Los bancos españoles perdonaron deuda a los partidos políticos sin informar a las autoridades

Sede del Tribunal Supremo del Reino de España. Foto: C. Berbell.

En La Marea elaboramos un resumen con noticias destacadas del Ibex 35 y otros temas económicos relevantes. Sin tu apoyo, este espacio no sería posible:

En contra del criterio de la Armada española, el gobierno de Mariano Rajoy demoró dos años la construcción de fragatas militares F-110 de Navantia para que fueran adaptadas hasta ser compatibles con los misiles Sea Ceptor, fabricados por la estadounidense MBDA, que tuvo entre sus altos ejecutivos al exministro de Defensa y ahora embajador Pedro Morenés antes de asumir el cargo. Según ha publicado eldiario.es, la entonces ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, encargó por 9,5 millones a MBDA evaluar el misil. No es la primera polémica que pone en duda la independencia del exministro durante sus años al frente de Defensa: en sus tres primeros años en el ministerio firmó 32 contratos millonarios con Instalaza y sus filiales, para las que previamente había trabajado como consejero y representante. Además, siendo ministro, Morenés presionó al gobierno para indemnizar con 60 millones de euros a Instalaza tras aprobarse una prohibición internacional sobre la fabricación y el uso de las bombas de racimo, un tipo de arma que esta empresa vendía al gobierno de Libia y otros países.


Esta semana, la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, en presencia de altos cargos de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE), el Gobierno de España y figuras destacadas como el expresidente Felipe González, criticó con contundencia a Google, Apple, Amazon y otras grandes compañías tecnológicas por “no pagar una parte justa de impuestos” y tributar en países con sistemas fiscales ventajosos. Banco Santander registra el 26% de su beneficio a través de 182 sociedades offshore con sede en paraísos fiscales.


Tras dos semanas de incertidumbre y críticas, finalmente el Tribunal Supremo falla a favor de la banca y establece que el cliente/a pague el conocido como ‘impuesto de las hipotecas’. Tras el anuncio, los principales bancos de España, entre ellos BBVA, Banco Santander, Caixabank, Banco Sabadell y Bankinter, registraron fuertes subidas en bolsa (su mayor subida diaria desde abril), una evolución que perdió vigor cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que aprobaría un decreto ley para que sean los bancos los que asuman dicho impuesto. Hay varias protestas convocadas en medio centenar de ciudades españolas en contra de la decisión del Supremo.

También esta semana se supo que el bufete Díez-Picazo, presidido por el hermano del juez Ignacio Díez-Picazo, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, ha defendido a bancos españoles como Cajasur en el caso de las cláusulas suelo. El alto magistrado Díez-Picazo trabajó en dicho bufete entre 2003 y 2008 y su voto fue determinante en la decisión del Supremo de cargar el impuesto de hipotecas a la ciudadanía.


Varios bancos perdonaron deudas a partidos partidos políticos sin informar al Banco de España ni al Tribunal de Cuentas, tal y como establece la ley, según explicó el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, en su comparecencia a puerta cerrada en el Senado. Linde no detalló qué bancos ni qué partidos están involucrados en este asunto. No es la primera vez que los bancos condonan deudas a partidos y que el Banco de España se niega a facilitar detalles concretos. En el pasado, cajas de ahorros y bancos condonaron deudas (sin informar a las autoridades) al Partido Popular, PSOE, PSC, Izquierda Unida y CiU. De hecho, a finales de noviembre los banqueros Isidro Fainé (La Caixa), Carlos Torres (BBVA), José Antonio Álvarez (Banco Santander) y Javier García Lurueña (Kutxabank) comparecieron ante el Senado para explicar por qué habían perdonado 50 millones de deuda al PSOE. Según informó eldiario.es en julio de 2015, las principales formaciones políticas debían ese año 208 millones de euros a los bancos.


La firma estadounidense Goldman Sachs, uno de los bancos más poderosos de Estados Unidos, concederá préstamos y captará depósitos en España como cualquier otra entidad bancaria. Goldman Sachs es una entidad financiera que cuenta con numerosas puertas giratorias, entre las que actualmente destaca José Manuel Durao Barroso, expresidente de la Comisión Europea. En el pasado, Goldman Sachs tuvo en plantilla al exministro de Economía Luis de Guindos (hoy vicepresidente del BCE), Mario Draghi, presidente del BCE, o los exprimeros ministros Mario Monti (Italia) y LuKas Papademos (Grecia).


Roberto Centeno, economista y exconsejero de Campsa, asegura en el documental La Monarquía, un negocio rentable (EiTB) que el rey Juan Carlos de Borbón recibió comisiones millonarias por mediar para la firma de contratos petroleros, ferroviarios y de otros sectores con Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Según Centeno, “si alguien piensa que llevarse una comisión de 100 millones es una barbaridad, es que es un ignorante que no sabe cómo funcionan las cosas en este mundo”. También esta semana salieron a la luz las confesiones del excomisario corrupto José Manuel Villarejo en las que afirma que el CNI ocultó información sobre las cuentas de la familia Pujol en Andorra para proteger al rey emérito y evitar que salieran a la luz sus operaciones de blanqueo de capitales en el extranjero. Esta información se suma a las afirmaciones de Corinna su Zayn-Wittgenstein sobre las comisiones que el monarca habría recibido por sus gestiones a favor del AVE a La Meca.


Dos abogados del Estado clave en la defensa de España en los pleitos internacionales de fondos de inversión por los recortes en las renovables aparcan el servicio público y se pasan al sector privado. Uno de ellos, José Ramón Mourenza, entra en la firma legal Herbert Smith Freehills, que recientemente también contrató al exministro de Justicia Rafael Catalá y tiene en nómina a otros destacados exaltos cargos del PP,  mientras que el otro, Diego Santacruz, entra en un despacho asociado a Herbert –firma contratada a dedo para asesorar a España en los pleitos mencionados– y cuyo nombre no ha trascendido por el momento. Santiago Caravantes, cesado tras el cambio de gobierno como director general de Energía Eléctrica en el Ministerio de Industria, también trabaja ahora para Herbert.


OHL, Imathia y Copasa, empresas constructoras del consorcio español liderado por Renfe que construye el AVE a La Meca, admiten que están sufriendo problemas ante “la falta de medidas de mitigación contra la arena” y anuncian futuros sobrecostes en las obras y labores de mantenimiento de este proyecto.


Entra en vigor el contrato de Navantia con Arabia Saudí para la construcción de cinco corbetas militares, suscrito en julio de este año. La construcción de los polémicos buques comenzará en enero de 2019 y no está previsto que ningún órgano judicial detenga el proceso a pesar de las pruebas que muestran que Arabia Saudí usa sus armas contra objetivos civiles en Yemen, contraviniendo la legislación internacional y española. El presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entidad pública a través de la que el Estado controla Navantia, abrió la puerta a un acuerdo para la construcción conjunta de más corbetas con la armamentística saudí SAMI. Dicho acuerdo para establecer una joint-venture entre Navantia y SAMI contemplaría la cesión de conocimiento y know-how español en materia militar.


