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Bankia: un cero a la izquierda

La reciente fusión de Bankia con CaixaBank supone la enésima renuncia del PSOE a formar una banca pública, deja al Estado como accionista minoritario en la entidad resultante –CaixaBank– y configura el último episodio de una serie de decisiones que han ido erosionando el sistema financiero público español.

El papel jugado todos estos años por las diferentes organizaciones de izquierda presentes en los consejos de administración de la entidad ha generado suficiente munición como para que la opinión pública acepte hoy impasible las palabras de José Ignacio Goirigolzarri –actual presidente de CaixaBank– en 2019, cuando criticaba a las pocas voces que todavía proponían la necesidad de convertir la antigua Caja Madrid en una banca pública. El presidente de la entonces entidad estatal era el primer convencido en su privatización.

“Somos la izquierda”, insiste invariablemente el Partido Socialista cada vez que se aproxima una campaña electoral, con intención clara de identificarse como el “partido de Gobierno” del ala progresista en España. 

Y así ha sido hasta la fecha. Fue el primer gobierno de izquierdas de Felipe González, aupado por una mayoría absoluta de 202 diputados, quien aprobó la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA), que marcó un antes y un después en el desarrollo de estas entidades. Lo que pretendía ser un movimiento orientado a la democratización de sus órganos de dirección, permitiendo la entrada de los representantes de la ciudadanía, derivó en un funcionamiento que alteró los parámetros de actuación de las cajas. 

Resumido con palabras de Rubén Juste en su obra La nueva clase dominante, “un secretario general de un partido regional tenía el suficiente poder para facilitar el crédito a un amigo empresario, construir aeropuertos sin planes de viabilidad, carreteras y radiales que se solapaban o una ciudad en medio de la nada”.

En Caja Madrid, la nueva operativa quedó bien reflejada con la publicación de los correos de su presidente Miguel Blesa, mostrando las relaciones con la élite política madrileña y el expolio causado a la entidad a través de préstamos concedidos y condonados a amistades afines, instrumentos financieros diseñados para estafar a miles de clientes, el uso sin fondo de tarjetas de crédito para consejeros o el reparto de cargos como herramienta para establecer cuotas de poder.  

Resulta conveniente recordar que la entidad madrileña funcionó con la presidencia de Blesa como “un chiringuito del Partido Popular, a través del cual se realizaron todo tipo de favores, se colocaron amigos y familiares o se decidieron estrategias impuestas por políticos populares, al margen de criterios financieros rentables”, según narran Javier Castro-Villacañas y Luis Suárez, autores de Miguel Blesa, el lobo de Caja Madrid.

Es el escenario en que se sitúa el papel desempeñado por las organizaciones de izquierda en el Consejo de Administración de Caja Madrid-Bankia. En su libro La distancia del presente, Daniel Bernabé define a Blesa como un hombre hábil que supo “granjearse el favor de propios y ajenas, cuando en la guerra entre Aguirre y Gallardón por el control de la entidad, contó con el voto de los consejeros de IU y CCOO”. 

La Caja madrileña se convirtió así en el “paradigma del consenso político-sindical que arruinó nuestras cajas de ahorros y, por encima de todo, la taberna financiera donde hicieron y deshicieron los sindicatos UGT y CCOO”, rematan Castro-Villacañas y Suárez. 

La Caja Madrid de Blesa y CCOO 

Previo a la llegada de Miguel Blesa, el catedrático gallego Jaime Terceiro dirigió la entidad madrileña entre 1988 y 1996. Aunque su gestión no estuvo exenta de escándalos, detentaba cierto prestigio académico y optaba por la prudencia a la hora de gestionar el riesgo de las operaciones. No obstante, Terceiro no contaba con el apoyo de parte del Consejo de Administración, ni de sindicatos y tampoco del Gobierno central. Años más tarde revelaría que Rato le ofreció dirigir una empresa pública si cedía su puesto a Blesa. 

Así, su proceso de sustitución se inició con un acuerdo firmado entre Comisiones Obreras y Partido Popular, “mediante el cual el candidato sería, en un primer momento, el economista, exconsejero de la Caja y tertuliano Alberto Recarte”, según aparece en Bankia Confidencial. Esta opción fue finalmente descartada, puesto que el expresidente de Libertad Digital “abogaba directamente por la privatización de las cajas”. 

En la búsqueda de un mayor consenso surgió la figura de Miguel Blesa, por entonces gran amigo de José María Aznar. El acuerdo para sustituir a Terceiro se selló el 6 de septiembre de 1996, cuatro meses después de iniciarse la primera legislatura del PP. Contó con la firma de Ricardo Romero de Tejada -por entonces secretario general del partido en Madrid- y de Javier López, que ejercía la función de secretario de política institucional en CCOO. López fue nombrado secretario general de Madrid cuatro años más tarde, cargo que mantuvo hasta 2013.

Este pacto, al que se sumaron posteriormente IU, PSOE y UGT, dotó de protagonismo al sindicato de origen comunista en el Consejo de Administración de la entidad bancaria. “Se puede afirmar, sin faltar un ápice a la verdad, que Miguel Blesa fue el presidente de Comisiones Obreras. Ellos lo pusieron, ellos lo mantuvieron y ellos no hicieron nada por retirarle de su cargo”, sostienen Castro-Villacañas y Suárez.

Con Blesa presidiendo Caja Madrid se produce un giro en la gestión de la entidad, sustituyendo la anterior prudencia por operaciones de índole especulativa. Aprovechando el período de privatizaciones del gobierno Aznar, se adquieren participaciones en sociedades como Mapfre, Telefónica o Endesa. En ese año, se sentaban en el Consejo de Administración de la Caja cuatro consejeros de CCOO, otros cuatro del PSOE, uno de IU y otro de UGT, que se adherían a los ocho del Partido Popular.  

También desde la entidad madrileña, se llevaron a cabo otras actuaciones con mayor impacto directo en la población, como la emisión de preferentes y una política de vivienda que incluía el diseño de cláusulas suelo y la concesión de créditos sin rigor financiero a miles de personas. Algunas consecuencias quedaron plasmadas en los datos que distribuyó en 2012 la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), donde denunciaban que más del 80 por ciento de los desahucios de Madrid se encontraban ligados a Bankia.

Durante esa época circularon por Caja Madrid seis integrantes de CCOO condenados por el uso de las tarjetas black, opacas al sistema fiscal. Entre ellos se encontraba Antonio Rey de Viñas, exmiembro de la comisión de control de Caja Madrid y sentenciado a dos años y medio de prisión, o el exconsejero Francisco Baquero Noriega, que disfrutó de la tarjeta durante al menos siete años -en los que retiró 266.400 euros- y que recibía unas dietas de 6.480 euros netos mensuales. Su esposa, María Jesús Paredes, ejercía como secretaria general de la Federación de Banca y Ahorros de CCOO. 

