La banca siempre manda (IV): puertas giratorias Bankia

Artículo publicado originalmente en #LaMarea67

Cuando se habla de puertas giratorias en el sector financiero, es muy problable que el primer nombre que venga a la mente sea el de Bankia. Ninguna entidad representa tanto la politización de las antiguas cajas de ahorro y los abusos de los dirigentes que se aprovechaban de sus puestos. En noviembre de 2018 comienza el juicio por el supuesto fraude en la salida a bolsa de Bankia en 2011. Rodrigo Rato, ex presidente de la entidad, ya fue condenado, junto con otros 63 ex altos cargos de la entidad, por delitos de apropiación indebida relacionado con las famosas tarjetas black. Es el pasado.

Hoy Bankia es una entidad gestionada por personas totalmente ajenas al mundo político, si bien el Estado sigue siendo el principal accionista con algo más del 60% del capital. Obviamente, hablar de puertas giratorias en las cajas de ahorro es tramposo. Eran en su gran mayoría entidades politizadas –algunas más, otras menos– por la propia forma de gobierno corporativo. Ayuntamientos, gobiernos autonómicos, se disputaban el poder en los consejos junto con otros grupos, como sindicatos o clientes. La antigua Caja Madrid era quizás el caso más llamativo de politización, donde contaban más los servicios prestados y la lealtad al partido que los conocimientos del complejo sector financiero.

Así, el expresidente del Gobierno José María Aznar puso al frente de Cajamadrid a su leal amigo Miguel Blesa, que se suicidó después de la condena por las tarjetas black. La sucesión de Blesa desató una gran batalla de poder interno entre la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el que fuera alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, ambos del Partido Popular. Finalmente, el elegido fue Rato. Con la crisis del sector financiero en plena marcha, el PP optó por fusionar Cajamadrid con Bancaja, también bajo tutela de los conservadores en la persona de José Luis Oliva, expresidente de la Comunidad de Valencia y luego de la caja. Juntos con estos dos pesos pesados hubo toda una panda de antiguos altos cargos populares en los órganos de Bankia, empezando por el exministro del Interior Ángel Acebes, hasta secretarios de Estado como Estanislao Rodríguez Ponga (Hacienda), José Manuel Serra (Industria) o José Manuel Fernández Norniella (Comercio).

El caso de las tarjetas black demostró el alcance de la politización de Bankia, ya que entre los 64 condenados había muchos cargos del PP, pero también del PSOE, de IU, de los sindicatos, patronales e incluso el exjefe de la Casa Real. Bankia, por supuesto, no es la única entidad que ocupa a los tribunales. En Barcelona se juzgó a Narcís Serrra, que fue vicepresidente con los gobiernos socialistas de Felipe González, por su gestión al frente de CaixaCatalunya, aunque acabó siendo absuelto el pasado febrero por el caso de los sobresueldos.

Durante el boom del ladrillo, crecía la politización de los órganos de control de las cajas de ahorro a pesar de los esfuerzos por parte del Banco de España y de la Confederación de las Cajas de Ahorro (CECA) para limitar el poder de los dirigentes políticos. Fue después del estallido de la burbuja que se llevó por delante a la mayor parte del sector cuando cambiaron radicalmente las cosas. A cambio del rescate internacional, el Gobierno se comprometió en un memorando con la Comisión Europea a una reforma muy profunda. Las cajas tenían que convertirse en fundaciones que serían meros accionistas de su antiguo negocio bancario, que debían sacar a bolsa. El peso de cargos políticos en estas fundaciones fue limitado al 25%.

En Bankia, Rato tuvo que dimitir en mayo de 2012 después de que se descubriera un agujero enorme en el balance de la entidad. El gobierno de Mariano Rajoy optó por José Ignacio Goirigolzarri, ex consejero delegado en el BBVA, para liderar la nueva etapa. El banquero vasco hizo una gran limpia de políticos en Bankia y fichó a un equipo sin vinculación con ningún partido. En poco tiempo, Goirigolzarri logró devolver a la entidad, rescatada por 22.400 millones de euros de dinero público, a los números negros. A pesar de que el Estado sigue siendo el accionista de control, el equipo directivo asegura actuar con plena independencia del Gobierno, algo que confirman los analistas que siguen al sector.