El exsenador y exdiputado de CiU en el Congreso y el Parlament catalán Josep Sánchez i Llibre es nombrado presidente de Foment del Treball, la principal patronal catalana.


Iberdrola pide a su comisión encargada de supervisar el cumplimiento de su código ético que revise las relaciones del comisario Villarejo con Ignacio López del Hierro, consejero de Iberdrola Ingeniería y Construcción (Iberinco) y marido de la exministra de Defensa María Dolores de Cospedal.


Mapfre, Allianz, El Corte Inglés, Prosegur y Deloitte firmaron un pacto secreto para evitar numerosas denuncias y procesos judiciales tras el incendio y derrumbe del edificio Windsor de Madrid en 2005, según documentos aportados por el jefe de seguridad de El Corte Inglés al jugado número 18 de Madrid. Tras 14 años de investigaciones, siguen sin esclarecerse las causas del incendio.


Varios directivos de Caixabank tendrán que declarar ante la Audiencia Nacional por un presunto delito de blanqueo de capitales y por supuestamente haber ayudado a miembros de la mafia china a ocultar fondos ilícitos por valor de 99,1 millones de euros.


Naturgy, antigua Gas Natural Fenosa, presenta una nueva denuncia ante los tribunales internacionales contra la compañía de seguros que, a su parecer, debía compensar a la compañía si su filial colombiana Electrocaribe (adquirida en la ola de privatizaciones de finales de los 90) era expropiada por el gobierno. Con esta medida, la energética catalana aspira a ingresar hasta 500 millones de dólares. Los problemas de Naturgy con Electricaribe se remontan a finales de 2016, cuando el Gobierno colombiano tomó el control de Electricaribe después de varios años de apagones y cortes en el suministro de luz,  protestas por la falta de inversión de la empresa española y un elevado nivel de endeudamiento (se multiplicó por cinco en un solo año), a pesar de las cuantiosas subvenciones de Colombia a esta filial.


El Banco Central Europeo investiga a varios altos directivos del extinto Banco Popular al tener indicios de que habrían creado un entramado de sociedades y testaferros en Luxemburgo con la ayuda del fondo Thesan Capital para ocultar pérdidas por valor de 538 millones de euros.


Las compañías hoteleras NH y Barceló contratan a una tercera empresa para boicotear la huelga de su personal de limpieza, que protesta contra la “explotación laboral” a la que se ve sometida, con salarios de menos de 800 euros y, en algunos casos, tarifas de 1,5 euros por cada habitación limpiada y acondicionada. El sindicato ELA denuncia ante la Inspección de Trabajo que se trata de una vulneración del derecho fundamental a la huelga de las kellys.


El diario conservador La Razón, propiedad de Grupo Planeta (Antena 3, La Sexta…), celebra su 20 aniversario con una llamativa lista de asistentes: los reyes de España, Pedro Sánchez y cinco ministros de su gobierno, Pablo Casado, Pablo Iglesias, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el cardenal emérito Antonio María Rouco Varela, los empresarios Florentino Pérez (ACS), Josep Oliu (Banco Sabadell), y un largo etcétera.


El sindicato CNT denuncia que Grupo Intereconomía, vinculado al Partido Popular y en concurso voluntario de acreedores, lleva varios meses sin abonar las nóminas a su plantilla mientras sigue contratando personal y dedicando un amplio presupuesto a, por ejemplo, la cobertura de los actos del partido ultraderechista VOX.

El nuevo trabajo de Rafael Catalá, Villarejo, el marido de Cospedal y otras noticias del Ibex 35

La exministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en el Congreso. Foto: REUTERS / Susana Vera.

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Herbert Smith Freehills, la firma legal que acaba de contratar al exministro de Justicia y diputado Rafael Catalá como asesor, renovó su contrato -adjudicado a dedo por vía urgente, sin licitación pública- con el Gobierno español en enero de este año, solo unos meses antes de fichar al exministro. Este despacho es uno de los favoritos del Ibex 35 y desde 2011 asesora al Estado español ante las demandas millonarias interpuestas por varias empresas y fondos extranjeros tras la aprobación del impuesto al sol y los recortes en renovables por parte del gobierno de Mariano Rajoy, que supusieron grandes pérdidas para los inversores que habían decidido apostar por esta energía limpia en España. El primer contrato del Estado asignado a dedo a Herbert Smith tenía una duración de 27 meses (valorado en 2,8 millones de euros, con una minuta de 300 euros netos por hora), mientras que la renovación de este contrato (también sin concurso público) asciende a 1,18 millones de euros y tiene una duración de cuatro años, según La Información.


El Ibex 35 celebra la victoria electoral del ultraderechista brasileño Jair Bolsonaro con importantes subidas en bolsa. Entre los valores que más suben están Telefónica, Banco Santander y DIA, entidades con una fuerte presencia en el mercado brasileño. A principios de octubre, tras la primera ronda de las presidenciales brasileñas, entidades como Bankinter enviaron mensajes a sus clientes felicitándose por la primera victoria de Bolsonaro, a quien calificaba de “pro-business”.


El Banco Popular no era insolvente en el momento en que las autoridades dieron luz verde a Banco Santander para adquirirlo por el precio simbólico de un euro, una decisión que hizo que miles de pequeños accionistas del Popular perdieran sus inversiones. En concreto, según los datos facilitados por el fondo de rescate europeo (Junta Única de Resolución), el Popular tenía un agujero de 2.169 millones de euros que podría haberse cubierto con el capital y activos en manos del banco. Hasta ahora la JUR había negado el acceso a esta información.


Además de BBVA, Repsol, Banco Santander, Caixabank y otras grandes del Ibex, el grupo de comisarios corruptos que lideraba José Villarejo también investigó a Pablo Isla, consejero delegado de Inditex, antes de que fuera nombrado para ese cargo. Según explicó el excomisario Enrique García Castaño, socio del “clan policial mafioso” de Villarejo en palabras de la Fiscalía Anticorrupción y conocido como ‘El Gordo’, “los de Zara” le pidieron  investigar a Pablo Isla para comprobar si tenía trapos sucios antes de contratarle. Las conversaciones filtradas señalan que Isla tuvo “algo de un trapicheo” relacionado con “el tema de cómo invertir toda la pasta que tiene fuera”, según García Castaño.


Tras una década en el puesto, el banco francés Societé Générale no renovará el contrato de asesor a Ignacio López del Hierro, marido de la exministra de Defensa Dolores de Cospedal. La noticia llega después de que trascendiera la conversación que ambos mantuvieron con el comisario corrupto José Villarejo para pedirle información sobre casos de corrupción en el Partido Popular, aunque desde el banco aseguran que la decisión fue de López del Hierro, que de momento mantiene su puesto de consejero en Iberinco, filial de ingeniería de Iberdrola envuelta y condenada por varios escándalos de corrupción.


