Verano de 1997. Semanas antes de que el primer gobierno de José María Aznar iniciase el proceso de privatización de la Industria Española del Aluminio (Inespal), algunas filiales de este grupo fueron apartadas y vendidas en condiciones ventajosas a otros agentes económicos, en ocasiones a los propios directivos de las entidades. Fueron operaciones ruinosas para las cuentas públicas que los grandes medios, o bien ignoraron, o bien se limitaron a narrar de forma aséptica y funcionarial.

Constituida en 1985, la empresa nacional alumínica pasó a formar parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que agrupaba a las empresas rentables de TENEO, dentro del Instituto Nacional de Industria (INI). Entre ellas figuraban Repsol, Iberia, Endesa y la propia Inespal. Sin embargo, en este último caso se vendió por un precio inferior a su valor contable, en una operación deficitaria para el Estado.

Juez y parte: el comprador influye en la valoración

Una de las filiales vendidas de forma independiente al proceso de Inespal fue Iongraf, orientada al sector de la construcción y dedicada a la prestación de servicios de anodizado y lacado de aluminio. La venta se gestionó por concurso restringido y se presentó únicamente una sociedad, creada por el propio grupo directivo para hacerse con Iongraf.

Las ofertas formuladas por Inespal otorgaban a esta filial un valor nulo, consideración que contrasta con el hecho de haber producido beneficios en los últimos años sin necesidad de recibir aportaciones del accionista y disponiendo de fondos propios superiores a dos millones de euros. El precio de venta final se fijó en 989.000 euros, cuando el valor en libros reflejaba casi un millón y medio. La SEPI registró una pérdida patrimonial de 465.000 euros.

La valoración, que corrió a cargo de MTR Asociados, se realizó con posterioridad a la presentación de las ofertas, al contrario del procedimiento habitual. Las informaciones utilizadas por el tasador fueron proporcionadas por el propio equipo directivo de Iongraf. El Tribunal de Cuentas advirtió que esta circunstancia podría haber influido en la tasación tanto de esta filial como de Ferroperfil, otra sociedad privatizada y adquirida por su propio equipo gestor.

Dedicada a la fabricación de matrices y apartada de Inespal poco antes de su privatización, durante el proceso de venta de Ferroperfil la selección del asesor externo se limitó a una preselección de candidatos, realizada “en base al conocimiento que se tenía de las empresas”. Nuevamente, el Tribunal de Cuentas consideró esta circunstancia poco compatible con una igualdad de oportunidades entre potenciales compradores. Estas resoluciones a posteriori en nada alteraron una transacción que ya se había consumado.

Aunque este tribunal lamentaba en su informe no haber podido acceder a los datos globales de esta privatización, la SEPI sí reflejaba un ingreso de 126.000 euros en concepto de venta, así como una ampliación de capital de 214 millones de pesetas, alrededor de 1,2 millones de euros. Este movimiento, más otra serie de contingencias producto de obligaciones adquiridas por el vendedor, hizo estimar al Tribunal de Cuentas una pérdida aproximada de 1.184.000 euros.

El organismo fiscalizador concluía señalando la responsabilidad de la SEPI en la opacidad de esta operación, ya que “siendo gestor de la privatización debería haber requerido los datos económicos necesarios para conocer el resultado de los procesos privatizadores”.

El Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP) señala estas dos operaciones como ejemplo de contingencias mal negociadas, ocasionando –en expresión del propio Consejo– “vicios ocultos” que el comprador saca con posterioridad a la venta, reclamando cantidades al vendedor por defecto de los compromisos adquiridos por éste. En los casos concretos de Iongraf y Ferroperfil, el CCP deja explícito que, por el especial conocimiento que tenían los directivos de estas empresas, se tendrían que haber limitado especialmente las contingencias que asumiese el agente gestor.

“Sanear, consolidar, privatizar”

En los últimos años del siglo XX se impuso en España el lema ‘sanear, consolidar y privatizar’ verbalizado por Pedro Ferreras, presidente de la SEPI de 1996 a 2001 y persona vinculada a Josep Piqué, por entonces ministro de Industria. Privatizar a cualquier precio formaba parte del sentido común del triunfante gobierno Aznar. Este abogado del Estado explicaba que “las privatizaciones no se hacen para obtener caja, sino que se basan en la búsqueda de la eficiencia y de la mejora de la competitividad del conjunto de nuestra economía». Sin concretar quién era el sujeto del adjetivo posesivo.

El mismo patrón se siguió también con la venta de Conversión Aluminio S.A. Desgajada de Inespal en 1997, la SEPI vendió esta filial ubicada en Linares cuatro años después. En este intervalo de tiempo los gestores del organismo público pusieron el mejor empeño en asegurar su viabilidad, de cara a una inminente privatización.

