Las fronteras que delimitan las naciones no son naturales, como tampoco lo son las vallas, cámaras y drones que las custodian. En las últimas décadas, las políticas para detener a las personas migrantes han generado un negocio multimillonario en el que empresas de construcción, defensa, tecnología, transporte y servicios obtienen grandes cantidades de dinero público. La otra cara de la moneda en la militarización del control migratorio la padecen quienes no encuentran alternativas seguras para migrar y, al llegar a Europa, se ven en la obligación de vivir en la clandestinidad, incluso en tiempos excepcionales como la pandemia del coronavirus.
La Industria del Control Migratorio (en adelante, ICM) es un negocio opaco y dependiente de las instituciones públicas que crece al calor del discurso del odio y está conectado con los principales grupos mediáticos. En España, las principales empresas de este mercado emergente tienen un rasgo común: su tendencia a contratar a antiguos altos cargos del Estado.
Contar con personalidades cercanas a las altas esferas del Estado es fundamental en este negocio hecho a base de contratos públicos. El interés de las multinacionales del mercado antimigratorio abarca casi todos los ministerios, desde Defensa y Asuntos Exteriores, hasta Hacienda y Trabajo y Migraciones, pasando por Interior y Fomento, las dos carteras que más dinero adjudican en el negocio antimigratorio. La lista de antiguos altos cargos públicos en nómina de estas empresas también refleja esa heterogeneidad.
Ninguna de las compañías aquí mencionadas aclara qué mecanismos emplea para evitar conflictos de interés a la hora de contratar ex altos cargos públicos. Tampoco explican si cuentan con sistemas para evitar que sus productos y servicios no se empleen en la violación de los derechos de quienes migran sin alternativa segura. Estas son solo algunas de las más de 120 puertas giratorias que acumulan las principales multinacionales del negocio antimigratorio en España. En este primer artículo ponemos en el foco en las que se integran en el IBEX 35.
Indra
Indra es la quinta empresa que más dinero recibe del Gobierno español a través de adjudicaciones relacionadas con el control migratorio, según la investigación de la Fundación por Causa. Muchos de estos contratos fueron otorgados por los ministerios que han dirigido algunos de sus consejeros y exconsejeros.
Entre ellos destacan los socialistas Juan Alfonso Ruiz Molina, antiguo presidente del Comité Financiero de la OTAN y director general de Asuntos Económicos del Ministerio de Defensa, que fue director de Indra Sistemas S.A entre 2010 y 2011; Miguel Sebastián Gascón, exministro de Industria, Turismo y Comercio, y Antonio Cuevas Delgado, diputado del PSOE durante 25 años y en varias ocasiones vocal de las comisiones parlamentarias de Defensa, Industria, Energía y Turismo. Cuevas Delgado también participó en la subcomisión de procesos de privatización y reconversión de empresas públicas posteriormente privatizadas, como Indra.
Hasta 2019 también fueron consejeros de Indra Adolfo Menéndez Menéndez y Juan Carlos Aparicio, subsecretario de Defensa y ministro de Trabajo y Asuntos Sociales respectivamente, ambos durante las legislaturas de José María Aznar.
Indra, que tiene al Estado como principal accionista, también ha sabido mantener en su órbita de influencia a personalidades destacadas del poder político. El caso más llamativo es el de Felipe González, que ejerció como asesor de Javier Monzón, presidente de Indra durante 22 años y ahora presidente de PRISA, grupo que engloba a El País, Cadena SER y otros medios.
Otro ejemplo de la vinculación entre el negocio antimigratorio y el mediático lo personifica Pedro Ramón y Cajal, consejero de Indra durante 16 años tras haber sido subdirector general de Recursos del Ministerio de Hacienda en los 80. Actualmente es consejero de Atresmedia y miembro independiente de la junta directiva de Telefónica Colombia. Además, ha formado parte del consejo de administración de Unidad Editorial. Otro caso destacado es el de relación mediática, aunque no de puerta giratoria, es Ignacio Santillana del Barrio, que fue director general de PRISA y consejero delegado de Telefónica.
Algunos nombres vinculados a lo público aparecen simultáneamente en varias empresas del negocio antimigratorio. Un ejemplo es el del expresidente de Caja Madrid y condenado por las “tarjetas black” Estanislao Rodríguez-Ponga, ex alto cargo del Ministerio de Hacienda bajo la dirección de Cristóbal Montoro. Rodríguez-Ponga también fue consejero de Indra y administró varias filiales de El Corte Inglés.
Telefónica
Telefónica provee al Gobierno español de la infraestructura y servicios necesarios para los costosos sistemas de detección de pateras y otras embarcaciones, entre otros. También vende las cabinas telefónicas de los centros de detención de migrantes que hay repartidos por la península. La puerta giratoria más conocida de Telefónica la encarna Rodrigo Rato, que sigue en prisión por el caso de las tarjetas black, quien recientemente ha obtenido el tercer grado. Rato fue vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda con Aznar y director del Fondo Monetario Internacional, para después convertirse en presidente de Bankia y consejero asesor de Telefónica en 2013. Esta multinacional también fichó a su hija algunos meses más tarde.