La empresa pública Adif, encargada de administrar la red ferroviaria española, reconoce que no dispone de “un inventario completo de edificaciones en servicio y menos aún de los edificios en desuso”, en referencia a los más de 660 millones de metros cuadrados de su titularidad repartidos en 2.200 municipios españoles, informa Maldito Dato.


Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell que pedía “crear un Podemos de derechas”, asegura que los bancos no son suficientemente rentables y pide al Tribunal Supremo que reconsidere la resolución que determina que sean los bancos, y no los clientes, quienes paguen el llamado ‘impuesto sobre las hipotecas’, una crítica que también pronunciaron otros ejecutivos bancarios del Ibex. Las palabras de Oliu llegan la misma semana en que los grandes bancos presentan sus resultados trimestrales y, a excepción del Sabadell, revelan un considerable incremento en sus beneficios (Banco Santander, +13%; BBVA, +15%; Caixabank, +12%…). Según la agencia Moody’s, los seis principales bancos de España suman 13.909 millones de euros de beneficios netos entre enero y septiembre de 2018, veinte veces más que lo que les costaría empezar a pagar dicho impuesto.


El Parlament catalán llama a declarar a Florentino Pérez, presidente de ACS, los exministros José Manuel Soria (PP), Josep Piqué (PP), Rodrigo Rato (PP), Álvaro Nadal (PP), Miguel Sebastián (PSOE), José Montilla (PSOE), Magdalena Álvarez (PSOE) y la ministra Teresa Ribera, entre otros altos cargos para que comparezcan ante la comisión de investigación que trata de dilucidar si se cometieron irregularidades en la concesión, ejecución y desmantelamiento del almacén de gas Castor. La semana pasada varias organizaciones recurrieron ante el Tribunal Constitucional el archivo de su denuncia por posibles delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude a la Administración Pública en torno al almacén de gas Castor.


Los abusos de la banca española, como las cláusulas suelo, los vencimientos anticipados y los intereses moratorios, generaron en torno a un millón de denuncias y pleitos en España entre 2008 y 2013, según datos del Consejo General del Poder Judicial, que señala a estas prácticas como corresponsales del “colapso” de los juzgados que dirimen este tipo de procedimientos (solo consiguen tramitar una cuarta parte de las demandas de este tipo que reciben).


La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abre expediente sancionador contra Telefónica tras constatar que la empresa habría usado su posición dominante para discriminar a otras empresas en favor de sus clientes propios a la hora de reparar averías en la infraestructura de fibra y de banda ancha.


General Electric, socia de Abengoa en la construcción de una gran planta energética en Arabia Saudí, despide a su director en este proyecto, Manuel Valverde (también director de la filial de ingeniería de Abengoa) por haber favorecido a una de sus empresas en este proyecto, que ya acumula 120 millones de euros en pérdidas.


El oligarca ruso Mikhail Fridman, accionista principal de DIA, propone la presidencia de la cadena de supermercados al expresidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno.


Juan Roig, presidente de Mercadona, bromea sobre la igualdad de género durante su ponencia en el congreso nacional del Instituto de la Empresa Familiar. “Hablaremos de empresarios y empresarias, porque si no luego te meten en la cárcel (…) todas las empresas y empresos surgimos de un sueño”, declaró Roig ante risas del público, antes de añadir que los empresarios “no nacemos para maximizar beneficios. Si no, nos tendríamos que dedicar a la droga”. Precisamente en Mercadona el 64% de la plantilla está compuesta por mujeres, pero su cúpula directiva sigue estando integrada principalmente por hombres (37 varones frente a 13 mujeres).


Fuga de capitales en las sicavs españolas, sociedades de inversión de capital variable que usan grandes fortunas -desde las Koplowitz o la hija de Amancio Ortega hasta futbolistas como Gerard Piqué o Iker Casillas- para eludir el pago de impuestos (tributan al 1% en lugar de el 28% que pagan el resto de sociedades). A mitad de 2018, este tipo de sociedades solo invertía en España el 10% de su patrimonio total. Varios analistas interpretan que esto se debe a la decisión de PSOE y Podemos por aumentar el control sobre este tipo de sociedades.


Las principales compañías del Ibex 35 hacen un uso oportunista del Ebitda (indicador del beneficio bruto de explotación -‘Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization’-), según la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. Dicha identidad sostiene que el Ibex 35 usa este indicador para maquillar pérdidas y caídas de ingresos.


La buena noticia: el paro cae al 14,5% en el tercer trimestre de 2018. La mala: el 28% de las personas con trabajo está en situación temporal, una proporción similar a la que se registró en 2008. En España, de cada 100 contratos laborales nuevos, 27 son temporales, una dinámica que tiene mayor incidencia entre mujeres.


Entre las 200 “entidades” más ricas del mundo hay 175 multinacionales y 25 Estados soberanos, según Global Justice Now. Entre estas corporaciones hay varias compañías del Ibex 35, como Banco Santander (sus ingresos superan a los de los gobiernos de Colombia o Irlanda) y Telefónica (ventas superiores a los ingresos del gobierno de Rumanía). Si se amplía el abanico a 500 entidades, entran también BBVA, Repsol, ACS, Iberdrola, Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa) y Mapfre.


Airbnb pagará 72.150 euros de impuestos en España después de trasladar sus ingresos a su matriz en Irlanda. Se estima que esta plataforma de alquileres turísticos oferta más de 200.000 alojamientos en España y tiene más de 5,5 millones de clientes anuales en territorio español.

El exministro Rafael Catalá ficha por una de las firmas favoritas del Ibex 35

Rafael Catalá junto a Juan Ignacio Zoido e Íñigo Méndez de Vigo en la procesión de la Legión y el Cristo de la Buena Muerte en Málaga (2018). Foto: REUTERS/Jon Nazca.

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  • Cinco meses después de dejar el cargo, el exministro de Justicia y diputado Rafael Catalá (Partido Popular) es nombrado asesor del despacho legal internacional Herbert Smith Freehills, uno de los despachos más contratados por el Ibex 35, en el que también ocupa un asiento el exministro de Industria, Exteriores y Ciencia Josep Piqué (Partido Popular). Entre los socios de ese despacho está Leopoldo González-Echenique, presidente de RTVE entre 2012 y 2014. Catalá mantendrá su escaño de diputado a pesar de este nombramiento y seguirá ejerciendo de mediador en nombre del Partido Popular en la en la reforma en curso del Consejo General del Poder Judicial.

  • Tras anunciar un beneficio récord de 2.091 millones de euros, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, asegura que las plantas hidroeléctricas que gestiona la compañía (y que son propiedad del Estado) no están amortizadas. En torno a 400 de las 800 plantas hidroeléctricas estatales que hay en España, y que tienen una edad media de 35 años, son explotadas por Iberdrola, que se niega a ofrecer datos sobre estas concesiones públicas (varias licencias tienen 75 años). Varios informes revelan que las empresas del oligopolio eléctrico (Endesa, Iberdrola y Naturgy -antigua Gas Natural Fenosa-) suelen aumentar la producción de estas plantas cuando el precio de la luz está en picos máximos, para maximizar sus beneficios. En los próximos años está previsto que venzan varias de estas licencias.




