Este artículo ha sido publicado originalmente en CRÍTIC. Puedes leerlo en catalán aquí.
La crisis del coronavirus ha generado un caos enorme en los mercados internacionales de productos sanitarios. Desde hace dos meses, los estados de todo el mundo pugnan salvajemente para proveerse de material para hacer frente a la pandemia: mascarillas, respiradores, equipos de protección … El Estado español no es una excepción. ¿Cuáles son las empresas que se benefician de este momento de histeria? ¿Quién las gestiona? ¿Cuánto dinero han recibido?
El Gobierno de Pedro Sánchez hizo pública la semana pasada una lista con 62 contratos de emergencia adjudicados durante la crisis por el Ministerio de Sanidad, que se elevan a más de 1.000 millones de euros. ‘Datadista ha publicado un repositorio con la lista de contratos. CRÍTIC ha analizado con detalle las adjudicaciones principales del Ministerio que encabeza Salvador Illa. Del análisis de los datos se extrae que los dos grandes contratistas del Gobierno para hacer frente a la crisis, que acumulan más de la mitad del gasto de emergencia, son empresas sin experiencia previa conocida en el ramo de la salud. Y el primer contratista, además, es una empresa catalana que se dedica a la importación y la exportación y al marketing para empresas del sector de las bebidas alcohólicas de lujo.
Una empresa de Sant Cugat lidera el ranking de contratistas
El primer contratista de Sanidad es FCS Select Products SL, con sede en Sant Cugat del Vallès. El Gobierno le ha adjudicado cuatro contratos para la importación de mascarillas, guantes y de gafas, por un total de 263,1 millones de euros. La sociedad, según los datos del Registro Mercantil a las que ha tenido acceso CRÍTIC, tiene un capital social de sólo 3.100 euros y ninguna experiencia en el sector de la salud: declara que se dedica a la importación y la exportación de productos del ramo de la alimentación y, en concreto, según consta en la información facilitada en LinkedIn por la administradora de la sociedad, a la fabricación de artículos de marketing para empresas del sector de las bebidas ‘premium’.
Las últimas cuentas de la compañía, del año 2018, certifican que en ese ejercicio no tuvo trabajadores contratados. Su facturación no llegó al millón de euros, pero ahora ha pasado a facturar 263 veces más. Y, además, según publicó El Independiente, solicitó al Ministerio de Sanidad cobrar por adelantado.
La virtud de la empresa es tener una delegación en Guangzhou y contactos en el mercado asiático. Los administradores de la compañía, según datos del Registro Mercantil, son Mayra Dagà Castillo y Felipe Recio Valcárcel. Se da el caso que Dagà fue investigada en 2010 por los Mossos en la operación Onyx, en la que fue detenido Josep Xicola, propietario de Fincas Corral. Xicola lideraba una red de estafa en la que Dagà, según los Mossos, también habría tomado parte. Según El Confidencial, la administradora de FSC Select Products llegó a un pacto con la fiscalía para ahorrarse la prisión. Sea como sea, a fecha de hoy, Dagà, además de ser administradora de FSC Select Products, es apoderada de la sociedad Fincas Corral Mediterráneo SL y de Inversión Patrimonial Carpetania SA, dos sociedades vinculadas al grupo de empresas investigadas en esta trama.
244 millones a una sociedad de Hong Kong totalmente desconocida
El segundo proveedor del Gobierno en esta crisis es una empresa prácticamente desconocida que opera desde hace sólo 11 meses: HongKong Travis Asia Limited. De hecho, existe tan poca información sobre la sociedad que incluso la resolución de adjudicación de los contratos en el BOE afirma que la dirección de la empresa es «desconocida». La sociedad ha recibido cinco contratos, por un valor de 244 millones de euros, prácticamente una cuarta parte de los 1.000 millones de euros de contingencia movilizados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para la compra de material sanitario de urgencia a raíz de la crisis del coronavirus. Tres de los contratos han sido para la compra de un total de 91,7 millones de mascarillas, por un total de 240 millones de euros. Los otros dos contratos, por un valor de 4,7 millones, han sido para la compra de 120 respiradores.
Otras empresas chinas sin tradición en el mercado español también se han llevado contratos importantes. China Meheco Co. Ltd. ha recibido 71 millones de euros por un lote de 36 millones de mascarillas, un millón de guantes y 400.000 gafas de protección. La farmacéutica asociada a este grupo fue investigada por las autoridades chinas después de que saliera a la luz que la empresa había vendido inmunoglobulina humana para inyección intravenosa contaminada con el VIH. Finalmente, las autoridades sanitarias chinas lo descartaron.
En cuanto al material de protección, China National Instruments Import & Export Group Corporation ha recibido un contrato de 38,9 millones por 2,5 millones de batas, y Hong Jin Medical Science and Technology Service Ltd. ha recibido un contrato de 67,7 millones para suministrar 103 millones de mascarillas y 100 millones de guantes.
Mascarillas y tests defectuosos y respiradores que no llegan
Las compras del Ministerio de Sanidad se han efectuado mediante procedimientos de emergencia y no han estado exentas de accidentes e imprevistos producto de las prisas y de las presiones del mercado. Un ejemplo: el tercer concesionario en volumen es la sociedad Hangzhou Ruining Trading Co. Ltd., que se llevó tres contratos por un valor de 116,3 millones de euros en concepto de monos de protección (5,2 millones de unidades) y de mascarillas (8,8 millones de unidades).
