Esta semana miles de personas de Puerto Rico, Estados Unidos e incluso Brasil han celebrado el Día Internacional contra los Bancos con manifestaciones frente a las sedes del banco Santander y del Popular (ninguna relación con la entidad española) para protestar contra las supuestas maniobras de estas entidades financieras para lucrarse de la frágil situación económica que atraviesa Puerto Rico.

Los convocantes acusan a dos ejecutivos del Santander de ser responsables de que la colonia estadounidense alcanzara niveles de deuda insostenibles en beneficio de la entidad española, al mismo tiempo que implementaban un duro programa de austeridad cargado de privatizaciones, recortes sociales y privilegios fiscales para inversores con perfil especulador y grandes fortunas. ¿Qué ha pasado exactamente?

Una investigación de las organizaciones estadounidenses Comité para Bancos Mejores, Hedge Clippers y la Federación de Trabajadores de Puerto Rico revela que el Banco Santander es una pieza clave para entender por qué la economía de la isla se encuentra sumida en uno de los episodios más oscuros de su historia reciente. La crisis financiera de 2008 asestó un duro golpe a esta colonia estadounidense —«Estado libre asociado», según la nomenclatura oficial—, que por entonces ya sufría los estragos propios de una economía periférica y desindustrializada dependiente de la potencia vecina, con una elevada deuda pública, un gobierno maniatado y una población menguante debido a la precariedad y el elevado desempleo que asolan la isla. Puerto Rico, definida por varios economistas como «la Grecia del Caribe», ya tiene más población en Estados Unidos (4,7 millones) que en la isla (3,6 millones).

La investigación, titulada Piratas del Caribe, cuenta cómo dos ejecutivos del Santander fueron los encargados de diseñar el programa de austeridad fiscal y la emisión de más deuda pública con elevados tipos de interés en favor del banco español. El nombre más relevante es el de Carlos García, el Rodrigo Rato de Puerto Rico, presidente del Banco Santander Puerto Rico tras haber sido ejecutivo de la entidad Santander Securities en la isla, filial encargada del negocio de los bonos públicos que gestiona este banco, tal y como explica a este medio Saqib Bhatti, uno de los investigadores que participaron en el estudio y que estos días visita Madrid junto con varios activistas puertorriqueños.

En 2009, García fue designado para dirigir el Banco de Fomento Gubernamental (Puerto Rico no tiene banco central), responsable de poner en marcha el programa de austeridad que supuso el despido de más de 30.000 funcionarios puertorriqueños, así como drásticos recortes y privatizaciones en los ámbitos educativo (cerraron el 43% de las escuelas públicas), sanitario y de pensiones que han agravado la crisis humanitaria que vive la isla (el 46,1% de la población vive bajo el umbral de la pobreza, según datos del gobierno). Nada más llegar a la institución, García fichó a su compañero José Ramón González, consejero delegado del Santander Puerto Rico. Desde entonces, miles de ciudadanos dentro y fuera de la isla caribeña han protestado contra el conflicto de intereses de estos dos altos cargos del Santander y su programa de austeridad.

«Bajo la dirección de García y González, Santander Securities se estableció rápidamente como administrador principal de emisiones de bonos del gobierno, coincidiendo con el crecimiento de la deuda pública», dice el informe. Al mismo tiempo que implementaba estas medidas de austeridad y creaba nuevas normas de exención fiscal para quienes especulaban con la deuda de la isla (no sin aumentar los impuestos a las rentas medias y bajas), Carlos García firmó la emisión de más deuda pública en forma de ‘bonos tóxicos’ por valor de 71.000 millones de dólares, de los cuales 61.000 millones (85,9% de esa deuda) están en manos del Banco Santander, entidad para la que había trabajado como directivo. Desde que la isla se declaró en bancarrota en 2016, el Santander ha obtenido más de 1.000 millones de dólares en beneficios por el pago de intereses de esa deuda.

