Artículo publicado originalmente en CRÍTIC. Puedes leerlo en catalán aquí

Solo entre el 2009 y el 2019, el grupo ACS ha ingresado casi 755 millones de euros gracias a los 2.628 contratos que le han adjudicado la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona. CRÍTIC, a través de una petición de derecho de acceso a la información pública, ha tenido acceso por primera vez a la cifra global de lo que ingrensan las empresas de Florentino Pérez de las dos principales administraciones públicas catalanas. El actual presidente del Real Madrid hace negocio sobre todo con la construcción, los servicios o el mantenimiento, entre otros. En paralelo, sin embargo, el gigantesco imperio empresarial ha protagonizado polémicas como el monumental fiasco del Proyecto Castor, el hecho de contar con más de un centenar de filiales en paraísos fiscales o hacer negocios con dictaduras como Arabia Saudí. Puede navegar por todos los contratos en esta tabla interactiva elaborada a partir de los datos a los que ha tenido acceso CRÍTIC.

En 1983 se cumplía un año de la llegada de Felipe González a La Moncloa, Jordi Pujol acumulaba tres al frente de la Generalitat y Pasqual Maragall llevaba uno como alcalde de Barcelona, ​​tras relevar Narcís Serra, que se había ido a Madrid para convertirse en ministro de Defensa. La democracia española estaba dando todavía los primeros pasos tras cuatro décadas de dictadura. En este contexto se produjo una operación empresarial que sería el origen de lo que hoy es un enorme grupo corporativo de dimensión global. Aquel 1983, un grupo de ingenieros se hacía con el control de la catalana Construcciones Padrós, que se encontraba en quiebra. La empresa comenzaría a crecer gracias a adquisiciones y fusiones y, en 1997, pasaría a llamarse Grupo Actividades de Construcción y Servicios (ACS), que hoy factura cerca de 40.000 millones de euros y agrupa cientos de sociedades. La historia de lo que actualmente es uno de los grandes grupos mundiales de construcción y servicios está ligada a la de su presidente y accionista principal, Florentino Pérez, que también es el sempiterno presidente del Real Madrid.

ACS es un conglomerado que toca una gran cantidad de diferentes sectores empresariales, pero buena parte de su negocio (36.659 millones en 2018) proviene de las adjudicaciones de las administraciones públicas, también de las catalanas. Sólo entre el 2009 y el 2019, el holding ha obtenido 1.927 contratos de la Generalitat que le han permitido facturar más de 563 millones de euros. En el mismo periodo, el Ayuntamiento de Barcelona le ha adjudicado 700 contratos, que se han traducido en unos ingresos de 183,7 millones. Por tanto, en la última década, entre las dos administraciones catalanas de mayor presupuesto han pagado cerca de 750 millones (746,7 para ser exactos) al emporio encabezado por Pérez. En todos los casos se trata de cifras sin IVA. Los contratos se firmaron con un total de 17 empresas del grupo ACS, así como con decenas de uniones temporales de empresas (UTE) donde participan las sociedades de empresario.

Clece: más de 1.200 contratos en 10 años

En el caso de la Generalitat, más de la mitad de los contratos (1.195) fueron para Clece, un gigante de los servicios fundado en 1992 y que desde 2003 forma parte del grupo. Entre otras actividades, se dedica a la limpieza, la restauración, la atención a las personas mayores, los servicios sociales, la jardinería y el alumbrado. Los cerca de 1.200 contratos recibidos de la Generalitat entre 2009 y 2019 le han supuesto el ingreso de casi 225 millones de euros. El Ayuntamiento, por su parte, le ha concedido 85 contratos en los 10 años, que suman más de 71,5 millones. En total, por tanto, la empresa acumula contratos de las dos administraciones que superan los 296 millones.

Los dos más elevados corresponden al consistorio y hacen referencia a dos de las zonas del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) de la ciudad, que recibió Clece en 2009 –con el socialista Jordi Hereu a la alcaldía– por 24,3 y 18 millones de euros, respectivamente. Otros contratos importantes son los 22,7 millones que recibió por el servicio de restauración de los hospitales Joan XXIII de Tarragona y Virgen de la Cinta –concedido en 2012 a través de una UTE–; los casi 17 millones del contrato para el servicio de limpieza de diversos centros escolares de Barcelona en 2012; los 11,7 millones para la limpieza del área general del Hospital del Valle de Hebrón (2010) o los casi 7,5 millones para la limpieza “y otros servicios complementarios” del Hospital de Bellvitge (2013).

