Mariano Rajoy, Jose Luis Rodriguez Zapatero, Jose Maria Aznar y Felipe Gonzalez en el Parlamento durante la ceremonia de celebración del 40 aniversario de la Constitución española. Foto: REUTERS/Susana Vera

La privatización de las empresas públicas españolas

Desde el siglo XIX hasta los primeros años de democracia tras la dictadura la tendencia política fue la de mantener y fortalecer el cuerpo empresarial público algo que cambió tras la incoporación de nuestro país a la Comunidad Europea.

Aunque ya muchos no se acuerden, España tuvo muchas y potentes empresas públicas que eran utilizadas para lograr determinados objetivos de política económica (facilitar el crédito, proveer distintos bienes y servicios, redistribuir la renta, etc.) al mismo tiempo que contribuían a incrementar los ingresos del sector público, pues buena parte de ellas registraban importantes beneficios.

Durante prácticamente todo el tiempo que va desde el siglo XIX hasta los primeros años de democracia tras la dictadura, la tendencia política por parte de los distintos gobiernos fue la de mantener y fortalecer el cuerpo empresarial público, convencidos de que era condición indispensable para poder alcanzar sus objetivos de política económica así como para asegurar la solidez y poder del Estado. Sin embargo, la incorporación de nuestro país a la Comunidad Europea supuso un importante punto de inflexión en la citada trayectoria. Los principios neoliberales que ya impregnaban fuertemente las instituciones europeas se basaban en la liberalización de prácticamente todos los sectores económicos así como en la reducción del tamaño del sector público en favor del privado. En consecuencia, la integración comunitaria vino de la mano de la liberalización económica y privatización progresiva de las empresas públicas españolas.

Este cambio de tendencia se acentuó notablemente en 1992 con el Tratado de Maastricht, ese documento que sentaba las bases para la introducción de la moneda única. Puesto que uno de los requisitos para poder formar parte de la Unión monetaria era tener un déficit público inferior al 3% del PIB, el gobierno de Felipe González encontró la excusa perfecta para vender algunas joyas de la corona, ya que los ingresos obtenidos servían para reducir el déficit. Entre 1988 y 1996 se vendieron participaciones importantes de grandes empresas públicas, entre las que destacaron Endesa, Repsol, Argentaria (parte de BBVA hoy día), Ence y Telefónica, y que llenaron las arcas con más de 16.809 millones de euros (constantes de 2015).

En 1996 llegó el Partido Popular al gobierno y, lejos de atenuarse, esta tendencia se intensificó. El ejecutivo de Aznar diseñó un programa de privatizaciones y estas se dispararon. Se vendieron total o parcialmente 76 empresas públicas que conllevaron la recaudación de 53.908 millones de euros (constantes de 2015). Las empresas afectadas, además de las ya mencionadas, fueron Gas Natural, Aldeasa, Aceralia (actualmente parte de Arcelor-Mittal), Tabacalera (parte de Imperial Tobacco), Indra, Red Eléctrica, Iberia y AENA. 

El Estado pasó de tener 130 empresas públicas estatales participadas mayoritariamente y de forma directa en 1985 a solo 16 en la actualidad. Y de 800 empresas en 1985 con participación indirecta o minoritaria a tener solo 100. La participación del Estado en el mercado bursátil pasó de ser el 16,64% en 1992 a representar solamente el 0,34% en 1999. En la actualidad este peso ha aumentado ligeramente hasta el 1,89% debido exclusivamente a que AENA (de la cual el Estado es propietario en un 51%) comenzó recientemente a cotizar en bolsa, pero no porque el Estado haya aumentado su participación en el sector empresarial.

Estamos hablando de una dilapidación astronómica de patrimonio públicoque, aunque a corto plazo generó mucha recaudación, a medio y largo plazo dejó al Estado sin posibilidad de obtener nuevos ingresos (pues las empresas que se vendieron fueron, lógicamente, las más rentables) y también sin herramientas para poder llevar a cabo su política económica. 

Esto último es importante porque las empresas públicas vendidas operaban en sectores profundamente estratégicos en términos económicos, políticos, productivos, financieros, medioambientales y de movilidad: el 42% de las empresas vendidas pertenecían al sector energético, el 17% a transportes, el 16% a telecomunicaciones, el 13% a industria y el 8% al sector financiero. Evidentemente, cualquier intento del Estado por influir en dichos sectores estratégicos se encuentra hoy día mucho más limitado que entonces. 

Pero aunque la Unión Europea haya estimulado y facilitado las privatizaciones, es importante entender que los gobiernos españoles fueron mucho más allá que el resto de países. De hecho, y tal como se puede ver en el gráfico, España es el país de toda la Unión Europea que menos empresas públicas tiene (medido en valor de mercado), y con diferencia. España, desgraciadamente, fue el mejor alumno del neoliberalismo, y hoy sufrimos sus consecuencias: menos obtención de ingresos públicos y menos control sobre sectores estratégicos.

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Eduardo Garzón


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