[DOSSIER] Indra, la construcción de un gigante tecnológico

Indra

Indra fue creada por el Estado en 1993 como principal grupo tecnológico y de defensa. A través del Instituto Nacional de Industria y después de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el Estado ha permanecido durante la mitad de la vida de la empresa como su principal accionista. No era una cuestión baladí. El grupo tecnológico había sido creado para llevar a cabo trabajos de carácter delicado para España, desde la tecnología para los recuentos electorales hasta el desarrollo tecnológico de defensa.

El grupo Indra se compone actualmente de 124 sociedades, según aparece en las últimas cuentas presentadas, correspondientes a 2018. A ellas se suman dos sociedades más que a fecha del cierre de cuentas estaban en liquidación —Politc Argentina SA y Tecnocom Paraguay SA—. 39 de ellas tienen domicilio en España y las más de 80 restantes está repartida por otros 41 países.

Pero las ramificaciones de Indra van mucho más allá. El gigante tecnológico participaba a cierre de 2018 en cerca de 300 uniones temporales de empresas (UTE) con objetivos tan distintos como la construcción del túnel de Pajares para el paso del tren de alta velocidad, la consultoría de empresas o los sistema de pago en los transportes públicos de Barcelona o País Vasco.

Con más de 40.000 empleados por todo el mundo, de los que más de la mitad están en España, Indra tiene su centro de operaciones en Alcobendas (Madrid), en un espacio que alquila a Merlin Properties —el nuevo gigante inmobiliario que se ha convertido en el tercer socio de la Operación Chamartín— por seis millones de euros anuales.

Es ahí donde se concentra la parte de Indra dedicada a consultoría y tecnologías de la información, una de las dos ramas en las que se divide el grupo desde que en 2017 presentaron su nuevo plan estratégico. La otra, laboralmente concentrada en Torrejón de Ardoz, es la que, sin embargo, proporciona los contratos más rentables: los de defensa y transportes.

Los últimos años han sido duros para Indra. A la imputación de su expresidente, Javier Monzón, de la propia empresa y de otros tres altos cargos en la trama Púnica, por financiación ilegal del Partido Popular madrileño, se le suma un agujero económico que alcanzó los 641 millones de euros en 2015, su peor año.

El futuro, sin embargo, se ve halagüeño. Los últimos contratos firmados para liderar desde España el diseño del nuevo avión de combate europeo que sustituirá a Eurofighter ya han comenzado a reflejarse en el valor de las acciones de Indra en bolsa y se prevé que en este año la empresa reparta dividendos tras seis años de sequía.

A 31 de diciembre de 2018, el capital suscrito y desembolsado en Indra Sistemas, la empresa matriz del grupo, ascendía a 35,3 millones de euros divididos en 176.654.402 acciones de 0, 20 euros. La sociedad pública SEPI en 2013 volvió a su posición inicial de accionista mayoritario con un 18,7% de las acciones.

FICHA TÉCNICA

NombreIndra
Actividad Diseño, desarrollo, producción, integración, operación, mantenimiento,reparación y comercialización de sistemas, soluciones y productos que hagan uso de las tecnologías de la información.
PresidenteFernando Abril-Martorell Hernández
Sede social Avenida de Bruselas, 35 Alcobendas (Madrid)
Ingresos 3.103.735.000 euros
Beneficio neto 23.718.070,84 euros
Margen de beneficio neto9,4%
Plantilla 41.572 trabajadores más 70,3 millones de euros en subcontrataciones y otros gastos en 2018.
Número de sociedades dependientes123
Presencia internacional 41 países en cinco continentes

Un entramado de cientos de sociedades interrelacionadas y paraísos fiscales

El Grupo ArcelorMittal está compuesto por varios centenares de sociedades repartidas por todo el mundo. De ellas, las 31 más importantes dependen directamente de ArcelorMittal S.A. Con sede en Luxemburgo, ArcelorMittal S.A. nació en 2006 de la fusión de Arcelor S.A. —también asentada en Luxemburgo— y Mittal Steel —fundada en India y con sede en Rotterdam (Holanda), que sigue funcionando como subsidiaria de ArcelorMittal—.

A 31 de enero de 2019, los principales accionistas de ArcelorMittal son Lakshmi Mittal, Usha Mittal —su esposa— y sus dos hijos Vanisha y Aditya Mittal, que son a la vez altos cargos de la compañía y participan en el consejo de administración y en la dirección general, respectivamente. La familia controla un 37,38% de las participaciones de ArcelorMittal, que gestionan a través de las sociedades Nuavam Investments Sàrl y Lumen Investments Sàrl —ambas con sede en Luxemburgo—. La propia web de la multinacional admite que en este paquete de acciones del 37,38% no están incluidas otras que puedan tener tanto Lakshmi como Usha Mittal, que ya no aparecen cifradas.

Según información recogida por la bolsa de valores Nasdaq, ArcelorMittal cuenta en total con 222 accionistas. Tras la familia Mittal, los que tienen mayor peso en la empresa son Capital Group Companies Inc. —4,80%—, una de las tres mayores gestoras del mundo en fondos de pensiones. Entre los accionistas que se reparten el 57,82% restante están CaixaBank (0,43%) o el fondo de pensiones estadounidense Vanguard Group Inc, que suma un 1,58% entre las dos sociedades a través de las que invierte (fecha de visionado: 7 de abril). En enero de 2018, tras doblar los beneficios conseguidos por la empresa en el año anterior, ArcelorMittal aprobó repartir entre sus accionistas un total de 101,1 millones de dólares en dividendos (82,04 millones de euros).