El sindicato situó también en el consejo de Bankia a Rodolfo Benito Valenciano, condenado a tres años de cárcel; Pedro Bedía, que recibía la misma cantidad por dietas que Baquero; y Gabriel Moreno Flores, el secretario general de la sección sindical que firmó con posterioridad el despido colectivo de cientos de trabajadores de la entidad. 

La Federación madrileña de IU

El apoyo de Izquierda Unida al pacto suscrito entre CCOO y el Partido Popular para apoyar a Blesa le permitió colocar como vicepresidente de Caja Madrid a José Antonio Moral Santín, primer vice fuera del entorno PSOE-PP y una figura que fue ganando relevancia dentro de la entidad. De su voto, y de otros afines, dependía la continuidad de un Blesa al que muy pronto quiso remover Esperanza Aguirre, en su guerra con Gallardón por controlar la entidad, para sustituirlo por Ignacio González. 

En la obra de Simona Levi y Sergio Salgado Votar y cobrar, se relata cómo “los cientos de miles de euros que Santín cobró con el respaldo de IU revirtieron en su partido en forma de créditos y prebendas. Asimismo, Moral gastó 456.522 euros en las black, de los cuales 360.000 fueron retirados en efectivo de cajeros automáticos.” El partido pidió su dimisión en mayo de 2012, después de mantenerse en el cargo durante 16 años. Salió de la cárcel en noviembre de 2019, después de cumplir menos de la mitad de los cuatro años de prisión a los que fue condenado.

Corría el año 2010 cuando sorprendieron a Esperanza Aguirre afirmando a micrófono abierto que le habían “dado un puesto a Izquierda Unida quitándoselo al hijoputa”, en referencia, supuestamente, a Ruíz Gallardón. El mencionado puesto fue a parar a Rubén Cruz Orive, exdiputado de IU y también condenado a dos años y medio de presidio. Además de los 233.700 euros extraídos a través de su ‘tarjeta b’, fue uno de los consejeros más hábiles a la hora de conseguir préstamos de Caja Madrid entre 2008 y 2010, los últimos años de la entidad con tal denominación.

El exdiputado regional Antero Ruiz, autor de la rúbrica por parte de Izquierda Unida del pacto de apoyo a Blesa a cambio del reparto de los puestos directivos de la Caja, fue expulsado de la organización en 2014 por su gestión en la entidad y su responsabilidad en el uso de las tarjetas opacas.

Desde la federación de IU Andalucía se elevó la voz de forma contundente, principalmente a través del entonces diputado y actual ministro Alberto Garzón, inquiriendo al coordinador general -por entonces Cayo Lara– tomar medidas expeditivas contra los miembros implicados en las tropelías reveladas en Bankia. En febrero de 2015, Gregorio Gordo y Ángel Pérez, portavoces en la Asamblea y en el Ayuntamiento de Madrid, fueron expulsados de la organización por su responsabilidad en la gestión en los órganos de la entidad madrileña. 

Según aparece en el libro Al fondo a la izquierda, de Jesús Maraña, Garzón definió IU-CM como “el partido de Bankia”. Los aludidos Gordo y Pérez le acusaron de “mentir como un bellaco”, considerándose víctimas de una cacería política organizada desde el PCE andaluz y acusando a Garzón de querer “eliminar estorbos en una operación destinada a diluir Izquierda Unida en Podemos”. 

Meses después de su despido ambos apoyaron la creación de una nueva formación política, junto a otros dirigentes procedentes de la expulsada federación madrileña, como Miguel Reneses, llamada Convergencia de la izquierda, de escaso recorrido. Gregorio Gordo se ofreció tres años después a colaborar con el PSOE para las elecciones autonómicas de 2019. Por su parte, Ángel Pérez sigue mostrando su inquina actualmente a todo lo que tenga que ver con Unidas Podemos, especialmente lo relacionado con Iglesias y Garzón. 

PSOE, PP y los consensos en Bankia

En el año 2000 PSOE y UGT, se añadieron al pacto sellado inicialmente entre PP y CCOO. Lejos de la crispación escenificada en otros escenarios, Miguel Blesa contó con la unanimidad del Consejo de Administración para ser reelegido como presidente de Caja Madrid. El PSOE llegó a tener hasta 15 consejeros en Bankia con remuneración mediante tarjetas black.

Uno de ellos fue Virgilio Zapatero, exministro en el segundo gobierno de Felipe González, al que se le contabilizaron 36.000 euros extraídos por este procedimiento. Catedrático de Filosofía del Derecho, Moral y Política, ejerció como vicepresidente de Bankia entre 2010 y 2012 a propuesta de Tomás Gómez, por entonces secretario general del PSOE en Madrid. Además de pertenecer al Consejo de esta entidad, también lo fue de su matriz, BFA (Banco Financiero y Ahorros), donde cobró 366.000 euros en el año 2011.

Tipos infames, libro del periodista Carlos Fonseca, recoge los elogios realizados por Zapatero a Rodrigo Rato en el Consejo de Administración del 4 de mayo de 2012, cuando ya se conocía la dimisión del exdirigente del Partido Popular, declarándole “su gran amistad, afecto y admiración”, así como pidiéndole que continuara aportando su buen hacer “en beneficio e interés del país”. 

Varios consejeros nombrados por el Partido Socialista fueron condenados a más de dos años de prisión por las tarjetas black, entre ellos Antonio Romero Lázaro, que sacó 252.000 euros, Ángel Eugenio Gómez del Pulgar o Francisco José Pérez Fernández, pertenecientes a la Comisión de Control de Caja Madrid. Un total de diez integrantes del PSOE fueron expulsados por este asunto y otros seis pidieron la baja de forma voluntaria.

Operaciones especulativas y complicidades en UGT

Ya en el año 2004, la Unión General de Trabajadores conocía, a partir de un escrito donde trataba de defender a dos de sus afiliados en Caja Madrid, que ciertos productos siempre habían dado “múltiples problemas en cuanto a la definición y a su comercialización”, un sistema que “daba pie a pensar que determinados empleados especulaban con los productos que ellos mismos compraban a los clientes”.

