Nuevos negocios de Florentino en Madrid, multa para Banco Santander en Reino Unido y puertas giratorias en la CEOE

El empresario Florentino Pérez y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en un acto en 2016. Foto: REUTERS 7 Juan Medina.

Un nuevo escándalo salpica a Banco Santander: las autoridades reguladoras de Reino Unido han impuesto una multa de 36,4 millones de euros a Santader UK por deficiencias graves en su forma de procesar las cuentas e inversiones de clientes que han fallecido. Según la investigación, la filial británica de Banco Santander no transfirió el equivalente a 203 millones de euros a las personas beneficiarias y herederas de más de 40.000 clientes que murieron entre 2013 y 2016. Además, el banco también cometió negligencias al no informar sobre esta práctica, y al proporcionar un trato «incorrecto» a las personas afectadas. La multa impuesta a Banco Santander es un 30% inferior que la sanción que estipula la legislación británica, debido a que la entidad que preside Ana Botín ha aceptado pagar para zanjar el asunto en lugar de recurrir, y queda lejos de los 2.067 millones de euros de beneficio bruto que generó Santander UK en 2017.

Esta sanción daña levemente la imagen del Santander en Reino Unido. Sin embargo, el principal banco español tiene más suerte en otros países, como Brasil. Recientemente Jair Bolsonaro, el nuevo presidente ultraderechista de Brasil, eligió al director de Banco Santander Brasil para presidir el Banco Central brasileño.  Esta semana, el Santander se ha anotado un tanto al adquirir el 100% de Getnet, una empresa tecnológica brasileña especializada en medios de pago y con una amplia cuota de mercado en la mayor economía de América Latina.


El Ayuntamiento de Madrid acelera para que a finales de enero esté aprobada la modificación urbanística que pondrá en marcha el proyecto Madrid Nuevo Norte, más conocido como ‘operación Chamartín’, que afecta a 3,3 millones de metros cuadrados de la capital y cuenta con el respaldo de todas las formaciones de la Asamblea de Madrid, excepto Izquierda Unida. Hay 3.500 alegaciones pendientes de resolver sobre la mesa. Mientras el sector empresarial aplaude el esfuerzo, la decisión del Consistorio de Manuela Carmena es interpretada por sectores críticos como un intento por evitar que las elecciones municipales enturbien este proyecto y para obtener más respaldo del poder empresarial, principal beneficiado de esta macrooperación urbanística. En este momento el Tribunal Superior de Justicia de Madrid estudia varios recursos a este proyecto interpuestos por Ecologistas en Acción y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, que piden la nulidad de este plan y denuncian que deja de lado a los vecinos y vecinas, priorizando los intereses de grandes multinacionales y constructoras, principalmente ADIF, BBVA y San José (integrantes del consorcio Distrito Castellana Norte, encargado de esta remodelación), y que además tendrá un impacto negativo sobre el medio ambiente, según estas organizaciones.

Precisamente esta semana saltó la noticia de que Florentino Pérez, dueño de la constructora ACS y presidente del Real Madrid, vendió por 130 millones de euros unos terrenos en el distrito de Tetuán (Madrid) que le había comprado en 2017 al Ayuntamiento madrileño por 90 millones (es decir, una plusvalía del 44% en poco más de un año). No es la primera vez que se produce una operación así entre Pérez y el Consistorio de la capital.


En España la ley estipula que las empresas deben contribuir a las arcas del Estado con un impuesto de sociedades del 25% sobre su base imponible (30% en el caso de bancos y petroleras). Sin embargo, su contribución real es menor y juega con ventajapagan de media el 5,99% de sus beneficios declarados, mientras que las pequeñas y medianas empresas abonan el 18,8%. Las grandes empresas que operan en España tributan entre el 6% y el 17% de sus beneficios. En el caso de las grandes constructoras (facturación superior a los 1.000 millones), pagaron al fisco en España el 1,16% de sus beneficios, mientras que los grupos bancarios pagaron el 2,94%, según nuevos datos de la Agencia Tributaria que hacen referencia a 2016. En resumen: proporcionalmente y a pesar de sus desventajas operativas, las empresas pequeñas (menos de 10 empleados) pagan 2,4 veces más impuestos que las grandes.