En España, las filiales que controla directamente ArcelorMittal son ArcelorMittal España y ArcelorMittal Gipuzkoa. Sin embargo, según señala la misma web de la empresa, en nuestro país la sociedad que actúa como matriz es ArcelorMittal Spain Holding, de la que depende ArcelorMittal España. En 2014, el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) impuso a ArcelorMittal Spain Holding el pago de 73 millones de euros por el impuesto de sociedades no pagado por los dividendos que había recibido por sus participaciones en ArcelorMittal Brasil, entre los ejercicios 2005 a 2008. Sin embargo, en 2017, la Audiencia Nacional aceptó el recurso presentado por la compañía y la eximió del pago. La multinacional alegó que ya había tributado por esos beneficios en Brasil.

Además, desde ArcelorMittal enumeran hasta 20 sociedades en España, aunque al menos dos de ellas —las de Zumárraga y Bergara— ya se han extinguido. A estas 19 se suma al menos una más, que no está en el listado facilitado por la compañía: ArcelorMittal Aceralia Basque Holding, con un capital social de 947 millones de euros, creada en 1998 —el año siguiente de la creación de Aceralia— y cuyas cuentas de los últimos cuatro ejercicios están siendo investigadas actualmente en Gipuzkoa, según publicaba El Confidencial en septiembre de 2018.

Paraísos fiscales

A 31 de diciembre de 2016, ArcelorMittal contaba con al menos 128 sociedades ubicadas en nichos o paraísos fiscales, según señala un informe del Observatorio de Responsabilidad Corporativa publicado aquel año.

El entramado societario de la principal productora de acero mundial incluye, según este observatorio, 23 entidades en Luxemburgo —incluido en la lista de paraísos fiscales más agresivos de la ONG Oxfam Intermón y en la lista gris elaborada por el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha—, 64 en Delaware (Estados Unidos) —Estado que alberga en uno solo de sus edificios a 25.000 empresas— o una en Panamá —incluido en el listado de paraísos fiscales del Fondo Monetario Internacional—. ArcelorMittal también tiene el 50% de una empresa domiciliada en Bermudas, aunque opera en China Oriental, según confirmaron desde la propia compañía al Observatorio de Responsabilidad Corporativa.

Además de estas sociedades, en el informe financiero de ArcelorMittal Finance SCA —rama financiera de ArcelorMittal—, de 2013, el último publicado en la web de la multinacional, aparece que en 2009 adquirió a una sociedad llamada Seolak Investment Ltd tres bonos de ingresos industriales emitidos desde ArcelorMittal USA Inc. por valor de cinco millones de dólares, y que estos habrían sido devueltos en 2011 y 2012. Seolak Investment Ltd, que está domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas según la Corporación Financiera Internacional, y en Barbados según el ICIJ, aparece, años antes, relacionada con ArcelorMittal como la principal y única accionista de Caribbean Ispat Limited —del grupo Ispat, anterior nombre de Mittal Steel—, que recibió en 1996 un préstamo ventajoso de la Corporación Financiera Internacional —perteneciente al Banco Mundial—, como aparece en el apartado de transparencia de la web de esta entidad.

Según la radiografía de sociedades en paraísos fiscales realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Seolak Investment Ltd está dirigida por otra sociedad, domiciliada en Barbados, que lleva por nombre Mittal+Usha. Usha es el nombre de la esposa de Lakshmi Mittal, quien además, según el ICIJ, fue administradora de esta sociedad entre 1997 y 2003—.

Aunque la definición de paraíso fiscal —país con un régimen tributario de impuestos bajos o nulos que atrae residentes y capital extranjero— es común, los lugares que son identificados como paraísos fiscales pueden variar según las instituciones. Para el Fondo Monetario Internacional, que elaboró una lista en 2014, existen 26 paraísos fiscales, entre los que se incluyen Andorra o Gibraltar. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea consensuaron en 2017 otra lista que incluía a 17 países, y al año siguiente la redujeron a cinco —Samoa Americana, Guam, Samoa, Trinidad y Tobago y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos—, aunque fue ampliada a 15 en 2019. Según la OCDE, desde 2009 no existe ningún paraíso fiscal no colaborador y, para organizaciones como Oxfam Intermón, hay 15 —entre los que se incluye Luxemburgo y cuatro Estados dependientes de Reino Unido— que son especialmente agresivos.

*Los cambios de divisa de dólares a euros citados son a fecha de las operaciones a las que hacen referencia

De la metalúrgica estatal al gigante ArcelorMittal: historia de una opa

arcelor mittal; arcelormittal; arcelor;

Antes que ArcelorMittal, actualmente la mayor compañía metalúrgica a nivel mundial, fue Arcelor. Y antes fue Aceralia. Y aun antes, Ensidesa… La historia del gigante metalúrgico en España se remonta a 1882. Aquel año se constituyó Altos Hornos y Fábricas de Hierro y Acero de Bilbao, una sociedad que gestionaba una factoría en Barakaldo y los derechos mineros de los hermanos Ybarra.

Altos Hornos estuvo vinculada a nombres importantes de la sociedad y economía española, como Antonio López —marqués de Comillas, que además controlaba la industria ferroviaria y del tabaco, o Tomás Zubiría —también de la familia Ybarra—, a quien Alfonso XIII nombró conde de Zubiría. Este aristócrata compaginaba la vida política —fue diputado y senador— con la económica, mediante participaciones en la Compañía Española de Minas del Rif, ejemplo paradigmático de explotación colonial en cuyo accionariado figuraban el propio Alfonso XIII y el Conde de Romanones, entre otros.

En 1902 nacía Altos Hornos de Vizcaya (AHV), con la fusión de Altos Hornos de Bilbao, La Vizcaya —sociedad creada 20 años antes con infraestructuras en Sestao— y La Iberia —del empresario Francisco Goitia y Ostolaza, quien también tuvo a su lado, como apoyo financiero, a otro marqués, el de Urquijo, fundador de la Banca Urquijo—. La compañía resultante fue una de las mayores siderúrgicas de España, con un capital de 32 millones de pesetas.