Por entonces, el secretario general de UGT Madrid y consejero de la Corporación Cibeles, José Ricardo Martínez, además de su remuneración de 180.000 euros en 2011, empleó 44.154 euros mediante su tarjeta black, con la que realizó diversas compras en El Corte Inglés ajenas al devenir de la lucha sindical. Pagó cenas en restaurantes o una noche en el hotel Hilton. El secretario general del otro sindicato mayoritario nacional, el mencionado Javier López, defendió el comportamiento de Martínez, situándolo dentro de la normal actividad de los consejeros de Bankia. 

Ocho meses después de ser condenado a dos años de prisión, habiendo dimitido previamente de su responsabilidad en UGT, este empleado de Renfe fue propuesto como jefe de promoción de actividades fundacionales, un puesto de nueva creación en la empresa pública ferroviaria.

Gonzalo Martín Pascual, otro de los consejeros de este sindicato hasta el 2009, y que terminó compartiendo celda con Rodrigo Rato, ejerció posteriormente como representante en Phunciona Gestión Hospitalaria, sociedad concesionaria del Hospital Sureste de Madrid -perteneciente a OHL hasta 2014- y posteriormente a otros fondos de inversión como Globalvia o Lloyds. Martín Pascual, afirmó que las tarjetas black, de las que extrajo 129.700 euros, eran perfectamente conocidas tanto por el Partido Socialista, como por CCOO y UGT.

Ninguna de estas tres organizaciones ha contestado a las preguntas formuladas por el autor de este artículo, con el objetivo de conocer, al margen de explicaciones sobre los hechos relatados, la implantación de medidas orientadas a evitar actuaciones similares, por parte de posibles miembros que se encuentren actualmente incrustados en consejos de administración de organismos o sociedades que cuenten con participación pública.

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Las puertas giratorias de Inditex

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Existen elementos que parecen distinguir a los consejeros de Inditex de los de otras sociedades englobadas en el IBEX 35. Algunos pasan por su escasa relación con el Boletín Oficial del Estado (BOE) y su aparente lejanía con las tramas de poder político que se urden en la capital del reino español. A diferencia de lo que ocurre en el sector energético o bancario, apenas se vislumbra trasiego de sillones entre los altos cargos de la multinacional textil y los puestos de representación política nacional, el fenómeno conocido como puertas giratorias. 

Con todo, también aparecen algunos ejemplos de este tipo de relaciones en la sociedad de origen gallego:

Pablo Isla Álvarez de Tejera: Amancio Ortega le fichó mientras era presidente de Altadis a través de una compañía de cazatalentos para nombrarle directamente vicepresidente y CEO de Inditex. A partir de ahí, solo le quedaba un puesto por escalar: el de presidente, que logró en 2011.

Isla, que se sacó las oposiciones de abogado del Estado en 1988 siendo el primero de su promoción, cruzó por primera vez la puerta giratoria cuatro años después. Lo hizo para convertirse en director de los servicios jurídicos del Banco Popular. 

La puerta volvió a girar cuando en 1996 fue designado como director general de Patrimonio en el primer gobierno de José María Aznar y, como tal, vocal del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Apenas duró un par de años en ambas tareas y, en 1988, el Banco Popular le hizo secretario general. Una puerta giratoria que se mueve hacia ambos lados.

Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós: Un clásico dentro del Consejo de Administración de Inditex de los últimos años. El marqués de Valtierra es también padre del dirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros. El progenitor fue designado consejero en 1997, puesto que mantuvo hasta julio de 2018. También ejerció como vicepresidente entre los años 2005 y 2012.

Posteriormente fue nombrado por Rajoy máximo responsable del alto comisionado para la Marca España, con rango de secretario de Estado, un cargo que ocupó hasta ser cesado en octubre de 2018. Durante ese tiempo existió una relación sospechosa entre Inditex y esta nueva institución, denunciada en 2018 por el Tribunal de Cuentas, que aseguraba que la facturación de la multinacional textil a la organización pública “no se adecúa a la normativa presupuestaria”.

Espinosa de los Monteros ha tenido cargos públicos de relevancia desde los años setenta, principalmente en el Ministerio de Comercio y el Instituto Nacional de Industria (INI). También ha sido presidente de las compañías Iberia, Aviaco, consejero delegado en Mercedes Benz o presidente de Fraternidad-Muprespa, cargo que todavía representa. Precisamente esta es la mutua de referencia de Inditex, cuya plantilla ha acusado a Muprespa de no respetar los derechos laborales y de salud de sus trabajadores.

Su hijo Beltrán Espinosa de los Monteros fue nombrado en 2013 director financiero de Stradivarius, una de las marcas del grupo Inditex.

Denise Patricia Kingsmill: Las relaciones entre el poder político y la empresa de Amancio Ortega traspasan el territorio nacional con la presencia de la baronesa Daenise Patricia Kingsmill, consejera independiente desde 2016 y miembro de la Cámara de los Lores del Reino Unido por el Partido Laborista. Ha sido miembro del Comité Selecto de Asuntos Económicos de dicha Cámara y también ha llegado a presidir la Comisión de Remuneraciones en un gran número de compañías internacionales, según se refleja en su perfil incluido en la memoria de Inditex.

Se licenció en economía, se formó en antropología y ejerció de abogada. En algunas entrevistas ha destacado su preocupación por los derechos humanos y la igualdad de género, causas en las que se ha involucrado de forma reiterada a lo largo de su trayectoria. En ese momento, su incorporación a la firma con sede en Arteixo no mejoró la exigua cuota femenina dentro del consejo de administración, al sustituir a la también británica Irene Miller. Tras la contratación de la empresaria francesa Anna Lange a finales de 2019, en la actualidad 4 de las 11 sillas del Consejo están ocupadas por mujeres, es decir, un 36%.

Rodrigo Echenique Gordillo: consejero independiente desde julio de 2014. Abogado del Estado en excedencia, probó diferentes puestos dentro de la Administración del Estado. De 1976 a 1983 trabajó en el Banco Exterior de España –por entonces entidad pública- como jefe de los Servicios Jurídicos, ejerciendo posteriormente el cargo de director general adjunto. 

Desde 1987 se convirtió en un hombre del Banco Santander, ocupando silla en su Consejo de Administración, ejerciendo como consejero delegado o presidiendo la Comisión de Auditoría y Control. Salió del banco en diciembre de 2020, aunque continúa ligado a él a través de su fundación, de la cual es presidente. También lo ha sido del Consejo de Administración de Metrovacesa en representación del Santander, así como en NH Hotels Group, Merlin Properties SOCIMI S.A. o Vocento.

Destaca igualmente su pertenencia a diversos patronatos, como el de la Fundación Consejo España-EEUU, el Patronato del Teatro Real, la Escuela Superior de Música Reina Sofía, la Fundación Empresa y Crecimiento o la Fundación ProCNIC.