OTRAS NOTICIAS

  • La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impone a Endesa una sanción de 120.000 euros por cambiar a clientes de contrato y comercializadora sin su consentimiento. Ni la CNMC ni Endesa han aclarado cuánto dinero reportó esta práctica a la compañía. En marzo, la CNMC multó a Endesa con 30.000 euros por el mismo motivo tras una denuncia de la organización de consumidores Facua.
  • El gobierno impone a Endesa mantener abiertas y en servicios mínimos sus centrales eléctricas durante los paros convocados esta Navidad por los sindicatos UGT, CCOO y SIE (protestan por la falta de avances en su nuevo convenio colectivo). Su cierre dispararía el precio de la luz, según las autoridades.
  • Los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y Sindicato Libre alcanzan un acuerdo con la dirección de Correos para mejorar las condiciones laborales de la plantilla en 2019 y 2020. Tras el acuerdo, las organizaciones sindicales han desconvocado los paros que habían previsto para Navidad.
  • Mientras tanto, en Supersol la plantilla mantiene los paros convocados en Navidad (entre ellos el día de Nochebuena) en protesta por sus bajos salarios y por llevar ocho años sin subida salarial. También los trabajadores de Renfe harán huelga estas fiestas, por lo que la compañía ha anunciado que cancelará 1.004 trenes entre el 21 de diciembre y el 7 de enero.
  • Tras varios meses de protestas por percibir 2,5 euros por habitación, las ‘kellys’ (camareras de piso) de los hoteles NH Villa de Bilbao y Barceló Nervión concluyen su huelga con una subida salarial del 48%.
  • Repsol se muda a la antigua sede en Madrid de Aguirre Newman, la inmobiliaria presidida por Santiago Aguirre, hermano de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, y que ahora es propiedad de la firma británica Savills.
  • Caixabank anuncia el cierre de 81 sucursales y el despido de entre 2.200 y 2.500 empleados de sus oficinas bancarias, un recorte del 18% de su plantilla actual.
  • Por segunda vez, la Audiencia Nacional asegura a los directivos de La Caixa, entre ellos el que fuera su presidente, Isidro Fainé (ahora dirige la Fundación La Caixa). incumplieron la ley al cobrar sobresueldos sin tener dedicación exclusiva en sus cargos de consejeros. En contra del criterio de Hacienda, La Caixa asegura que «no ha habido sobresueldos».
  • Novedades sobre la posible fusión de Unicaja y Liberbank: el banco malagueño pone como condición que la nueva entidad esté presidida por alguno de sus directivos.
  • El gobierno, a través del SEPI, nombra al exministro de Industria Miguel Sebastián como nuevo consejero de Indra, en sustitución de Adolfo Menéndez, abogado del Estado ligado al PP que ocupó varios altos cargos en Defensa y Fomento durante los gobiernos de José María Aznar. También destituye a Alejandro Ballestero de Diego como presidente de la empresa armamentística participada por el Estado Sainsel Sistemas Navales (filial en manos de Navantia e Indra, también participadas por el Estado). Ballestero fue diputado del Partido Popular entre 1996 y 2011, además de vicesecretario general del PP de Castilla-La Mancha. Además, el Ejecutivo de Pedro Sánchez también ha ordenado varios cambios en el consejo de Navantia, entre ellos el nombramiento de varios mandos del Ejército y de los ministerios de Defensa, Empleo y Hacienda.
  • La SEPI nombra a Pedro Antonio Zorrero Camas como nuevo consejero de Ebro Foods, empresa participada por el Estado. Zorrero trabajó varios años en la Intervención General de la Junta de Andalucía, al igual que el actual presidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero.
  • Tensión y turbulencias en supermercados DIA: tras salir del selectivo Ibex 35 e informar de varias dimisiones destacadas, sus principales accionistas han vuelto a enfrentarse. Esta semana dimitieron dos consejeros designados por el magnate ruso Mikhail Fridman, principal accionista de DIA que ahora busca financiación y la venta de activos para mantener la empresa a flote. Mientras tanto, en cuestión de días el banco de inversión estadounidense Goldman Sachs ha pasado de ser segundo accionista, a quedar prácticamente fuera de la compañía para, finalmente, volver a comprar el 5,2% del capital. También el fondo Citadel (en el que trabaja Ben Bernanke, antiguo presidente de la Reserva Federal de EEUU) compró y vendió acciones de DIA de forma compulsiva en apenas 24 horas.
  • La consultora y auditora PwC (integrante del cártel mundial conocido como ‘Big Four’reelige a Gonzalo Sánchez como presidente de PwC España. Sánchez lleva en el puesto desde 2006 y bajo su gestión esta empresa ha protagonizado numerosos escándalos que van desde posibles delitos de financiación ilegal al PP (PwC está investigada en el caso Lezo) hasta multas y críticas por fallos y falta de independencia en la auditoría de grandes compañías del Ibex 35.
  • El gigante aeronáutico Airbus, participado por el Estado español, pide apoyo al Gobierno español para enfrentar la «agresividad» de Boeing, su principal competidor, en el negocio militar internacional.
  • El arbitraje internacional impone a Sacyr la devolución a Panamá de 350 millones de euros por anticipos que había cobrado para construir la ampliación del Canal de Panamá. La decisión de la corte de Miami que dirimió este caso hizo que las acciones de Sacyr se desplomaran un 14,4% el pasado miércoles, cuando se supo la noticia.
  • Javier Monzón, actual vicepresidente de PRISA y expresidente de Indra, sucederá a Manuel Polanco como presidente del consejo de Grupo PRISA (El País, SER, Cinco Días…).
  • El oligopolio eléctrico español (Endesa, Iberdrola y Naturgy, antigua Gas Natural Fenosa), junto con Viesgo y Repsol, pide al gobierno que pague 9,7 euros por cada cliente acogido a la tarifa regulada de la luz para gestionar el bono social.
  • Varios directivos de la constructora Abertis (controlada por el empresario Florentino Pérez a través de ACS y la italiana Atlantia) tendrán que declarar ante la Justicia argentina por el supuesto pago de sobornos a funcionarios argentinos en los años de gobierno del matrimonio Kirchner. La noticia salta días después de que los medios informaran sobre cómo el gobierno que preside Mauricio Macri aprobó un decreto que favorece a Abertis dos días antes de anunciar que la final entre el Boca Juniors y River Plate se celebraría en el estadio Santiago Bernabéu.
  • El fondo especulativo estadounidense Lone Star compra más de 11.000 pisos a Bankia, entidad rescatada y en manos del Estado actualmente.
  • El Estado colombiano denuncia a Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa) ante la CIADI (arbitraje internacional del Banco Mundial) y le exige 1.600 millones de dólares de compensación por los problemas en la gestión de Electricaribe, antigua y problemática filial en Colombia de la empresa catalana.

ADEMÁS

  • La patronal CEOE nombra vicepresidente a Íñigo Fernández de Mesa y Marta Blanco, hasta hace poco secretario de Economía (mano derecha del exministro Luis de Guindos) y directora general de Turismo de la Comunidad de Madrid, respectivamente.
  • El despacho de abogados Hogan Lovells para las conversaciones con la exministra de Defensa María Dolores de Cospedal sobre su posible incorporación a este bufete. Fuentes citadas por El Confidencial aseguran que esta decisión se debe a los problemas de imagen de Cospedal tras aparecer en las grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo.
  • El fondo de capital riesgo británico Permira compra por 770 millones de euros Laureate Education, empresa propietaria de la Universidad Europea de Madrid, Valencia y Canarias.
  • El empresario hotelero Joan Gaspart, antiguo presidente del Barcelona Fútbol Club, y sus hijos Juan y José Gaspart están siendo investigados por una presunta estafa (ocultación de deudas e impagos, entre otros) denunciada por el príncipe saudí Turki Bin Nasser. Los Gaspart declararán ante la Justicia a partir del 21 de diciembre.
  • El gobierno anuncia un gasto extra de 7.300 millones de euros para la construcción y adquisición de fragatas, cazabombarderos, vehículos blindados y otras armas para el Ejército en los próximos 14 años. La decisión fue aplaudida por las autoridades de Estados Unidos y coincide con la visita a Madrid de Julie Fisher, subsecretaria de Estado para Europea y la Unión Europea del gobierno de Donald Trump.
  • Varios empleados de Grupo Cursach, el mayor grupo de ocio de Mallorca, propiedad de Bartolomé Cursach, presionaban a funcionarios y políticos para que aceptasen sobornos (desde pagos en metálico hasta orgías con prostitutas) y evitasen denuncias. Se trata de una de las mayores tramas de corrupción de la historia de Baleares.
  • Tras dos años de investigación y recopilación de pruebas, el sindicato CGT y el Observatorio CODE se querellan contra la supuesta malversación de 60 millones de euros de fondos públicos durante el gobierno de Esperanza Aguirre. Según la denuncia, el gobierno de Aguirre habría desviado dinero a empresas ficticias a través de fondos de capital riesgo.
  • Otra denuncia destacada que se registró esta semana: la de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que denunció al fondo buitre Blackstone, mayor propietario inmobiliario de España, y le acusó de alterar el mercado inmobiliario para inflar la burbuja del alquiler.
  • La deuda pública española bate un nuevo récord: 1,176 billones de euros, lo que equivale al 98,3% del PIB español. El Estado español prioriza el pago de intereses de esta deuda frente a otros gastos (incluidas las inversiones sociales) desde que en 2011 el Congreso aprobara la reforma express de la Constitución española en 2011 y modificara el artículo 135.
  • Por decisión del Consejo de Ministros, las autopistas de peaje rescatadas con fondos públicos serán gratuitas entre las 00:00 y las 06:00.

Endesa, Naturgy y Repsol son las empresas más contaminantes de España

Protesta contra Endesa. Foto: Tono Carbajo / Fotomovimiento.

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El nuevo informe del Observatorio de la Sostenibilidad, elaborado en base a los datos oficiales más recientes (2016), revela las 10 empresas que más emisiones contaminantes generan en España. En orden descendente, ocupan el podium: Endesa (23,2%), Gas Natural Fenosa (rebautizada como Naturgy, 9,4%), Repsol (8,7%), EDP (6,1%), Arcelormittal (4,9%), Cepsa (4,0%), Iberdrola (3,2%), Viesgo (2,9%), Cementos Portland (2,3%) y Cemex (2,05%). En total, estas 10 compañías suman el 66,6% de las emisiones de los sectores fijos, es decir, 86,2 millones de toneladas de gases de efecto invernadero.