En los siguientes años, AHV continuó con su crecimiento hasta alcanzar más de 5.000 empleados y contar con decenas de instalaciones mineras y pequeñas factorías repartidas por Cantabria, Asturias, Almería, Murcia, Guadalajara, País Valencià y Navarra. Al frente de la empresa figuraba Tomás de Zubiría, quien murió en 1932. Su sucesor fue Víctor Chávarri y Anduiz, también marqués e hijo de Víctor Chávarri, otro de los grandes personajes de la economía vasca. Faltaban pocos años para el golpe de Estado que acabó con la II República Española, un levantamiento militar que fue apoyado por los dueños de la siderúrgica. “Con la ocupación de Bilbao por los rojoseparatistas, que tradujo pérdidas, cada vez mayores, la continuidad de la explotación minerosiderúrgica, como necesariamente en aquellas lamentables condiciones tenía que acaecer […] en este último periodo iniciado el año 1936, fue propósito de Altos Hornos de Vizcaya apartarse del ambiente político económico y de relaciones con el Gobierno instaurado en Vizcaya por no querer intervenir en las fabricaciones de guerra que hubieran perjudicado a los que en la gloriosa Cruzada de Liberación luchaban por la verdadera España”, declaraba el informe de la dirección de la empresa a la Junta de Accionistas celebrada el 15 de junio de 1938.

Su posicionamiento junto a los golpistas se tradujo en poco tiempo en beneficios económicos, resultado de su posición casi monopolística en el sector del acero, y de la política autárquica de Franco, que reservó a AHV todo el mercado siderúrgico hasta 1950. Aquel año, el régimen franquista constituyó la Empresa Nacional Siderúrgica Sociedad Anónima (Ensidesa), con sede en Avilés, la otra gran pata que, junto a AHV, levantaría Aceralia 40 años después.

En sus primeros años, Ensidesa se convirtió en la empresa estrella del franquismo. Su primer gran horno llevaba el nombre de Carmen en honor a Carmen Polo, esposa de Franco, quien acudió personalmente y acompañada del dictador a su inauguración, en 1957. Tras la absorción de Uninsa, en 1973, creada 12 años antes para unificar las antiguas fábricas siderúrgicas asturianas, Avilés se convirtió en uno de los principales polos de esta actividad industrial.

Mientras, el ministro de Industria, Gregorio López Bravo, mimaba a AHV, a la que cedió los Altos Hornos del Mediterráneo, creada en 1971. López Bravo tenía buenas relaciones con el empresariado del acero. Según mostró la investigación Los Papeles de la Castellana, realizada por Fíltrala en colaboración con La Marea, eldiario.es y Diagonal, el entonces ministro de Industria ayudó a otro gran nombre del sector siderúrgico de la época, José María Aristrain Noian, fundador de la Corporación Aristrain, a ocultar dinero en Liechtenstein desde los años 60 hasta su muerte, en 1985. El apellido Aristrain llegaría también a ser parte de la historia de ArcelorMittal, pero para ello aún faltaban tres décadas.

Restructuración y reventa

En la década de los 70, AHV se expandió por País Vasco y Navarra, con la compra de empresas de Echévarri y Lesaka. También adquirió la constructora Obrascón. En 1987, el empresario Juan Miguel Villar Mir compró Obrascón a AHV por una peseta. Finalmente, el ex ministro acabó presidiendo AHV.

En aquellos años, AHV era la principal empresa de País Vasco, con unos 14.000 trabajadores directos, la mayoría de ellos en Barakaldo y Sestao. A finales de esa década comenzó su declive, en parte debido a la eliminación de aranceles que supuso la entrada de España en la Comunidad Económica Europea. En 1979 se nacionalizó la filial de AHV, Altos Hornos del Mediterráneo. A principios de los años 80, las deudas de AHV ya alcanzaban los 16.000 millones de pesetas y, para su refinanciación, la empresa vasca aceptó un acuerdo que supuso un recorte en su plantilla de 5.800 trabajadores, además de contenciones salariales para los siguientes años.

Pero las sucesivas reformas realizadas fueron insuficientes y en 1994, a raíz del Plan deCompetitividad Conjunto AHV – Ensidesa, se constituyó la Corporación Siderúrgica Integral (CSI), creada por el Instituto Nacional de Industria, con el objetivo de privatizarla. Este plan supuso la eliminación de 10.347 de los 24.489 puestos de trabajo que sumaban entonces las dos empresas, y la recepción de ayudas públicas por un máximo de 776.000 millones de pesetas. La privatización —impulsada por el Gobierno del Partido Popular— se consiguió tres años después con la entrada de Arbed, siderúrgica de Luxemburgo que se hizo con un 35% del capital de la que a partir de ahora se llamaría Aceralia. En 1998 entra en escena el Grupo Aristrain. El primer fabricante español de perfiles fue comprado por Aceralia a cambio de que José María Aristrain se quedara el 10,8% de las acciones de la sociedad resultante, las cuales se llevó a Luxemburgo. Estas acciones se convertirían en el 2% de ArcelorMittal y por estas participaciones, Aristrain hoy está pendiente de juicio por delitos de evasión fiscal.

En 2001 la compañía volvió a cambiar de nombre con la fusión de Arbed, Aceralia y la francesa Usinor. El nuevo gigante del acero europeo, con sede en Luxemburgo, se nombró Arcelor y se disputaba con Mittal Steel, el gigante indio, el primer puesto en el sector siderúrgico mundial.

2006: Mittal se come a Arcelor

“Mittal fabrica colonia y Arcelor, perfume”. La frase, pronunciada por el entonces consejero delegado de Arcelor, el francés Guy Dollé, fue lema de la oposición a la oferta pública de adquisición (opa) lanzada por Mittal Steel sobre Arcelor a inicios de 2006.