Antonio Abril Abadín: Abril ha sido secretario general y ha desempeñado la secretaría de todas las Comisiones del Consejo de Administración hasta finales de enero de 2021, cuando renunció a sus cargos. Lo ha hecho, según ha informado Inditex, para poder dedicarse a la tarea de presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las universidades españolas y del Consejo Social de la Universidade da Coruña (UDC).

Abogado del Estado en la Delegación del Gobierno de Galicia, también ha ejercido su influencia en la Cámara de comercio de A Coruña como miembro de la Comisión Ejecutiva y en el Consejo Rector de la Asociación para el Progreso de la Dirección en Galicia (APD), una comunidad de directivos asociada a grandes empresas. Es el vicepresidente del Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE), una organización vinculada con Marca España, y miembro de organizaciones como la European Retail Round Table (ERRT) o la European Branded Clothing Alliance (EBCA), que engloba a las más importantes marcas de ropa minorista a nivel europeo y mundial. De la FMRE forman parte el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo o Turespaña, entre otras administraciones públicas.

Antonio Abril fue sustituido el pasado 27 de enero por Óscar García Maceiras, otro abogado del Estado de A Coruña en excedencia que fue reclamado por el sector privado después de cinco años de experiencia en la función pública. En Inditex, además de ocupar el cargo de secretario general, actuará como secretario en el Consejo de Administración.

García Maceiras venía hasta la fecha realizando labores de vicesecretario del Consejo y director de la Asesoría Jurídica del Banco Santander. Previamente desempeñó diferentes funciones en el Banco Pastor –absorbido por el Banco Popular– y en esta última entidad, absorbida a su vez por la corporación presidida por Ana Patricia Botín. El currículum de este joven abogado incluye también su paso por la Sareb con el cargo de director general de asuntos legales.

Como abogado del Estado participó en el equipo jurídico encargado de la gestión del hundimiento del buque Prestige, ocurrido en aguas gallegas en noviembre de 2002. El nuevo secretario general de Inditex forma parte del 40% de abogados del Estado en activo que han dejado de ejercer sus funciones dentro de la administración.

Otros pasillos comunicantes

Existen perfiles menos comunes en el ámbito de las puertas giratorias, algunos de los cuales se localizan en ocasiones entre empresas auditoras y sus sociedades auditadas. Aquí el trayecto no sale del sector privado, pero igualmente mantiene evidentes conflictos de interés.

El consejero Carlos Crespo González responde a este perfil. Entre los años 1996 y 2001 fue auditor de Arthur Andersen –en la actualidad Deloitte– desempeñando el cargo de jefe de equipo de auditoría externa del Grupo Inditex y formando parte activa en la revisión de la oferta pública realizada el 2001, fecha en que la compañía textil decidió salir a bolsa.

En ese mismo año se produjo la incorporación de Carlos Crespo a Inditex, en concreto, a su departamento de administración financiera. Cuatro años más tarde fue nombrado director de auditoría interna del Grupo. Desde 2008 hasta 2017 formó parte del Comité Directivo del Instituto de Auditores Internos (IAI), donde ocupó el puesto de presidente de su Comité de Nombramientos. 

En marzo de 2018 fue designado director general de operaciones de la multinacional, pasando a ejercer como consejero delegado del Consejo de Administración a partir de julio de 2019. Al cierre de ese año poseía 26.258 acciones de la sociedad, según la información de su página web. 

Otro caso frecuente –y habitualmente poco reseñado– de puertas giratorias lo representa la figura de José Arnau Sierra. Este inspector de Hacienda del Estado –actualmente también en excedencia– ocupó diversos cargos de la Administración Tributaria antes de incorporarse en 1993 al grupo Inditex, en calidad de director de Asesoría Fiscal.

Una vez conocedores de las tripas del sistema de impuestos del Estado español, este perfil profesional suele estar muy demandado por empresas con ánimo de maximizar sus beneficios fiscales.

Arnau Sierra es considerado una de las personas más cercanas a Amancio Ortega, apreciación que se sustenta en los cargos que mantiene como vicepresidente de Inditex, vicepresidente y primer ejecutivo de Pontegadea –la inmobiliaria patrimonial del dueño de Zara– y también vicepresidente de la Fundación Amancio Ortega Gaona.

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Bankia pública, la última oportunidad malgastada

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Año 2012. Horas previas a su dimisión como presidente de Bankia, Rodrigo Rato tuvo dos reuniones con el ministro de economía Luis de Guindos y con los tres principales banqueros de España –Emilio Botín (Banco Santander), Isidro Fainé (CaixaBank) y Francisco González (BBVA)– con el fin de abordar los problemas financieros de la antigua Caja Madrid. Sospechaban estos acerca de la veracidad de las cuentas emitidas por Rato; las posiciones más escépticas eran defendidas por González, quien en su día alcanzó la presidencia de Argentaria precisamente con Rodrigo Rato como ministro de economía.

El presidente del BBVA afirmó que la entidad madrileña necesitaría hasta 20.000 millones para ser saneada, lo que posteriormente resulto ser la estimación más realista. Al día siguiente, Bankia fue intervenida.

La marcha de Rato fue acompañada por la dimisión en bloque de todo el Consejo de Administración, presionados por el nuevo presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, paradójicamente nombrado por el propio Consejo. El ministro de Economía Luis de Guindos solicitó un rescate de 100.000 millones para sanear el sistema financiero español, de los cuales 23.465 millones fueron para las agujereadas cuentas de Bankia. El Estado español, a través del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB), pasó a disponer del 68,39% de las acciones de la entidad. 

Esta gran recapitalización permitió cubrir todo tipo de carteras dudosas y sanear el banco, hasta convertirlo en uno de los más rentables de la actualidad. En un año se pasó de unas pérdidas de 19.098 millones de euros a 509 millones de beneficio en 2013. Cogida la senda de los números negros, el FROB se desprendió de un 7,5% del capital del banco, adquirido por diversos fondos de inversión a cambio de 1.304 millones de euros. Por esta operación la entidad declaró unas plusvalías de 301 millones. En 2017 se deshizo de otro 7%, esta vez por 818 millones. 

En 2015 Bankia paga su primer dividendo al Estado, que recibió, como principal accionista, 128 millones de euros. Ese mismo año, el banco se deshace del City National Bank of Florida y consigue una plusvalía de 117 millones en la operación. En las últimas cuentas anuales, Bankia ha repartido el mayor dividendo de la historia de la banca pública, lo que se ha traducido en otros 219 millones que han ido a parar a las cuentas del FROB. El último informe anual cuantifica en 3.303 millones la devolución de las ayudas públicas recibidas.

