Juan Carlos Aparicio junto a Mariano Rajoy en un acto del PP en Castilla y León. Foto: PP.

Las puertas giratorias de Indra

Juan Carlos Aparicio junto a Mariano Rajoy en un acto del PP en Castilla y León. Foto: PP.

Indra es la principal contratista de la industria armamentística nacional y la única española que figura en el top 100 de compañías militares del mundo, aunque sus negocios abarcan sectores tan lejanos en apariencia como el de la energía, los servicios electorales y los medios de comunicación. Indra, dios del cielo y la lluvia en la mitología védica, también es una de las empresas del Ibex 35 con mayor apetito por los altos cargos militares y políticos, principalmente del Ministerio de Defensa. Las puertas giratorias de Indra no son tan conocidas como las de otras compañías del selectivo español. Indra presta especial atención a personalidades de la segunda línea del poder, desde secretarios de Estado hasta tenientes generales de las Fuerzas Armadas, algunos de los cuales han diseñado la lista de la compra del  Ejército español. Rostros sin rastro en las hemerotecas.

La industria militar es especial. El Estado tutela parte de su negocio para evitar que, por ejemplo, el enemigo se adueñe de la tecnología bélica. Como contraprestación, favorece la contratación de estas empresas y, con ayuda de asesores, directivos y consejeros procedentes del estamento castrense y político, se crean nuevos acuerdos e incluso subsidios para investigar y desarrollar productos y servicios que después compra el Estado.

A principios de noviembre, Indra anunció que había aumentado su beneficio en un 76%. La privatización de la empresa se fraguó en 1993, con Felipe González al frente. Sin embargo, el partido con más puertas giratorias en Indra es el PP. El pasado 15 de noviembre, una investigación reveló que el gobierno de Esperanza Aguirre había pagado 2,9 millones de euros a Indra por unos servicios electorales que ya había abonado el Interior. Desde Indra señalan que a la hora de fichar a “personas políticamente expuestas”, se ciñen a la ley y a sus normas internas de contratación. A continuación, recogemos una selección de figuras ligadas a la política y el ejército que estuvieron o están a sueldo de esta empresa.


Adolfo Menéndez

Fue subsecretario en Defensa (1996-2000) y Fomento (2000-2004) con Aznar de presidente, siendo Eduardo Serra ministro de Defensa y Pedro Morenés secretario de Estado. En 2013 entró en el consejo de Indra a propuesta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI, posee 18,7% de Indra). Desde 2014 preside Tedae, la patronal española armamentística. Es abogado del Estado en excedencia y también pasó por los consejos de empresas antaño públicas como Tabacalera, Telefónica y Renfe, entre otras. Socio del bufete Uría Menéndez, fundado por su abuelo.


Juan Carlos Aparicio

Fue secretario de Estado para la Seguridad Social (1996-1999) y ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (2000-2002), alcalde de Burgos, diputado y senador por el Partido Popular y vicepresidente de la Junta de Castilla y León, entre otros cargos. Desde 2013 es consejero de Indra en representación de la SEPI, justo después de que este holding estatal comprara la participación de Bankia en Indra. Ha sido condecorado con la gran cruz de la Orden de Carlos III, la cruz de la Orden del Mérito Civil y la gran cruz de la Orden de Isabel la Católica.


Felipe González

El expresidente socialista fue asesor del antiguo presidente de Indra, Javier Monzón, que se puso al frente de Indra en 1993, con González aún en La Moncloa. Precisamente fue durante el último mandato del presidente del PSOE cuando el Estado autorizó la fusión de Inisiel (pública) y Ceselsa, de la que nació Indra. Antes de abandonar la presidencia, el gobierno de Felipe González autorizó una ampliación de capital en la compañía que, en la práctica, supuso su privatización.

Pablo González Romero

El hijo mayor del expresidente es “un elemento clave para cumplir los objetivos pretendidos”, según Indra, que le otorgó un contrato blindado de 375.000 euros. Pablo González era dueño de Oyauri Investment, empresa de servicios informáticos en la nube con una actividad moderada, y que dio lugar a un episodio que todavía genera dudas: Felipe González compró el 10% de Oyauri por 376 euros en 2011, y un mes después Indra compró el 33% de Oyauri por 1,5 millones de euros, disparando así el valor de la participación del expresidente de 376 a 310.000 euros.