Según cuenta Cristina Suárez en El Confidencial, Cepsa, con 1.500 gasolineras en España, emplea a falsos autónomos que en algunos casos se ven obligados a trabajar en jornadas de 14 horas ininterrumpidas e incluso a dormir en su puesto de trabajo en condiciones insalubres, todo por menos de 900 euros al mes.  En 2017, Cepsa tuvo un beneficio neto de 884 millones de euros.


El próximo 24 de diciembre DIA saldrá del Ibex 35 y será sustituida por Ence Energía y Celulosa, en cuyo consejo de admininistración se encuentran Isabel Tocino, exministra de Medio Ambiente, y Fernando-Abril Martorell, hijo del exministro de Agricultura. La salida de DIA se produce en la que quizás es la mayor crisis que ha vivido la compañía desde su constitución. En los últimos meses han dimitido tres presidentes de DIA, cuyas acciones se han desplomado un 88% en lo que va de año.


Otras noticias:

  • Los bancos BBVA, Santander y Caixabank ingresaron 11.788 millones de euros en depósitos coincidiendo con la fuga que se produjo en Bankia entre abril y octubre de 2012, antes que el Estado rescatase a esta entidad con fondos públicos.
  • Caixanova contribuyó a inflar la burbuja inmobiliaria en 2005 al exagerar el precio de unos terrenos que valían menos de tres millones, y que el banco cifró en 133 millones. La Audiencia Nacional investiga estos hechos.
  • Enagás advierte que aumentar el salario mínimo a 900 euros causará un «efecto dominó» entre las empresas, restándoles competitividad y forzándolas a trasladar sus instalaciones al extranjero. Enagás es una compañía que gestiona en régimen de monopolio el transporte de gas en España y cuya plantilla está integrada eminentemente por profesionales cualificados que, según documentos de la compañía, tienen remuneraciones muy por encima del salario mínimo.
  • La Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) ha otorgado los premios Tintero y Secante (una forma amable de reconocer la buena disposición a los medios -Tintero- o la escasa atención a los mismos -Secante). Este año se llevan los premios Tintero Sebastián Albella, presidente de la CNMV, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, e Ignacio Garralda (Mutua Madrileña). Los Secante son para Carlos Torres (BBVA), la ministra de Economía Nadia Calviño, y Florentino Pérez (ACS). Ni Torres ni Pérez acudieron a recibir este simbólico galardón.
  • Ya hay varias huelgas convocadas esta Navidad: CCOO anuncia paros en Renfe y Adif, así como en la cadena de supermercados Supersol (la plantilla lleva ocho años sin aumento salarial).
  • El fondo especulativo Blackstone (Estados Unidos) y Banco Santander lanzan una web conjunta para vender 1.000 terrenos que hasta hace poco pertenecían a Banco Popular (entidad adquirida por el Santander al precio simbólico de un euro).
  • Con el fin de las cajas de ahorros y su transformación en bancos, el dinero que las entidades destinaban a labores benéficas (promoción cultural, cohesión social) han caído desde 2.058 millones de euros registrados en total en 2008, a 800,9 millones en 2017, dato más reciente, según la asociación de cajas de ahorros CECA.
  • Banco Santander, BBVA, Banco Sabadell, Caixabank y Bankinter tienen más de 8.000 millones en activos en sicavs registradas en Luxemburgo, país con una baja tributación considerado por varias organizaciones como limbo fiscal. Las sicavs son sociedades de inversión de capital variable que emplean las grandes fortunas para eludir el pago de impuestos (estas sociedades tributan al 1% en lugar de al 28%).
  • Los principales bancos de España se unen para pedir al gobierno que fuerce a Google, Amazon, Facebook y otras grandes tecnológicas a proporcionar datos a terceros (en este caso, los terceros son, precisamente, los bancos).

Y también…

  • Cada año, España pierde más de 90.000 millones de euros debido a la corrupción, según un informe del Grupo de Los Verdes del Parlamento Europeo. La cifra representa en torno al 8% del PIB español y sitúa al país como el cuarto de la Unión Europea (UE) en este problema, por detrás de Italia, Francia y Alemania. En total, los países de la UE pierden al año en torno a 904.000 millones, según el estudio citado.
  • El Tribunal Supremo obliga al Gobierno a devolver a los consumidores el dinero que pagaron a través de la factura del gas para mantener el almacén de gas Castor, cuyo mayor accionista es ACS (Florentino Pérez). La patronal Cecot calcula que la cantidad asciende a 118 millones de euros.
  • España pierde por sexta vez un laudo internacional por los recortes a las energías renovables por parte del gobierno. El Estado español ya acumula más de 400 millones en compensaciones para fondos internacionales que invirtieron en renovables en suelo español.
  • La PAH prevé varias movilizaciones a comienzos de 2019 en defensa del derecho a la vivienda. En lo que va de 2018, se han producido 44.606 desahucios en España (una media de 163 al día), según datos del Consejo General del Poder Judicial.
  • Un juzgado de Fregenal de la Sierra (Badajoz) imputa a la cúpula de Comapa, la mayor distribuidora de jamón y embutidos ibéricos de España, por posibles delitos relacionados con la venta de productos cárnicos no aptos para el consumo (caducados y conservados en condiciones insalubres).
  • Unicaja y Liberbank negocian una posible fusión que, de producirse, daría lugar a la sexta mayor entidad bancaria de España por activos, por delante de Bankinter.
  • El Parlamento Europeo ratifica el JEFTA, tratado de libre comercio entre la UE y Japón. El apoyo de los socialistas europeos fue clave para la ratificación del que ya es el mayor acuerdo comercial bilateral de la UE. Sus numerosos objetores alegan que el JEFTA da prioridad a los negocios por encima del interés de las personas, los derechos humanos y el medio ambiente.
  • España se mantiene como el segundo país de la Unión Europea con la gasolina y el gasóleo más caros, solo por detrás de Dinamarca. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia señala que las empresas que comercializan combustible en España (Repsol, Cepsa, BP, etcétera) siguen aumentando su margen de beneficio, lo cual explica que las caídas en el precio del petróleo crudo no se reflejen en el bolsillo de los consumidores.

El gobierno permitirá que los bancos vendan datos de sus clientes y otras noticias del Ibex

Pedro Sánchez durante una rueda de prensa en Moncloa. Foto: Reuters / Susana Vera.

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Atresmedia (La Sexta, Antena 3) modifica por primera vez desde 2012 su contrato con la productora Mediapro, de Jaume Roures. El nuevo acuerdo reduce la cuota de decisión del empresario catalán en la realización y producción de los informativos de La Sexta y los programas Al Rojo Vivo, La Sexta Noche, Más Vale Tarde y La Sexta Columna.


Unidad Editorial, editora de los diarios El Mundo, Expansión y Marca, entre otros, aumenta en un 45,6% los ingresos de Unidad Editorial Juegos, su negocio de apuestas deportivas. En total, esta filial de apuestas ingresó 9,1 millones de euros en 2017, casi el doble que en 2016 (4,9 millones).