Banca pública subordinada a la competencia  

Sin retrotraernos a la expropiación del ramillete de bancos de Rumasa que tuvo lugar en 1983 (Decreto-Ley 2/1983), la última oportunidad que dispuso el Estado de tener algo parecido a una banca pública aconteció en 1991, con Argentaria. Fue una sociedad formada a partir de la integración de diversos bancos públicos, principalmente tres históricos como Banco Hipotecario, Banco Exterior de España y Caja Postal. A diferencia de Bankia, la entidad resultante se encontraba saneada desde el primer día y era considerada una de las empresas más rentables de España.

Su proceso de privatización se inició apenas año y medio después de su composición y su proceso se alargó hasta 1998. Desde un primer momento las intenciones privatizadoras no fueron ocultadas, el propio presidente Aznar –que colocó a Francisco González al frente de Argentaria– lo dejaría claro con posterioridad: “Llegué a la presidencia y tocó tomar una decisión respecto a Argentaria, una entidad destinada a privatizarse. Luego vino la fusión con el BBV para crear el BBVA”. Los últimos nueve meses de 1997 la Argentaria pública obtuvo un beneficio neto de 48.600 millones de pesetas, casi 300 millones de euros.

La inminente fusión entre CaixaBank y Bankia formará la sociedad financiera más potente del Estado español. RothschildCo España, asesor de la operación, estima que el beneficio para los accionistas de Bankia aumentará en un 70% para el 2022. No obstante, no parece probable que los dividendos de la entidad resultante vayan a compensar las devoluciones pendientes al Estado, no solamente porque el porcentaje de las participaciones del FROB disminuirá desde el 61,80% actual hasta un estimado 16%, sino porque el propio presidente del FROB ha anunciado su intención de desprenderse gradualmente de esa participación. 

Como ocurrió en su día con Argentaria, el Estado se deshará de una de las entidades más solventes de la actualidad. La venta de los activos en la nueva CaixaBank en ningún caso alcanzarán para cubrir lo aportado en su día por el Estado para salvar Bankia. Además de las previsibles pérdidas, las consecuencias de la operación terminarán de nuevo con las posibilidades políticas que otorga disponer de una banca pública, un aspecto que interesaba al partido minoritario del Gobierno, Unidas Podemos. 

Pero desde el FROB –dependiente del Banco de España, del Ministerio de Asuntos Económicos de Nadia Calviño y del Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero– otorgaron el pasado 23 de octubre su valoración favorable a la fusión, convencidas de que mejorará “el valor de la participación indirecta en Bankia”. El documento sostiene también que tendrá un “efecto positivo sobre las perspectivas de recuperación de ayudas en futuras desinversiones”. En la misma línea, Goirigolzarri ha avalado el proceso de fusión como la mejor opción disponible para recuperar las ayudas a Bankia.

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El embudo machista de una Bankia pública

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Cuando una mujer pasea por los pasillos de la sede social de Bankia, en la calle de Pintor Sorolla, en Valencia, o por la sede operativa del Paseo de la Castellana de Madrid, probablemente sea consciente, dentro del marcado grado de jerarquía que opera en casi cualquier empresa, de que cruzarse con un hombre suele significar pasar al lado de alguien con rango superior. 

Los datos dejan poco margen a la duda en Bankia. Con una plantilla que cuenta con un 56,2% de presencia femenina, esta se reduce al 34,8% en el grupo de los cuatro primeros niveles retributivos. Si escalamos hasta el Comité de Dirección o a su Consejo de Administración, los porcentajes menguan hasta el 8,3% y 14,2%, respectivamente. Por el contrario, en las últimas escalas salariales un 68% pertenece al sector femenino. Bankia asegura estar haciendo esfuerzos para paliar esta desigualdad y señala que el 50,4% del personal promocionado en 2019 fueron mujeres.

La entidad se comprometió en julio de 2016 con los representantes de los trabajadores en el Plan de Igualdad de Bankia a alcanzar una efectiva igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. El documento incluye, además de protocolos de prevención de acoso laboral o sexual, el compromiso de que un mínimo del 40% de los nuevos nombramientos de funciones directivas “corresponderá al género menos representado”. 

Cuatro años después no se ha producido mejora alguna en las altas esferas de Bankia. Entre los siete nombramientos que se han producido desde que se acordó el mencionado plan, en los sillones de los principales órganos directivos del banco solo se ha sentado una mujer, Laura González, quien se incorporó como consejera independiente el 10 de octubre de 2018. Unos meses antes fue designado Carlos Egea, como consejero ejecutivo. 

El Comité de Dirección se amplió en 2018 de ocho a doce miembros. La baja de Joaquín Cánovas, pocos meses después de su nombramiento en diciembre de 2017, dejó cinco vacantes que fueron ocupadas por Leopoldo Alvear, Manuel Galarza, David López, Eugenio Solla y Carlos Torres, hombres todos de gran experiencia en Bankia desde la época de Rodrigo Rato o en Caja Madrid, etapas marcadas por la cuestionable actitud y solvencia del Consejo y su equipo directivo.

La entidad, además de remitirse a su Plan de Igualdad, afirma que “defiende criterios meritocráticos para los nombramientos de directivos”. Actualmente, de los doce miembros del Comité, la única mujer es Amalia Blanco, directora adjunta de comunicación y relaciones externas. Lejos de atemperarse estas diferencias, las pautas meritocráticas establecidas en Bankia han derivado en una desigualdad laboral todavía más pronunciada en sus órganos de dirección.

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[DOSSIER] Bankia, 10 años después del cráter financiero

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Este 3 de diciembre se cumplen 10 años de la creación de Bankia. En plena crisis financiera y proceso de fusiones, siete cajas, entre las que se encontraba Caja Madrid y Bancaja, formaron el embrión de Bankia. La adquisición de Banco Mare Nostrum en 2017 la consolidó como cuarta entidad bancaria de España. En la misma semana en la que se cumplen 10 años de su creación, Bankia aprobaba su fusión con CaixaBank, lo que unirá a las –en su día– dos mayores Cajas de Ahorros de España. 

La sede social y fiscal de Bankia se sitúa actualmente en Valencia, igual que sucede con CaixaBank. El resultado de esta anexión dará lugar a la mayor entidad financiera del Estado, con intención de mantenerse a orillas del Turia y contar con dos bases operativas, en Barcelona y Madrid.

El proceso de reestructuración bancaria de los últimos años ha ido laminando el modelo societario de Cajas de Ahorros, un sistema que albergaba la mitad del pastel financiero y resultaba incómodo a la banca privada. La culminación de este proceso la escenificó en Bankia Rodrigo Rato tocando la campanilla en la celebración de salida a Bolsa de la nueva entidad, dispuesta en verano de 2011 a empaparse de todo el capital privado necesario para garantizar su nivel de solvencia.

