PANDEMIAS; GrifolsLaboratorio. PIXABAY / Licencia CC0

Una asociación público-privada europea decidió no investigar sobre la prevención de pandemias debido a la influencia de la industria farmacéutica

‘En nombre de la innovación’ se permite a la iniciativa privada controlar miles de millones de euros de fondos públicos que solo sirven para inflar los beneficios de empresas privadas. Un informe realizado por las ONG Global Health Advocates (GHA) y Corporate Europe Observatory (CEO) denuncia el control de fondos públicos por parte de asociaciones mixtas como la Empresa Común para la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores (IMI en sus siglas en inglés) y la Empresa Común de Industrias de Base Biológica (BBI en sus siglas en inglés).

Según explican en el estudio, esta dinámica ha provocado que la industria haya bloqueado la financiación de investigación para la preparación ante epidemias: “Nos indignó encontrar pruebas de que el grupo de presión de la industria farmacéutica EFPIA no solo no consideró la financiación de la biopreparación (es decir, estar preparado para epidemias como la causada por el nuevo coronavirus, COVID-19) como un “tema regulatorio” para la IMI (lo que significa que la IMI podría haber buscado proyectos de investigación para financiarlos), sino que se opuso a que se incluyera en el trabajo de la IMI cuando la Comisión Europea planteó la posibilidad en 2018”. Es ahora, cuando el virus se ha convertido en pandemia, que la industria ha mostrado su intención de desarrollar vacunas y tratamientos.

Según la investigación, tanto IMI como BBI “ilustran una creación institucional para las asociaciones entre el sector público y el privado, consagrando privilegios y ventajas para el sector privado y deberes y obligaciones para el sector público”.

De acuerdo con las organizaciones no gubernamentales, en nombre de una supuesta innovación la industria farmacéutica –representada por la asociación comercial farmacéutica y el grupo de presión EFPIA (Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas)– ha conseguido que el presupuesto público de investigación de la Unión Europea sea de 2.600 millones de euros para el periodo comprendido entre 2008 y 2020, conducido a través de la IMI, que es una especie de empresa público-privada cuyo objetivo es “acelerar el desarrollo de medicamentos y el acceso de los pacientes, sobre todo en las áreas donde hay necesidades médicas o sociales sin atender”.

Sin embargo, según denuncian las ONGs, la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores “hasta ahora no ha invertido de forma significativa en áreas de investigación en las que se necesita urgentemente financiación pública”, como la preparación a largo plazo para epidemias, el VIH u otras enfermedades tropicales que se relacionan con la pobreza. Por el contrario, “la industria farmacéutica utilizó el presupuesto principalmente para financiar proyectos en áreas que eran más rentables desde el punto de vista comercial”, denuncian desde GHA y CEO.

El equipo de gobierno de la IMI está compuesto por 10 personas, de las cuales la mitad son representantes de la Comisión Europea y la otra mitad de la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas. En este último grupo se encuentran personalidades como Olivier Laureau, presidente del grupo Servier, el laboratorio que comercializó un supuesto medicamento adelgazante que habría causado la muerte de entre 500 y 2.000 personas. También ocupan un sillón en el órgano de gobierno Nathalie Molliznarían, directora general de EFPIA; Salah-Dine Chibout, jefe de Investigación de la farmacéutica suiza Novartis; Jacky Vonderscher, CEO de Enyo Pharma S.A.; y Paul Stoffels, director científico en Johnson & Johnson.

Por otro lado, la BBI es una asociación público-privada en la cual se enmarcan grupos grupos de presión que representan a las industrias agroindustrial, forestal, biotecnológica, química y de combustibles fósiles. Fue creada en 2014 con una vigencia de 10 años para construir una “economía sostenible con bajas emisiones de carbono” y regada con 975 millones de euros públicos “mientras que el sector privado aportó principalmente recursos en especie”, explican en el informe, en el que aseguran que fue la industria quien definió las prioridades, marcándose como objetivo la construcción de biorefinerías “para procesar cantidades ilimitadas de biomasa extraída de bosques y tierras, amenazando el rol de éstos como sumideros de carbono, la biodiversidad, así como el suministro de alimentos”.

15 años decidiendo cómo usar los fondos públicos

La pandemia de la COVID-19 ha puesto de relieve cómo la privatización de los servicios públicos y de la investigación ha provocado una brecha brecha en nuestras sociedades, poniendo en riesgo nuestra saludo. En el informe publicado por Global Health Advocates y Corporate Europe Observatory se señala a los grandes grupos de presión de la industria de la salud que, entre 2014 y 2020, han conseguido manejar más de 7.000 millones de euros pagados por los contribuyentes.  De acuerdo con esta investigación, el proceso de fabricación de un medicamento más barato para ayudar a las personas con VIH en África solo habría servido para engordar los beneficios del grupo farmacéutico Sanofi.

“En la abrumadora mayoría de los proyectos examinados, la propia estructura y mecanismos de estas asociaciones público-privadas muestran que las empresas participantes están controlando las prioridades de estas asociaciones, así como el uso del dinero público de la UE para su propio beneficio”, remarcan. 

Acabar con la “captura corporativa de la política”

Desde las ONGs que firman el estudio piden acabar con la influencia de la industria en la toma de decisiones en los referente a los fondos públicos. “La financiación pública de investigación es una inversión valiosa y estratégica para la producción de conocimientos para el futuro, y en un momento de crisis superpuestas –desde la COVID-19 hasta el cambio climático– esto es más importante que nunca”, subrayan. Según sus conclusiones, el problema de fondo es claro: los intereses comerciales de la iniciativa privada no casan con las necesidades sociales: “La idea mágica de que los objetivos comerciales y públicos se alinean de forma natural sólo sirve para proporcionar una justificación conveniente para los intereses a los que sirve la actual política de investigación e innovación de la UE”, aseguran.

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Dani Dominguez

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Dani DominguezCoordinador de #yoIBEXtigo. Graduado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Comunicación Política. Con la lupa puesta sobre las grandes empresas. Músico y extremeño.

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