El despacho panameño Mossack Fonseca (Papeles de Panamá) y el Deutsche Bank, que en este momento protagoniza de una de las mayores operaciones anticorrupción de la historia reciente alemana (en la que también está implicado Banco Santander), ayudó a Miguel Ángel Arias Cañete, comisario europeo de Energía y exministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a crear una sociedad offshore controlada a través de una cuenta en la filial del Deutsche Bank en Suiza, bajo control de Micaela Domecq, esposa de Cañete. El dinero de esa cuenta, que no estaba declarado en España, fue «legalizado» gracias a la amnistía fiscal promovida por el gobierno de Mariano Rajoy. La información surge de una carta que en 2016 Cañete envió al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y que sale a la luz tras una petición realizada por el eurodiputado Xabier Benito.


El todavía diputado y exministro de Justicia Rafael Catalá acepta la propuesta de Enrique Cerezo, productor de cine y presidente del Atlético de Madrid, para formar parte del patronato de este equipo de fútbol. Catalá y Cerezo son amigos desde hace varios años, aunque durante un tiempo mantuvieron esa relación con discreción, sobre todo durante el tiempo en que la Guardia Civil investigó a Cerezo e Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, en el denominado ‘caso Ático’. En varias llamadas y mensajes interceptados, Cerezo y González acordaron recurrir al ministro Catalá para frenar dichas investigaciones. Actualmente Catalá es diputado y recientemente también fue contratado por la firma legal Herbert Smith Freehils, que asesora al Estado español en los pleitos internacionales por los recortes a las renovables del Partido Popular.


Jordi Sevilla, presidente de Red Eléctrica de España (REE) y exministro de Administraciones Públicas, anuncia que dará voz a la plantilla en dos comisiones clave del órgano de gobierno de la empresa: la de nombramientos y la que decide las retribuciones de los consejeros. Esta medida permitirá que haya representantes de los trabajadores en ambas comisiones y sitúa a REE como la primera del Ibex 35 en adoptar esta medida de buen gobierno corporativo.


El gobierno de la Generalitat de Catalunya marca distancia con algunos de los principales empresarios del establishment catalán, entre ellos Isidro Fainé (Fundación La Caixa), Miquel Valls y otros destacados hombres de negocios que trasladaron las sedes de sus compañías fuera de Cataluña tras el referéndum del 1 de octubre. Esta semana la consejera de Presidencia, Elsa Artadi, nombró a Pau Relat (MAT Holding) presidente de la Fira de Barcelona y propuso a Enric Crous (Cacaolat) para presidir la Cámara de Comercio de Barcelona, rompiendo la tradición según la cual este tipo de nombramientos son consensuados con los principales empresarios catalanes, entre ellos el propio Fainé, antes de ser sometidos a votación.


La Generalitat valenciana presenta un plan para financiar cajeros en municipios pequeños sin sucursales bancarias, en los que los bancos comerciales alegan que no es rentable mantener un cajero abierto. Mientras el Gobierno valenciano se prepara para pagar 10.000 euros anuales en subvenciones por cada cajero alquilado en una lista de 95 municipios, el gobierno central mantiene la decisión de privatizar Bankia y sigue negándose a convertir este banco (rescatado con fondos públicos) en una entidad financiera pública que, por ejemplo, pueda enmendar este y otros problemas atendiendo a criterios de servicio público, y no solo de mercado.


El presidente Pedro Sánchez prevé la aprobación inminente de un Real Decreto-Ley que permitirá a los bancos vender datos de sus clientes a otras compañías. La decisión va en línea con la decisión del Banco Central Europeo de abrir la competencia en este sector entre bancos y empresas tecnológicas como Google, Amazon y Apple.


Endesa e Iberdrola, dos de las compañías que conforman el oligopolio eléctrico junto con Naturgy (producen y venden en torno al 90% de la electricidad del mercado español), están negociando un plan para repartirse el control de las centrales nucleares. Hasta ahora, Iberdrola había expresado su deseo de cerrar estas plantas alegando que no son rentables, mientras que Endesa defiende que permanezcan abiertas al menos hasta 2050.


La presidencia del conglomerado mediático Grupo Joly pide por email a los periodistas de al menos nueve de sus periódicos en Andalucía que no llamen «ultraderecha» al partido ultraderechista Vox y que se refieran a las protestas antifascistas como «protestas en contra de Vox». Entre las redacciones que recibieron esta petición están las de Diario de Sevilla, Diario de Cádiz, Diario de Jerez, Europa Sur, Granada Hoy, Málaga Hoy, Huelva Información, El Día de Córdoba y Diario de Almería, según denunció el sindicato CNT e informó El Salto.


El Independiente informa de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV) está molesta con el Gobierno después de que el secretario de Estado de Energía desvelara en el Senado que se está investigando a Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa) y Endesa por posible cártel para manipular el precio de la electricidad durante la ola de frío de enero de 2017.


Stephan Ducharme, presidente interino de la cadena de supermercados DIA y hombre de confianza de Mikhail Fridman, principal accionista de la compañía, dimite de forma inesperada bien entrada la noche (comunicó la decisión a la CNMV), sin explicar los motivos de la decisión.


Francisco Cordero, expresidente de la Sareb (conocida como ‘el banco malo’, y participada al 45% por el Estado), asegura a través de su abogada que esta entidad semipública pagó finiquitos «muy generosos» a tres de sus mandos para evitar que aireasen informaciones comprometedoras. Según Cordero, ex altos cargos cobraron finiquitos de 100.000 euros tras dejar el puesto de forma voluntaria y con menos de tres años en la Sareb, a cambio de guardar silencio sobre cómo se malvendieron activos inmobiliarios, entre otros.


El Corte Inglés va camino de convertirse, una vez más, en el anunciante que más dinero ha invertido en publicidad en medios de comunicación, con 15,6 millones de euros entre enero y septiembre (casi un 10% del dinero invertido por los 100 principales anunciantes de España). Cifra en perspectiva: El País, principal diario generalista y en papel de España, ingresó 16,4 millones en publicidad en 2016.


El fabricante aeronáutico Airbus, que cuenta con el Estado español entre sus principales accionistas, firma un acuerdo con la estadounidense Lockheed Martin, mayor fabricante de armas del planeta, para suministrar aviones cisterna al Ejército de Estados Unidos.


Primera victoria de ‘Coca-Cola en Lucha’ y ‘Las Espartanas’. Tras cinco años de protestas, huelgas y juicios, los trabajadores de la planta de Coca-Cola en Fuenlabrada (Madrid) alcanzan un preacuerdo con la multinacional, que se ha comprometido a abrir un nuevo proyecto para readmitir a los empleados despedidos y, en caso de que no se cumpla, concibe un plan social para abonar sus salarios, prejubilaciones e indemnizaciones, según explicaron representantes de este colectivo. De las cuatro plantas cuyo cierre fue anunciado por la empresa, solo la de Fuenlabrada ha conseguido mantener la lucha hasta ahora.


Grupo Villar Mir, propietario de la constructora OHL y otras empresas, firma un acuerdo de refinanciación de deuda (365 millones de euros) con el fondo buitre monegasco Tyrus Capital. Grupo Villar Mir está envuelto en diversos escándalos de corrupción, principalmente por supuesta financiación ilegal al PP. De hecho, su dueño, Juan Miguel Villar Mir, ha estado investigado en todos los casos de financiación irregular del PP (en algunos sigue imputado).