Aunque en un primer momento logró este objetivo, el entonces ministro de economía Luis de Guindos elevó el nivel de provisiones del sistema bancario, lo que hizo tambalear la estabilidad de la entidad. Los problemas se agravaron en 2012 cuando, después de presentar unas cuentas con 305 millones de beneficio sin el respectivo informe de auditoría, hubo que reformularlas semanas después, reconociendo pérdidas de 3.318 millones de euros. Se firmaba el mayor descalabro financiero desde la intervención de Banesto en 1993.

Los beneficios de Bankia no llegan a las cuentas del Estado

A partir del desastre contable de 2012 Bankia ha regresado al sendero de los números positivos, acumulando 4.948 millones de beneficios en los últimos siete años. Como accionista mayoritario de Bankia, el FROB ha recibido desde entonces 3.303 millones de euros en dividendos, poco más del 10% del préstamo recibido por la entidad para evitar su colapso financiero. Sin embargo, estos beneficios anuales no están sirviendo para fortalecer el sistema sanitario, educativo o de pensiones, sino que se diluyen en las deficitarias cuentas del FROB.

Carlos Sánchez Mato, profesor de Economía aplicada y exconcejal del ayuntamiento de Madrid, explica cómo “con una parte de esos dividendos, el FROB ha tenido que hacer frente a cantidades de pagos a preferentistas, pérdidas del valor del patrimonio de Bankia o relacionadas con otras entidades bancarias. Y ese dinero es adicional a los 22.424 millones del rescate”. Así, aunque este organismo público recibe los correspondientes dividendos de Bankia, “tiene que asumir los costes que tiene en el «banco malo», que es el BFA, la matriz de Bankia, propiedad al 100% del FROB”.

El Banco Financiero y de Ahorros (BFA) fue el instrumento que se creó en 2010 para aglutinar el SIP (Sistema Institucional de Protección), un proceso que fusionó una decena de Cajas de Ahorros con problemas en sus balances. Se crearon dos sociedades distintas: Bankia, que funcionaría como un nuevo banco privado del IBEX 35, y BFA, que asumiría los activos más deteriorados y las participaciones preferentes emitidas por estas entidades.

Además, y según desvela Nicolás Menéndez Sarriés en su libro Bankia Confidencial, en 2012 se distribuyó un informe interno en la entidad que revelaba un aumento de la morosidad de 4.094 millones correspondientes al año anterior, de los cuales un 77% correspondían a Bancaja, una de las integrantes del SIP.

El procedimiento establecido ha provocado que el perjuicio que vienen generando estos activos sean asumidos de forma preferencial mediante fondos públicos. “A la hora de salir a Bolsa se estableció que los créditos más nocivos se dispusieran en BFA”. De esta manera, “cuando han llegado los quebrantos judiciales por preferentistas, salidas a Bolsa, etc., lo asume BFA y el porcentaje de accionistas privados de Bankia quedan exentos de esa parte”, señala Sánchez Mato. Esto hace que apenas se haya reducido la factura que Bankia mantiene con el Estado. Los problemas judiciales o las minusvaloraciones de los créditos alojados en BFA no salieron a Bolsa y “las pérdidas ocasionadas las soporta directamente el FROB”.

Otro de los problemas recurrentes en Bankia –y en toda la gran banca privada– es su escasa base de capital, que apenas cubre el 5% de los activos. En 2017, coincidiendo con la absorción de Mare Nostrum, el presidente Goirigolzarri y su equipo aprobaron una fuerte reducción de capital que redujo aún más esta proporción, con el objetivo declarado de “obtener una mayor flexibilidad a la hora de gestionar los nuevos requerimientos de instrumentos subordinados”. Para el exconcejal de Hacienda, este movimiento está orientado a obtener una mayor rentabilidad, “cuanto más bajo sea el capital mayor es la rentabilidad sobre ese capital”.

El número de activos sí ha permanecido más estable durante los últimos años, aunque en el camino se ha producido el traspaso de la gestión de sus bienes inmobiliarios por 5.400 millones de euros al fondo de capital riesgo Cerberus, a través de la inmobiliaria Haya Real Estate.

Rescoldos de una dudosa herencia

Ocho años después del desplome capitalista de Bankia, la entidad sigue padeciendo pleitos como resultado de la herencia acumulada en las etapas de Miguel Blesa y Rodrigo Rato al frente de lo que hasta 2010 fue Caja Madrid. Entre los 3.092 millones de euros captados en su salida a Bolsa se incluían 1.855 millones procedentes de inversores minoristas, que iniciaron masivamente sus reclamaciones cuando la nueva información sobre las cuentas del banco salió a la luz.

A través de procedimientos civiles o mediante el proceso voluntario de pago, Bankia afirma haber devuelto a estos inversores la práctica totalidad de los importes invertidos en apoyar su estreno en el índice bursátil. Con la reciente sentencia de la Audiencia Nacional, que absuelve a los responsables de la entidad por su salida a Bolsa, Bankia se saca de encima la demanda colectiva presentada en 2016 por ADICAE, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros. 

Manuel Pardos, presidente de esta asociación, lamentó en la televisión estatal el hecho de que “salen de rositas los organizadores de este gran fraude a la sociedad española”, valorando que el contenido de la sentencia significa que “todos los supervisores autorizaron el fraude” de Caja Madrid. Según Pardos, “los afectados solo recibieron el 1% y no el interés legal del 4% y muchos aún no han cobrado por un procedimiento de arbitraje truculento que el señor Goirigolzarri orquestó porque tenía las de ganar”. ADICAE finalmente ha desistido de la idea de recurrir la sentencia por considerar ya nulas sus posibilidades de éxito.

BFA-Bankia tienen todavía pendientes otros pleitos masivos, como el procedimiento civil por participaciones preferentes y obligaciones subordinadas. Bankia calculó para el año 2015 la necesidad de provisionar 246 millones de euros por este concepto, el quebranto máximo establecido para la entidad en virtud del convenio firmado entre ésta y BFA, que ha constituido hasta 2019 una provisión de 1.851 millones para afrontar las reclamaciones judiciales de preferentistas.

En lo relacionado con créditos hipotecarios, a comienzos de 2020 las cuentas del banco reconocían 6.063 procedimientos judiciales abiertos por cláusulas suelo y otros 15.826 adicionales por gastos de formalización de hipotecas. Una sentencia emitida en 2018 por la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Bankia –junto con otras entidades- a devolver las cantidades oportunas.

