IndraRadar Inisel Marconi. JOSEP TOMÀS / Licencia CC BY-NC-SA 2.0

De EISA a Indra, 80 años de fusiones para crear el grupo tecnológico estatal de referencia

Indra nació como otra de las criaturas fraguadas al albor de la ola de fusiones empresariales y privatizaciones —con la posterior vuelta al sector público— del último gobierno de Felipe González. Su árbol genealógico comienza en 1921, con Experiencias Industriales SA (EISA), una empresa con sede en Aranjuez dedicada a la fabricación de artillería y equipos de control para ferrocarriles, tranvías y trolebuses, que durante la guerra civil se mantuvo fiel a la República, como se deduce del testimonio de Concha Carretero, miliciana que trabajó en el taller en el primer año de guerra. Sería una de las empresas que fueron tomadas por un recién creado Instituto Nacional de Industria (INI), en 1945, y por sus instalaciones pasarían al menos 40 presos políticos del franquismo para realizar trabajo esclavo.

En 1982, el Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, con Albert Oliart Saussol a la cabeza del Ministerio de Defensa —de 2009 a 2011 presidente de RTVE— declaraba el interés militar de sus instalaciones. Fue el año en que España entraba en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Para entonces, la empresa, 100% estatal, contaba con 649 trabajadores, de los que 50 se dedicaban a I+D, según detalla el informe Crónicas y testimonios de la telecomunicaciones españolas, editado por el Colegio Oficial de Ingenieros de la Telecomunicación en 2006. Estaba a las puertas de la serie de fusiones que daría lugar a Indra.

Cuatro años después de la entrada en la OTAN, y un año antes del referéndum de la pregunta trampa impulsado por el PSOE sobre la permanencia de España en esta estructura militar, en 1985, la fusión de Equipos Electrónicos SA (EESA) —empresa creada en 1973 y participada por el INI desde 1977 enfocada en la producción de radares y equipamiento electrónico para buques, aviónica y sistemas de armas— y EISA da lugar a Inisel. A su cabeza estaba Eduardo Moreno, que después sería consejero en Cortefiel, Unión Fenosa, Endesa, Airtel y Renfe. La fusión convertía al grupo en el segundo en el sector de la electrónica en España, solo por detrás de Telefónica, según señala el citado informe del Colegio de Ingenieros de la Telecomunicación.

Pero fue siete años después cuando una nueva fusión terminó de moldear a Indra. Fue la de Inisel y Ceselsa. Ceselsa procedía de una división madrileña creada en 1971 por CECSA, empresa radicada en Catalunya y fundada en los 60 por Enrique Masó, empresario cercano al franquismo formado en Estados Unidos que dos décadas después sería, por un par de años —entre 1973 y 1975— alcalde de Barcelona.

El trabajo de CECSA estaba dirigida a la producción de receptores de radio y televisores, cuya presencia comenzaba a ser habitual en los salones de los hogares españoles. Su división en Madrid, que años después se convertiría en Ceselsa, se dirigió a los programas de defensa aérea del Ejército, participando en el concurso público para el desarrollo del programa Combat Grande I, sobre digitalización de datos de control aéreo, por 58 millones de dólares, según respondió el entonces ministro de Defensa, Narcís Serra i Serra, al diputado Jorge Vestrynge en el Congreso el 23 de octubre de 1985, a raíz de la denuncia de deficiencias en los sistemas de control aéreo.

Al terminar el programa, en 1978, la división electrónica de CECSA se quedó al borde del cierre. Fue, según explica el ingeniero Vicente Ortega Castro, en su obra Del Combat Grande al Sacta. Un proceso fructífero de innovación tecnológica, la entrada en la empresa del ingeniero industrial José Antonio Pérez-Nievas —imputado por el caso Pescanova, que llegará a juicio en diciembre, por uso de información privilegiada, como miembro del consejo de administración de la empresa, a la hora de vender sus acciones antes de su quiebre— lo que impidió el cierre de la división y su conversión en Ceselsa. Pérez-Nievas “peleó fuertemente con los sindicatos y con el Consejo de Administración para conseguir que la empresa no cerrara”, relata Ortega Casto.