El almuerzo del presidente chino con el Ibex en Moncloa y otras noticias destacadas

Xi Jinping, presidente de la República Popular China, durante el almuerzo ofrecido por el presidente Pedro Sánchez en La Moncloa. Foto: Moncloa.

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El BOE publica la multa de 30.000 euros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores, por uso de información privilegiada para la venta de acciones de Abengoa, de la que Borrell era consejero, el día antes de declararse en preconcurso de acreedores y derrumbarse en bolsa. Josep Borrell es el ministro con mayor patrimonio declarado del actual gobierno (2,7 millones de euros) y su remuneración total como consejero de Abengoa (2010-2015) era de 300.000 euros anuales.


La Audiencia Nacional considera que el Estado español es parte perjudicada en el delito de falsedad contable cometido supuestamente por el expresidente y el exconsejero delegado de Abengoa, Felipe Benjumea y Manuel Sánchez Ortega, en 2015. Ese año, la compañía declaró un beneficio de 72 millones de euros poco antes de declararse en preconcurso de acreedores, con una deuda de 9.000 millones de euros que fue reestructurada con ayuda y financiación (415 millones de euros) procedente de varios organismos estatales (ICO, Cofides y CESCE).


Juan Manuel Quintero, presidente de la Asociación de Inspectores del Banco de España en los años previos al estallido de la crisis, asegura que el entonces ministro de Economía, Pedro Solbes (PSOE), no hizo «ni puto caso» a la carta remitida en 2006 por este cuerpo de inspectores señalando el riesgo de estallido de la burbuja inmobiliaria y sus consecuencias. Es la primera vez que Quintero declara en público sobre la crisis económica.


El Banco de España da por perdidos 42.017 millones de euros del rescate a Bankia, Catalunya Banc, Novacaixagalicia, Banco de Valencia, Liberbank y otras entidades. Hasta ahora, el Banco de España solo ha recibido de vuelta 4.477 millones de los 54.353 millones que inyectó a estos cinco bancos para evitar su quiebra.


El exministro Rodrigo Rato, en prisión por el uso fraudulento de las tarjetas ‘black’ de Caja Madrid, reestructura varias de sus empresas en los días previos al juicio por la salida a bolsa de Bankia, en el que está acusado por presunta estafa a los inversores y falsedad documental. En total, hay 35 personas físicas y jurídicas ligadas al PP, PSOE e IU, a la patronal CEOE y al sindicato CCOO sentadas en el banquillo de los acusados en el juicio por la salida a bolsa de Bankia, que después tuvo que ser rescatada con fondos públicos.


Entre 2010 y 2017, BBVA pagó al menos 6,11 millones de euros a Grupo Cenyt, del comisario José Manuel Villarejo. Parte de ese dinero fue abonado por conceptos diferentes de los que se habían contratado. Por ejemplo, BBVA señaló pagos de 60.500 euros por «análisis» e «informes» de riesgo inexistentes, cuando en realidad ese dinero fue destinado a labores para dañar a la asociación de usuarios de banca Ausbanc, acusada de extorsionar a entidades financieras y empresas.


España pierde otro arbitraje contra tres empresas del sector fotovoltaico por los recortes de las ayudas a las renovables durante el gobierno de Mariano Rajoy. La decisión de la Cámara de Comercio de Estocolmo a favor de Foresight, Greentech Energy  GWM Renewable Energy supondrá el embolso de 45,5 millones de euros adicionales, lo que eleva a más de 400 millones de euros el monto que el Estado español debe a fondos y empresas extranjeras que invirtieron en renovables en España, y que se vieron perjudicadas por el repentino recorte de las primas a este sector. Los inversores españoles afectados no pueden recurrir a instancias de abritraje internacionales y el Supremo dictaminó que no deben ser indemnizados. Precisamente la firma legal que asesora a España en estos pleitos internacionales tiene en nómina al exministro de Justicia Rafael Catalá y otros ex altos cargos del Estado ligados al Partido Popular.


El Gobierno español sospecha que Endesa y Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa) habrían frenado la producción eléctrica de sus centrales de ciclo combinado durante la ola de frío de enero de 2017 para encarecer el recibo de la luz. El secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, subraya que es «llamativo» que varias de estas centrales estuvieran paradas «por pequeños problemas técnicos sobrevenidos aparentemente» durante un momento de alta demanda debido al frío, y asegura que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está investigando este asunto.


La Audiencia Provincial de Madrid señala que las cláusulas suelo de las hipotecas fueron abusivas y obliga a al menos 40 entidades bancarias a devolver todo el dinero e intereses cobrados indebidamente a los clientes. La medida tiene efecto retroactivo.


Afiniti Ltd, empresa de inteligencia artificial propiedad de la familia Aznar (la dirige Alonso Aznar, hijo del expresidente José María Aznar), recibe 68 millones de euros tras una colocación privada (emisión de bonos, acciones o valores sin oferta pública) realizada a través del paraíso fiscal de Bermudas. Entre los consejeros de Afiniti están el expresidente español y John Snow, ex secretario del Tesoro estadounidense durante el mandato de George W. Bush y consejero en la actualidad del fondo buitre Cerberus.


La CNMV impone multas a Banco Santander (4,5 millones de euros), Banca March (350.000 euros), Ahorro Corporación Financiera (300.000 euros) y la filial española de BNP Paribas (40.000 euros), entre otras entidades bancarias, por infracciones graves y muy graves al considerar que no actuaron a favor del interés de sus clientes y recibieron incentivos no permitidos en sus servicios de inversión.


Caixabank anuncia un plan para el despido a 3.200 personas de la plantilla y el cierre de 821 oficinas de su red de sucursales.


Syder, una comercializadora eléctrica ‘verde’ con nueve empleados en plantilla, gana el concurso público para el suministro de luz a los edificios del Gobierno vasco tras presentar una oferta cuatro veces más barata que las de Endesa, Iberdrola y Naturgy, compañías que integran el oligopolio eléctrico (producen y suministran en torno al 90% de la electricidad en España).


El gobierno organiza un almuerzo en Moncloa con el presidente chino, Xi Jinping, varios ministros y un amplio número de presidentes y altos ejecutivos de las principales empresas del Ibex 35, entre ellas Inditex, Indra, Naturgy, Ferrovial, Cepsa, Banco Santander, Iberia y Técnicas Reunidas, así como el presidente de la patronal CEOE y el de La Liga de fútbol. Durante la comida tuvo un considerable protagonismo el jamón ibérico, mientras que la represión del régimen chino y sus continuas violaciones de los derechos humanos estuvieron aparentemente ausentes.

Florentino Pérez comparecerá en la ‘comisión Bárcenas’ sobre financiación ilegal del PP

Florentino Pérez, presidente de la constructora ACS y el Real Madrid. Foto: REUTERS / Juan Medina.

