TUS ARTÍCULOS | Desde el pasado 1 de abril la factura de la luz es más cara. El anterior Gobierno de Sánchez reactivó el impuesto del 7% a la producción eléctrica que había eliminado provisionalmente el pasado mes de octubre, y que fue uno de sus intentos para mantener la factura de la luz más asequible para los consumidores. Esta medida ha tenido como consecuencia no buscada pingües beneficios para las grandes generadoras eléctricas.
La anterior ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, dejó en suspenso el impuesto que grava la generación eléctrica, el 7% de la facturación de las centrales, como respuesta de urgencia para parar la escalada de precios de la electricidad, que había pasado de los 40,18 MWh en marzo de 2018 a 71,27 MWh en septiembre del mismo año, lo que suponía un incremento de más del 77%.
Las razones de esta subida habían sido la evolución del precio del gas y el carbón y los cambios introducidos en los mercados de derechos de emisión de CO2 que la Unión Europea puso en marcha para cumplir con los compromisos derivados del Protocolo de Kyoto. La Unión Europea apostó fundamentalmente por el mercado de derechos para incentivar las tecnologías más limpias, pero durante muchos años el mecanismo se mostró ineficaz para reducir las emisiones por marcar un precio por tonelada de CO2 excesivamente bajo. Ante ese escenario, en febrero de 2018, la Comisión decidió eliminar de los derechos de emisión disponibles la reserva que se había acumulado en los años de la crisis, en los que se había emitido CO2 por debajo de los límites establecidos. La eliminación de dichos derechos tuvo como consecuencia inmediata un repunte del precio por tonelada de CO2, que se elevó de los 8,34 euros de enero de 2018 a los 23,24 euros el mes pasado, una subida de más del 178%.
Las centrales de generación fósiles – ciclo combinado de gas y carbón – en manos de las grandes eléctricas han visto cómo su coste de producción se disparaba a 15 euros por MW/hora más en el caso del carbón y unos 8 euros más en el caso del gas. El precio de estas dos tecnologías es especialmente importante porque el mercado de electricidad en España es marginalista, es decir, el precio al que se vende toda la electricidad cada hora lo determina la central de generación que entra en el mercado en último lugar para terminar de cubrir la demanda y que siempre es la más cara.
En España, la demanda de electricidad se cubre inicialmente con las energías precioaceptantes, es decir aquellas que ofertan a precio cero y posteriormente entran las que exigen un precio cada vez mayor. Las precioaceptantes son las renovables de última generación – eólica y fotovoltaica – y la hidroeléctrica fluyente – utilizan parte del flujo de un río para generar energía eléctrica- porque, una vez que están en funcionamiento, producen energía a precio cero. La nuclear es la energía que entra a continuación para cubrir la demanda eléctrica y finalmente lo hacen las térmicas fósiles – gas, carbón y petróleo en forma de motores diesel -, que para producir necesitan quemar estos combustibles, lo que significa incurrir en costes variables pues su precio lo establece el mercado cada día. El precio de la electricidad en nuestro país por lo tanto, lo marcan estas dos últimas tecnologías en manos de las grandes empresas, y este no ha parado de subir.
Para compensar, al menos en parte, la escalada de precios provocada por la subida de combustibles y derechos de emisión, se actuó sobre otro componente del coste de generación, el impuesto del 7% que pagan todos los productores de electricidad. El Gobierno de Sánchez apostó fuerte por el gasto en los últimos presupuestos generales pero no consiguió mantener el equilibrio entre los distintos componentes presupuestarios. Su apuesta para financiar el incremento del gasto preveía una recaudación en torno a 20.000 millones de euros para el ejercicio legislativo anterior, de los cuales más de una cuarta parte estaban apoyados principalmente en la creación de nuevas figuras tributarias y la subida de impuestos a las rentas más altas, como por ejemplo el impuesto de sociedades para grandes empresas, banca o hidrocarburos.
Asimismo, estaba prevista la creación de un impuesto sobre determinados servicios digitales y sobre las transacciones financieras, pero todo ello quedó en agua de borrajas al no conseguir que se aprobaran los presupuestos y tener que convocar nuevas elecciones. Ante el fracaso de sacar los presupuestos y para poder cumplir con el déficit del 1,8% que España tenía comprometido con la Unión Europea, el ejecutivo ha decidido el pasado 1 de abril reactivar el impuesto del 7% sobre la producción de la energía eléctrica. A los consumidores nos volvieron a subir la luz, pero en este caso no era un problema del mercado ni del sector, era un problema de las cuentas generales del Estado.
La subida del precio de la generación eléctrica se ha repercutido al consumidor y las grandes eléctricas se han beneficiado de la subida impositiva. Las principales productoras poseen las térmicas de gas, carbón, las hidráulicas y las nucleares. Las más perjudicadas son las que utilizan combustibles fósiles ya que sus precios de producción son variables. Sin embargo, la nuclear y la hidráulica, tanto de represa como fluyente, han aprovechado las subidas de los precios de la energía sin asumir ningún gasto de producción extra, puesto que son tecnologías inframarginales – por debajo del margen de beneficio– cuyos costes de producción son inferiores a los de otras como las fósiles.
Lo mismo podríamos pensar que ocurre con la fotovoltaica y la eólica, que también producen a coste cero, sin embargo, el sistema de precios de éstas se gestiona de otra manera. Su régimen retributivo se construyó beneficiándose de una serie de primas o complementos económicos, el llamado régimen especial. Su marco retributivo, después de varios recortes retroactivos, establece que su precio debe ser revisado cada tres años. Si por un tensionamiento al alza de los precios del mercado las fotovoltaicas hubieran cobrado por megavatio hora más de lo calculado al inicio del trienio, este dinero se descontaría del periodo posterior. Es decir, no reciben ningún beneficio extra con el 7%.
A pesar de que el Gobierno de Sánchez apuesta por el agravamiento de las grandes rentas para poder contar con unos presupuestos más sociales, lo cierto es que una vez más, el holding energético español ha salido beneficiado por las políticas aparentemente redistributivas. Las grandes eléctricas y las nucleares cuentan una vez más con beneficios caídos del cielo y la energía limpia generada por la solar fotovoltaica y la eólica devolverá los beneficios obtenidos por la subida de precios. Habrá que ver, con el nuevo movimiento de tablero tras las elecciones, qué Gobierno se conforma, qué negociaciones lleva a cabo y si los presupuestos de este año, finalmente, beneficiarán o no a las grandes empresas eléctricas.
Genoveva López es responsable de Comunicación de Ecooo.