Viviendo de las arcas públicas

Bankia, al igual que otras muchas entidades financieras de ámbito privado, se ha beneficiado de leyes diseñadas para privilegiar a la banca el acceso al dinero por encima de los países, obteniendo miles de millones con la intermediación. Así, el Banco Central Europeo (BCE) presta dinero de forma prácticamente gratuita a las grandes entidades financieras al mismo tiempo que niega esas mismas prebendas a los Estados necesitados de financiación. 

Dentro de estas ayudas estructurales, en la subasta realizada en 2012 por el BCE Bankia fue la entidad financiera que más dinero público recibió, solicitando hasta 40.000 millones de euros. En los últimos años se han producido otras operaciones similares, las llamadas TLTRO, préstamos concedidos a largo plazo y con intereses muy reducidos. En el último año Bankia ha contabilizado 13.809 millones de euros de financiación –un 7,5% de sus recursos ajenos–, en línea con los 13.856 millones recibidos el curso anterior. 

Hace pocas semanas el BCE ha vuelto a reproducir el mismo esquema para adjudicar 1,308 billones de euros a la banca europea, el mayor volumen emitido hasta la fecha. Las condiciones también son de récord, puesto que se ha establecido un interés del -0,5% para las entidades prestatarias. Esto significa que los bancos que reciban los préstamos le cobrarán al BCE por llevarse el dinero. Esto es posible, apunta Sánchez Mato, “entre otras cosas, porque los estatutos del BCE indican que no se financia de manera directa a los Estados”.   

La operación supone un negocio redondo para Bankia, CaixaBank o cualquiera entidad que solicite los bonos emitidos por la Comisión Europea y se los venda posteriormente al BCE. “Lo absurdo es que este tipo de situación se produzca, en lugar de que el BCE acuda al mercado primario, por ejemplo, a la ventanilla del Tesoro Público español, y Calviño no tenga que subastar los bonos entre las entidades privadas”.

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De Caja Madrid a La Caixa: auge y caída de las Cajas de Ahorros

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Las personas convencidas de que el sistema económico actual tiende inexorablemente hacia el oligopolio, encuentran pocos ejemplos mejores que la evolución actual de la banca española. Basta un rápido vistazo para comprobar cómo en los últimos años el sistema financiero nacional se ha ido concentrando cada vez en menos manos, principalmente por la progresiva desaparición de las Cajas de Ahorros. Mientras que en 1990 existían 64 entidades de este tipo, en 2020 solo quedan dos: Caixa Ontiyent y la Caixa de Pollença. 

Analepsis a 1985. El mismo año que España entraba en la CEE, el gobierno de mayoría absoluta de Felipe González aprobaba la Ley de Cajas de Ahorros, diseñada con el objetivo de modificar los porcentajes de participación de la Asamblea General y dar entrada a los partidos políticos en el Consejo de Administración. La reforma se justificó con el fin de lograr una mayor democratización del control de las entidades y territorialización de las Cajas.

La deriva de las Cajas de Ahorros a la banca de casino

En las inmediaciones del cambio de siglo, las Cajas de Ahorros entraron en periodo de expansión y dispusieron de buena parte de la cuota del mercado bancario. Controlaban el 53,7% de los depósitos y declaraban beneficios millonarios, de los cuales una parte iba destinada a la denominada obra social. Se trataba de proyectos de tipo cultural, educativo y social que contaban con más de 1.000 millones de euros anuales en programas repartidos por todo el Estado.

Pero el funcionamiento de las Cajas de Ahorros fue deteriorándose de forma gradual. Se pasó del clásico negocio comercial bancario a funcionar con instrumentos financieros orientados a inversores expertos, ofertando a sus clientes comunes participaciones preferentes, subordinadas, hipotecas con cláusulas suelo, etc. En definitiva, se sustituyeron las inversiones en activos de renta fija, de menor interés, por productos de renta variable que elevan la rentabilidad y el riesgo a perder la inversión. 

Uno de los productos más ofertados fueron las preferentes. En el año 2009, ya en pleno periodo de crisis, la demanda de estas acciones era altísima. La campaña de marketing de Caja Madrid carburaba de tal forma que llegó a colocar 2.700 millones en preferentes en una sola semana. Nueve años después, ya con la denominación de Bankia, se vio en la obligación de devolver el 75% del dinero invertido por preferentistas y dueños de subordinadas. El FROB tuvo que cubrir los 4.465 millones de euros emitidos por Bankia. Por su parte, Caixabank tuvo que reintegrar casi 5.000 millones a sus 170.000 clientes afectados por este producto financiero.

A esta coyuntura se sumó el estallido de la burbuja inmobiliaria, que pilló a las Cajas de Ahorros con una montaña de hipotecas de difícil cobro y docenas de créditos impagados por parte de las constructoras. En este escenario, La Caixa se logró quedar con 30.300 viviendas y créditos procedentes de NovaCaixaGalicia, Liberbank y Banco de Valencia, por un valor de 9.200 millones. Para gestionar sus activos inmobiliarios creó la filial Servihabitat, que contó con Rodrigo Rato como consejero. Caja Madrid, además de malvender sus activos inmobiliarios a Haya Real State, tuvo que sufrir en 2008 la suspensión de pagos de Martinsa-Fadesa, con quien había contraído un riesgo superior a los 1.000 millones.

Académicos como Miguel Illueca, investigador en la Universitat Jaume I, y Sebastián Lavezzolo, investigador en la Universidad de Nueva York, han realizado estudios donde concluyen que las cajas de ahorros españolas con cargos políticos en sus consejos de administración actuaban en función de la agenda electoral. Una de las actuaciones era incrementar el número de créditos unos meses antes de los comicios, con el ánimo de influir favorablemente en el elector.

Como tantas otras entidades, Bankia y La Caixa han supuesto un constante acomodo para la clase política veterana. El exalcalde de Madrid Juan Barranco o Manuel Cobo, vicealcalde con Gallardón o Ángel Acebes, pasaron por los órganos de gobierno de Caja Madrid. Por La Caixa han desfilado, entre otros, Marcelino Oreja, Pedro Solbes, Elena Salgado o Javier Solana, que ejerce como patrono de la Fundación La Caixa desde 2014. 

En sus consejos de administración se repartían sueldos millonarios, muy por encima de las remuneraciones conseguidas antes de girar la puerta política. Dani Montero detalla en su libro La Casta los 13 millones de euros cobrados en 2008 por los 21 miembros del consejo de administración de Caja Madrid. El nombramiento de 10 de sus directivos dependía directamente de “la casta”, a través del Ayuntamiento y la Asamblea de Madrid. El Consejo lo completaban representantes de la patronal, sindicales y otras entidades representativas. La Caixa remuneró ese mismo año con algo más de 16 millones a los 21 miembros de su equipo directivo.