Lakshmi Mittal, multimillonario indio propietario de Mittal Steel, se había metido entre ceja y ceja hacerse con Arcelor y le costó, pero lo consiguió. De ofrecer 18.600 millones de euros por el 100% de la compañía en enero pasó a los 26.900 millones en junio. Y los accionistas, el primero de ellos José María Aristrain, quien siempre se había mostrado a favor de la compra por parte de Mittal, dijeron sí.

En 2010, cuatro años después de la fusión, Lakshmi Mittal borró la representación española y la de los trabajadores en el consejo de administración de ArcelorMittal. La composición del órgano de dirección acordada en la fusión reservaba seis de los 18 puestos a representantes de Arcelor, otros seis a Mittal Steel y los seis restantes a representantes de accionistas y trabajadores a partes iguales. A día de hoy, el consejo pasó a estar compuesto por nueve personas, todas ellas empresarias.

Contaminar en una de las regiones más castigadas por la polución

contaminación en arcelormittal

Varias nubes naranjas adornaban, el 14 de diciembre de 2018, los alrededores de la acería de Carreño, una de las que conforman la planta de ArcelorMittal en Avilés. El extraño color del cielo estaba causado por las partículas de óxidos de hierro. Desde la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies afirman que no es la primera vez que pasa.

Los episodios de alta contaminación son frecuentes en el Principado, el principal bastión de ArcelorMittal en España. Las instalaciones de la siderúrgica en Avilés y Gijón, próximas a los puertos de ambas localidades, suman más de 12 kilómetros cuadrados. Aquí están incluidos tres embalses que aportan agua para la refrigeración de las factorías: el de San Andrés, en Gijón, y La Granda y Trasona, en Avilés. Los tres están catalogados como zonas de especial protección ambiental por su variedad de aves. La de Asturias es la única planta siderúrgica integral de España, en la que se produce y transforma acero a partir de mineral de hierro. “ArcelorMittal es la mayor contaminadora de Asturias con muchísima diferencia, tanto en el agua, como en el aire, como en el suelo”, afirma Fructuoso Martínez, de la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies.

En 2015, último año del que el Observatorio de la Sostenibilidad ha publicado datos, España emitió 337 millones de toneladas de CO2, un 3,3% más que en 2014. De estos, 6,4 millones correspondieron a las diferentes instalaciones de ArcelorMittal, la quinta empresa que más gases de efecto invernadero emite en suelo español. Si hablamos de Asturias, sube hasta la segunda posición, según un informe publicado en 2015. Y tampoco le sale caro: el precio por tonelada de CO2 en enero de 2019 estaba a 23,24 euros, pero en los últimos años ha llegado a costar tan solo 3,50 euros (mayo de 2013) o 5,83 euros (su precio medio en 2017).

El CO2 no es la única partícula que sale de las fábricas de Arcelor. Entre las sustancias más peligrosas que emite están el benceno —cancerígeno—, cadmio —que afecta a los pulmones y se acumula en los riñones—, cianuro, plomo, partículas en suspensión (PM10) —que provocan desde alergias hasta cáncer de pulmón— y óxidos de nitrógeno (NOx) —causa enfermedades respiratorias y cardiovasculares—.

Según el informe de 2018 del Observatorio de la Salud en Asturias, para el 14% de su población la contaminación industrial era una de sus preocupaciones debido a su incidencia en la calidad de vida. No es una preocupación gratuita ya que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las enfermedades respiratorias se mantienen como la tercera causa de muerte en España, con más de 51.615  fallecimientos en 2017 —el último año con datos disponibles—. Asturias es la tercera región con mayor tasa de mortalidad por este motivo, con 153,3 fallecidos por cada 100.000 habitantes, solo por detrás de Castilla y León y Extremadura. Si se pone la lupa sobre los municipios, Avilés fue la localidad, al menos hasta 2014 —último año con datos disponibles— con mayor índice de defunción por cáncer de pulmón. Entre los nueve municipios que le siguen en el ranking, cinco son asturianos.

“Asturias se sitúa en primer lugar en la declaración de enfermedades relacionadas con exposición laboral a agentes cancerígenos”, afirma el informe del Observatorio de la Salud en Asturias. El documento señala que, aunque la presencia de los principales contaminantes —entre los que destacan las partículas en suspensión, los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre y el ozono— ha disminuido en los últimos años, en las zonas industriales no ha bajado tanto. Y los días en los que se registran picos de contaminación, también crecen los ingresos hospitalarios por enfermedades cardiovasculares y respiratorias.

En noviembre de 2018, un informe realizado por el Ayuntamiento de Gijón elevaba hasta 21 los episodios de contaminación causados por ArcelorMittal en este municipio. Solo en abril de ese año se registraron ocho de estos episodios. Las autoridades municipales identifican las plantas de sínter —de sinterización de mineral de hierro, coque y un fundente para fabricar acero— que ArcelorMittal tiene en la parroquia de Veriña, en la parte oeste de Gijón, como origen de esta polución. Las baterías de cok que la multinacional tiene en Avilés son otra de las instalaciones que se identifican como más contaminantes, con picos de hasta 86,3 microgramos de benceno por metro cúbico en julio de 2018, un récord respecto a los años anteriores y una cifra por encima de los límites fijados en la Autorización Ambiental Integral concedida a este tipo de baterías.

“Es una empresa integral: incluye el proceso de fabricación, con las baterías de cok, los altos hornos, la laminación y la transformación. Todo es contaminante”, apunta Martínez sobre ArcelorMittal. Este ecologista señala la antigüedad de las instalaciones como uno de los motivos que explican los niveles de contaminación tan altos: “Se ha gastado muy poco dinero en mejoras ambientales, y eso genera muchísimos problemas”. Es un problema que, según señala, viene de lejos. De cuando estas plantas pertenecían a Ensidesa en los años 60. Pero a partir de ahí los arreglos en las instalaciones han sido, según Martínez, “chapucillas, y las justas”.