En plena búsqueda de la eficiencia, la SEPI realizó una aportación de cartera de más de 22 millones de euros cuando ya se tramitaba el proceso desinversor, en concepto de condonación de la deuda que mantenía con Conversión Aluminio. Entre los años 1999 y 2000 también realizó aportaciones a esta entidad en concepto de reposición patrimonial, por un importe total de 11.635.000 euros. La venta se despachó en 721.000 euros.

El Tribunal de Cuentas afeó con posterioridad la condonación, ya que “debería haberse recogido como un gasto extraordinario derivado de la privatización«, y no como aportación patrimonial. En la misma línea, el 31 de marzo de 2001 la SEPI amplió en 5,02 millones de euros un crédito que esta corporación tenía con el organismo público. Esta inyección de capital fue igualmente condonada.

El Tribunal de Cuentas concluyó que no estaba fundamentada la amortización, dado que los compromisos se habrían cifrado en 3,11 millones, “habiendo asumido SEPI unos costes superiores en 1,9 millones a los que resultaban de las obligaciones adquiridas con el comprador”. Finalmente, la operación comportó unas pérdidas de casi 20 millones de euros para la hacienda pública.

Estos procedimientos de “mejora de la competitividad de nuestra economía” pueden resultar complicados de entender para la ciudadanía, a la que le costará imaginar a alguien haciendo reformas en su casa y poniéndola a la venta por un precio inferior a las propias reformas. El sentido común aplicado en las privatizaciones del grupo Inespal incluyeron deudas canceladas, créditos amortizados, modernización de las plantas o garantías de carga de trabajo, dejando estas sociedades saneadas simplemente a cambio de promesas de inversiones futuras y el mantenimiento de los puestos de trabajo, condiciones que no siempre se han cumplido posteriormente.

La historia de Conversión Aluminio tiene final feliz. Tras su integración en el Grupo Alibérico –comprador final– pasó a llamarse Alucoat Conversión. En la actualidad sigue estando operativa y en los últimos tres años ha declarado más de seis millones en beneficios. La empresa matriz se llama FGA Main Corporación y su dueño es Clemente González Soler, presidente del Ifema hasta el pasado 8 de junio y a quien los trabajadores de Inespal consideraban en el año 2001 un “pirata empresarial” cercano al Partido Popular.

Más allá de los informes no vinculantes del Tribunal de Cuentas, estas desamortizaciones no tuvieron mayor repercusión política. Pedro Ferreras, además de presidente de la SEPI, fue el subsecretario del Ministerio de Industria y Energía. Compareció en 1997 en el Congreso para explicar la privatización de Inespal, pero dimitió de sus cargos en el año 2001 sin responder por estas filiales. En diciembre de 2002 era nombrado presidente de Aluminio Catalán, S.A.

Un año más, la concesionaria de autopistas Audasa, joya de la corona del Grupo Itínere, sigue complaciendo a sus accionistas. Las últimas cuentas anuales han vuelto a ofrecer beneficios, en esta ocasión 42,3 millones de euros destinados íntegramente a dividendos. Esta entidad gestiona desde hace casi medio siglo la AP-9, una Gran Vía regional que comunica Galicia de norte a sur, desde Ferrol a Tui: 219 kilómetros cuyo recorrido total conlleva actualmente un pago de 22,20 euros. En los últimos cinco años Itínere ha extraído de esta infraestructura una rentabilidad de 216,6 millones. 

Sin embargo, una ojeada a los orígenes de Audasa permite comprobar cómo este panorama no siempre resultó tan idílico. Su creación surge con la concesión administrativa adjudicada en 1973 a un consorcio compuesto por el Banco Hispano Americano, Banco Pastor, Banco del Noroeste, Banco de Bilbao, Banco Atlántico y Unión Industrial Bancaria. Estas entidades financieras fueron seleccionadas para la construcción y explotación de la Autopista del Atlántico. La sociedad conformada tuvo que ser rescatada de la quiebra once años después. 

Audasa pasó entonces a formar parte de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), creada por el gobierno de Felipe González con el propósito de nacionalizar las pérdidas registradas por varias concesionarias. Solamente por Audasa, el Estado tuvo que desembolsar 4.000 millones de pesetas, cantidad coincidente con la inversión realizada en su momento por los socios.