  • Las organizaciones Xnet, Instuto para los Derechos Humanos y el Observatori del Deute en la Globalització recurren ante el Tribunal Constitucional el archivo de la querella contra Florentino Pérez (ACS) y cinco exministros socialistas y del Partido Popular, a quienes denunciaron por un supuesto delito de prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude a la Administración Pública por el caso del almacén de gas Castor.


  • Continúan las revelaciones en Alemania sobre la mayor investigación por fraude desde la posguerra. Según la Fiscalía de Colonia, Banco Santander, una de las empresas implicadas, habría ejecutado transacciones que facilitaron “una importante evasión fiscal” entre 2007 y 2011 entre 5.600 y 10.000 millones de euros. La Justicia alemana sospecha que Banco Santander aceptaba vender a fondos de pensionesgrandes paquetes de acciones de determinadas compañías antes del pago de dividendos, para devolverlas justo después de que los accionistas fueran remunerados. Dichos fondos de pensiones usaban préstamos del Santander y demás entidades implicadas para llevar a cabo esas compras. Esto permitía al Santander y otros bancos investigados pedir la devolución de impuestos que no les correspondían. Además, Banco Santander se habría puesto de acuerdo con otros grandes bancos y fondos de inversión para vender acciones que no poseían y acordar su compra más tarde (ventas en corto), para generar la sensación de que había numerosos propietarios y después compartir los beneficios de dichas operaciones.

  • La Audiencia Nacional sienta en el banquillo a la antigua cúpula de Caixanova,  a la que achaca un presunto delito continuado de administración desleal, por el agujero de 41,8 millones de euros provocado por esta entidad en la operación urbanística Rivas Vaciamadrid a través de Proinova, su sociedad inmobiliaria.

  • Solo diez de las 139 compañías que cotizan en la bolsa española tienen consejeras ejecutivas. De las compañías del Ibex 35, solo Bankinter, Indra y Banco Santander cuentan con mujeres en el cargo de consejero ejecutivo.


  • La Audiencia Nacional estrecha el cerco sobre Defex, empresa pública española de seguridad, que habría pagado sobornos a funcionarios públicos de Arabia Saudí, Egipto, Camerún, Brasil y Angola para cerrar contratos millonarios de armas y munición.

  • Una tienda propiedad de Tous, y especializada en la venta de relojes de la marca Rolex, ayudó a la mafia china a blanquear dinero. Tres años después de que los Mossos d’Esquadra iniciaran su investigación, la joyería catalana ha decidido ponerse al día con la Agencia Tributaria de forma “voluntaria” tras detectar estas “irregularidades”.

  • Entran en prisión el exministro Rodrigo Rato y los ex sindicalistas de Comisiones Obreras Rodolfo Benito y Miguel Ángel Abejón, condenados por apropiación indebida en el caso de las ‘tarjetas black’ durante el tiempo en que estuvieron en la cúpula de Caja Madrid. Antes de ingresar en la prisión de Soto del Real (en la que también está Luis Bárcenas, extesorero del PP), Rato pidió perdón a la sociedad y personas “que se hayan podido sentir afectadas y decepcionadas”.

  • Manifestación masiva en A Coruña contra el ERE extintivo de la multinacional del aluminio Alcoa tras anunciar el cierre de sus dos plantas en España y el consiguiente despido de 700 empleados. Alcoa, que alega incapacidad para pagar los costes de la luz en España, recibió más de 1.000 millones en ayudas y subsidios en la última década para abaratar sus costes eléctricos.

  • El Tribunal Supremo recula y falla a favor de que el impuesto sobre las hipotecas recaiga sobre el banco y no sobre el cliente. Además, esta semana varios medios informaron de que Luis María Díez-Picazo, el magistrado del Supremo que mandó a revisar la sentencia sobre el impuesto a las hipotecas, impartió clases en el Centro Universitario de Estudios Financieros (Cunef), propiedad de la patronal bancaria Asociación Española de Banca. También se supo que BBVA, Banco Santander y Bankia retiraron de sus páginas web la información sobre sus hipotecas tras la primera sentencia del Supremo a favor de que sean los bancos los que abonen el impuesto de las hipotecas.

  • La Audiencia Nacional archiva la causa contra Mario Conde, expresidente de Banesto, por los delitos de blanqueo y fraude fiscal. Conde fue detenido en 2016 tras ser acusado de haber blanqueado 13 millones de euros de Banesto a través de entidades con sede en Suiza y Reino Unido.

  • Mercasa, la empresa pública española que gestiona los mercados de abastos, regaló artículos de lujo y grandes sumas de dinero a dirigentes extranjeros para hacer negocios en distintos países, entre ellos Angola, Panamá, Argentina, Senegal, Haití y República Dominicana (el presidente dominicano, Danilo Medina, recibió una donación de medio millón de dólares).

  • Diez personas ganan 84.500 euros diarios a través de las 996 viviendas de Airbnb que controlan en Barcelona. El mayor anfitrión de este grupo posee 204 pisos en dicha plataforma.

Más negocios buitre, primeros presos por las tarjetas black y los esfuerzos del Santander por mantener secreta información sobre el Popular

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  • Promontoria Plataforma SL, filial del fondo buitre Cerberus, sería la encargada de vender 1.890 viviendas públicas que el fondo estadounidense Blackstone (mayor propietario inmobiliario de España) compró en 2013 por 128 millones de euros al Ayuntamiento de Madrid con el beneplácito de la entonces alcaldesa, Ana Botella, según informan Diario 16 y Diario6 (Galicia). Entre los consejeros de Promontoria están Juan Hoyos Martínez de Irujo, amigo desde la infancia del expresidente José María Aznar, y José María Aznar Botella, hijo del expresidente y la exalcaldesa. La dinámica se repite: el fondo buitre (en este caso, Blackstone) adquiere viviendas sociales a bajo coste, encarece los alquileres de forma estrepitosa y, cuando llega el punto en que las personas inquilinas no pueden pagar, pone en marcha los desahucios para después revender dichas viviendas a un precio muy superior (gestión de la que se encargaría en este caso Promontoria). Las viviendas con las que hará negocio el hijo de la pareja Aznar-Botella registraron un incremento del precio de alquiler del 49%, mientras que su precio de mercado creció un 227%, según reconoció el fondo buitre (de 128 a 660 millones de euros en menos de cinco años). Dos asociaciones civiles ya han denunciado estos hechos ante la policía. Mientras tanto, el Ayuntamiento de la capital sigue con déficit de viviendas sociales en plena burbuja del alquiler.