Miguel Jaque Barbero

Hasta agosto de 2012 fue director gerente de la Fundación del Centro Nacional de Referencia de Aplicación de Tecnologías de la Información y la Comunicación Basadas en Fuentes Abiertas (CINETIC), una entidad pública dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la Junta de Extremadura, creada para “promover el conocimiento y uso del software libre y/o de fuentes abiertas”. Entra en Indra en noviembre de ese mismo año con luz verde por parte de la Oficina de Conflicto de Intereses.


Fernando Abril-Martorell

El presidente de Indra (en el cargo desde 2015) fue consejero delegado de Grupo PRISA, Telefónica  y Credit Suisse para España y Portugal.  Su hermano, Joaquín Abril Martorell, fue miembro destacado de UCD y secretario de Estado de Transportes e Infraestructura en el gobierno de Aznar. Desde su llegada a Indra ha despedido a aproximadamente 2.000 personas pero en 2016 ingresó un total de 1,91 millones de euros (un 45,5% más que el año anterior). Su padre fue vicepresidente del Gobierno, ministro de Economía y ministro de Agricultura en el gobierno de Adolfo Suárez.


Estanislao Rodríguez-Ponga

Hijo de un diplomático de Franco y expresidente de la Bolsa de Madrid, Rodríguez-Ponga fue secretario de Estado de Hacienda con Aznar en la presidencia, exvicepresidente de Caja Madrid (procesado por las tarjetas Black), y ex administrador de varias sociedades pertenecientes a El Corte Inglés hasta 2015 (de los 255.372 euros que gastó con su tarjeta black, unos 100.000 fueron a esos grandes almacenes). También trabajó para Cristóbal Montoro, que en el año 2000 lo nombró director general de Tributos antes de ascender a secretario de Estado de Hacienda.


Josep Pujol Ferrusola

En 2001 Indra compró por 44 millones de euros Europraxis, compañía participada por Josep Pujol, hijo de Jordi Pujol. El juez José de la Mata y la UDEF investigan si el dinero desembolsado por Indra fue muy superior al valor real de Europraxis y, por tanto, pudo haberse tratado de un pago encubierto de comisiones para la familia Pujol a cambio de contratos de la Generalitat, por entonces presidida por Jordi Pujol padre. Acto seguido Josep Pujol comenzó a trabajar para Indra –400.000 euros al año de sueldo base–, que lo destinó a Miami. En 2016 fue despedido.


Íñigo de Palacio España

Este diplomático pasó su vida trabajando en el Ministerio de Exteriores antes de llegar a Indra. Estuvo destinado en Bolivia, Marruecos, Brasil y otros destinos. Fue embajador de España en la representación permanente ante la ONU en Ginebra, también en Serbia y finalmente en Chile, hasta marzo de 2014. Cuatro días antes de dejar su cargo de embajador, recibió en la embajada al entonces presidente de Indra, Javier Monzón. En julio de ese año recibió permiso de la Oficina de Conflicto de Intereses para convertirse en director de Relaciones Institucionales de la empresa.


Juan Alfonso Ruiz Molina

Fue director general de Asuntos Económicos del Ministerio de Defensa, presidente del Comité Financiero de la OTAN, responsable de planificación de recursos de la ONU en operaciones de paz, concejal del Ayuntamiento de Toledo y director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha hasta 2009 antes de entrar en Indra como director comercial y de desarrollo de negocio. El PP, el partido que más puertas giratorias aglutina en Indra, pidió su dimisión por su salto a esta empresa. Ahora es consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Castila-La Mancha.


Miguel Lens Astray

Este teniente general del Ejército del Aire fue director del Gabinete Técnico del Ministerio de Defensa (2004-2008). Hasta 2009 fue Jefe del Mando Aéreo Central y hasta 2011 ocupó cargos de consejero y vicepresidente de Xtreme Satellite Communication, una empresa cuyo socio único es Indra Sistemas.


Roberto López Fernández

Fue director de Gabinete del ministro de Defensa de José Bono hasta 2005. Desde 2008 hasta 2013 fue gestor de proyectos de Indra.


Leonardo Larios Aracama (fallecido)

Fue general de división y en 1996 fue nombrado director general de Infraestructura en el Ministerio de Defensa siendo ministro Eduardo Serra y secretario de Estado de Defensa Pedro Morenés. En 2001 entró como consejero en Indra.


Francisco Boyero Delgado

Fue teniente general e inspector general del Ejército de Tierra hasta noviembre de 2006. Entra en Indra como asesor en junio de 2007, con el visto bueno de la Oficina de Conflicto de Intereses. Previamente también había sido director técnico del Plan Director de I+D del Ministerio de Defensa.