Entre los problemas más concretos destacan la falta de sistemas de depuración en la planta ubicada en el concejo de Carreño —que forma parte de la factoría de Avilés—, donde a veces se ven nubes naranjas de óxidos de hierro. Desde ArcelorMittal afirman que “ninguno de los incidentes” que se producen en esta acería “tiene afección al medio ambiente”, tal y como demuestran los datos registrados en la estación de control de calidad del aire que posee la empresa. “Cada vez que se produce una emisión difusa [no localizadas, ocasionadas por fugas] de este tipo, se realiza un análisis de causa raíz y se toman las medidas oportunas”, sostienen desde la multinacional. Y añaden: “Existe, además, un plan de acción para la reducción de emisiones difusas en la instalación orientado a la optimización de la carga en el convertidor y la aspiración de los humos generados en el proceso de conversión”.

Sobre los sínter, desde ArcelorMittal inciden en que el plan de mejora ambiental anunciado en diciembre de 2017 ya está en marcha, y se están ejecutando las primeras inversiones contempladas. En concreto, 12 millones de euros para mejoras en la instalación que permitan una rebaja de emisiones de polvo de uno de los sínter, unas obras que prevén que estén finalizadas a finales de este año. El cierre de las baterías de cok, que serán sustituidas por unas nuevas, es otra de las medidas incluidas en este plan.

La última revisión ambiental realizada por el Principado de Asturias a las instalaciones de ArcelorMittal incluye algunas de estas mejoras ya citadas. Publicada el 16 de enero, la resolución de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente obliga a la empresa a controlar los combustibles empleados, la mejora de los sistemas de medición de contaminantes emitidos o el uso de tecnologías más eficaces para disminuir las emisiones. Desde ArcelorMittal insisten en que la mayor parte de las medidas ya están recogidas en el plan de mejora ambiental de la empresa, y “el resto están en fase de análisis para poder acometer su implantación”.

Para CCOO, se han dado pasos importantes, entre los que destacan la creación de una comisión de medio ambiente y una figura sindical, el delegado de medio ambiente, que pueda estar dedicado prácticamente en exclusiva a los temas medioambientales de la empresa a nivel estatal. “La industria es la industria, contamina, y nada puede impedir que deje de contaminar, pero hay que hacerlo en unos niveles que sean compatibles con los entornos donde se encuentra”, sostiene José Manuel Castro, secretario general de CCOO en ArcelorMittal. Castro subraya la importancia del respeto al medio ambiente, tanto dentro como fuera de Europa: “Lo que no vale es que nosotros seamos los más limpios y los más incisivos en este sentido, y después permitamos que entren productos de fuera que no cumplen ningún tipo de reglamentación. Habrá que hablar de aranceles ambientales”.

Porque Arcelor, una de las mayores contaminadoras de Europa, es también la mayor generadora de empleo en esta comunidad, como destacan desde la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, y eso dificulta que las denuncias por contaminación sean escuchadas. “Llueve sobre mojado, es una relación muy conflictiva que lleva así muchísimos años”, lamenta Martínez. Su conclusión es clara: “Si no se ponen dineros, la cosa está muy jodida”.

Aristrain: el mayor caso de fraude a Hacienda investigado hasta el momento

Hasta 64 años de cárcel y 1.400 millones de euros de multa. La petición de condena por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para José María Aristrain, que llegó a tener en su poder cerca de un 2% de las participaciones de ArcelorMittal, es la mayor de la historia de España por un caso de fraude a Hacienda. El proceso judicial, que comenzó en 2011 en el Juzgado número 4 de Pozuelo de Alarcón (Madrid), está a día de hoy pendiente de que la Audiencia Provincial dicte apertura de juicio oral.

La Fiscalía acusa a Aristrain de fingir su residencia en Suiza para evitar el pago de impuestos en España entre los años 2005 y 2009. Para ello, habría utilizado varias sociedades, una de ellas —Corporación JMAC BV, S.A.R.L., creada en Holanda—, en el mismo año en que Corporación Aristrain entró en la privatización de Aceralia, de la que se quedó un 11%. En Holanda, Aristrain no estaba obligado a pagar impuestos por los dividendos que recibía de las sociedades en las que participaba ni por las plusvalías por la venta de estas participaciones. En 2002, cuando perdió esos beneficios fiscales, según explica el escrito del fiscal, trasladó la sociedad a Luxemburgo, donde también estaba exento del pago de impuestos por dividendos o plusvalías. Corporación JMAC BV, S.A.R.L. era propiedad de Corporación JL Aristrain SL, el buque insignia de Aristrain, que a su vez era propiedad de José María Aristrain —67,19%— y Fundación Navarra Aristrain de la Cruz —30,83%—.

El empresario habría usado esta estructura societaria para no pagar en España los impuestos correspondientes a los dividendos que recibió por sus acciones en Arcelor SA y, después —tras la opa—, por las acciones en ArcelorMittal SA y ArcelorMittal Steel —, de las que tenía el 3% del total del gigante metalúrgico en 2008—. Tampoco tributó por la ganancia que sacó con la venta, en 2008, de sus acciones en ArcelorMittal. Fuentes de la multinacional en España prefieren “no hacer comentarios” sobre la causa penal seguida contra Aristrain.

Aristrain presuntamente también utilizó la Corporación JMAC BV, S.A.R.L. para no tributar en España —ni en Luxemburgo, donde también estaba exento del pago de impuestos— por los beneficios obtenidos de la liquidación de Tenmat S.L.. El dinero de esta sociedad sería reintroducido en España a través de Corporación JM Aristrain y Guanaba SL, de la que Aristrain es administrador único. A través de otra sociedad en Malta, Wasp Limited, Corporación JMAC BV también mandaba dinero a otra sociedad propiedad de Aristrain, International Restoration Cars Limited, domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas, desde la que compró la casa en Suiza que Aristrain afirma que es su domicilio habitual, un yate de lujo llamado My Steel —con bandera de Islas Caimán— y una colección de coches de lujo que incluía un Ferrari GTO 250, considerado el más caro del mundo.