  • Tras asegurar que recurriría la sanción de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por “falta muy grave”, y después de negarse a responder a las preguntas de la prensa, finalmente Josep Borrell, ministro de Exteriores, dice ante el Congreso que “fue un error” vender acciones de Abengoa antes de que la empresa presentase un preconcurso de acreedores usando información privilegiada a la que tenía acceso en calidad de consejero de Abengoa. Borrell asegura que la parte de acciones que vendió fue “muy, muy pequeña”, sin dar más detalles sobre el beneficio obtenido. Borrell es el ministro con más patrimonio declarado en el actual gobierno (2,77 millones de euros). La sanción de 30.000 euros representa el 1,1% de dicho patrimonio.


  • La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) cede a Banco Santander la gestión de la aplicación oficial de las universidades públicas españolas, bautizada como AppCRUE. La institución que aglutina a los rectores reconoce que no ha cuantificado el valor de la ingente cantidad de datos personales que obtendrá Banco Santander a través de esta ‘app’, que incluirá una amplia gama de productos financieros del banco, que desde hace años ya controla la plataforma Universia.

  • Según ha publicado La voz del sur, el Hotel Barceló Renacimiento de Sevilla (cinco estrellas) despide a las limpiadoras (todas mujeres) a las que pagaba 1,5 euros por habitación después de que solicitaran una inspección de trabajo. El precio de una habitación estándar en este hotel oscila entre los 85 y los 200 euros, según la web de la compañía.

  • El gigante del aluminio Alcoa (Estados Unidos) despedirá a 686 personas de su plantilla en España y cerrará dos plantas de producción después de varios años recibiendo subvenciones millonarias del Estado español (para este año, se calcula que recibirá en torno a 90 millones de euros de fondos públicos; en los últimos años, estas y otras ayudas estatales suman aproximadamente 1.000 millones). Alcoa culpa de esta decisión al elevado precio de la electricidad y a sus “elevados costes fijos”. Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, aseguró que se trata de una “cortina de humo” y acusa a la empresa de no haber invertido en mejorar las dos plantas que ha ordenado cerrar.

  • Estanislao Rodríguez Ponga, exsecretario de Estado de Hacienda, y Antonio Rey de Viñas, exdirigente del sindicato CCOO, son ya los dos primeros condenados por las tarjetas black de Caja Madrid que entran en prisión. Se espera que en los próximos días ingresen en la cárcel otros condenados por el mismo caso, entre ellos Rodrigo Rato, exvicepresidente económico, exdirector gerente del FMI y expresidente de Bankia, entre otros cargos.

  • En pleno debate sobre el aumento del salario mínimo hasta los 900 euros, la CNMC informa de que los consejeros ejecutivos de las empresas que cotizan en la bolsa española se aumentaron el sueldo un 12,3% en 2017 (+43% desde 2013). El sueldo medio de los presidentes ejecutivos de Ibex 35 se sitúa en cinco millones de euros al año.

  • La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abre expediente sancionador contra las constructoras Acciona, Corsán-Corviam, Dragados (ACS), Ferrovial, FCC, OHL (Grupo Villar Mir) y Sacyr por presuntamente haber constituido un cártel para repartirse grandes concursos públicos para rehabilitar y construir edificios públicos. La CNMC asegura tener documentación y pruebas que muestran, por ejemplo, cómo estas constructoras se reunían semanalmente para preparar sus ofertas ante las administraciones públicas.

  • Altamira, consultora de la división inmobiliaria de Banco Santander, amenaza con desahuciar a medio centenar de familias de un edificio de viviendas sociales situado en uno de los barrios más empobrecidos de Cambre (La Coruña).

  • Una nueva sentencia del Tribunal Supremo obliga a los bancos a pagar el impuesto de las hipotecas, un dinero que hasta ahora abonan los clientes de dichas hipotecas.

  • Banco Santander presenta un recurso de apelación para evitar que la Audiencia Nacional haga pública la documentación secreta sobre la situación de Banco Popular, entidad adquirida por el Santander por el precio simbólico de un euro después de abocarse su quiebra. Diversos medios aseguran que dichos documentos, procedentes del Banco Central Europeo y el Banco de España, revelan que el Popular era solvente en el momento en que fue adquirido por Santander con la excusa de evitar su derrumbe, un hecho que daría la razón a miles de pequeños accionistas que perdieron sus inversiones después de que la entidad que preside Patricia Botín se hiciera con el control del popular.

  • Al menos dos nuevas puertas giratorias esta semana. Por un lado Santiago Ferrer i Costa, exdiputado del Parlamento balear (coalición COP) y exvicepresidente del Consell Insular de Ibiza y Formentera entra en el consejo de Enagás, sociedad participada por el Estado que tiene el monopolio del transporte de gas en España. Por otro lado, la francesa Renault nombra consejera a Elvira Rodríguez, exministra de Medio Ambiente (Partido Popular) y expresidenta de la CNMV entre 2012 y 2016.

  • La Fiscalía de Colonia (Alemania) investiga a Banco Santander por su presunta implicación en el mayor caso de fraude fiscal de la historia de ese país, por un valor que asciende a 7.000 millones de euros, informa El Confidencial. La Justicia alemana sospecha que el Santander y otros grandes bancos compraron y vendieron millones de acciones de empresas, principalmente alemanas, para obtener certificados fiscales que después facilitaban la devolución de unos impuestos que, en realidad, no habían pagado.

  • Las Socimis y las Sicav, sociedades utilizadas por las grandes fortunas para eludir el pago de impuestos y especular en el sector inmobiliario, no se verán afectadas por el aumento de impuestos y supervisión fiscal del plan presupuestario para 2019 aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez.

  • El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, es nombrado nuevo presidente del Consejo de Deusto Business School, una de las universidades de élite favoritas de los altos mandos del Ibex 35. Sustituye en el cargo a Alfredo Sáenz, exvicepresidente de Banco Santander.

Resumen Ibex35: El gobierno de Rajoy usó empresas públicas para retirar fondos en Cataluña

El presidente Mariano Rajoy junto al rey Felipe y el president Artur Mas junto al AVE en 2013. Foto: REUTERS / Stringer.

En La Marea elaboramos un resumen con noticias destacadas del Ibex 35 y otros temas económicos relevantes. Sin tu apoyo, este espacio no sería posible:

  • El Estado español contribuyó al alarmismo generado en el ámbito empresarial y financiero en el marco del procés catalán. Renfe, Adif, Puertos del Estado, RTVE y otras empresas propiedad del Estado pusieron en marcha una retirada masiva de depósitos de bancos catalanes tras el referéndum del 1 de octubre de 2017. Entre otros ejemplos, dichas compañías públicas dieron orden de sacar “2.000 millones de euros del Sabadell en un solo día”, según el diario ARA.

  • Entre 2012 y 2017, BBVA pagó más de cinco millones de euros al comisario Villarejo por una serie de trabajos “de inteligencia” que ahora investiga la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, según El Independiente. El banco reconoce los 21 pagos realizados y asegura que se hicieron “en cumplimiento con la legislación”, sin aportar más detalles.