Ignacio Santillana del Barrrio

Es consejero de Indra desde 2011 y de PRISA Radio, Cadena SER y Santillana Ediciones. Pasó por la dirección de varias empresas (Nokia España, Banco Gallego, Verizon, Telefónica…) tras presidir entre 1985 y 1987 la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.


Manuel García Berrio

Fue teniente general y jefe del Mando Aéreo de Combate del Ejército del Aire entre 2004 y 2007. Ficha como asesor de Indra con el beneplácito de la Oficina de Conflicto de Intereses.


Óscar Via Ozalla

Director adjunto al Director General Internacional de Indra, fue director general de Comercio e Inversiones en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.


Pablo González

El hermano del expresidente de Madrid Ignacio González fue directivo de Mercasa, propiedad de Indra y salpicada por un amplio caso de corrupción en Angola que forzó la dimisión de toda la dirección de Mercasa. En septiembre de este año, González confesó ante la Audiencia Nacional el cobro de sobornos en varios contratos públicos de la Comunidad de Madrid, algunos vinculados al Canal de Isabel II. Está en prisión condicional.


Ángel Serrano Martínez-Estéllez

Consejero y miembro del consejo asesor de Indra y otras compañías, también pasó por el consejo de Repsol. Fue subsecretario del Ministerio de Turismo y Comercio (1993-1996), presidió la Sociedad Estatal Quinto Centenario y ocupó altos cargos en el Instituto de Crédito Oficial, el Instituto Nacional de Industria y la SEPI.


Javier de Andrés González

Se incorporó a Indra en 1999 y en 2010 fue nombrado consejero delegado. Está siendo investigado junto a su esposa, exdirectora financiera del Canal de Isabel II y antigua trabajadora de Indra, por su supuesta implicación en el caso Púnica. Es amigo desde la infancia de Ignacio González.


Rafael Villaseca

El consejero delegado de Gas Natural Fenosa fue también presidente de la empresa pública Grupo INISEL, hoy reconvertido en la división espacial de Indra. Este abogado del Estado en excedencia fue consejero de Indra y de otras empresas, como Panrico o Túneles y Accesos de Barcelona.

Corrección 12/12/2017 a las 17h09: bajo la presidencia de Fernando Abril-Martorell han sido despedidas hasta la fecha aproximadamente 2.000 personas de la plantilla Indra, no 17.000, como indicaba por error la primera versión de este artículo.

Donación a La Marea

De artífice de la privatización de AENA a socio de una firma de capital riesgo

De maestro de orquesta en el proceso de privatización de AENA, empresa semipública (51% propiedad del Estado), a socio de la firma estadounidense de capital riesgo Rhône Group en poco más de un mes. Durante sus cinco años como presidente de AENA, José Manuel Vargas fue un arduo defensor de la venta de la compañía semipública que administra la red de aeropuertos españoles (46 aeropuertos y dos helipuertos). Cuarenta días después de dimitir y dejar a la empresa inmersa en un profundo conflicto laboral, Vargas entró en Rhône Group, gestora de varios fondos de inversión, una decisión que la Confederación General del Trabajo (CGT) califica como “otro caso de puertas giratorias” de una figura del ámbito público.

Este lunes la sección de la CGT en AENA denunció que Vargas, “sin ningún periodo de carencia, aprovecha el conocimiento adquirido y sus contactos” para aumentar su fortuna con su entrada en Rhône Group, donde también trabaja uno de los hijos del expresidente Aznar, y pidió por escrito a los distintos grupos del Congreso que regulen la dirección y gestión de AENA para evitar conflictos de intereses y asegurar el carácter de servicio público que la ley confiere a esta compañía. El sindicato subraya que durante el tiempo en que Vargas presidió AENA (fue nombrado en 2012, con Ana Pastor en Fomento), sus decisiones estuvieron orientadas a favorecer intereses particulares y privados, fomentando su progresiva privatización y menospreciando el carácter de servicio público que la legislación española le asigna a esta compañía.

En 2015, con Vargas en la presidencia de la compañía, el gobierno de España inició la venta de sus acciones en AENA y varios fondos buitre, entre ellos BlackRock, comenzaron a hacerse con el control de la empresa, que tiene carácter estratégico (sector transportes), opera en régimen de monopolio en España y puede ser vital para la economía del país, cada vez más dependiente del turismo.