Pero una parte de las mascarillas que facilitó, según publicó El Confidencial, resultaron ser defectuosas. El material que presentaba problemas fue fabricado por la compañía china Garry Galaxy y adquirida a esta sociedad intermediaria el 20 de marzo. En teoría se trataba de un modelo FFP2 con una capacidad de filtración del 92%, pero en realidad la capacidad de filtración era mucho menor. En total, más de 2 millones de mascarillas defectuosas que fueron distribuidas pero al cabo de un mes se tuvieron que retirar. La sociedad, además, exigió por contrato cobrar por adelantado.
Los tests y las mascarillas defectuosos no han sido los únicos problemas del Gobierno. Sanidad también ha tenido que resolver un contrato por la compra de 144 respiradores en la empresa Hyper Grupo Empresarial SL por un valor de 31 millones de euros. Finalmente, la compañía no fue capaz de suministrar los dispositivos, según informó El Confidencial. La empresa, constituida hace un año, se dedica formalmente a materiales de construcción. El administrador de la sociedad es José Juan Roncero, un empresario vinculado también al mercado inmobiliario.
Otro contrato que ha generado polémica fue suscrito por el Gobierno por el procedimiento de emergencia con la empresa catalana Interpharma SA, para adquirir 659.000 kits diagnósticos a la compañía china Bioeasy por un precio de 17,1 millones de euros. Como publicó Datadista, los tests resultaron ser defectuosos y se tuvieron que devolver, aunque Sanidad avanzó un total de 6,9 millones, que la empresa acabó reembolsando el 17 de abril. Interpharma es un laboratorio farmacéutico fundado en 1972 con fábrica en Santa Coloma de Gramenet y proveedor habitual del sistema de salud. El administrador único de esta empresa, de 14 trabajadores, es John Oliver Staib.
Una empresa militar con un ex-alto cargo del PSOE para fabricar respiradores
Otro contrato relevante es el que se ha llevado la empresa española del sector de la defensa Escribano M & E SL: 36 millones de euros para fabricar 5.000 respiradores. Esta sociedad fabrica, diseña y produce sistemas de alta precisión para el sector aeroespacial y militar y es una de las empresas españolas de armamento más relevantes. Se trata de una empresa de origen familiar, aunque en la actualidad un 32% del grupo está en manos del fondo de inversión soberano del sultanato de Omán. Como ha hecho notar OK Diario, en el consejo de administración de esta sociedad encontramos desde abril de 2018 Miguel Ángel Panduro Panadero, que durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y por designación del ministro de Defensa José Bono dirigió la empresa pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España SA (ISDEFE).
Empresas catalanas sirven tests rápidos y PCR
Donde el Ministerio de Sanidad ha tenido más problemas ha sido a la hora de encontrar proveedores de tests y pruebas PCR para detectar el coronavirus. La inversión en este campo ha sido de 72 millones de euros, muy inferior si la comparamos con otros ámbitos. Dos empresas catalanas han llevado los contratos más relevantes. El de mayor volumen, de 38 millones de euros, ha sido para Hans Biomed Skymedic, una distribuidora de productos sanitarios con sede social en Terrassa. Hans Biomed ha adquirido los tests a un fabricante chino: Guangzhou Wondfo Biotech. La compañía catalana opera en los mercados de la dermatología, la traumatología y la medicina estética y, según el contrato, habría facilitado más de cinco millones de tests rápidos para detectar la COVID-19. El administrador único de la sociedad es Sergi Casas Lloveras.
Palex Medical SA es otra de las compañías catalanas que se han llevado un encargo sustancial del Gobierno para combatir el coronavirus. Se trata de una empresa con 65 años de experiencia y distribuye una amplia gama de dispositivos médicos en hospitales públicos y privados. El contrato ha sido para distribuir 375.000 tests PCR por un valor total de 8,9 millones de euros.
Los grandes laboratorios farmacéuticos suizos Roche también se han llevado tres contratos para suministrar pruebas PCR y tests rápidos, pero por un importe menor: 2,5 millones de euros.
Telefónica o Globalia también llevan una parte del pastel
No todos los contratos de la crisis del coronavirus son para la adquisición directa de material sanitario. Telefónica, por ejemplo, ha recibido un contrato de 528.528 euros en concepto de «servicio de apoyo al centro de mando y control».
En el ámbito de la logística y del transporte, Iberia ha recibido un contrato de 3,9 millones de euros para operar 12 vuelos. Pero, al margen de la aerolínea española, dos empresas más han recibido contratos para operar vuelos, ya precios mucho más elevados: el grupo danés de transporte y logística DSV Air & Sea ha recibido 8,6 millones de euros para operar 8 vuelos, y Globalia Broker Services SAU ha llevado 1,2 millones para gestionar 1 vuelo. El grupo Globalia, propiedad del empresario Juan José Hidalgo, agrupa compañías como Air Europa o Halcón Viajes. En 2015, Hidalgo fue imputado por fraude por la Audiencia Nacional por irregularidades con los descuentos aplicados a residentes en los billetes de avión, debido a la cual finalmente fue absuelto porque no se pudo averiguar quién ordenó la facturación incorrecta de las subvenciones.
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