  • La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sanciona a Josep Borrell, ministro de Exteriores y exconsejero de Abengoa, por usar información privilegiada para vender acciones de dicha compañía, con ayuda de su exmujer (las acciones estaban registradas a su nombre), poco antes de la quiebra de Abengoa. El ministro asegura que recurrirá la sanción, cuya cuantía no ha trascendido (no es posible saber si la multa es superior al dinero que se embolsó en dicha operación). Además, unos días antes de que saltara la noticia, el Gobierno puso en marcha una reforma legal urgente que habría impedido que esta información trascendiera a los medios. No es el único problema que Borrell ha tenido con Abengoa: en 2012 fue expulsado de la dirección del Instituto Universitario Europeo de Florencia por no comunicar que era asesor de dicha compañía.

  • Bankinter envía un mensaje a sus inversores felicitándose por la victoria en primera vuelta presidencial del ultraderechista brasileño Jair Bolsonaro, a quien califica de “pro-business”, informa La Marea. Bolsonaro es un político brasileño que pronto podría ser presidente a pesar de su discurso homófobo, machista, racista y de incitación al odio, un problema que ya está aumentando el número de agresiones contra personas de estos colectivos en el país más grande de América Latina.

  • Un documento confidencial del Banco de España en manos del Banco Central Europeo revela que Banco Popular tenía liquidez suficiente (600 millones de euros) para abrir sus oficinas el día en que se declaró su quiebra y se autorizó su venta a Banco Popular por un euro. Además, el Popular llevaba tres meses trabajando con el Banco de España en un plan de emergencia, lo que choca con las declaraciones del entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, y otros altos cargos, sobre la supuesta solvencia y continuidad garantizada de la entidad. El silencio del Banco de España en ese tiempo habría sido clave para que miles de pequeños accionistas del Popular perdieran todo su dinero invertido.


  • Comienza el juicio contra Narcís Serra, exvicepresidente y exministro de Defensa en los gobiernos socialistas de Felipe González, entre otros cargos. Serra, acusado de dos presuntos delitos de administración desleal y una “irresponsable política de retribuciones” durante el periodo en que fue presidente de Caixa Catalunya (subió los sueldos de la cúpula del banco en pleno proceso de rescate con 1.250 millones de euros de fondos públicos), asegura estar “convencido” de que el Banco de España y la Generalitat catalana conocían los aumentos salariales de CatalunyaCaixa, que calificó de “prudentes”. De momento, la Audiencia Nacional ha reducido de 9,5 millones de euros a 2,56 millones la fianza de la antigua cúpula de CatalunyaCaixa.

  • Pocos días después de que el precio de la luz marcara un récord histórico en septiembre, Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola (integrante el oligopolio eléctrico español), asegura en el Congreso de los Diputados que el precio del pan ha subido más que el de la luz en los últimos 40 años. Rubén Sánchez, portavoz de la organización de consumidores Facua, respondió que solo en los últimos 15 años “la luz ha subido un 92%, más del doble que el pan, que ha subido solo un 40%”. Se espera que en octubre el precio de la factura de la luz marque otro nivel récord.

  • Prácticamente todos los dirigentes y ejecutivos de bancos y cajas de ahorros condenados por los tribunales españoles por negligencias en su gestión han evitado la cárcel, informa EFE. Entre las excepciones están el difunto Miguel Blesa (Caja Madrid) y varios exdirectivos de cajas de Galicia. Diez años después del estallido de la crisis, en España no hay un solo directivo bancario entre rejas, aunque pronto podría entrar en prisión Rodrigo Rato, exvicepresidente económico del gobierno de Aznar y expresidente de Caja Madrid y Bankia, quien recientemente inyectó un millón de euros en cuatro sociedades administradas por sus hijos a pesar de tener todos sus bienes embargados. De hecho, Rato podrá escoger el presidio en el que desea ingresar.


  • Feminismo capitalista 2.0: tras los guiños feministas en Twitter de la presidenta de Banco Santander, Ana Patricia Botín, la entidad ha decidido lanzar un nuevo fondo de inversión que solo pondrá dinero en compañías que cumplan ciertos requisitos de igualdad de género.

  • El Banco Central Europeo y la Comisión Europea piden al Gobierno español que realice cambios legislativos para que las fundaciones bancarias abandonen el capital de las antiguas cajas de ahorro. Entre las entidades que se verían más afectadas por estas medidas están Kutxabank, Unicaja, CaixaBank y Liberbank.


  • Supermercados DIA, una de las compañías que integran el Ibex 35, ya está en manos del banco estadounidense Goldman Sachs, el fondo soberano noruego Norges Bank y el fondo Letterone, controlado por el magnate ruso Mikhail Fridman (ya suman el 50,1% del capital social de la cadena de supermercados). En los últimos días estos tres actores han ampliado su proporción de acciones en DIA y se espera que Goldman Sachs alcance el 30% de las acciones de DIA, lo que le permitiría lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para controlar el 100% de la compañía.

  • Nueva puerta giratoria: Román Escolano, exministro de Economía (sucesor de Luis de Guindos), acepta un puesto de asesor externo en EY (Ernst & Young), una de las cuatro firmas que conforman el cártel mundial de auditorías y consultorías, conocidas en el mundillo financiero como ‘las Big Four‘. Precisamente EY, junto con Deloitte, KPMG y PwC jugaron un papel clave en el estallido de la crisis de 2008 (cometieron “errores” al dar su visto bueno a las cuentas de numerosas corporaciones y bancos) y, al mismo tiempo, se embolsaron más de 200.000 millones de euros gracias a la posterior aparición de la “industria del rescate”, cooptada por estas cuatro firmas y consistente en asesorar a los gobiernos en materia de rescates con fondos públicos.

  • El Clut Atlético de Madrid se plantea diversificar su negocio e ir más allá del fútbol para abrirse paso en el lucrativo mercado de la distribución y venta de gas, petróleo, agua y electricidad. De momento, ya ha registrado la marca ‘Energía Rojiblanca’, según La Información.

  • La familia Lara, propietaria de Grupo Planeta (Atresmedia, Antena 3, La Sexta, Onda Cero, La Razón, Editorial Planeta…) vende su 2% de Banco Sabadell para pagar deudas. Los Lara, una de las familias más poderosas de la alta burguesía catalana, llegaron a controlar el 7% del capital social del Sabadell.

  • El régimen saudí marca distancias con el Ejecutivo español en el negocio del AVE a la Meca y pide que su interlocutor institucional con España sea el rey emérito Juan Carlos de Borbón, recientemente acusado por su supuesta amante, Corinna su Zayn-Wittgenstein, de cobrar comisiones millonarias a cambio de interceder ante los saudíes en favor de multinacionales españolas.

