Artículo publicado originalmente en #LaMarea67
Cuando se habla de puertas giratorias en el sector financiero, es muy problable que el primer nombre que venga a la mente sea el de Bankia. Ninguna entidad representa tanto la politización de las antiguas cajas de ahorro y los abusos de los dirigentes que se aprovechaban de sus puestos. En noviembre de 2018 comienza el juicio por el supuesto fraude en la salida a bolsa de Bankia en 2011. Rodrigo Rato, ex presidente de la entidad, ya fue condenado, junto con otros 63 ex altos cargos de la entidad, por delitos de apropiación indebida relacionado con las famosas tarjetas black. Es el pasado.
Hoy Bankia es una entidad gestionada por personas totalmente ajenas al mundo político, si bien el Estado sigue siendo el principal accionista con algo más del 60% del capital. Obviamente, hablar de puertas giratorias en las cajas de ahorro es tramposo. Eran en su gran mayoría entidades politizadas –algunas más, otras menos– por la propia forma de gobierno corporativo. Ayuntamientos, gobiernos autonómicos, se disputaban el poder en los consejos junto con otros grupos, como sindicatos o clientes. La antigua Caja Madrid era quizás el caso más llamativo de politización, donde contaban más los servicios prestados y la lealtad al partido que los conocimientos del complejo sector financiero.
Así, el expresidente del Gobierno José María Aznar puso al frente de Cajamadrid a su leal amigo Miguel Blesa, que se suicidó después de la condena por las tarjetas black. La sucesión de Blesa desató una gran batalla de poder interno entre la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el que fuera alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, ambos del Partido Popular. Finalmente, el elegido fue Rato. Con la crisis del sector financiero en plena marcha, el PP optó por fusionar Cajamadrid con Bancaja, también bajo tutela de los conservadores en la persona de José Luis Oliva, expresidente de la Comunidad de Valencia y luego de la caja. Juntos con estos dos pesos pesados hubo toda una panda de antiguos altos cargos populares en los órganos de Bankia, empezando por el exministro del Interior Ángel Acebes, hasta secretarios de Estado como Estanislao Rodríguez Ponga (Hacienda), José Manuel Serra (Industria) o José Manuel Fernández Norniella (Comercio).
El caso de las tarjetas black demostró el alcance de la politización de Bankia, ya que entre los 64 condenados había muchos cargos del PP, pero también del PSOE, de IU, de los sindicatos, patronales e incluso el exjefe de la Casa Real. Bankia, por supuesto, no es la única entidad que ocupa a los tribunales. En Barcelona se juzgó a Narcís Serrra, que fue vicepresidente con los gobiernos socialistas de Felipe González, por su gestión al frente de CaixaCatalunya, aunque acabó siendo absuelto el pasado febrero por el caso de los sobresueldos.
Durante el boom del ladrillo, crecía la politización de los órganos de control de las cajas de ahorro a pesar de los esfuerzos por parte del Banco de España y de la Confederación de las Cajas de Ahorro (CECA) para limitar el poder de los dirigentes políticos. Fue después del estallido de la burbuja que se llevó por delante a la mayor parte del sector cuando cambiaron radicalmente las cosas. A cambio del rescate internacional, el Gobierno se comprometió en un memorando con la Comisión Europea a una reforma muy profunda. Las cajas tenían que convertirse en fundaciones que serían meros accionistas de su antiguo negocio bancario, que debían sacar a bolsa. El peso de cargos políticos en estas fundaciones fue limitado al 25%.
En Bankia, Rato tuvo que dimitir en mayo de 2012 después de que se descubriera un agujero enorme en el balance de la entidad. El gobierno de Mariano Rajoy optó por José Ignacio Goirigolzarri, ex consejero delegado en el BBVA, para liderar la nueva etapa. El banquero vasco hizo una gran limpia de políticos en Bankia y fichó a un equipo sin vinculación con ningún partido. En poco tiempo, Goirigolzarri logró devolver a la entidad, rescatada por 22.400 millones de euros de dinero público, a los números negros. A pesar de que el Estado sigue siendo el accionista de control, el equipo directivo asegura actuar con plena independencia del Gobierno, algo que confirman los analistas que siguen al sector.
Con este nuevo modelo, Bankia desmiente los argumentos en contra de una banca pública en España, algo que existe en muchos países europeos, por aquello de que la politización fue un aspecto clave en la crisis financiera como sostienen desde el PP, Ciudadanos y el propio PSOE. Ello no quita que los partidos se hayan exonerado de cualquier culpa en el derrumbe y la desaparición de prácticamente todo el sector de las cajas. A finales de noviembre de 2017, la comisión parlamentaria que investigó la crisis financiera llegó a la conclusión de que esta politización no había sido un factor determinante en su quiebra. “Las decisiones erróneas son tomadas por personas particulares o grupos de personas independientemente de su profesión o filiación”, reza el informe final, que fue aprobado por todos los grupos parlamentarios, salvo Ciudadanos, que votó en contra, así como Unidos Podemos y Compromís, que se abstuvieron. Populares, socialistas y nacionalistas que solían colocar a su gente en las cajas de ahorro, al parecer, solamente admiten haberse equivocado en la selección del personal, como Rodrigo Rato o Narcís Serra.