Este y otros datos también aparecen en la auditoría realizada por la red VAMOS4PR, que integra a varias organizaciones académicas, sindicales y de la sociedad civil de la isla y de Estados Unidos. «García y un grupo de exejecutivos del Santander implementaron en el Banco de Fomento Gubernamental un programa masivo de emisión de bonos que es la raíz de la crisis de Puerto Rico», sostiene el informe de Hedge Clippers acerca de la elevada deuda pública de la isla (en torno al 100% del PIB). La Marea ha solicitado las cifras del negocio del Banco Santander en la isla y su posición ante este posible caso de prevaricación, conflicto de intereses, violación de secretos, tráfico de influencias y malversación por parte de sus dos directivos al frente de entes públicos de Puerto Rico. La entidad no ha contestado.

Tras poner en marcha esa emisión de deuda pública con elevados tipos de interés real (más del 300% en algunos casos, según esta auditoría) y en medio de un pernicioso programa de austeridad fiscal, Carlos García y José Ramón González abandonaron el Banco de Fomento Gubernamental de Puerto Rico para volver a sus puestos en el Banco Santander. Pero la historia no termina ahí: en 2016 el gobierno de Estados Unidos designó a García y González para formar parte de la Junta de Control Fiscal que ejerce de troika —integrada también por la Comisión de Control Fiscal y representantes de los partidos Republicano y Demócrata de EEUU— con pleno control sobre las finanzas de la isla para asegurar que las autoridades puertorriqueñas aplican las políticas de austeridad al pie de la letra. El gobernador de Puerto Rico es el único miembro de Comisión que no tiene voz ni voto.

Fuentes del Banco Santander respondieron* a La Marea que «en Puerto Rico fue práctica común en la industria de firmas de corretaje, como Santander, participar en la emisión y comercialización de la deuda de Puerto Rico». Desde la entidad aseguran que «los productos financieros vendidos a los clientes de Santander cumplieron con todas las leyes, regulaciones y requisitos aplicables, incluyendo los establecidos por el regulador local de valores» y declinaron hacer declaraciones sobre el posible conflicto de intereses por parte de sus ejecutivos Carlos García y José Ramón González.

Al no ser un Estado en pleno derecho de EEUU, Puerto Rico no puede declararse en quiebra para recibir un rescate público (tal y como sucedió con Detroit en 2013) y, por tanto, el gobierno puertorriqueño no tiene poder en las negociaciones con sus acreedores, entre los que destaca el Santander.

Actualmente Puerto Rico dedica casi el 25% de su PIB a pagar los intereses de una deuda pública que es «insostenible», opina la puertorriqueña Xiomara Paola, del Centro para la Democracia Popular. Puerto Rico pagará 33.500 millones de dólares en intereses por los 37.800 millones de deuda emitida en forma de bonos de Apreciación de Capital (CABs), por citar un ejemplo del carácter especulativo de gran parte de los más de 134.000 millones de deuda pública que adeuda la isla caribeña.

Estados Unidos controla Puerto Rico pero los isleños no pueden participar en la vida política de ese país, a pesar de las intensas movilizaciones que desde hace años protagonizan sus estudiantes y numerosos ciudadanos. El domingo pasado los puertorriqueños votaron en un plebiscito con escasa participación (menos del 25%) para posicionarse mayoritariamente a favor de una completa anexión a Estados Unidos, un resultado que analistas y medios interpretan como una respuesta desesperada al hundimiento del sistema financiero de la isla.

El futuro de la economía puertorriqueña depende en buena medida del Banco Santander, principal acreedor de la isla que además es la entidad financiera con mayor volumen de préstamos subprime en Estados Unidos. Este miércoles hay convocadas nuevas movilizaciones ante las sedes del Santander en San Juan, capital puertorriqueña. La entidad dirigida por Ana Botín no desglosa las cifras de negocio de su filial en Puerto Rico, subsidiaria de su filial estadounidense Santander Holdings. Hasta la fecha ni este banco ni la Junta de Control fiscal han expresado su posición ante el creciente malestar social que generan sus actuaciones en la antigua colonia española.

Esta información coincide con el juicio en la Audiencia Nacional española contra siete directivos del Banco Santander por supuesto blanqueo de capitales en el marco del caso HSBC, que afecta a varias entidades financieras de la lista Falciani.