director general y consejero, la subdirectora general, Maria Isabel Fernández Todoli, y los consejeros Joan Llonch Andreu, José Luis Oller Ariño y Juan Bernardo Bastos-Mendes Rezende.

En un mundo donde alrededor de 815 millones de personas sufren inseguridad alimentaria y aproximadamente 2.000 millones no disponen de alimentos suficientemente nutritivos, siguen floreciendo este tipo productos financieros que especulan con el precio de alimentos básicos como el trigo, el maíz, la soja, el azúcar, las naranjas… Y así hasta 19 commodities distintos. La acumulación de stocks en estos alimentos conlleva una reducción de la cantidad disponible en el mercado y su consecuente aumento de precio, lo que favorece la rentabilidad de estas inversiones. También provoca que millones de personas tengan mayores dificultades para poder comer a diario.

Según el folleto explicativo del banco, “el Fondo tiene previsto mantener una exposición mayoritaria a los mercados de materias primas”. Su política de inversión no limita ámbito de actuación alguno, negociando su actividad “en los estados miembros de la OCDE, así como en países emergentes sin restricción geográfica ni límite establecido”. Si nada lo impide, así seguirá siendo.

Armas sí, porno no

Pero la política de banca ética y responsable diseñada en la RSC del Banco Sabadell sí se activa en ciertas ocasiones, como a la hora de impedir vender porno feminista, tal y como le pasó a una tienda erótica de Zaragoza cuando trató de utilizar el TPV virtual de esta entidad. En cambio, se viene mostrando más permisiva con la financiación de la industria militar: un total de 96.685.973 de euros de Banco Sabadell han servido para apoyar al sector armamentístico entre los años 2011 y 2017. Conforme a los datos publicados por el Centre Delàs, en este tiempo ha concedido créditos a compañías como Maxam, empresa de explosivos de la que el 45% de su capital ha sido comprado recientemente por el fondo estadounidense Rhône Capital y que vende explosivos a países como Arabia Saudí.

La reciente Junta de Accionistas del Banco Sabadell contó con dos intervenciones sobre este particular, por parte de representantes de la campaña Banca Armada impulsada por el Centre Delàs. A sus demandas para que el banco dejara de tener relación con empresas del ámbito armamentístico, el presidente Josep Oliu contestó que “no se va a dejar de financiar al sector de la defensa, desgraciadamente, los países y las democracias tienen que defenderse”.

El presidente también anunció que el Consejo ha aprobado una política encaminada a establecer restricciones en este sector, que “expresa la prohibición de financiar cualquier actividad relacionada con armas controvertidas”. Esta medida confronta con el préstamo de más de 29 millones de euros a Orbital ATK, empresa dedicada a la fabricación de bombas de racimo -prohibidas por 100 países desde 2008, y por España desde 2015- y a la producción de las devastadoras armas nucleares, según el informe Don’t Bank on the Bomb, realizado por la organización PAX.

El riesgo con la Salud

El pasado mes de mayo el departamento de prensa del Banco Sabadell se las ingenió para colocar las palabras “riesgo” y “salud” en la misma frase. De forma aséptica y descriptiva, la entidad financiera anunciaba la creación de un fondo de capital riesgo de nombre Sabadell Asabys Health Innovation Fund, dirigido a buscar rentabilidad en el sector de la Sanidad.

El objetivo declarado de este fondo es invertir en proyectos innovadores de biotecnología médica en España, Israel y Reino Unido, con el fin de consolidarse en un sector emergente “que ofrece un rendimiento potencial con un alto impacto social a la vez que financiero”, en palabras de Raúl Rodríguez, director de BS Capital, la unidad de negocio de capital riesgo del Banco Sabadell.

Esta decisión supone un cambio de estrategia por parte del Sabadell dentro del sector sanitario. Su inversión en Ribera Salud, una concesionaria de gestión hospitalaria heredada de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, no ha dado los resultados esperados, especialmente desde la llegada de Ximo Puig a la presidencia de la Generalitat Valenciana. El banco tiene ya ultimada su venta a la multinacional estadounidense Centene, que ya dispone del otro 50% después de su compra a Bankia.

El Banco Sabadell, fundado en 1881 por empresarios y comerciantes que tenían la necesidad de financiar la industria y negocios locales, representa un claro ejemplo de cómo en las últimas décadas, la clásica actividad bancaria viene siendo relegada por otro tipo de inversiones alejadas de la actividad productiva, pero que ofrecen un mayor rendimiento a corto plazo.

Cada día aparecen nuevos instrumentos financieros, que representan la nueva forma de proceder de la banca actual, que ha ha ampliado su tradicional presencia en el mercado de valores mobiliarios con nuevas incursiones en el mercado de capitales, materias primas, sanidad privada o sector inmobiliario.