La segunda filial de ACS que más dinero ha ingresado de la Generalitat y del Ayuntamiento en la última década es Multiservicios Ndavant, con casi 154,6 millones provenientes de 148 contratos de la Generalitat (130,8 M €) y 38 del consistorio (23,8 M €). Las adjudicaciones más importantes del Gobierno autonómico son el servicio de limpieza de los centros de atención primaria y del centro corporativo del Instituto Catalán de la Salud, por 37,7 millones; el mismo servicio en el Hospital de la Vall d’Hebron (25,4 millones, en 2016), un contrato con el mismo encargo en centros escolares (12,9 M €, en 2016) y otro para la limpieza, la recogida de residuos, la lavandería y la distribución de ropa a los centros del Consorcio Sanitario Integral, valorado en 9,9 millones y correspondiente al año 2017. En el caso del Ayuntamiento, las adjudicaciones principales son de limpieza, por ejemplo, de la gerencia de Ecología Urbana (5,3 millones) o de los edificios municipales de Ciutat Vella (4,7 M €).

Obras, mantenimiento, alumbrado, servicios…

En tercera posición aparece Imesapi, una sociedad que ofrece servicios de ingeniería, mantenimiento industrial, construcción o movilidad, entre otros. En total, suma 80,6 millones repartidos en 537 contratos. En este caso, el mayor contratista es el Ayuntamiento de Barcelona, con 517 encargos (64,2 millones de euros), mientras que a la Generalitat le corresponden una veintena, que suponen 16,4 millones. En el caso del consistorio, los contratos más voluminosos tienen como objeto la instalación y conservación del alumbrado público (15,8 M € para el período 2010-2013, o 5,1 por el trienio 2009-2011) o el mantenimiento de edificios, mientras que en el caso de la Generalitat destacan adjudicaciones por obras relativas a la ampliación de la Escuela Acacias (4,3 millones) o la conservación y el mantenimiento de la obra civil en los túneles de Vallvidrera (3,5 M €).

La constructora Dragados, fundada en 1941, pasó a formar parte del grupo ACS en 2002, cuando el conglomerado de Florentino Pérez se convirtió en el accionista de referencia tras pagar unos 900 millones al Santander para quedarse su 23,5% del capital. Posteriormente consiguió el control total de la compañía, que hoy es uno de los principales activos del holding. Entre la Generalitat y el Ayuntamiento, Dragados ha ingresado más de 85 millones entre el 2009 y el 2019 gracias a 45 contratos. La mayoría (43, por un valor de 78,5 M €) corresponden al ejecutivo catalán, que, entre otros, le ha adjudicado la construcción de viviendas en Barcelona por más de 5 millones, obras en el edificio A del campus Diagonal-Besòs por 7,7 M € o los trabajos de ensanchamiento del andén de la estación de Provença de los Ferrocarriles de la Generalitat. El Ayuntamiento, en cambio, le ha contratado para hacer el aparcamiento del mercado de los Encants, por más de 3,1 millones.

El ranking lo completan Vías y Construcciones, con casi 49,5 millones, y Cobra, con contratos que superan los 46 M €. La primera es una sociedad surgida en 1928 que pasó a ACS en 1997. Está especializada en la construcción ferroviaria y en la de carreteras. El grueso de los ingresos le llega de la Generalitat (64 contratos y más de 41 millones de euros), con obras como la remodelación del Instituto Escuela Trinitat Nova (Barcelona), la reforma y la ampliación de la Escuela Ignasi Iglesias o la construcción de un CEIP en Riudoms (Tarragona). En cuanto al Ayuntamiento, le ha concedido cuatro contratos que suman casi 8,5 millones, para proyectos como la adecuación ferroviaria de la estación de Sants (4,3 M €). 

El Grupo Cobra está especializado en trabajos de ingeniería y surgió en 1944; se incorporó a ACS en 1989, cuando aún no tenía ese nombre. El año pasado facturó más de 3.400 millones y entre la Generalitat y el Ayuntamiento le han adjudicado 182 contratos en el periodo 2009-2019. El principal montante (148 acuerdos) corresponde al Gobierno catalán, que le ha otorgado 43,5 millones, mientras que la aportación del Consistorio es de menos de 2,8. Los contratos más importantes son las obras de prolongación de la línea de Ferrocarrils en Sabadell (7,2 millones en 2016) y los trabajos de reconversión de la residencia para personas mayores de Sant Llorenç Savall (6,3 millones en 2010). 