En La Marea elaboramos un resumen con noticias destacadas del Ibex 35 y otros temas económicos relevantes. Sin tu apoyo, este espacio no sería posible:

Florentino Pérez, presidente de la constructora ACS y del Real Madrid, comparecerá en diciembre ante la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la financiación ilegal del Partido Popular. Pérez aparece como donante del partido en la documentación del ex tesorero del PP Luis Bárcenas. Se espera que el expresidente Mariano Rajoy también comparezca ante dicha comisión en febrero. Otro empresario que estaba llamado a declarar es Juan Roig, dueño de Mercadona, pero de momento no lo hará debido a la oposición de Ciudadanos. Recientemente, Florentino Pérez almorzó en una marisquería coruñesa con Rajoy, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, y el director de ABC, Bieito Rubido, pero ninguno facilitó información sobre el encuentro.


El gobierno de Pedro Sánchez y el Ibex 35 no pasan por su mejor momento. El presidente tiene previsto viajar a Cuba los días 22 y 23 de noviembre (primera visita de un presidente español a la isla desde Felipe González), pero en Moncloa están teniendo problemas para atraer a los pesos pesados del Ibex 35 a la cita. De momento han confirmado que mandarán a algún representante Meliá, Amadeus, Aena y Banco Sabadell.


NH y Barceló vulneraron el derecho a huelga de sus empleadas de limpieza, según Inspección del Trabajo. Estas trabajadoras, conocidas como ‘las kellys’, llevan varias semanas protestando contra la «explotación laboral» en estas empresas y para poner en evidencia sus bajos salarios (menos de 800 euros en muchos casos, o 1,5 euros por habitación acondicionada). Tanto NH como Barceló han contratado a otras empresas para boicotear las huelgas.


El gobierno de Pedro Sánchez sigue negándose a convertir Bankia en un banco público, como pide Podemos, pero tampoco está a favor de venderlo a manos privadas «en estos momentos» ya que la cotización de la entidad está muy por debajo de cuando se vendieron tramos de acciones en el pasado. Bankia es el resultado de la fusión de varias entidades (Caja Madrid, Bancaja, Caja de Canarias…) durante la crisis económica. Su rescate con fondos públicos supuso al Estado el desembolso de más de 22.000 millones de euros.


«Business is business». El expresident catalán Artur Mas y sus principales consejeros fueron condenados a devolver 5,2 millones de euros por la consulta del 9-N. La sentencia revela que hay empresas del Ibex entre las grandes beneficiadas del «negocio» para la organización del 9-N. Por ejemplo, coincidiendo con la sentencia del Constitucional que prohibía la consulta, Telefónica facturó 2,7 millones para atender el pedido urgente de 7.000 ordenadores necesarios para la consulta.


El Banco de España sitúa a Banco Santander como entidad financiera de importancia sistémica mundial. Este estatus implica que el Santander tendrá que cumplir unas exigencias adicionales y demostrar un colchón de capital más amplio que otros bancos para prevenir problemas en caso de turbulencias financieras.


El juez De la Mata (Audiencia Nacional) solicita la documentación confiscada por la policía al extesorero del PP, Luis Bárcenas, en la que aparece el constructor Juan Miguel Villar Mir (OHL) relacionado con posibles pagos para la boda de Ana Aznar, hija del expresidente José María Aznar, y el empresario Alejandro Agag.


Una nota en la agenda de Javier López Madrid, exconsejero de OHL, señala que en 2012 iba a recibir una llamada de exministro de Justicia Rafael Catalá, por entonces secretario de Estado en el Ministerio de Fomento, para hacer «hueco» a la constructora Vimac en las obras del AVE a Galicia. Ese año Vimac ganó una adjudicación de 146 millones de euros, en unión temporal con otras empresas, para realizar obras del AVE a Galicia. Además, uno de los consejeros de Vimac, Manuel Contreras, primo del presidente de esta empresa, está imputado por donaciones en negro al Partido Popular por valor de 888.000 euros.


El fondo abudabí Mubadala nombra a Musabbeh Al Kaabi presidente de Cepsa. Cuatro de los nueve máximos ejecutivos de la petrolera son españoles.


Antonio Garamendi gana las elecciones a la presidencia de la patronal CEOE y sustituirá a Juan Rosell. Fue el único candidato. Garamendi es un empresario vasco, marido de la aristócrata María Acha Satrustegui. En su currículum destaca su experiencia en otras organizaciones empresariales y su paso por el consejero de Red Eléctrica de España y Tubos Reunidos. Es conocido por sus críticas al silencio de buena parte del empresariado catalán en torno al procés.


Un juzgado de A Coruña falla a favor del millar de clientes que presentaron una demanda colectiva contra Abanca por las cláusulas suelo. Según la Justicia, Abanca cobró de más a sus clientes y tendrá que devolver «entre 5.000 y 7.000 euros» por cada hipoteca de 90.000 euros. El 85% de esas devoluciones se pagará con fondos públicos del FROB.


Grupo Acciona (familia Entrecanales) acepta pagar 60 millones de euros al Gobierno aragonés como compensación por su responsabilidad subsidiaria en el caso Saqueo de Plaza, el mayor caso de corrupción de Aragón, en torno a la construcción de la Plataforma Logística de Zaragoza. Es la primera vez que una constructora del Ibex 35 admite vínculos con la corrupción política. Según la Fiscalía Anticorrupción, fueron desviados hasta 147 millones de fondos públicos con el beneplácito de altos cargos del PSOE aragonés.


El presidente del Gobierno, ocho ministros, el jefe de la oposición, Pablo Casado, y los presidentes de algunas de las empresas más importantes del Ibex 35, como Telefónica, ACS, Endesa, Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa), Acciona, Iberia e Inditex, acuden a la fiesta organizada por Unidad Editorial para celebrar el aniversario del diario financiero Expansión.


El Ministerio de Fomento impone una multa de 15.000 euros a la concesionaria de autopistas de peaje Iberpistas, propiedad del Grupo Abertis, por el caos generado tras la nevada sobre la AP-6 en enero de 2018. Más de 1.000 personas se vieron afectadas en dicha autopista privada debido a la falta de previsión y medios para despejar la nieve por parte de la empresa concesionaria. La AP-6 genera 178.000 euros diarios de ingresos limpios (descontados los costes de gestión y financieros).


Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) y exministro de Economía, se reunió con Banco Santander, Bankia e Ibercaja en sus dos primeros meses en Fráncfort. Varios medios nacionales e internacionales se muestran sorprendidos por la fluida relación del exministro con estos bancos, una actitud sin precedentes en el BCE.

Bolsonaro elige al director de Banco Santander Brasil para presidir el Banco Central

Jair Bolsonaro, presidente electo de Brasil. Foto: REUTERS/Adriano Machado

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El gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro nombrará a Roberto Campos Neto, director de Banco Santander en Brasil desde hace más de 18 años, nuevo presidente del Banco Central brasileño. Campos, al que la prensa describe como un perfil ‘técnico’, es nieto de un ministro de la dictadura. La noticia coincide con la visita a Brasil de Ana Botín, presidenta de Banco Santander, para inaugurar varias sucursales bancarias.


En 2015, el Ejército del Aire se opuso a la decisión del entonces ministro de Defensa, Pedro Morenés, de vender 400 bombas a Arabia Saudí alegando razones éticas (por los ataques saudíes a objetivos civiles en Yemen) y económicas.