En total, entre 2005 y 2009 habría defraudado a Hacienda una cantidad que roza los 132 millones de euros solo contando el impuesto de sociedades por JMAC BV. A esta suma la Fiscalía añade unos 7,2 millones de euros por el IRPF y otros 2,7 millones de euros de impuestos de patrimonio. En total, 142 millones defraudados a través de JMAC BV a los que hay que sumar otros 69 millones a través de International Restoration Cars Limited. La Fiscalía calcula que la cifra asciende a 210,98 millones de euros defraudados.

La investigación judicial llevada a cabo sobre Aristrain, en la que se registró su domicilio de Pozuelo donde los agentes encontraron un agenda con varias fechas de reuniones en España, sostiene que el empresario tiene su residencia habitual en nuestro país. Él, por su parte, afirma que vive en Suiza.

La relación del apellido Aristrain con la defraudación a Hacienda mediante el uso de sociedades ocultas en países con una fiscalidad ventajosa viene de lejos. Según expuso una investigación llevada a cabo por la plataforma Filtrala, La Marea, eldiairo.es y Diagonal bajo el nombre Los Papeles de la Castellana, el padre de José María Aristrain, José María Aristrain Noain, con la ayuda del entonces ministro de Industria Gregorio López Bravo, abrió varias sociedades en Liechtenstein y en las Antillas neerlandesas.

Al menos una de ellas, Inometal Trade Holding, domiciliada en Vaduz y que en 1987 llegó a tener 7,3 millones de dólares, podría haber sido compartida por José María Aristrain y su hermana, María Ángeles, como se deduce de un documento fechado en 1993 en el que se reparten el patrimonio paterno.

En la actualidad, José María Aristrain dirige, directamente o a través de Corporación JM Aristrain, sociedades en España que suman al menos 225,8 millones de euros. También ha intentado recuperar de manos de ArcelorMittal los terrenos sobre los que se levantaba, hasta 2012, la antigua fábrica de Villaverde, hoy convertida en un almacén de chatarra.  Este terreno, que llegó a ArcelorMittal tras la fusión con Arcelor en 2012, seguirá en poder de la empresa por resolución de la Audiencia Provincial de Madrid. La multinacional tampoco quiere hacer comentarios sobre los planes que tienen para este recinto.


Un imperio apoyado en subvenciones y préstamos ventajosos

subvenciones ArcelorMittal

Entre octubre de 2014 y diciembre de 2018, ArcelorMittal España recibió cerca de cuatro millones de euros en subvenciones que no contemplaban ninguna contraprestación, según aparece publicado en la web del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones. A este importe se le suman otros 43,9 millones en préstamos. La multinacional siderúrgica fue una de las más beneficiadas por ayudas públicas en 2017. Aquel año recibió el gran grueso de los créditos concedidos —40,6 millones de euros —, además de 1,6 millones en subvenciones.

Del total de las ayudas, hasta 45,7 millones fueron otorgadas por la administración estatal. La gran parte del importe —43,9 millones— fueron préstamos del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, una entidad dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Ese dinero se destinó al centro de I+D que ArcelorMittal ha levantado en Avilés (Asturias), y que es uno de los 14 que tiene por todo el mundo. El resto se dividieron entre compensaciones por la emisión indirecta de CO2 — 1,1 millones de euros— y, en menor medida —apenas 15.000 euros— fueron ayudas del Instituto Español de Comercio Exterior.

A nivel europeo, las subvenciones concedidas a las distintas filiales de ArcelorMittal fueron más sustanciosas. Solo en 2017 — último año con datos publicados por la Comisión Europea (CE)— la siderúrgica recibió 14,3 millones de euros, de los que más de 4,8 fueron para ArcelorMittal Maizieres Research, que investiga, entre otras cosas, soluciones para el automóvil. Desde 2010, los importes de las cerca de un centenar de subvenciones recibidas suman al menos 24,4 millones de euros, sin contar muchas de las ayudas con distintos beneficiarios en las que el importe asignado a cada uno de ellos no aparece publicado por la CE.

Más allá de Europa

Pero son mucho más sustanciosas las ayudas recibidas por ArcelorMittal por parte de organismos financieros internacionales. Uno de ellos, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD, por sus siglas en inglés), le ha otorgado préstamos por un valor de 1.451,56 millones de euros entre 2002 y 2018. Este  organismo financiero se fundó en 1989, justo después de la caída del muro de Berlín, con el objeto de “ayudar a empresas y economías a prosperar”, según señala su propia web. También para la “participación en la reforma de políticas de alto nivel” y para impulsar “economías de mercado abiertas”, apoyando a la empresa privada en Europa del Este y Central, añade la web.

Sus fondos y gobernanza lo forman 67 países de cinco continentes. Uno de ellos es España —desde 1991— , que aporta mil millones de euros a su fondo y que está representada por la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño y por la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva, como suplente.

La expansión y construcción del imperio siderúrgico de Mittal —después ArcelorMittal— se basó en la compra por parte de Lakshmi Mittal de acerías en Europa del Este que, con la caída de la Unión Soviética, se abrieron al mercado. Estas compras fueron acompañadas de ayudas en forma de préstamos ventajosos por parte del EBRD.

El primer gran préstamo que aparece en el apartado de transparencia de la web del EBRD fue otorgado el mismo año que Mittal compró la acería rumana Galati. Este proceso se convirtió en un escándalo en Reino Unido por el rol de intermediario que el entonces primer ministro Tony Blair tuvo en la compra. La planta fue adquirida por Mittal en 2001, después de que la Administración rumana gastara 5.000 millones de euros en sanearla. Mittal se comprometió a invertir en la modernización de la factoría 350 millones de dólares. Para ello, el EBRD le prestó al gigante metalúrgico 175 millones de euros. Dieciseis años después de la operación, la planta de Galati había perdido casi 20.000 puestos de trabajo de los 25.000 que había. En noviembre de 2018, ArcelorMittal la vendió a Liberty House.