El Madrid-Barça de las Cajas

En la época de Jaime Terceiro como presidente de Caja Madrid (1988-1996), muchos de sus directivos lamentaban la falta de iniciativa de su presidente a la hora de apostar por grandes inversiones. La Caixa se mostraba más audaz y crecía más rápido que su homóloga madrileña. En el libro Bankia Confidencial, Nicolás Menéndez señala cómo, en un sector dominado por hombres, “existía una irremediable tendencia a medir quién «la tenía más larga»”. 

La más prudente marcha de Caja Madrid dio un vuelco en 1996 con la victoria electoral de Gallardón en la Comunidad de Madrid. Miguel Blesa sustituyó a Terceiro y “se aprovecharon las privatizaciones de la época Aznar para ampliar la cartera de participaciones de la caja”, cuenta Menéndez. La cartera de participadas se amplió de forma ostensible y en poco tiempo con la entrada en Mapfre, Iberia, Endesa, Indra, etc.

La Caixa, que en 2004 había perdonado un crédito al PSOE de más de siete millones de pesetas, creó en 2007 la sociedad Criteria, con el objeto de administrar sus participaciones industriales. Caja Madrid hizo lo propio un año después con la creación de Cibeles. En 2010, la entidad madrileña ya se encontraba mejor posicionada en el IBEX 35 que su eterna rival, contando con participaciones relevantes en ocho entidades. No obstante, La Caixa seguía teniendo poder en media docena de participadas y superaba ampliamente a Bankia en número de activos.

Ya en 2012 se empezó a hablar de una posible fusión entre estas dos entidades. La propuesta partió del Ministerio de Economía y tenía el objetivo de salvar los recurrentes problemas de capital que padecía Bankia. Finalmente, la operación no contó con el visto bueno de los directivos de esta entidad, con Rodrigo Rato a la cabeza, que temían ser desplazados de los puestos de poder.

Camino hacia el oligopolio bancario

En todo caso, el baile de fusiones ya se había iniciado. El periodo comprendido entre los años 2009 y 2013 se caracterizó por una fuerte disminución en el número de Cajas de Ahorros. A nivel nacional, la reestructuración financiera en este periodo dejó en pie solamente una de cada tres entidades. La Caixa se convirtió en Caixabank y absorbió a media docena de Cajas por el camino. Por su parte, la creación de BFA sirvió para aglutinar Bankia con Bancaja y otras nueve entidades de menores dimensiones. Las fusiones se justificaron en aras de una mejora de la competitividad y una mayor rentabilidad.

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Bankia: la inoperancia de los controles financieros

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La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto al expresidente de Bankia Rodrigo Rato y los otros 33 acusados por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable en su salida a Bolsa. La entidad colocó 3.000 millones de euros entre los inversores a 3,75 euros la acción. Un año después apenas valían unos céntimos. 

A pesar de las ingentes pérdidas que ocasionó la operación y el rescate público –23.465 millones de euros según los cálculos más conservadores–, la jueza de la Audiencia Nacional Ángela Murillo decidió cerrar el caso eximiendo de cualquier responsabilidad al equipo de gestores y consejeros del banco. Además, en la resolución destaca que la decisión de salir a bolsa «fue percibida como la más adecuada por las autoridades económicas», siendo el proceso «intensamente supervisado con éxito por el Banco de España, la CNMV, el FROB y la EBA, contando con la aprobación de todas las instituciones”.

Es el último capítulo de una serie de impunidades que deja una de las mayores estafas de la historia de España –en palabras de la Fiscalía Anticorrupción– con todos sus responsables absueltos. Lo ocurrido en Bankia, específicamente durante las etapas de Miguel Blesa y Rodrigo Rato, se podría escenificar como un supermercado donde un buen número de encargados, guardias de seguridad, responsables de lineal, cámaras y policías, vigilan durante años mientras las estanterías van quedando progresivamente desvalijadas sin que nadie observe nada sospechoso, hasta que el comercio quiebra. 

Sobre el papel, el banco madrileño había contado durante todos esos años con una gran diversidad de controles, a nivel interno y externo, encargados de velar por el adecuado funcionamiento de las entidades financieras. A saber: 

  • Departamento de Control Interno: dependiente de la Intervención General de la entidad, dedicado al control operativo y contable de las actuaciones de las oficinas.
  • Departamento de Auditoría Interna: dependiente de la Dirección General o de la presidencia del Consejo de Administración, según la entidad. Verifica la bondad de las actuaciones llevadas a cabo por el departamento de Control Interno, además de comprobar la existencia de manuales de funciones y procedimientos, así como el correcto seguimiento de los mismos.
  • Banco de España: organismo encargado de la supervisión de las entidades financieras, mediante la realización de inspecciones orientadas a garantizar el correcto cumplimiento de las prácticas bancarias a todos los niveles. En el caso de Bankia, el Banco de España tenía ubicados a varios funcionarios de forma permanente en el seno de la entidad, con acceso a todas las operaciones, documentos, actas y decisiones. 
  • Instituto de Contabilidad y Auditoría Contable: adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda, vela por la correcta aplicación de la función auditora en las entidades financieras.
  • Empresas auditoras independientes: sus informes certifican que los estados de cuentas de las entidades auditadas reflejan fielmente su situación financiera. Dichos informes son incluidos en las memorias anuales presentadas en las asambleas de accionistas. Un clásico de las auditorías como Deloitte ejerció esa labor en Bankia durante las etapas de Blesa y Rato.

A estos habría que añadir la presencia adicional de otros organismos de control, como son la Intervención General de la Administración del Estado y la Agencia Tributaria, dependientes del Ministerio de Hacienda, así como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), dependiente del Ministerio de Economía, los cuales, en el caso Bankia, han intervenido de una u otra forma en función de sus competencias.

Así pues, será necesario elevar sustancialmente los niveles de ingenuidad para considerar a todos estos departamentos e instituciones, dotados generalmente de profesionales de primer nivel, incapaces de detectar anomalías tan gruesas como las surgidas en Bankia.

Banco de España, el colaborador necesario

La inverosimilitud de que los equipos de inspección de este organismo regulador no fueran capaces de advertir los fallos continuados de la gestión de Bankia es señalada por algunas voces como la del juez Elpidio José Silva, inhabilitado por el juicio a Miguel Blesa, “no resulta creíble que el Banco de España ignorase lo que estaba sucediendo mientras se iba a pique el sistema financiero”.

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