Otras empresas de ACS con contratos importantes son el Grupo Integra, que emplea sobre todo a trabajadores con diversidad funcional y ha recibido casi 10 millones de la Generalitat gracias a 51 contratos; SICE Tecnología y Sistemas, con 166 adjudicaciones del Gobierno y cerca de 8,6 millones; la constructora TECSA, con 5,6 millones gracias a los 20 contratos de la Generalitat, o Accent Social, con casi 6 millones en tres contratos con el Ayuntamiento, siendo el más importante de ello uno de 4,5 M € por la gestión del equipamiento integral de la Meridiana.

Del fracaso político… a tener 1.800 millones de euros

Nacido en Madrid en 1947, Florentino Pérez es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y, si hoy disfruta de una presencia abrumadora en los medios de comunicación, es gracias a la presidencia del Real Madrid. Llegó al cargo en el año 2000 y se mantuvo hasta febrero de 2006, cuando dimitió. Recuperó la presidencia en junio de 2009 y se ha mantenido desde entonces. En el ámbito profesional, arrancó su trayectoria en la empresa privada, pero en 1976 pasó a la Administración pública, primero como delegado de Saneamiento y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid. Posteriormente pasaría al Gobierno español, como subdirector general del Ministerio de Industria y Energía, director general de Infraestructuras del Transporte del Ministerio de Transportes y presidente del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), perteneciente al Ministerio de Agricultura. En aquella época estaba vinculado a la UCD, el partido de Adolfo Suárez.

En 1983 ocurren dos hechos fundamentales en la trayectoria de Pérez. Por un lado, deja la administración pública y se convierte en uno de los accionistas principales de Construcciones Padrós, el embrión de la futura ACS. En paralelo, se sitúa como uno de los puntales del Partido Reformista Democrático (PRD), la nueva formación de centro presidida por el abogado Antonio Garrigues Walker y con el impulso de Miquel Roca, entonces número dos de CiU, solo por debajo de Jordi Pujol. Pérez era el secretario general de una formación que se estrelló en las urnas en las elecciones españolas del 1986, cuando obtuvo menos de 200.000 votos (menos del 1% del total), y por ello no obtuvo representación. Roca, sin embargo, salvó los muebles como cabeza de cartel de CiU en Cataluña, donde el PRD no se presentó, con 18 diputados y más de un millón de sufragios. Desde aquella época, Pérez y Roca mantienen una estrecha relación, hasta el punto que el abogado catalán es miembro del Consejo de Administración de ACS desde 2003, cargo por el que se embolsó 120.000 euros durante el 2018.

El fracaso de la denominada Operación Reformista no afectó a la escalada empresarial de Pérez. Después de ser el primer ejecutivo de Construcciones Padrós, en 1993 se convirtió en presidente de ACS y, progresivamente, se convirtió en el accionista de referencia del grupo, del que hoy controla el 12,52% a través de la sociedad Inversiones Vesan. Otros accionistas importantes son BlackRock, el fondo de inversión más grande del mundo, que tiene el 3,01%, y el Norges Bank, la entidad que gestiona el enorme fondo soberano de Noruega, con el 2,74%. En cuanto a la remuneración, con el paso de los años, Pérez ha acumulado una fortuna monumental, que, según la revista ‘Forbes’, superaría los 1.800 millones de euros. Sólo el año pasado cobró 6,76 millones por sus cargos al grupo.

Los escándalos de ACS

La historia de ACS no es, precisamente, impecable, y el grupo ha protagonizado algunos escándalos y ha llevado a cabo actuaciones cuestionables. Por ejemplo, es la compañía que lidera el ranking de sanciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con más de 97,5 millones en multas correspondientes a cuatro expedientes resueltos desde el 2015. Sólo en 2019, el grupo recibió seis multas por un importe total de 61,1 millones. Entre las sanciones, destacan las relacionadas con el llamado cártel del AVE, mediante el que se manipulaban cientos de licitaciones vinculadas a la expansión de la alta velocidad ferroviaria en el Estado.

ACS también está detrás del fiasco monumental del almacén de gas Castor, ubicado frente a la costa de las Tierras del Ebro y del norte de Castellón, ya que controlaba la empresa concesionaria del proyecto, Escal UGS. El proyecto no llegó a estar nunca operativo puesto que las inyecciones de gas iniciales provocaron una serie de terremotos que derivaron en su abandono. Ahora bien, la empresa se había garantizado vía contrato cobrar sus servicios (más de 1.300 millones) con independencia de que funcionara o no el proyecto, un coste que pagarán durante décadas los consumidores a través de la factura del gas. El periodista Jordi Marsal, autor del libro Castor: la burbuja sísmica, documentó que, además, ACS había hinchado el margen de beneficio industrial del 5% al 17% sin ningún tipo de justificación.