Vargas, que en el pasado fue consejero delegado de Vocento (editora de ABC, entre otros medios), ha estado al frente de la compañía en una etapa marcada por buenos resultados económicos registrados gracias a las cifras récord de turistas en España (más de 70 millones de visitantes en 2016) y a las elevadas tasas aeroportuarias, una de las principales fuentes de ingresos de AENA, a pesar de las críticas de instituciones tan conservadoras como la patronal CEOE, que pide reducirlas para facilitar la llegada de más visitantes.

Sin embargo, desde la CGT llevan varios años denunciando la precariedad de los trabajadores de AENA debido a las políticas impulsadas por Vargas para reducir costes mediante recortes y aumentando la presencia de subcontratas -entre las controversias más recientes están las huelgas de guardias de seguridad de Eulen en el aeropuerto de El Prat del verano pasado, o el ERE que afectó a 1.600 trabajadores en 2012-. “Vargas, con su huida, también deja en el aire un supuesto acuerdo, a día de hoy secreto, y que firmó con los sindicatos institucionalizados, CCOO, UGT y USO”, señala la CGT a través de un comunicado en el que, además, exige que dicho acuerdo se haga público. Este sindicato también advierte que dejar AENA en manos de fondos buitre puede poner en riesgo “las condiciones mínimas necesarias para garantizar la accesibilidad, suficiencia e idoneidad de las infraestructuras aeroportuarias”.

AENA es la empresa participada por el Estado que más dinero aporta a las arcas públicas (293 millones en dividendos fueron para el Estado en 2016). También es la mayor empresa aeroportuaria del planeta por capitalización bursátil. Aunque suene contradictorio, el gobierno que preside Mariano Rajoy ha ido reduciendo la presencia del Estado en esta empresa incluso en momentos en que su valor iba en alza, y a pesar de las necesidades a corto y largo plazo del Estado para recaudar dinero y enfrentar el déficit fiscal y pagar deuda pública.

Incluso el FMI reconoció que España no tenía necesidad de emprender esta privatización para cumplir sus obligaciones frente a sus acreedores. Hoy las acciones de AENA valen el triple que cuando en febrero de 2015 el gobierno vendió el 49% de las mismas por 58 euros tras la salida a bolsa de la empresa. “Era un negocio magnífico para los inversores, entre ellos fondos buitre, pero no para el Estado”, declaró César Ramos, portavoz de Fomento del PSOE en el Congreso, en un reportaje publicado por La Marea en 2016.

La privatización de AENA presenta también otro conflicto al contraponer la prestación de un servicio público a las exigencias de los inversores para maximizar sus propios beneficios. “España es uno de los países con la mayor ratio de aeropuertos por habitante. Se puede debatir si hay demasiados (…) pero es inevitable que haya aeropuertos deficitarios porque prestan un importante servicio a una región y en esto consiste el servicio público, que está reñido con los intereses del capital privado”, explicaba Carlos Huerga, ingeniero aeronáutico de Airbus, en un reportaje publicado en La Marea. Aplicar un criterio estrictamente empresarial para decidir si algunos aeropuertos permanecen o no abiertos afectaría principalmente a comunidades como Canarias y Baleares.

En los últimos años, varios aeropuertos gestionados por AENA en el extranjero fueron recuperados por la administración pública porque la falta de inversión de la compañía estaba ocasionando una caída en picado del número de pasajeros. Los dos casos más simbólicos son los aeropuertos de Bolivia, renacionalizados por orden del presidente Evo Morales, y el de Cardiff, capital de Gales (Reino Unido), donde el gobierno regional recuperó el aeropuerto controlado por Abertis y AENA. Este último incrementó su tráfico de pasajeros en un 28% tras un año de gestión pública. En España la dinámica ha sido otra. Por ejemplo, en 2013 el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, indultó al empresario sevillano Antonio Manuel Morales, condenado por estafar varios millones de euros a AENA.

Donación a La Marea

Sucursal del Banco Sabadell. Foto: Álvaro Minguito.

Banco Sabadell, símbolo del poder financiero catalán con sede en Alicante

Sucursal del Banco Sabadell. Foto: Álvaro Minguito.