Originario de Tudela, Pérez-Nievas era una persona de posibles: su suegro era Ramón Vizcaíno, cuyo grupo empresarial, dedicado a las instalaciones frigoríficas industriales, llegó a tener presencia en 40 países; su tío Juan Luis Heredero había fundado Piher, taller dedicado al montaje de radios que llegó a emplear a 3.000 trabajadores en cinco fábricas, a ser uno de los principales proveedores de Motorola y la segunda exportadora industrial de España, solo por detrás de Seat.

La “cabezonería y la chulería” de Pérez-Nievas, detalla un texto firmado por José María García-Hoz para Expansión, le valió que le llovieran contratos de la Administración, muchos más que a la pública Inisel. Pero también pudo tener algo que ver que en su consejo de administración estuviera Joan Majó, ministro de Industria entre julio de 1985 y julio de 1986. Antes de ser ministro, Majó había ocupado altos cargos en el mismo ministerio, como el de director general de Electrónica e Informática, desde el cual aprobó el primer plan de desarrollo de las tecnologías encargado por Calvo Sotelo en 1981 a un comité en el que, entre otros, figuraba el fundador de Cecsa.

El plan, que fue entregado por este comité a Majó en 1983, se convertiría un año más tarde en el Plan Electrónico e Informático Nacional (PEIN), que contemplaba una inversión de 31.291 millones de pesetas de los que casi la tercera parte irían destinados a electrónica para la defensa. Majó dimitiría de su cargo de diputado en enero de 1988, después de que el semanario Globo publicara que, durante seis meses, había compaginado su cargo de consejero en Ceselsa e Hispano-Olivetti con el de ministro, sin haber informado de ello al Parlamento. Era el primer caso de incompatibilidad que se hacía público.

El sucesor de Majó en Industria no sería tan majo con Ceselsa. Luis Carlos Croissier, que tras dejar el ministerio en julio de 1988 fue nombrado primer presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, antes de ministro fue presidente del INI. Llegó al ministerio en 1986, un año después de que la fusión de EISA y EESA dio lugar a Inisel. El siguiente gran programa de tecnología de defensa, después de los Combat Grande, fue el SIMCA —Sistema Integrado de Mando y Control Aéreo—, con el que se quería facilitar la toma de decisiones en operaciones militares en todo el espacio aéreo español, en coordinación con el programa ACCS de la OTAN. El Simca comenzó a planearse en 1982, año de ingreso de España en la estructura militar internacional, y en 1986 se definió. Entre otros, incluía la producción de 14 radares tridimensionales llamados Lanza, de los que se encargaría Ceselsa. Y aquí Croissier, y posteriormente su sucesor, Claudio Aranzadi, harían el truco.

Cuenta García de la Hoz que para sufragar el I+D necesario para la producción de los radares, por los que se iba a embolsar 35.000 millones de pesetas, Ceselsa firmó un contrato con los ministerios de Defensa e Industria para que cada una de las tres entidades aportara un millón de pesetas. Ceselsa sí habría invertido el millón de pesetas que le correspondía, pero los ministerios no y, cuando se quedó sin liquidez, condicionaron un cheque del Banco de España por 500 millones de pesetas a la fusión con Inisel.

En 1992 se firmó la fusión de Ceselsa e Inisel, y la entidad resultante se quedó con el contrato de los radares. Las accionistas del nuevo grupo fueron el INI —un 62%—, José Antonio Pérez Nievas, presidente de Ceselsa —20%—, Sainco —accionistas de Inisel, 4%—, BBV —4%— y Paribas —3%—, y estaba dividido en cuatro divisiones: defensa, electrónica civil, espacio y consultoría y servicios informáticos. Acababa de nacer Indra.

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Ter García

Ter GarcíaRedactora y miembro del colectivo editor de El Salto. Entre 2012 y 2016 formó también parte del colectivo editor de Diagonal.

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