Semana de despedidas y cambios simbólicos en el Ibex

Francisco González, presidente del BBVA, encabezó la privatización de Argentaria de la mano del presidente José María Aznar, su principal promotor. Foto: REUTERS/Sergio Pérez..
    • Francisco González, presidente de BBVA durante casi dos décadas, anuncia a sus 74 años que se jubila y deja el segundo mayor banco de España. Su salida representa un cambio simbólico, ya que es el último de una larga lista de amigos del expresidente José María Aznar que accedió a la cúspide de las grandes empresas españolas coincidiendo con la ola de privatizaciones impulsada por el gobierno del PP. El expresidente situó primero a González al frente de Argentaria, cuya privatización anunció nada más llegar al puesto. Más tarde, dicha entidad se fusionó con el BBV, dando lugar a la creación del BBVA.
    • Otro movimiento con alto valor simbólico en el Ibex 35: CaixaBank sale del capital social de Repsol, poniendo fin a la apuesta industrial del banco catalán emprendida hace más de dos décadas. Recientemente, CaixaBank salió también del accionariado de Abertis y ya ha anunciado que saldrá de Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa).
    • Relevo de puertas giratorias en Red Eléctrica de España (REE):  salen Fernando Fernández Méndez de Andrés y Santiago Lanzuela, ambos afines al Partido Popular, y entra Maite Costa, expresidenta de la Comisión Nacional de la Energía y afín al PSOE. También se estrena en el consejo de REE Antonio Gómez Expósito, catedrático de la Universidad de Sevilla cercano a Javier Benjumea, fundador de Abengoa, y a José Domínguez, secretario de Estado de Energía..
    • Parten del puerto de Santander 1.120 toneladas de granadas de la armamentística Instalaza, en la que hizo carrera el exministro de Defensa Pedro Morenés, con destino a Arabia Saudí, monarquía absolutista que lidera los ataques contra Yemen, en los que han muerte miles de civiles.
    • Los presidentes de Telefónica, Bankia y Ferrovial, y el consejero delegado de Repsol, cuatro de los principales representantes del Ibex 35, piden a Pedro Sánchez no incrementar el gasto público y no deshacer las reformas implantadas por el gobierno de Mariano Rajoy.
    • El italiano Andrea Orcel, procedente del banco suizo UBS, será el próximo consejero delegado de Banco Santander. Es la primera vez que un extranjero dirigirá un banco de envergadura con sede en España (Santander es el mayor banco del país). Otro de los cambios destacados es la salida de Juan Miguel Villar Mir, fundador de Grupo Villar Mir, del consejo de este banco.
    • La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) vuelve a pedir información a Telefónica en el marco de una investigación sobre supuestas prácticas corruptas en varios países.
    • Un grupo de artesanas indígenas de Chiapas (México) y la ONG Impacto denuncian a Zara por plagiar uno de sus bordados tradicionales. Es la segunda vez que Zara, propiedad de Inditex, copia supuestamente diseños tradicionales de esta comunidad.
    • José Mayor Oreja, expresidente de FCC Construcción y hermano del exministro Jaime Mayor Oreja, admite que en 2011 dos filiales de la empresa pagaron 60.000 euros al Partido Popular. Recientemente el empresario negó haber pagado 150.000 euros al PP Valenciano.
    • Finalmente, tras un intenso periplo judicial, Iberdrola, Naturgy y EDP, cotitulares de la central nuclear de Trillo (Guadalajara), tendrán que pagar la multa de tres millones de euros que les impuso el Ministerio de Industria en 2014 por incumplir de forma permanente la obligación de adaptarse a la Ley de Energía Nuclear. El año pasado, estas tres compañías facturaron  más de 59.000 millones de euros.
    • El Corte Inglés anuncia una emisión de bonos de deuda por valor de 600 millones de euros. La emisión se realizará desde Irlanda, país al que la compañía ha trasladado este tipo de actividades para evitar el pago de más impuestos en España, donde concentra más del 90% de su actividad económica.
    • La Audiencia Nacional condena a Iberdrola tras comprobar que quemó gas en su planta termosolar de Puertollano para recibir subvenciones a las energías renovables por valor de 12,3 millones de euros entre 2009 y 2011. La Audiencia obliga a Iberdrola a devolver ese importe, mientras que la compañía, que cuenta con un amplio número de abogados del Estado en su plantilla, ya ha recurrido ante el Tribunal Supremo.
    • Pasó inadvertido: Valoriza, filial de Sacyr, se lleva el servicio de recogida de basuras de Santa Cruz de Tenerife por 142 millones de euros. Uno de los principales representantes de Valoriza en Canarias, Ángel Luis Bracho, está imputado en el caso Brugal, que entre otros asuntos investiga el presunto pago de sobornos otorgados a cambio de la concesión de limpieza de basuras en Alicante. Al mismo tiempo, Valoriza es la compañía que, según declaró Luis Bárcenas, extesorero del PP, donó supuestamente 200.000 euros (más 60.000 de Sacyr) al PP antes de ganar la recogida de basuras en Toledo, explica el periodista Esaú Hernández (Despiertos TV).



  • El presidente Pedro Sánchez firma una declaración en apoyo al Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA), durante su viaje al país norteamericano. Precisamente Sánchez y el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo habían votado en contra de dicho acuerdo en 2017.
  • Sánchez también visitó Estados Unidos, donde aprovechó para reunirse con un amplio número de empresarios e inversores cuyas compañías tienen negocios en España equivalentes al 20% del PIB nacional. Entre los empresarios estaba Laureen E. Seegerm, cofundador y CEO de Blackstone, uno de los fondos especulativos con mayor presencia en las compañías del Ibex 35.
  • En torno a 8,6 millones de personas en España padecen exclusión social, 1,2 millones más que en 2017. En total hay cuatro millones de personas en situación de exclusión severa, es decir, un 40% más que antes del estallido de la crisis en 2008, según datos de la Fundación FOESSA, vinculada a Cáritas.
  • PSOE, PP y Ciudadanos presentan una enmienda a la Ley de Economía Sostenible, en concreto al apartado popularmente conocido como Ley Sinde, para cerrar páginas web sin que sea necesaria una autorización judicial. Hasta ahora, desde el Ministerio de Cultura era posible cerrar webs de forma directa si entendía que infringían la Ley de Propiedad Intelectual.
  • La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid (Ahora Madrid) da luz verde a la operación Madrid Nuevo Norte, también conocida como Operación Chamartín, con el voto favorable de todos los partidos menos Izquierda Unida. También votó en contra el segundo teniente alcalde de la capital, Mauricio Valiente. Esta operación permitirá edificar 2,6 millones de metros cuadrados en la zona norte de Madrid y ha sido denunciada por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid y Ecologistas en Acción, que argumentan los riesgos medioambientales y los problemas de movilidad que supondría este proyecto.
  • Dos años después de la filtración de los Papeles de Panamá (2016), la Agencia Tributaria denuncia a 70 contribuyentes que aparecen en dichos documentos. Desde este organismo público aseguran que las denuncias se basan en datos descubiertos por la propia Agencia Tributaria y no por las filtraciones.
  • Otra buena noticia para las grandes constructoras: PP y Ciudadanos preparan medidas para relajar las limitaciones legales a la recalificación de terrenos quemados en Madrid.
  • El Gobierno propone modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para que los vecinos y vecinas de un inmueble puedan decidir sobre la apertura de pisos turísticos en sus edificios.