JOSÉ BAUTISTA Y ASIER ANDRÉS // Dinero, patria y las paradojas del procés. En mayo de este año, Banco Sabadell puso su sede en Miami a disposición del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, para su tour por EEUU en busca de aliados empresariales. Pero la tradicional cercanía de este banco con algunos líderes y partidos que hoy conforman Junts pel Sí no pudo evitar que el pasado 5 de octubre Banco Sabadell, uno de los grandes estandartes del poder financiero catalán, se convirtiera en la primera empresa del Ibex 35 en anunciar la salida de su sede social de Cataluña ante el anuncio de una posible declaración de independencia por parte del Govern.

El emblemático banco, con 136 años de historia y un rol clave en el auge de la industria textil catalana, tiene ahora su sede en Alicante, en el mismo edificio que albergaba el centro operativo de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), adquirida en 2011 al precio simbólico de un euro, aunque sus servicios centrales siguen en Barcelona. El 18 de octubre, la entidad informó de que pensaba mover su presidencia a Madrid.

Tras la salida de Banco Sabadell y, al cierre de esta edición, más de 1.200 compañías ya habían trasladado sus sedes sociales a Madrid, Baleares, Aragón, País Valenciano y otras comunidades autónomas. Entre ellas, empresas tan simbólicas como CaixaBank –tercer banco de España–, Gas Natural Fenosa y Codorníu. Los medios de comunicación con más audiencia y el propio Gobierno repiten desde entonces, una y otra vez, que estos cambios supondrán graves perjuicios para la Hacienda catalana, haya o no independencia, pero eluden recordar otros problemas financieros que afectan al conjunto del país y la sociedad.

Tuvo menos trascendencia un dato publicado a mediados de octubre: en España, entre el 30% y el 40% del capital de las grandes fortunas se encuentra en paraísos fiscales, un dinero que equivale al 12% del PIB nacional, según la Agencia Nacional de Investigación Económica (NBER por sus siglas en inglés).

El Sabadell, el cuarto banco de España por volumen de activos (212.500 millones de euros), es una de las entidades financieras del Ibex 35 con mayor presencia en paraísos fiscales y en el mercado de la banca privada orientada a clientes ricos. Cataluña solo representa el 15% de su balance, un dato que, junto con los 3.000 millones que se evaporaron de sus depósitos en las dos primeras semanas de octubre, explica sus prisas para cambiar de sede.

Ni Cataluña ni España

El discurso fatalista sobre la fuga de empresas de Cataluña deja en segundo plano viejos problemas legales y éticos por parte de algunas de estas compañías. Por un lado, el alarmismo no estaría justificado porque el cambio de sede “no tiene ningún efecto ya que es a nivel estatal, por lo que no afecta a la Hacienda catalana ni a la de otras comunidades”, explica Carlos Cruzado, presidente del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha. Cruzado recuerda que el grueso de la recaudación de las comunidades autónomas se hace sobre el consumo y no sobre los ingresos de las empresas, por lo que “en principio, el impacto es mínimo” y se limita sobre todo a otros factores, como el traslado de personal, fábricas y otras actividades. El Sabadell dejó claro a través de su consejero delegado, Jaume Guardiola, que sus modificaciones de domicilio son “nominales” y no implican “mover a la gente”.

Además, cambiar de domicilio social no siempre implica un cambio de sede fiscal, aunque la Ley General Tributaria determina que en principio ha de ser la misma. En el caso de los bancos, como el Sabadell, el traslado a Alicante supone como principal ventaja –no es la única– que, en caso de que se produzca la independencia de Cataluña, la entidad seguirá teniendo acceso al Fondo de Garantía de Depósitos del Banco Central Europeo si surgen problemas de liquidez (cubre hasta 100.000 euros por cada cuenta o cliente del banco). El Ministerio de Economía cifra en 80.000 millones de euros la parte del Fondo de Garantía que corresponde a Sabadell y CaixaBank juntas.

Relación con Convergència

Hay un dicho popular que dice que “un buen banquero debe bailar en todas las bodas”. El Banco Sabadell lo ha hecho. Durante años mantuvo una estrecha relación con el catalanismo conservador y, aunque pueda parecer una historia lejana, solo hay que remontarse algunos años para hallar ejemplos claros.