Entre 2007 y 2017, ArcelorMittal ha recibido hasta 486 millones de euros para distintos programas de modernización y seguridad de las plantas y minas que tiene en Kazajistán. En 2008, un año después de recibir el primer préstamo —que ascendía a 350 millones de euros—, murieron 30 trabajadores en la mina que la multinacional compró en 1996 en Abaiskaya, Kazajistán. Desde 1996 a 2008, han fallecido 191 trabajadores en sus plantas de este país asiático, según un informe elaborado por Bankwatch Network. A pesar de que diversas organizaciones civiles se reunieron con la entidad financiera para avisar de las malas prácticas en seguridad, medio ambiente y contra la actividad sindical que ArcelorMittal imponía en estas factorías, la respuesta del EBRD fue que la empresa respondía “adecuadamente” a las preocupaciones locales, según se expresa en su Informe de Sostenibilidad de 2010.

El EBRD también supo de las quejas respecto al medio ambiente de la sociedad civil por la forma de actuar de ArcelorMittal en el resto de las plantas en las que había recibido financiación, lo que aparece citado en su informe de 2009, incluidas las de Ucrania, país en el que la multinacional recibió cerca de 700 millones de euros en préstamos entre 2006 y 2018. Todo este dinero iba destinado a la planta de Kryvyi ́Rih, la mayor de Ucrania. ArcelorMittal la compró en 2005, poco después de la Revolución Naranja y solo un año después de que fuera privatizada. Pagó por ella —por el 93% de las participaciones de la emrpesa— un total de 4.800 millones de dólares. Un año después, recibió un préstamo de 174,56 millones de euros para su modernización.

Y la Corporación Financiera Internacional

Otros de los grandes prestamistas de ArcelorMittal es la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), rama privada del Banco Mundial. Según el apartado de transparencia de su web —que contempla los préstamos cuya difusión es aprobada por la entidad—, el IFC otorgó entre 1994 y 2003 hasta 286,3 millones de dólares en ayudas (249,8 millones de euros). Desde la organización BankWatch Network han localizado cuatro préstamos más que han sido difundidos en la web del IFC: dos otorgados en 1997 y 2001 a través de su filial ArcelorMittal Tubarao por 132,5 y 3,4 millones de dólares respectivamente; otro recibido en 1997 por la entonces empresa checa Nova Hut; un tercero que habría recibido, según BankWatch, a través del banco kazajo Kazkommertsbank por 2,5 millones de dólares; y uno más, en 2004, a LNM Group, propiedad de la familia Mittal. Contando estos cuatro préstamos, la suma total de las ayudas otorgadas por IFC asciende a los 774,7 millones de dólares (676,2 millones de euros).

Al igual que el EBRD, Kazajistán  ha sido para el IFC uno de los destinos preferidos a la hora de otorgar préstamos a ArcelorMittal, pero se remontan a varios años antes. El primer crédito de IFC del que hemos conseguido referencias, por 132,5 millones de dólares, data de 1997 y estaba destinado a “restaurar la capacidad productiva” de la planta integral de Temirtau y de las minas. Fue dos años después de que Mittal comprara al gobierno kazajo lo que entonces se llamaba Ispat Karmet Steel Works. También en 1997, según BankWatch, el IFC le dio un préstamo de 250 millones de dólares a Nova Hut, la tercera siderúrgica checa, que fue adquirida en 2002 por ArcelorMittal. En 2003, según el informe de BankWatch, la empresa no había devuelto ninguna parte de la ayuda.

El primer préstamo del IFC a ArcelorMittal fue en 1994 y estaba destinado a Ispat Industries Limited, de la familia Mittal. Fueron 90 millones de dólares como parte de la financiación necesaria para hacer reformas en Alibag, a 30 kilómetros de Bombay. En 1996 recibió otros 45 millones de dólares más para así duplicar su capacidad productiva. Otro préstamo, por 27,3 millones de dólares en 1995, fue para financiar un plan de mejoras que ascendían a un total de 147,4 millones de dólares de la planta que la familia Mittal acababa de comprar un año antes al gobierno de Trinidad y Tobago. Según aparece en la ficha del proyecto desclasificado por IFC, se cobró a través de la sociedad Seolak Investment Ltd., con sede en Islas Vírgenes Británicas, uno de los principales paraísos fiscales del mundo.

*Los cambios de divisa de dólares a euros citados son a fecha de las operaciones a las que hacen referencia

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ArcelorMittal y su lobby en Europa

arcelormittal

En marzo de 2018, Lakshmi Mittal se reunió con Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea (CE). La cita estaba fijada desde hacía meses, pero tuvo lugar tan solo unos días después de que Estados Unidos anunciara la imposición de aranceles a las importaciones de acero. El tema de la reunión entre el dueño de ArcelorMittal y el máximo responsable del principal órgano de decisión europeo era la política industrial y comercial de la Unión Europea (UE). Esta es una de las cuestiones que más preocupan a la multinacional, que se queja de que las importaciones de acero desde China y Turquía, junto a los obstáculos a la venta a EEUU, están mutilando sus beneficios.

Cuatro meses después de aquel encuentro, Europa anunciaba la imposición provisional de aranceles a la importación de determinados productos siderúrgicos y, en febrero de 2019, la CE confirmaba que mantendría estas tasas de un 25% a los productos de acero importados a partir de un límite máximo.

ArcelorMittal está inscrita desde junio de 2009 como grupo de presión en el Registro de Transparencia de la CE. Como responsable jurídico en el registro figura Geert Van Poelvoorde, que es el actual vicepresidente ejecutivo de ArcelorMittal Europa. El encargado de las relaciones con la Unión Europea es Robert Jan Jeekel. Desde diciembre de 2014 hasta diciembre de 2018, los representantes de ArcelorMittal han mantenido hasta 55 reuniones con cargos de la Comisión Europea. La última de ellas en 2018, el 22 de noviembre, fue con Jan Ceyssens, que es miembro del gabinete del vicepresidente de la CE, Valdis Dombrovskis. Los temas del encuentro versaron en torno a los impuestos y los estándares de calidad.