La ministra de Defensa, Margarita Robles, tumba el contrato público para la adquisición de misiles fabricados por MBDA, la empresa en la que trabajaba el exministro de Defensa Pedro Morenés antes de asumir el cargo. Dicho acuerdo había sido suscrito por María Dolores de Cospedal, predecesora de Robles en el ministerio, y había puesto en cuarentena la fabricación de varias fragatas militares de Navantia, ya que hacía falta más tiempo para adaptarlas a dichos misiles.


Felipe González y el resto de accionistas de Oyauri Investment reclaman impagos a Indra, tal como informa El Confidencial.  En el caso del expresidente español se trata de un bonus de 7,3 millones de euros que Indra debe a Oyauri Investment, empresa fundada por su hijo, Pablo González, y de la cual también es accionista. La relación directa de Felipe González e Indra, privatizada durante la última legislatura de González en el Gobierno, se remonta a 2013, cuando la empresa compró el 33% de las acciones de Oyauri por 1,5 millones de euros, lo que disparó el valor de las acciones que poco antes había adquirido Felipe González en la empresa de su hijo.


España pierde otra denuncia internacional por los recortes en energías renovables del gobierno del PP. En este caso, el Estado tendrá que abonar 11 millones de euros a la danesa Athena. En total, diversos fondos verdes y empresas extranjeras reclaman a España 7.500 millones de euros en compensación por el cambio legislativo que puso fin a los incentivos a las renovables. La representación legal de España en estos laudos está en manos del despacho Herbert Smith Freehills, contratado a dedo por el Gobierno (más de cuatro millones de euros), que recientemente fichó al exministro de Justicia, Rafael Catalá, y que cuenta en su plantilla con otros exaltos cargos del PP (entre ellos el exministro Josep Piqué) y varios abogados del Estado.


Endesa, la empresa más contaminante de España, anuncia de forma sorpresiva el cierre de todas sus centrales de carbón en territorio español.


El excomisario José Manuel Villarejo hizo informes para Repsol y Caixabank para investigar a Luis del Rivero, expresidente de la constructora Sacyr, y su compra y venta de acciones en dicha compañía. Repsol y Caixabank admiten que en 2012 pagaron 130.000 euros a Villarejo pero alegan que no fue para espiar a del Rivero, sino para la «recuperación de datos electrónicos almacenados en discos duros de ordenadores y sistemas tecnológicos anulados o dañados».


A pesar del trato de favor por parte del presidente Mauricio Macri, varias grandes empresas del Ibex han perdido entre 700 y 1.000 millones de euros debido a la crisis económica y el periodo de hiperinflación que atraviesa Argentina. Entre estas empresas están Telefónica, Banco Santander, BBVA, Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa), Mapfre, DIA, Grupo PRISA y Prosegur.


La cadena de hoteles Barceló reparte tapones para los oídos entre sus clientes para que no escuchen las protestas que lleva a cabo su personal de limpieza para denunciar sus condiciones laborales. Recientemente NH y Barceló contrataron a una tercera empresa para boicotear estas protestas.


En 2017, los clientes presentaron más de 183.000 denuncias y reclamaciones contra las grandes compañías eléctricas por abusos en la contratación de luz y gas. Ahora el Gobierno prevé que esa cifra descienda después de aprobar la prohibición de la comercialización puerta a puerta (muchas personas fueron engañadas por comerciales para cambiar de compañía o contratar productos que no necesitaban).


El Tribunal Supremo obliga a Enagás a devolver a las personas consumidoras más de 17 millones de euros que la compañía ingresó por la hibernación del almacén de gas Castor en 2014 y 2015. Dicha cantidad de dinero fue cargada a la factura de gas de los clientes por orden del gobierno de Mariano Rajoy.


El Ayuntamiento de Barcelona lanza su comercializadora eléctrica pública, bautizada como Barcelona Energía. De momento esta empresa ya abastece el alumbrado de la ciudad, y los hogares ya pueden acogerse a esta compañía para que les suministre luz a partir del 1 de enero de 2019.


La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, rechaza que el Estado tome el control de la empresa de aluminio Alcoa, alegando que «no estamos en un régimen comunista». Tras una década recibiendo subvenciones (más de 1.000 millones de euros en total), Alcoa se prepara para cerrar sus dos plantas en el norte de España y despedir a 700 empleados.

Los bancos españoles perdonaron deuda a los partidos políticos sin informar a las autoridades

Sede del Tribunal Supremo del Reino de España. Foto: C. Berbell.

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En contra del criterio de la Armada española, el gobierno de Mariano Rajoy demoró dos años la construcción de fragatas militares F-110 de Navantia para que fueran adaptadas hasta ser compatibles con los misiles Sea Ceptor, fabricados por la estadounidense MBDA, que tuvo entre sus altos ejecutivos al exministro de Defensa y ahora embajador Pedro Morenés antes de asumir el cargo. Según ha publicado eldiario.es, la entonces ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, encargó por 9,5 millones a MBDA evaluar el misil. No es la primera polémica que pone en duda la independencia del exministro durante sus años al frente de Defensa: en sus tres primeros años en el ministerio firmó 32 contratos millonarios con Instalaza y sus filiales, para las que previamente había trabajado como consejero y representante. Además, siendo ministro, Morenés presionó al gobierno para indemnizar con 60 millones de euros a Instalaza tras aprobarse una prohibición internacional sobre la fabricación y el uso de las bombas de racimo, un tipo de arma que esta empresa vendía al gobierno de Libia y otros países.


Esta semana, la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, en presencia de altos cargos de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE), el Gobierno de España y figuras destacadas como el expresidente Felipe González, criticó con contundencia a Google, Apple, Amazon y otras grandes compañías tecnológicas por «no pagar una parte justa de impuestos» y tributar en países con sistemas fiscales ventajosos. Banco Santander registra el 26% de su beneficio a través de 182 sociedades offshore con sede en paraísos fiscales.


Tras dos semanas de incertidumbre y críticas, finalmente el Tribunal Supremo falla a favor de la banca y establece que el cliente/a pague el conocido como ‘impuesto de las hipotecas’. Tras el anuncio, los principales bancos de España, entre ellos BBVA, Banco Santander, Caixabank, Banco Sabadell y Bankinter, registraron fuertes subidas en bolsa (su mayor subida diaria desde abril), una evolución que perdió vigor cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que aprobaría un decreto ley para que sean los bancos los que asuman dicho impuesto. Hay varias protestas convocadas en medio centenar de ciudades españolas en contra de la decisión del Supremo.

También esta semana se supo que el bufete Díez-Picazo, presidido por el hermano del juez Ignacio Díez-Picazo, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, ha defendido a bancos españoles como Cajasur en el caso de las cláusulas suelo. El alto magistrado Díez-Picazo trabajó en dicho bufete entre 2003 y 2008 y su voto fue determinante en la decisión del Supremo de cargar el impuesto de hipotecas a la ciudadanía.