Rodrigo Rato, condenado a cuatro años y medio de prisión

Rodrigo Rato durante una comparecencia ante el Parlamento en 2012. Foto: REUTERS / Susana Vera.

En La Marea elaboramos un resumen con noticias destacadas del Ibex 35 y otros temas económicos relevantes. Sin tu apoyo, este espacio no sería posible:

  • El Tribunal Supremo condena a cuatro años y medio de cárcel a Rodrigo Rato, exvicepresidente, exministro de Economía, exdirector gerente del FMI y expresidente de Caja Madrid y Bankia, por el uso fraudulento de tarjetas de crédito a nombre de la entidad bancaria. Rato ya había sido condenado por la Audiencia Nacional, pero la decisión del Supremo sentencia en firme al exministro. Ahora la Audiencia Nacional tendrá que determinar el día de su ingreso en prisión. En total, han sido condenados 63 directivos y antiguos consejeros de Caja Madrid, vinculados a sindicatos (CCOO y UGT), patronales (CEOE y CEIM), Casa Real y partidos políticos (PP, PSOE e IU), por apropiación indebida al disponer “a su antojo (…) sin control de ninguna clase y sin reflejo fiscal” de las conocidas como ‘tarjetas black’, con las que derrocharon más de 12 millones de euros.

  • La Audiencia Nacional admite a trámite una denuncia contra CaixaBank e Isidro Fainé, expresidente de esta entidad y uno de los empresarios más poderosos de España, por supuestos delitos societarios, de administración desleal y abuso de mercado en la compra del banco portugués BPI, entre otros cargos. La Audiencia Nacional ya ha pedido a CaixaBank toda la información sobre un préstamo supuestamente fraudulento de 400 millones de euros al banco angoleño BFA, bajo control de Isabel Dos Santos (la mujer más rica de África), que se sospecha habría sido una contraprestación por su apoyo para facilitar la compra del BPI. También están implicadas en esta querella otros cinco altos cargos del banco catalán así como Criteria Caixa, el holding de la Fundación La Caixa que aglutina las inversiones industriales además de la participación en CaixaBank.

  • Nuevo espaldarazo del Estado a Abengoa: la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) avalará un préstamo de 62,6 millones de euros. Recientemente el Instituto de Crédito Oficial y la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (Cofides) registraron pérdidas millonarias por financiar a Abengoa para evitar su quiebra.

  • La Generalitat catalana pagará entre 150 y 170 millones de euros a Acciona, controlada por la familia Entrecanales, por la renacionalización de Aigües del Ter Llobregat, la compañía que suministra agua a Barcelona y su área metropolitana. Los directivos de Acciona esperaban ingresar más de 300 millones en este proceso, por lo que se espera que acudan a los tribunales.

  • La Agencia de Información y Control Alimentarios, adscrita al Ministerio de Agricultura, abre expediente sancionador a la cadena de supermercados DIA por 88 supuestas infracciones graves que van desde exigir pagos adicionales a sus proveedores, hasta modificar contratos y revelar información confidencial. DIA se enfrenta a una multa de 7,4 millones de euros que será confirmada en los próximos días por Agricultura.

  • El juez Fernando Andreu de la Audiencia Nacional hará públicos los documentos secretos del Banco Central Europeo sobre Banco Popular, su quiebra, resolución y venta al Banco Santander, que había presionado para evitar la publicación de dichos informes.

  • Comienza el juicio contra Narcís Serra, exvicepresidente y exministro de Defensa en los gobiernos socialistas de Felipe González, entre otros cargos. Es acusado de dos presuntos delitos de administración desleal y una “irresponsable política de retribuciones” durante el periodo en que fue presidente de Caixa Catalunya (subió los sueldos de la cúpula del banco en pleno proceso de rescate con fondos públicos). Serra, que también fue consejero de Gas Natural Fenosa, se enfrenta al juicio junto con otros 40 acusados, la mayoría altos ejecutivos y antiguos consejeros de Caixa Catalunya.

  • La plantilla de las tiendas de Zara y Lefties de un centro comercial de A Coruña ponen en marcha una campaña para pedir ayuda a los clientes, para que no usen los 14 cajeros de autocobro instalados por la compañía ya que consideran que pone en peligro su empleo.

  • El 41% de los productos vendidos por El Corte Inglés son adquiridos a plazos, según un documento que la compañía ha tenido que publicar para poder emitir sus bonos de deuda desde Irlanda. La empresa Financiera El Corte Inglés, desde la que se financian dichas ventas a plazos, es propiedad de Banco Santander (51%) y del propio El Corte Inglés (49%).

  • En 2017, el Estado gastó 1,8 millones de euros en cestas de Navidad para parte de las plantillas de Navantia e Izar (liquidada en 2015), dos compañías bajo control estatal. Este gasto se mantuvo a pesar de los drásticos recortes y las dificultades financieras de dichas empresas.

  • Los sindicatos UGT y CCOO hacen público el conflicto con Enel, propietaria de Endesa, por su intención de retirar el suministro gratuito de luz a 30.000 empleados, exempleados y jubilados de la compañía.


  • En 2012, el FMI suavizó  de forma sustancial su informe sobre España para no dar “carnaza a los periodistas deseosos de exagerar el mensaje del Fondo”.

  • Fallece a los 61 años el primer trabajador de Metro de Madrid al que se había reconocido su enfermedad por exposición al amianto. Este oficial de mantenimiento pasó sus últimos meses de vida reclamando una indemnización a la compañía por daños y perjuicios. Es el segundo empleado enfermo por amianto que muere este año.

  • María Jesús Montero, ministra de Hacienda, propone crear un impuesto a las grandes compañías tecnológicas. Este tributo tendría un tipo del 3% sobre los ingresos de dichas empresas.

  • La Comunidad de Madrid (Partido Popular) pide a los mendigos que declaren sus ingresos por mendigar en la calle para descontárselos de los 400 euros de Renta Mínima de Inserción (RMI).

  • El precio de la luz se ha encarecido en un 92,2% en los últimos 15 años, según cálculos realizados por la organización de consumidores Facua. La factura de la luz del usuario medio en España pasó de los 43,5 euros en 2003, a los 83,5 euros en septiembre de 2018. De hecho, este mes de septiembre el precio de la luz se incrementó un 45% respecto al mismo periodo de 2017, por lo que la factura de dicho mes será la tercera más cara de la historia de España.

  • Nuevo revés contra Deliveroo: La Inspección de Trabajo de Alicante reconoce que los ‘riders’ que trabajan para esta empresa de reparto de comida son falsos autónomos.