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En La Marea elaboramos un resumen con noticias destacadas del Ibex 35 y otros temas económicos relevantes. Sin tu apoyo, este espacio no sería posible:

• Entre otras afirmaciones, Corinna su Zayn-Wittgenstein, antigua supuesta amante del rey emérito Juan Carlos de Borbón, asegura que el monarca cobró una comisión de 80 millones de euros por interceder a favor de la licitación del AVE a La Meca (proyecto encabezado por OHL e Indra). El cobro se habría realizado a través de una cuenta bancaria bajo control del abogado suizo Dante Canonica. La aristócrata alemana de origen danés también asegura que Juan Carlos I jugó un papel relevante en las estructuras del Instituto Nóos, la organización que dirigían Iñaki Urdangarín y Diego Torres. Estas y otras revelaciones forman parte de las grabaciones realizadas por el excomisario Villarejo y publicadas por El Español y Okdiario.

• US Imagina, filial de Mediapro (cuyo administrador único es Jaume Roures), tendrá que pagar 24 millones de dólares de multa en Estados Unidos tras admitir que pagó sobornos a funcionarios de la FIFA para obtener los derechos de emisión de los partidos clasificatorios de los mundiales de fútbol de 2018 y 2022.

• Fernando Villén, jefe de la FAFFE (fundación de la Junta de Andalucía para formar a personas desempleadas) gastó 14.737 con una tarjeta de la FAFFE en un prostíbulo de Sevilla el día en que el expresidente andaluz José Antonio Griñán remodeló su gobierno y destituyó al consejero de Empleo Antonio Fernández, investigado en los ERE y responsable de la Faffe (22 de marzo de 2010).

• Dos exasesores de los hermanos Álvaro y Alberto Nadal,  exministro de Energía y exsecretario de Estado de Energía respectivamente, son contratados por OMEL, la empresa que gestiona la subasta en la que se establece el precio de la luz.

• Hacienda subirá «lo antes posible» el tipo mínimo del Impuesto de Sociedades, creará la tasa Google, establecerá nuevos impuestos medioambientales e impondrá un gravamen a la banca, a pesar de las múltiples amenazas esgrimidas en las últimas semanas por la patronal y el sector bancario al gobierno.

• La CNMV pide sancionar a ocho exdirectivos de Banco Popular, entre ellos su expresidente Ángel Ron, por falsear las cuentas de la entidad antes de su quiebra. También pone en duda las primeras cuentas presentadas por Banco Santander, ahora propietario del Popular, y pide investigar a PwC por su auditoría del Banco Popular de 2016, al sospechar que esta firma podría haber incumplido algunas de sus obligaciones a la hora de comprobar las cuentas de la entidad quebrada.

• Telefónica quiere que los usuarios paguen por las llamadas que realizan a través de WhatsApp. «Una llamada de WhatsApp no está sujeta a la misma regulación que la llamada realizada desde un operador. Pido al gobierno que trabaje por equiparar las políticas», aseguró esta semana Emilio Gallo, presidente de Telefónica, durante un acto de la patronal tecnológica. Gallo también extendió su crítica a Google, Amazon, Facebook y Amazon, al considerar que usan la infraestructura de telecomunicaciones pero bajo una legislación diferente a la de los grandes operadores (Movistar, Vodafone y Orange).

• Las 45 mayores compañías de Andalucía (con un negocio equivalente al 25% del PIB andaluz) crean un nuevo Consejo Empresarial y piden a la presidenta autonómica, Susana Díaz, más agilidad administrativa en el ámbito empresarial, una petición que Díaz asegura que atenderá.

• Sigue aumentando la presencia de bancos y fondos extranjeros en el accionariado del Ibex 35. Esta semana Bank of America aumentó su participación en Repsol hasta convertirse en su tercer mayor accionista, con el 5,3% del capital social de la mayor petrolera española.

• El Ayuntamiento de Barcelona cerró 4.148 ofertas de pisos en la plataforma Airnb y 2.355 alojamientos ilegales en los dos últimos años.

• En España, el 15,9% de las personas en edad laboral se encuentra en situación de pobreza. España ya es el segundo páis de la OCDE con más personas pobres en edad de trabajar, por detrás de Grecia (16% de la población en edad laboral), según datos de esta organización.

• El Ministerio de Transición Ecológica pide a la Junta de Andalucía que ponga fin a las prórrogas de las concesiones de puertos marítimos de lujo, una decisión que había sido acordada en el Parlamento andaluz por PSOE, PP y Ciudadanos.

• La Audiencia Provincial de Madrid condena a Bankinter a indemnizar con 400.000 euros a una mujer anciana que había comprado a la entidad una serie de productos financieros de «alto riesgo» sin haberle dado asesoramiento previo al respecto.

• La Justicia italiana condena a Inditex por violación de la propiedad intelectual tras comprobar que Zara plagió varios diseños de la marca Diesel.

• Entre 90.000 y 100.000 personas trabajan en España como falsos autónomos, según la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), cifra que otra organización del ramo, UATAE, eleva a 210.000. Según esta última, cada falso autónomo supone un coste de 2.700 euros a la Seguridad Social por cuotas impagadas. UATAE, ATA y otras organizaciones piden al Estado medidas como más inspecciones y contundencia para combatir esta lacra.

• La Unión Europea y Japón ya están listas para firmar su tratado de libre comercio (JEFTA, por sus siglas en inglés). Se trata de un tratado relativamente desconocido y que choca con el Acuerdo de París contra el cambio climático, varios convenios de la Organización Internacional del Trabajo e incluso en aspectos como la caza de ballenas. El acuerdo iba a ser rubricado el pasado 11 de julio, pero el primer ministro nipón tuvo que posponer su viaje a Bruselas.

• El grupo canadiense Triple Five descarta Extremadura como destino de su macrocasino EuroDreamResort, y empieza a sopesar su construcción en alguna localidad andaluza.

• La Audiencia Nacional aplica la ‘doctrina Botín’ y archiva la investigación sobre la venta de acciones preferentes y deuda subordinada de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), integrada en Banco Sabadell tras su quiebra.

• Un cambio aparentemente menor en la Ley del Impuesto de Patrimonio en 2014 ha permitido que cientos de grandes fortunas españolas residentes en el Espacio Económico Europeo (incluye a Noruega, Suiza, Liechtenstein…) quedaran exentas de pagar este impuesto.

• El gobierno valenciano tendrá que pagar 100 millones de euros para asumir indemnizaciones y el derribo de las torres ilegales ‘Los Gemelos 28’ de Benidorm, construidas con el visto bueno de la Generalitat Valenciana de Francisco Camps (PP) en pleno boom del ladrillo. Esta construcción fue aprobada por el Ejecutivo de Camps a pesar de que vulneraba la Ley de Costas.

• La dirección de Aduanas impone una multa de 2,8 millones de euros a Dcoop, la mayor cooperativa de aceite de oliva de España, por retrasos en el pago de intereses, y por problemas en las calidades de sus aceites y «por traer a España producto de otras zonas del Mediterráneo», en concreto de Marruecos, Túnez y Siria, según la información de Voz Pópuli.

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