Varios bancos perdonaron deudas a partidos partidos políticos sin informar al Banco de España ni al Tribunal de Cuentas, tal y como establece la ley, según explicó el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, en su comparecencia a puerta cerrada en el Senado. Linde no detalló qué bancos ni qué partidos están involucrados en este asunto. No es la primera vez que los bancos condonan deudas a partidos y que el Banco de España se niega a facilitar detalles concretos. En el pasado, cajas de ahorros y bancos condonaron deudas (sin informar a las autoridades) al Partido Popular, PSOE, PSC, Izquierda Unida y CiU. De hecho, a finales de noviembre los banqueros Isidro Fainé (La Caixa), Carlos Torres (BBVA), José Antonio Álvarez (Banco Santander) y Javier García Lurueña (Kutxabank) comparecieron ante el Senado para explicar por qué habían perdonado 50 millones de deuda al PSOE. Según informó eldiario.es en julio de 2015, las principales formaciones políticas debían ese año 208 millones de euros a los bancos.


La firma estadounidense Goldman Sachs, uno de los bancos más poderosos de Estados Unidos, concederá préstamos y captará depósitos en España como cualquier otra entidad bancaria. Goldman Sachs es una entidad financiera que cuenta con numerosas puertas giratorias, entre las que actualmente destaca José Manuel Durao Barroso, expresidente de la Comisión Europea. En el pasado, Goldman Sachs tuvo en plantilla al exministro de Economía Luis de Guindos (hoy vicepresidente del BCE), Mario Draghi, presidente del BCE, o los exprimeros ministros Mario Monti (Italia) y LuKas Papademos (Grecia).


Roberto Centeno, economista y exconsejero de Campsa, asegura en el documental La Monarquía, un negocio rentable (EiTB) que el rey Juan Carlos de Borbón recibió comisiones millonarias por mediar para la firma de contratos petroleros, ferroviarios y de otros sectores con Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Según Centeno, «si alguien piensa que llevarse una comisión de 100 millones es una barbaridad, es que es un ignorante que no sabe cómo funcionan las cosas en este mundo». También esta semana salieron a la luz las confesiones del excomisario corrupto José Manuel Villarejo en las que afirma que el CNI ocultó información sobre las cuentas de la familia Pujol en Andorra para proteger al rey emérito y evitar que salieran a la luz sus operaciones de blanqueo de capitales en el extranjero. Esta información se suma a las afirmaciones de Corinna su Zayn-Wittgenstein sobre las comisiones que el monarca habría recibido por sus gestiones a favor del AVE a La Meca.


Dos abogados del Estado clave en la defensa de España en los pleitos internacionales de fondos de inversión por los recortes en las renovables aparcan el servicio público y se pasan al sector privado. Uno de ellos, José Ramón Mourenza, entra en la firma legal Herbert Smith Freehills, que recientemente también contrató al exministro de Justicia Rafael Catalá y tiene en nómina a otros destacados exaltos cargos del PP,  mientras que el otro, Diego Santacruz, entra en un despacho asociado a Herbert –firma contratada a dedo para asesorar a España en los pleitos mencionados– y cuyo nombre no ha trascendido por el momento. Santiago Caravantes, cesado tras el cambio de gobierno como director general de Energía Eléctrica en el Ministerio de Industria, también trabaja ahora para Herbert.


OHL, Imathia y Copasa, empresas constructoras del consorcio español liderado por Renfe que construye el AVE a La Meca, admiten que están sufriendo problemas ante «la falta de medidas de mitigación contra la arena» y anuncian futuros sobrecostes en las obras y labores de mantenimiento de este proyecto.


Entra en vigor el contrato de Navantia con Arabia Saudí para la construcción de cinco corbetas militares, suscrito en julio de este año. La construcción de los polémicos buques comenzará en enero de 2019 y no está previsto que ningún órgano judicial detenga el proceso a pesar de las pruebas que muestran que Arabia Saudí usa sus armas contra objetivos civiles en Yemen, contraviniendo la legislación internacional y española. El presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entidad pública a través de la que el Estado controla Navantia, abrió la puerta a un acuerdo para la construcción conjunta de más corbetas con la armamentística saudí SAMI. Dicho acuerdo para establecer una joint-venture entre Navantia y SAMI contemplaría la cesión de conocimiento y know-how español en materia militar.


El exsenador y exdiputado de CiU en el Congreso y el Parlament catalán Josep Sánchez i Llibre es nombrado presidente de Foment del Treball, la principal patronal catalana.


Iberdrola pide a su comisión encargada de supervisar el cumplimiento de su código ético que revise las relaciones del comisario Villarejo con Ignacio López del Hierro, consejero de Iberdrola Ingeniería y Construcción (Iberinco) y marido de la exministra de Defensa María Dolores de Cospedal.


Mapfre, Allianz, El Corte Inglés, Prosegur y Deloitte firmaron un pacto secreto para evitar numerosas denuncias y procesos judiciales tras el incendio y derrumbe del edificio Windsor de Madrid en 2005, según documentos aportados por el jefe de seguridad de El Corte Inglés al jugado número 18 de Madrid. Tras 14 años de investigaciones, siguen sin esclarecerse las causas del incendio.


Varios directivos de Caixabank tendrán que declarar ante la Audiencia Nacional por un presunto delito de blanqueo de capitales y por supuestamente haber ayudado a miembros de la mafia china a ocultar fondos ilícitos por valor de 99,1 millones de euros.


Naturgy, antigua Gas Natural Fenosa, presenta una nueva denuncia ante los tribunales internacionales contra la compañía de seguros que, a su parecer, debía compensar a la compañía si su filial colombiana Electrocaribe (adquirida en la ola de privatizaciones de finales de los 90) era expropiada por el gobierno. Con esta medida, la energética catalana aspira a ingresar hasta 500 millones de dólares. Los problemas de Naturgy con Electricaribe se remontan a finales de 2016, cuando el Gobierno colombiano tomó el control de Electricaribe después de varios años de apagones y cortes en el suministro de luz,  protestas por la falta de inversión de la empresa española y un elevado nivel de endeudamiento (se multiplicó por cinco en un solo año), a pesar de las cuantiosas subvenciones de Colombia a esta filial.


El Banco Central Europeo investiga a varios altos directivos del extinto Banco Popular al tener indicios de que habrían creado un entramado de sociedades y testaferros en Luxemburgo con la ayuda del fondo Thesan Capital para ocultar pérdidas por valor de 538 millones de euros.


Las compañías hoteleras NH y Barceló contratan a una tercera empresa para boicotear la huelga de su personal de limpieza, que protesta contra la «explotación laboral» a la que se ve sometida, con salarios de menos de 800 euros y, en algunos casos, tarifas de 1,5 euros por cada habitación limpiada y acondicionada. El sindicato ELA denuncia ante la Inspección de Trabajo que se trata de una vulneración del derecho fundamental a la huelga de las kellys.


El diario conservador La Razón, propiedad de Grupo Planeta (Antena 3, La Sexta…), celebra su 20 aniversario con una llamativa lista de asistentes: los reyes de España, Pedro Sánchez y cinco ministros de su gobierno, Pablo Casado, Pablo Iglesias, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el cardenal emérito Antonio María Rouco Varela, los empresarios Florentino Pérez (ACS), Josep Oliu (Banco Sabadell), y un largo etcétera.


El sindicato CNT denuncia que Grupo Intereconomía, vinculado al Partido Popular y en concurso voluntario de acreedores, lleva varios meses sin abonar las nóminas a su plantilla mientras sigue contratando personal y dedicando un amplio presupuesto a, por ejemplo, la cobertura de los actos del partido ultraderechista VOX.