Con este nuevo modelo, Bankia desmiente los argumentos en contra de una banca pública en España, algo que existe en muchos países europeos, por aquello de que la politización fue un aspecto clave en la crisis financiera como sostienen desde el PP, Ciudadanos y el propio PSOE. Ello no quita que los partidos se hayan exonerado de cualquier culpa en el derrumbe y la desaparición de prácticamente todo el sector de las cajas. A finales de noviembre de 2017, la comisión parlamentaria que investigó la crisis financiera llegó a la conclusión de que esta politización no había sido un factor determinante en su quiebra. “Las decisiones erróneas son tomadas por personas particulares o grupos de personas independientemente de su profesión o filiación”, reza el informe final, que fue aprobado por todos los grupos parlamentarios, salvo Ciudadanos, que votó en contra, así como Unidos Podemos y Compromís, que se abstuvieron. Populares, socialistas y nacionalistas que solían colocar a su gente en las cajas de ahorro, al parecer, solamente admiten haberse equivocado en la selección del personal, como Rodrigo Rato o Narcís Serra.

Una expansión internacional con problemas

El gasoducto bautizado como Trans Adriatic Pipeline. Imagen: Genti77

La Empresa Nacional de Gas (Enagás) fue creado en los 1970 para gestionar las infraestructuras de transporte y almacenamiento de gas natural de España, y a ello se concentró durante las primeras décadas de su existencia. Fue bastante después de la salida a Bolsa en 2002 cuando Enagás comenzó su expansión internacional. Hoy está presente en ocho países, aunque el grueso de su negocio sigue en España. Con sus ocho plantas de regasificación en total, la compañía es una de las líderes mundiales en este negocio.

En el extranjero, Enagás participa u opera gasoductos, almacenes de gas y plantas de licuefacción y regasificación de Gas Natural Liquado (GNL), un sistema que permite transportar el combustible en barco.

La primera excursión internacional fue la compra de una participación en TLA Altamira, que opera una planta de GNL, en México, en 2011. En el país azteca, Enagás hoy participa también en la estación de compresión Soto la Marina y el Gasoducto de Morelos, con un 50% cada uno. La construcción de este último se enfrentó a fuertes protestas de las comunidades afectadas, que denunciaban incidencias de represión policial.

El siguiente paso un año después fue la inversión en la Planta GNL Quintero en Chile, donde la empresa española se ha quedado con el 45% del capital tras vender una parte a un fondo de pensiones canadiense en abril de 2017. Luego entró en Perú, donde tiene participaciones minoritarias en la Transportadora de Gas del Perú y en la Compañía Operadora del Gas del Amazonas. Su apuesta por formar parte del consorcio que debía desarrollar el Gasoducto Sur Peruano le salió mal a Enagás porque se ha visto involucrada en el escándalo de corrupción protagonizado por la constructora brasileña Odebrecht.

Además de los negocios en México, Chile y Perú, en las Américas Enagás solo mantiene una oficina en Houston, la capital del petróleo de EEUU.

En los últimos años, la empresa ha dado pasos en Europa. En Suecia posee el 50% de Swedegas, la operadora de la red de transporte de gas; y una participación del 16% en Trans Adriatic Pipeline, el proyecto internacional para construir un gasoducto que lleva el combustible desde Azerbaiyán hasta Italia, donde ha provocado varias protestas de los vecinos, agricultores y ecologistas.

En 2016, Enagás dedicó el 78% del total de sus inversiones de 912 millones de euros a las operaciones internacionales. La empresa seguirá analizando “exhaustivamente proyectos interesantes y posibles nuevas inversiones en paises atractivos para el desarrollo de infraestructuras gasistas”, según anuncia el presidente de la empresa, Antonio Llardén, en el informe anual de 2016. Pero añade que “lo haremos a un ritmo algo menor ya que, de alguna manera, tras invertir mas de 700 millones de euros en 2016 hemos adelantado una buena parte de las inversiones internacionales que teníamos previstas en el horizonte 2020”.