Durante varios años se procedió al saneamiento de esta entidad, así como de las concesionarias Aucalsa y Audenasa. La inversión acumulada por ENA alcanzó los 2.418 millones de euros a finales del 2002. Aprovechando la ola de privatizaciones de empresas iniciada por el gobierno de José María Aznar, se procedió a hacer lo propio con ENA, operación que culminó en 2003 con la venta de ENAUSA, matriz del Grupo ENA y propietaria del 100% del capital de Audasa. La venta global se cerró en 1.586,3 millones de euros mediante un sistema de concurso abierto que despertó gran interés en los poderes económicos, lo que también supuso una mejora del 44,2% sobre el precio mínimo requerido por la SEPI.

La adjudicación correspondió a un grupo de entidades compuesto por Sacyr, Banco Santander, Caixanova, Caixa Galicia, Torreal y Caja del Monte. Durante los dos años siguientes, Sacyr –que disponía de un 50% de las acciones– se dedicó a comprar las participaciones restantes de sus socios. Una vez conseguido el 100%, traspasó ENA a una de sus filiales, Grupo Itínere.

A partir de 2008, transcurridos los cinco años que obligaban por contrato a Sacyr a permanecer como socio mayoritario, se inicia un baile en la titularidad de Audasa que comienza con la fusión de Itínere con Europistas, otra sociedad concesionaria participada por Sacyr y algunas cajas de ahorros. Unos meses después, la constructora Citi Infraestructure realiza una OPA que le convierte en accionista mayoritario. Posteriormente pasará a manos de Arecibo Servicios y Gestiones, un holding domiciliado en Bilbao cuyos socios son Pear Luxembourg Investment y Glovalvía, que se ha ido haciendo con paquetes de acciones procedentes de Abanca y Kutxabank.

En la actualidad Glovalvía batalla para evitar que Sacyr le venda el 15% de sus acciones restantes a Corsair, un fondo de inversión estadounidense que también pugna por hacerse con el control de la segunda mayor concesionaria de autopistas en España después de Abertis. Esta lucha de poder empezó hace más de tres años y continúa dirimiéndose a día de hoy en los tribunales. La última batalla, librada en el juzgado de Primera Instancia el pasado 13 de enero, se decantó a favor de Corsair, que de momento se mantiene como accionista mayoritario. Corsair es un fondo que se vincula a la banca J.P Morgan, aunque en las páginas corporativas de Grupo Itínere no hacen la menor referencia a este vehículo de inversión. 

En todo caso, vistos los buenos resultados conseguidos por Audasa desde su privatización, la lucha por hacerse con el control de la concesionaria de autopistas parece bien justificada. Además, las condiciones contractuales concedidas en su día por las Administraciones permiten un amplio margen de maniobra. Las barreras de peaje de la AP-9 deberían haber desaparecido en el año 2012, pero el Real Decreto 173/2000, firmado por el entonces ministro de Fomento, el popular Rafael Arias-Salgado Montalvo, modificó la concesión y la estiró hasta el año 2048. Para entonces Audasa espera haber ingresado una cifra estimada en 9.561 millones de euros.

En virtud –o por defecto– de la ley franquista 8/1972 que aplicaba en el momento de la concesión de la AP-9, Audasa continúa exenta del pago del 95% del IBI en los 22 municipios por los que transcurre la autopista. Nueve millones anuales que no ingresan las arcas de estas localidades pero que sirven para robustecer los beneficios de los dueños de Audasa. En febrero de 2018, la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados aprobaba, con los votos en contra del Partido Popular, una modificación de dicha ley. Dos años después, los ayuntamientos implicados siguen sin poder cobrar este impuesto porque, según indica Rubén Pérez , portavoz de Marea de Vigo, todavía no ha sido traspasada la ordenanza, a pesar de haberse reclamado.    

El último episodio relevante ocurrió el pasado 19 de febrero, fecha en que el Tribunal Supremo dio la razón a Audasa en el contencioso legal que mantenía con la Administración central y la Xunta de Galicia. En el año 2017, con el fin de agilizar el tráfico en los itinerarios de Vigo-O Morrazo y A Barcala-A Coruña, el Ministerio de Fomento, comandado por Íñigo de la Serna, elaboró un Real Decreto que incluía las compensaciones a la concesionaria por el lucro cesante ocasionado por la supresión de ambos peajes. Este cálculo no convenció a Audasa, que ahora espera una indemnización estimada en 11.438.000 euros  más intereses.

La Xunta ha venido reclamando desde hace años al gobierno central la transferencia en las competencias de la AP-9, con el fin de poder negociar el precio de los peajes y evitar subidas abusivas, aunque no quiere ni oír hablar de nacionalización. Su propuesta se orienta hacia una socialización de gastos, instando al gobierno central para que incluya un pago anual de 53,1 millones a la concesionaria, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.