Más de 700.000 euros para “contratación del servicio de reparación de sistemas de radar” en diferentes lugares costeros; 150.000 euros para el “mantenimiento integral de instalaciones, recogida y transporte de mercancías” en el CETI de Ceuta; o 120.000 euros para el “servicio de mantenimiento de los despliegues fijos y unidades móviles del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Guardia Civil”.
Son solo tres ejemplos de los contratos adjudicados a compañías como Indra, Clece (Grupo ACS) o El Corte Inglés que forman parte de la base de datos de más de 1.600 contratos formalizados entre 2014 y 2019 por parte del Gobierno de España relativos al control migratorio. Estas y otras grandes empresas forman parte de lo que denominan como Industrial del Control Migratorio (ICM), asentada en la cultura de la Securitización, Privatización, Externalización, Criminalización y el Tráfico de Migrantes (SPECTRAM).
Para tratar de poner luz en todo ello, Porcausa.org, comandada por su directora, Lucila Rodríguez-Alarcón, ha lanzado un crowdfunding en la plataforma Goteo con el objetivo de obtener los fondos necesarios para seguir investigando.