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Control estatal, beneficio privado

SEPI

En el complejo ecostistema del Ibex 35 Enagás representa uno de los modelos accionariales más peculiares. Las privatizaciones de la mayor parte del sector empresarial público en las últimas décadas en España, llevadas a cabo por gobiernos del Partido Popular y del PSOE, han dado lugar a constructos muy diversos. En Aena y Bankia, por ejemplo, el Estado mantiene la mayoría del capital, por lo cual manda y también se lleva la mayor parte del dividendo.

Por otro lado, en Enagás el Gobierno ejerce un control prácticamente absoluto con una participación de tan solo el 5% que mantiene a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Es decir, las arcas públicas solo reciben el 5% del generoso dividendo que paga la empresa gasista a sus accionistas: un 70% del beneficio que, en 2016, ascendió a 417 millones de euros. De este modo, la SEPI se llevó meramente unos 16 millones de euros.

Enagás es un buen negocio para los inversores privados, la inmensa mayoría fondos y entidades extranjeras, como Bank of America, Fidelity o Blackrock. La acción está entre las más rentables del Ibex 35. La dirección de la compañía se ha comprometido a elevar el dividendo un 5% cada año de aquí hasta 2020. Para 2016, la retribución ya subió en ese porcentaje, a pesar de que el beneficio neto había crecido solo un 1,1%.

Este modelo, en el que el Gobierno tiene el control y los inversores privados se reparten casi todo el beneficio, resulta aún más particular teniendo en cuenta que Enagás opera un monopolio en España, la red troncal de gaseoductos, con tarifas reguladas. Los estatutos de la gasista, igual que ocurre con Red Eléctrica Española (REE), pretenden blindar esta empresa estratégica de caer en manos indeseadas. Ningún accionista privado puede tener más del 5% del capital y el derecho a voto está limitado al 3%. “Dichas limitaciones no serán aplicables a la participación directa o indirecta correspondiente al sector público empresarial”, dicen los estatutos. La Unión Europea ya ha abierto un proceso sancionador contra el Gobierno español por restringir la entrada y el derecho a voto de los inversores en Enagás.

“En la actualidad SEPI es el único accionista con participación significativa que está representado en el Consejo de Administración”, reconoce Enagás en el último informe anual sobre el buen gobierno que las cotizadas deben presentar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el regulador de la Bolsa. En 2016 salió el único representante en el consejo de administración de uno de los demás accionistas, Sultan Hamed Khamis Al Burtamani, de Oman Oil.

Esta construcción de control accionarial particular también explica por qué Enagás es la empresa del Ibex 35 (cotiza desde 2002) con mayor proporción de puertas giratorias en su consejo de administración: ocho de sus trece consejeros proceden del Partido Popular, mientras que su presidente, Antonio Llardén, es cercano al PSOE (fue nombrado durante el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero).

Entre los llamados “consejeros independientes” están las exministras Ana Palacio e Isabel Tocino así como el expresidente de Alianza Popular, Antonio Hernández Mancha.

“La selección de los consejeros de la compañía viene determinada por el régimen de incompatibilidades y conflictos de interés de la Ley de Sociedades de Capital para empresas cotizadas”, explica Enagás en respuesta al cuestionario de La Marea. Y subraya que “la Junta General de Accionistas de la compañía es soberana y, como tal, es la que nombra y destituye a los consejeros. Su elección ha contado con una amplia mayoría de votos a favor”.

Según los estatutos de la empresa, los miembros del consejo de administración deben ser personas “que gocen de reconocido prestigio y posean los conocimientos y experiencia profesionales adecuadas al ejercicio de sus funciones”. Los candidatos a consejero son elegidos por el Comité de Nombramientos, Retribuciones y Responsabilidad Social Corporativa, organismo presidido actualmente por Palacio, la exminista de Exteriores del Gobierno de José María Aznar.