Un reportaje de La Marea revelaba cómo la extinta Convergència i Unió introdujo una enmienda en los presupuestos generales del gobierno de  José Luis Rodríguez Zapatero que permitió que varios directivos del Sabadell, con acciones en el banco a través de la firma Famol Participaciones, siguieran exentos de pagar impuestos al cobrar sus dividendos. Entre los beneficiados estaban, entre otros, Isak Andic, dueño de Mango, y  el mismo Josep Oliu, presidente del Sabadell (quien propuso crear “una especie de Podemos de derechas”, aunque después aseguró que no se refería a Ciudadanos). Famol está inscrita en el mismo domicilio que el despacho de abogados Roca Junyent, la firma del antiguo dirigente de CiU y abogado de la infanta Cristina, Miquel Roca.

Fue Roca quien en 2015 dejó atados los cabos legales para que el Sabadell pudiera cambiar de sede social en menos de 24 horas, una previsión que CaixaBank no tuvo en cuenta y que llevó al hombre fuerte de esa entidad, Isidro Fainé, a pedirle a Rajoy que cambiara la ley para así poder saltarse los estatutos, que establecen que para cambiar de sede, el banco necesita el permiso de su junta de accionistas.

Banco Sabadell fue una de las últimas empresas del Ibex 35 en adherirse al Código de Buenas Prácticas Tributarias, un compendio de recomendaciones elaborado por el Ministerio de Hacienda. Lo hizo en marzo de este año. Este código, “una declaración de buenas intenciones sin efecto jurídico”, recuerda Carlos Cruzado, establece que las empresas deben evitar las estructuras opacas que operen en paraísos fiscales y deben ser transparentes a la hora de presentar sus declaraciones fiscales.

Sin embargo, de los 23 países en los que opera el Sabadell, la entidad solo detalla los impuestos que paga en España, Reino Unido y Estados Unidos. Tampoco explica por qué en los 15 países que no desglosa, aglutinados bajo la etiqueta “resto”, el rubro “impuestos sobre el resultado” arroja un saldo positivo de más de un millón de euros. A partir de 2018, el Sabadell tendrá que detallar esa información a la Agencia Tributaria, pero no estará obligado a hacerla pública. La entidad no respondió a ninguna pregunta de este medio: “Estamos bastante desbordados”, fue la explicación que dio un responsable de prensa.

Mientras aumentaba su negocio de banca privada para grandes fortunas, el Sabadell expandió su presencia internacional y actualmente posee bancos y filiales en Bahamas, Luxemburgo, Hong Kong y Andorra, entre otros lugares. En este último país tiene activos por valor de más de 700 millones de euros.

Impuestos:

En 2016 el Sabadell declaró un beneficio de 1.019 millones de euros en España, Reino Unido y EEUU, sus principales mercados. De esa cifra, 303 millones fueron destinados al pago de impuestos. El banco no desglosa cuántos impuestos pagó en Luxemburgo, Andorra, Bahamas, Islas Caimán, Hong Kong, Singapur, República Dominicana, Mónaco y, al menos, otros 12 países más.

Paraísos fiscales:

El Sabadell tiene una filial en Bahamas desde que en 2003 se hizo con el control del Banco Atlántico. Mayor es su presencia en Andorra, donde su negocio de banca acumula un patrimonio que asciende a 700 millones de euros. Ambos territorios permiten prácticas financieras opacas.

Accionistas:

Aunque el Banco Sabadell trató de mantener un núcleo duro de accionistas procedentes de familias poderosas de Cataluña, actualmente el capital flotante representa el 92% de sus acciones. Entre sus principales accionistas destacan el mexicano David Martínez Guzmán (ver página 47), el fondo estadounidense BlackRock y el colombiano Jaime Gilinski, que multiplicó su fortuna tras comprar la filial colombiana del Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI), quebrado tras revelarse que blanqueaba capitales de los cárteles de la droga.

Presencia internacional:

España y Reino Unido son los dos principales mercados de Banco Sabadell. Ahora ha acelerado su expansión en México, Miami, Colombia y otros países de la región.

Desahucios:

El Sabadell presume de no expulsar de sus casas a clientes sin alternativa habitacional, aunque desde la PAH matizan que esta entidad no suele renegociar la deuda.

Donación a La Marea

Sede central de Enagás en Madrid. Foto: Enagás.

Miembro oficial de una veintena de grupos de presión

Sede central de Enagás en Madrid. Foto: Enagás.

La principal fuente de ingresos de Enagás está asegurada desde que el gobierno nombró a la compañía operador técnico del sistema gasista. Su abanico de clientes se reduce a otras compañías energéticas y no trata con los pequeños consumidores y hogares, lo cual explica que la gasista mantenga un presupuesto publicitario relativamente bajo (4,7 millones de euros en 2016).

