Como había anunciado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, los ERTE por fuerza mayor se prorrogarán hasta el 30 de junio. La medida ha sido aprobada por el Consejo de Ministros este martes. “Aúna los intereses de todos: de los trabajadores, de los empresarios y del Gobierno”, ha afirmado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior. El nuevo Real Decreto-ley recoge así los acuerdos de la mesa de diálogo social, que han incorporado una nueva categoría llamada “ERTE de fuerza mayor parcial” para aquellas compañías que comiencen a reabrir sus negocios durante la desescalada.
La ministra Montero ha recordado que ninguna empresa que tenga su domicilio en un paraíso fiscal podrá acogerse a esta prórroga, algo similar a lo que han hecho países como Francia, Dinamarca y Polonia, que ya han anunciado que vetarán de las ayudas financieras a este tipo de empresas. ¿Cuántas empresas, por tanto, se verán afectadas en España? Organizaciones como Attac España consideran que la medida tiene trampa. Según Ricardo García, miembro de la junta directiva del grupo de economistas, se trata de “una medida solo de cara a la galería” ya que, según explica, “ninguna de las grandes empresas que operan en el país tienen su sede en un paraíso fiscal”, por lo que no se verán afectadas: “Lo que sí tienen casi todas son filiales en paraísos fiscales, pero esto no se contempla en la nueva medida”.
En declaraciones a La Marea, desde el Ministerio de Trabajo reconocen que en el Real Decreto no se habla directamente de filiales, sino que se refiere a «empresas y entidades». Sin embargo, aseguran que «el término entidades permitiría incluir distintos tipos de configuraciones empresariales, como conglomerados o similares». Además, añaden, «cada supuesto será analizado individualmente, para que quien eluda las normas tributarias no pueda obtener ayudas públicas».
De esta forma, ninguna de las empresas del IBEX 35 se verá afectada por esta medida a pesar de que 30 de estas 35 compañías cuentan con alguna filial radicada en un paraíso o nicho fiscal según el informe Quien parte y reparte. La huella en la desigualdad de las empresas del IBEX 35, publicado por Oxfam Intermón en octubre de 2019. Esta práctica provoca que España deje de ingresar cada año 3.250 millones de euros en impuestos según esta ong.
Así, empresas como Meliá Hotels International –que anunció un ERTE a finales de marzo que afectaba a casi 8.400 trabajadores ante la paralización de su actividad– podrán prorrogar el despido temporal sin problema hasta el 30 de junio a pesar de que cuenta con hasta 25 filiales en lugares considerados paraísos o nichos fiscales, como Delaware (Estados Unidos), Holanda, Panamá y Luxemburgo. Tal y como ha podido comprobar este medio en una investigación reciente, en algunos de estos lugares –como Delaware u Holanda– la compañía hotelera no cuenta con ningún establecimiento hotelero.
Ricardo García, de Attac España, considera que si el Gobierno «quisiera ir realmente al fondo de la cuestión» tendría que hacer dos cosas: «La primera, que lleva más tiempo, es cambiar la lista de paraísos fiscales, porque no sabemos cuál va a usar y las que hay ahora son ridículas. Y, en segundo lugar, no permitir ERTEs a compañías que tengan relación con filiales establecidas en paraísos fiscales«, ha explicado. En su opinión, el sector del Consejo de Ministros liderado por Nadia Calviño «no tiene la menor intención de hacerlo».
Coordinador de #yoIBEXtigo. Graduado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Comunicación Política. Con la lupa puesta sobre las grandes empresas. Músico y extremeño.
El gobierno no es que no quiera ir al fondo de la cuestión, es que no se atreve.
El pueblo está manipulado y dormido (que no me digan que no, sólo hay que ver lo que votan) y el poder económico tiene mucha más fuerza y recursos que los gobiernos, en todas partes es así, tiene poder para hacer caer a los gobiernos que miran por los derechos del pueblo.
Lo mismo que tampoco se atreven a tocar los privilegios de la principal multinacional capitalista y granero de votos de las derechas, la iglesia:
Las X Insolidarias del tándem Iglesia-ONGs
La Iglesia Católica recibe anualmente millones de euros por la casilla del IRPF. Dinero público que debería dedicarse a sanidad, educación y atención social de la ciudadanía. Quien marca su casilla en la renta, «desvía» dinero de la hucha común de los españoles hacia las arcas de la Iglesia, sin poner un euro más de su bolsillo. ¿Y que ocurre con la otra casilla del IRPF, con su casilla gemela, la de «Actividades de Interés Social»? ¿Se puede afirmar lo mismo?
La Plataforma de ONGs de Acción social publicita ahora su campaña: la «X Solidaria». Para que el contribuyente marque la casilla «Actividades de interés social». Pero también anima a ¡marcar la de la Iglesia!. Tandem perfecto: Iglesia-ONGs. Además, aseguran que no marcar estas casillas es «dejar que sea el Estado quien gestione ese dinero». Claro mensaje maniqueo: Estado malo, Iglesia-ONGs buenas. Y, lo más sorprendente, ¡el Gobierno de España apoya explícitamente esta campaña!.
Las ONGs y el voluntariado merecen mi respeto. Pero el fin no justifica los medios. Lo que rechazo totalmente es este maquiavélico instrumento recaudatorio para Iglesia-ONGs. El contribuyente que marca estas casillas no es más solidario. Al contrario. No pone más de su bolsillo. No suma más recursos. Lo único que hace es poner el dinero público en manos privadas (porque Iglesia-ONGs son privadas). Dicho crudamente, estas casillas restan.
Desde que esta casilla apareció en la Declaración de Renta para legitimar el privilegio recaudatorio de la Iglesia, la cantidad recibida por Iglesia-ONGs aumenta cada año. Dicho al revés, el agujero en los presupuestos generales por estos conceptos es cada vez mayor. Y el Estado no solo lo permite. Ahora también lo apoya, aceptando el mensaje de la campaña: que la gestión de las ONGs-Iglesia es mucho mejor que la del Estado. ¿Estamos locos?
El Estado tiene la obligación de atender las necesidades sociales básicas de la ciudadanía y no dejarlas en manos privadas. Si se crítica la privatización de la sanidad, si se crítica la concertación (privatización) de la enseñanza, ¿por qué no criticar la privatización de la atención social? Un gobierno que habla de «Tasa de Recuperación» para fotalecer lo público, no debería permitir la sangría de dinero que provocan en las arcas públicas las X del IRPF; unas X ONGs-Iglesia que tienen muy poco de solidaridad y mucho de privatización de lo público. (Eugenio Piñero Almendros)