Otro caso destacado es Eduardo Zaplana, exministro de Trabajo y Asuntos Sociales también con Aznar, igualmente acusado de blanqueo de capitales, prevaricación y malversación de caudales públicos en la Operación Erial, cargos que significaron su cese como consejero delegado de Telefónica en 2018 y su ingreso en prisión preventiva. Quedó en libertad provisional un año después.
Por el gigante de las telecomunicaciones han pasado numerosos cargos de cada casa política: desde la exministra de Sanidad y Asuntos Exteriores del PSOE Trinidad Jiménez, hasta un par de secretarios generales de Aznar: Alfredo Timermans –secretario de Estado cuando tuvieron lugar los atentados del 11-M– y Carlos López Blanco –ex secretario general de Telecomunicaciones–; también un antiguo jefe de la Casa del Rey, Fernando Almansa; el exdirector de RTVE y hermano del exministro y ex secretario general de la OTAN Javier Solana, Luis Solana Madariaga; el coronel Sánchez San Venancio, histórico del Centro Nacional de Inteligencia y desde 2016 encargado de la seguridad corporativa de Telefónica, o el antiguo portavoz y asesor de comunicación del servicio secreto español, Sergio Sánchez, también militar.
Telefónica también cuenta en su plantilla con un amplio número de abogados del estado y familiares de los expresidentes Rajoy y Zapatero, los ex vicepresidentes Soraya Sáez de Santamaría y Rodrigo Rato, y otros importantes políticos.
Ferrovial
Ferrovial es una de las principales constructoras de España. Entre sus obras públicas se encuentran el refuerzo y mantenimiento del perímetro fronterizo en Ceuta y Melilla, dos de las piezas más rentables del negocio antimigratorio español.
Entre los ex altos cargos a sueldo de Ferrovial están José Fernando Sánchez-Junco Mans, que en los 80 fue director general de Industrias Siderometalúrgicas y Navales y director general de Industria dentro del Ministerio de Industria y Energía. Durante estos años, tuvieron lugar los procesos de reconversión de la industria que permitieron la entrada de España en la Comunidad Económica Europea. Su hermano, Javier Sánchez-Junco Mans, es el nuevo abogado del rey emérito Juan Carlos I, que está siendo investigado por la Fiscalía suiza por un posible delito fiscal y de blanqueo de capitales, escándalo que motivó su huida a Emiratos Árabes el pasado agosto.
Quien también guarda una estrecha amistad con el rey es Jaime Carvajal Urquijo, consejero de la compañía entre 1999 y 2015 y vicepresidente entre 2000 y 2008. Tanto es así que al comienzo de la Transición, fue nombrado senador por el emérito. Otro peso pesado del mundo de los negocios que forma parte del consejo de administración de Ferrovial es Óscar Fanjul Martín, primer presidente de Repsol y presidente del Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH) nombrado por el entonce ministro de Industria, Carlos Solchaga.
ACS
El Grupo ACS es uno de los grandes actores del negocio antimigratorio. La empresa de obras públicas que preside Florentino Pérez, así como sus filiales y negocios (principalmente Abertis y Clece), firman contratos con la administración pública por conceptos que van desde la construcción en el perímetro fronterizo, hasta para la gestión de Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes o la impartición de cursos para extranjeros.
En el consejo de administración de Abertis, perteneciente al conglomerado empresarial, se sienta Elena Salgado, ministra de Sanidad y Consumo, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía con Zapatero. También está presente desde 2006 el abogado de la infanta Elena, ex diputado por CiU y padre de la Constitución, Miquel Roca i Junyent, amigo personal de Pérez. Pedro José López Jiménez, director general de Puertos y subsecretario de Obras Públicas y Urbanismo durante la Transición, es actualmente consejero en esta empresa. López Jiménez fue también vicepresidente de Indra y presidente de Unión Fenosa y Endesa. Por su parte, Emilio García Gallego fue consejero en Abertis y ACS. Anteriormente había sido director general de varios organismos relacionados con infraestructuras, obras y transportes en la Generalitat catalana y la Xunta de Galicia, asumiendo la presidencia del Ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) a finales de los 90.
ACS también tiene en sus órganos de administración a un amplio número de abogados del Estado, entre ellos Antonio Botella García, que antes estuvo a cargo de varias subsecretarías del ministerio de Agricultura y de Transportes. También José Luis del Valle Pérez, uno de los consejeros más veteranos de la empresa, quien ejerció como abogado del Estado en los ministerios de Sanidad, Seguridad Social y Trabajo durante la Transición, y llegó a ser subsecretario del Ministerio de Administración Territorial.
Esta es solo la punta de iceberg de las puertas giratorias en le Industria del Control Migratorio. El equipo de por Causa investiga a fondo este negocio y su forma de perpetuarse, pero necesita tu apoyo para seguir desenmascarando #Spectram.