En octubre, la multinacional se reunió con Daniel Calleja Crespo, director general de Medio Ambiente de la CE. Y dos semanas antes, con un miembro del gabinete de Jean-Claude Juncker para hablar sobre política energética. En junio, el comisario europeo de Energía y Acción por el Cambio Climático, Miguel Arias Cañete, se vio con miembros de ArcelorMittal. Ya habían hablado en diciembre de 2016 para discutir sobre la reforma del ETS, el sistema de comercio de emisiones, que fue aprobado finalmente en febrero de 2017 por el Consejo de Medio Ambiente.

ArcelorMittal tiene empleadas a tres personas cuyo único trabajo es hacer presión en Bruselas a favor de sus intereses. A estas se suman cinco personas más que dedican entre el 25% y el 75% de su jornada a ejercer de lobistas. En total, gasta entre 1,5 y 1,75 millones de euros anuales para hacer lobby en la Unión Europea, según cifras del Registro de Transparencia europeo.

Desde enero de 2017, ArcelorMittal paga entre 50.000 y 99.000 euros a Image Sept Bruxelles, que se define como una consultoría de comunicación, estrategia y asuntos públicos, para que haga lobby por la empresa, según consta en el Registro de Transparencia de la Unión Europea. Esta firma está presidida por Anne Méaux, francesa de 64 años que en su pasado se dedicó a la política —con el Partido Republicano— hasta que a finales de los años 80 creó su empresa de comunicación —junto a la periodista y expolítica Marie-Hélène Descamps, que fue diputada europea hasta 2009. Image 7 representa y asesora a las principales fortunas francesas. Méaux también habría trabajado para el exdictador tunecino Ben Ali desde los años 90, según publicaba Le Canard Enchainéen 2011.

Méaux es, según la revista francesa de actualidad empresarial JDN,la persona que intermedió en la opa de Mittal sobre Arcelor, facilitando que el empresario indio “sedujera” a muchos de los representantes de las zonas industriales francesas afectadas. En 2006, año de la opa, de los 100.000 empleados que contaba Arcelor, 30.000 estaban en Francia.

ArcelorMittal es miembro, a nivel europeo, de hasta cinco organizaciones, además de las federaciones nacionales de industria y acero de cada país miembro en los que opera.Entre estas instituciones figura Businesseurope—la patronal de patronales a nivel europeo—, que participa en medio centenar de grupos de expertos de la CE y que desde diciembre de 2014 hasta enero de 2019 ha mantenido cerca de 200 reuniones con altos cargos de las instituciones europeas. La multinacional también forma parte de la Asociación Europea del Acero (Eurofer, por sus siglas en inglés) o la The American European Community Association, que entre sus temas de interés están la Asociación Trasatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP) o el Brexit.

A nivel estatal han sido varios los escándalos relacionados con ArcelorMittal por haber influido sobre decisiones políticas de manera ilegítima. Los dos más conocidos tuvieron lugar en 2002, años antes de la opa sobre Arcelor. Mittalgate es el nombre con el que bautizó la prensa británica el supuesto trato de favor hecho por Tony Blair a la multinacional. El entonces primer ministro británico envió una carta a su homólogo rumano para animarle a que diera su visto bueno a la compra por parte de Mittal de la acería rumana Galati, después de que el empresario indio donara dos millones de libras al Partido Laborista.

Ese mismo año, en Polonia, Mittal contrató a una consultora para intervenir en la privatización del grupo siderúrgico PHS, el mayor del país, y del que la empresa se quedó con el 70%. La consultora fue después acusada de haber sobornado a varios funcionarios en otros temas. En 2007, el Tribunal de Cuentas polaco revisó la venta y determinó que el precio pagado por Mittal estaba subestimado en 513 millones de euros.

Lobby en Estados Unidos

La empresa de Lakshmi Mittal también ha destinado mucho dinero en influir en la política estadounidense. En concreto, según datos del Senado de Estados Unidos que recoge el proyecto opensecrets.org, la multinacional destinó en 2018 un total de 1,47 millones de dólares (1,28 millones de euros) en presionar al Gobierno federal, una cifra que multiplica los 160.000 dólares (139.450 euros) que Mittal gastó en 2006, cuando aún no se había materializado la opa a Arcelor.

Para las labores de lobby en Estados Unidos, al menos desde 2006, Mittal —y después ArcelorMittal— cuenta con los servicios del despacho de abogados Kelley, Drye and Warren, al que paga anualmente un promedio de 280.000 dólares (243.894 euros). Este despacho, que en 2018 tuvo una facturación de más de cinco millones de dólares solo de lobby a nivel federal en EEUU, tiene en su currículum el haber liderado la defensa de Hércules —una de las empresas que fabricaba el agente naranja utilizado durante la guerra de Vietnam que provocó cáncer a miles de personas— o a Union Carbide, responsable de la fuga de gas de Bhopal, en India, considerado el mayor desastre laboral, con cerca de 3.800 muertos, según datos del gobierno indio.

Además del presupuesto destinado a hacer lobby, la filial de ArcelorMittal en Estados Unidos destinó más de 75.000 dólares (según datos del 5 de abril de 2019) en donaciones a repartir entre el Partido Republicano (56,4%) y el Partido Demócrata (43,6%), según datos de la Comisión Electoral Federal recogidos por opensecrets.org entre 2017 y 2018. En las elecciones de 2016 metió algo más de dinero: 104.541 dólares, de los que también se llevaron algo más los republicanos.

*Los cambios de divisa de dólares a euros citados son a fecha de las operaciones a las que hacen referencia