La calificación como operador de sistema también le permite mantener “una relación fluida” y reuniones bilaterales frecuentes con altos cargos de la administración a nivel municipal, autonómico y central, principalmente con los ministerios de Energía, Fomento y Agricultura y Pesca, así como con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tal y como explica Enagás a este medio. Sin embargo, desde la empresa no acceden a detallar las últimas reuniones mantenidas con el ministro de Energía, Álvaro Nadal, o con el comisario europeo de Energía, Miguel Ángel Arias Cañete.

Dado que Enagás tiene línea abierta con los principales poderes políticos y reguladores de España, su actividad de lobby frente al gobierno es diferente -y más discreta- que la de otras compañías energéticas y de otros sectores regulados o estratégicos, como las telecomunicaciones o la banca.

No obstante, Enagás forma parte de un amplio número de asociaciones empresariales, patronales y lobbies del gas, la mayoría centradas en dos proyectos ambiciosos y vitales para sus intereses: por un lado, la promoción del gas natural como una fuente de energía fósil “limpia” e “imprescindible”, según ellos, para llevar a buen puerto la lucha contra el cambio climático; por otro, la conversión de España en una plataforma internacional o hub para vender gas natural a todo el planeta, un plan criticado por su posible impacto medioambiental y en el turismo, así como por una contrariedad: España apenas produce gas natural.

El mejor lobby, el Gobierno

La actividad de lobby de las empresas tiene por principal misión influir en quienes legislan para tratar de que las normas les sean favorables (o lo menos desfavorables posible). Pero Enagás no es una empresa cualquiera y, aunque es una compañía privada (y privatizada), mantiene como accionista principal al Estado. A pesar de que el 95% de los beneficios y dividendos de Enagás van a parar a manos privadas (el Estado posee el 5% de las acciones), el propio gobierno de la nación actúa a nivel internacional para favorecer los intereses de Enagás, principalmente en Europa.

La prueba más reciente y evidente está en el Paquete de Invierno aprobado por la Comisión Europea para 2017. Este plan, defendido por el ex ministro del PP y hoy comisario de Energía Arias Cañete, no es del gusto del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que ya presentó varias alegaciones en su contra.

Entre otros cambios, el gobierno de España pide que se recorten las competencias a la Comisión Europea y a los reguladores independientes (en España, la CNMC) en los temas relacionados con política energética, para que las autoridades nacionales tengan más poder en este ámbito.

Entre las medidas que favorecen a Enagás, el gobierno también demanda que no se establezcan objetivos vinculantes para reducir las emisiones de CO2 y que Europa le permita mantener los pagos por capacidad, unos costes camuflados en la factura de la luz y el gas en forma de impuestos para sufragar las centrales de gas construidas por el exceso de optimismo en el pasado reciente de empresas como Enagás o Gas Natural Fenosa, y que hoy están infrautilizadas (pensaron que la demanda de energía seguiría creciendo al mismo ritmo que antes del estallido de la crisis; desde Europa piden que estas empresas privadas asuman el coste de sus errores de previsión).

Aparte del apoyo gubernamental, Enagás cuenta con tres lobbistas acreditados en Bruselas que disponen de un presupuesto anual de entre 100.000 y 199.000 euros, según declara la empresa en el registro obligatorio de lobby ante las instituciones europeas. Dos de los lobistas declarados de Enagás ante las autoridades europeas hicieron carrera en dos de los mayores grupos de presión de la industria del gas: Gas Infraestructure Europe y ENTSOG (European Network of Transmission System Operators for Gas).

Además de sus propios lobistas, Enagás también tiene el apoyo de los numerosos grupos de presión a los que pertenece (ver lista al final de este artículo) y sociedades que participa, como la empresa Gasoducto Transadriático (300.000 euros de presupuesto para lobby en Europa), o la Asociación Española de Cogeneración (100.000 euros de presupuesto y cuatro lobbistas acreditados en Bruselas). Los grupos de presión a los que pertenece Enagás y que forman parte del registro de lobbies europeo suman un total de al menos 165 lobistas a tiempo completo.

Las donaciones de Enagás

El código ético de Enagás prohíbe expresamente realizar donaciones a partidos políticos y pide a sus trabajadores que declaren cualquier regalo o donación que reciban. En sus informes de cuentas, Enagás recoge una partida denominada “donativos”. En 2016 donó 100.000 euros a Cáritas por quinto año consecutivo, pero esa es la única organización que consta en sus documentos como receptora de parte de los 2,2 millones de euros que destinó a donaciones ese año.