En 2016, la retribución del consejo en su conjunto aumentó un 25% hasta casi cuatro millones de euros. Pero en algunos casos la subida fue mucho mayor, como el de Tocino, que pasó de percibir 81.000 de euros a 139.000 euros anuales. La empresa alegaba que se trataba de poner el pago de sus consejeros al mismo nivel que otras empresas del sector de energía. El gobierno del PP, a través de la SEPI, se opuso al principio a este aumento, pero finalmente cedió.

Por ahora, los grandes fondos que llegan a tener hasta un 3% de Enagás no parece que se molesten mucho con el tema de las puertas giratorias. “La capacidad de maniobra de empresas reguladas como Enagás depende de lo que diga el Estado. De ahí que a los inversores les interese que la empresa mantenga una buena relación con el gobierno de turno, sea del color que sea”, explica una abogada especialista en temas de gobierno corporativo de un gran despacho de Madrid. “Si estuvieran tan descontentos, los inversores institucionales de Enagás ya se habrían puesto de acuerdo para votar en contra de los consejeros. Hablan mucho de gobierno corporativo pero no siempre actúan conforme”, afirma.

Sin embargo, a veces los intereses del Estado y los inversores privados chocan. «Ese modelo tiene un problema al tener una mayoría de accionistas privados extranjeros. Estos no tienen interés en el país sino en la rentabilidad de su inversión, en el dividendo», opina Javier García Breva, experto en materia energética y ex director del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Un ejemplo de este conflicto de interés es Castor, el controvertido almacén de gas subterráneo que supuestamente provocó temblores de tierra en la costa valenciana. En febrero de 2014 fue cuando cinco figuras ligadas al PP, como Palacio, Tocino y Hernández Mancha, se incorporaron al consejo de administración. Unos meses después, el gobierno asignó a Enagás la tarea de hibernar y mantener el almacén de gas Castor, construido por ACS -la empresa de Florentino Pérez cobró una indemnización pública de 1.350 millones de euros- y cerrado tras más de 500 terremotos en Castellón. Varias fuentes especializadas consultadas por La Marea señalan que el gobierno colocó a esos cinco ex dirigentes del PP en Enagás para asegurar que el consejo de administración no votaría en contra de sus planes para el almacén Castor.

Desde la empresa se rechaza esta versión. “En lo relativo a Castor, el Real Decreto-ley 13/2014, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el Sistema Gasista y la titularidad de centrales nucleares, es el que asigna a Enagás la tarea de hibernación. En este documento se especifican los motivos de la decisión del Gobierno, si bien cabe destacar que el Gobierno señala que la experiencia adquirida por Enagás en la gestión y operación de almacenamientos subterráneos, como titular de las principales instalaciones de tal naturaleza que operan en el Sistema Gasista, garantiza el mantenimiento efectivo del almacenamiento subterráneo Castor en condiciones seguras”, respondió el departamento de prensa de la gasista.

Dicha ley, según Enagás, reconoce “una retribución del sistema gasista por el desarrollo de los trabajos que la norma le asigna, así como una compensación por el desembolso económico al actual titular de las instalaciones. En términos reales, la cantidad recibida por Enagás equivale prácticamente a los costes de mantenimiento y, fundamentalmente, de seguridad”.

Por ahora, parece reinar la paz entre los accionistas de Enagás. Los fondos extranjeros permiten al gobierno controlar el consejo metiendo a personas afines, mientras el Ejecutivo garantiza buenas condiciones para que la empresa siga generando grandes beneficios para los inversores.

A la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) no le constan quejas de sus afiliados respecto a Enagás. Lo cual no quiere decir que aprueben las puertas giratorias. «No solo el modelo de gobierno corporativo es cuestionable sino la propia existencias de empresas como Enagás o Red Eléctrica porque van totalmente en contra del derecho mercantil», afirma un asesor de Aemec. «Este modelo responde más a planteamientos políticos», añade. «Entiendo que los inversores de Enagás están contentos porque todos los monopolios suelen dar una buena rentabilidad», asegura el letrado, «pero la Comisión Europea está menos satisfecha». Y Bruselas pronto tendrá que pronunciarse sobre el asunto.

Con información de José Bautista.

 

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