Sin embargo, las cuentas anuales de Enagás muestran un saldo positivo en el apartado de donativos: ingresó 1,01 millones de euros en 2016 y 405.000 euros en 2015 (en años anteriores no publicaba este rubro). La empresa explica que se trata de “colaboraciones con fundaciones y organizaciones de carácter benéfico” que cumplen con la ley pero no explica por qué los donativos figuran como saldos positivos y no negativos.

————————————————————

ENAGÁS ES MIEMBRO OFICIAL DE LOS SIGUIENTES GRUPOS DE PRESIÓN:  (entre paréntesis el número de lobbistas acreditados en Bruselas):

España: Sedigás (2), Asociación Española de Cogeneración (4), Funseam (0), UNESA (10), Club Español de la Energía (0), CEOE (11), Energiaren Euskal Erakundea (0), Asociación Ibérica de Gas Natural para la Movilidad (3).

Internacionales: Eurogas (5), European Chemical Industry Council (78), European Committee for Electrotechnical Standardization (7), EASEE-GAS (2), European Federation of Energy Traders (10), European Gas Research Group (0), GIIGNL (0), European Network of Transmission System Operators for Gas (1), Association of Issuing Bodies (8), Natural Gas Association of America (0), American Gas Association (0), International Council on Large Electric Systems (0), European Energy Forum (4), Eurelectric (18), Gas Infrastructure Europe (6), International Association for Energy Economics (0), Marcogaz (2), International Gas Union (0), Natural & bio Gas Vehicle Association (4).

Donación a La Marea

Construcción del Gasoducto Sur Peruano. Foto: Enagás.

El 55% de la plantilla se rige por un convenio vigente hasta 2019

Construcción del Gasoducto Sur Peruano. Foto: Enagás.

Galardones, acreditaciones al máximo nivel, tres sindicatos incapaces de mencionar un solo elemento mejorable y un extenso repertorio de datos propios dibujan el panorama laboral de Enagás y las 1.337 personas que conforman su plantilla.

En la empresa se trabaja en jornada intensiva en verano y los viernes del resto del año. Más del 90% de su plantilla tiene contrato indefinido y se permite flexibilidad en el horario. Enagás posee la certificación de Empresa Familiarmente Responsable por sus medidas de conciliación, entre ellas una ayuda económica a quienes tienen hijos e hijas en edad de estudiar, y la plantilla recibe cursos de formación de manera regular o participa en campamentos urbanos.

Por séptimo año consecutivo, Enagás vuelve a figurar en el ranking Top Employers de España por cumplir “los más altos estándares” en materia laboral -huelga mencionar que para entrar en la clasificación, antes la compañía ha de pagar el proceso de certificación-. Su canal ético para reclamaciones y denuncias solo recibió tres quejas en 2016: una fue tramitada y las otras dos desestimadas “por expresa renuncia de los denunciantes”.

Actualmente hay tres sindicatos con representación en Enagás: Comisiones Obreras (CCOO), con el 44% de los votos en las últimas elecciones sindicales, seguida de UGT (40%) y la Confederación de Cuadros Profesionales (CCP, aproximadamente 16% de los sufragios). En 2016 firmaron un nuevo convenio con la compañía que estará vigente hasta 2019 (el 55% de la plantilla está bajo convenio).

Desde UGT, tras una cadena de contactos de seis personas, no atienden a las preguntas de La Marea; al mismo tiempo, el representante sindical de CCP en Enagás redirige a este periodista hasta un representante de CCOO pero no aclara qué relación mantienen entre estos dos sindicatos, en teoría independientes.

Una persona de CCOO que accede a hablar con La Marea, primero por teléfono y finalmente por correo electrónico, pide total anonimato a pesar de no tener críticas hacia Enagás. Reconoce que “en este artículo [la pieza que está usted leyendo] tenemos mucho que perder y poco que ganar” y se limita a exponer los datos e informaciones del informe anual de la compañía.

Asimismo, prefiere no evaluar la situación global de los trabajadores en Enagás, ni los cambios posteriores a la crisis, ni la situación en las subcontratas. En 2016, Enagás tenía en su cartera de proveedores a 1.800 empresas subcontratadas, es decir, más empresas contratistas que empleados propios. Tantos que en 2015 la compañía lanzó un portal web dedicado exclusivamente a sus subcontratas.

Donación a La Marea