[DOSSIER] Indra, la construcción de un gigante tecnológico

Indra

Indra fue creada por el Estado en 1993 como principal grupo tecnológico y de defensa. A través del Instituto Nacional de Industria y después de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el Estado ha permanecido durante la mitad de la vida de la empresa como su principal accionista. No era una cuestión baladí. El grupo tecnológico había sido creado para llevar a cabo trabajos de carácter delicado para España, desde la tecnología para los recuentos electorales hasta el desarrollo tecnológico de defensa.

El grupo Indra se compone actualmente de 124 sociedades, según aparece en las últimas cuentas presentadas, correspondientes a 2018. A ellas se suman dos sociedades más que a fecha del cierre de cuentas estaban en liquidación —Politc Argentina SA y Tecnocom Paraguay SA—. 39 de ellas tienen domicilio en España y las más de 80 restantes está repartidas por otros 41 países.

Pero las ramificaciones de Indra van mucho más allá. El gigante tecnológico participaba a cierre de 2018 en cerca de 300 uniones temporales de empresas (UTE) con objetivos tan distintos como la construcción del túnel de Pajares para el paso del tren de alta velocidad, la consultoría de empresas o los sistema de pago en los transportes públicos de Barcelona o País Vasco.

Con más de 40.000 personas empleadas por todo el mundo, de los que más de la mitad están en España, Indra tiene su centro de operaciones en Alcobendas (Madrid), en un espacio que alquila a Merlin Properties —el nuevo gigante inmobiliario que se ha convertido en el tercer socio de la Operación Chamartín— por seis millones de euros anuales.

Es ahí donde se concentra la parte de Indra dedicada a consultoría y tecnologías de la información, una de las dos ramas en las que se divide el grupo desde que en 2017 presentaron su nuevo plan estratégico. La otra, laboralmente concentrada en Torrejón de Ardoz, es la que, sin embargo, proporciona los contratos más rentables: los de defensa y transportes.

Los últimos años han sido duros para Indra. A la imputación de su expresidente Javier Monzón, de la propia empresa y de otros tres altos cargos en la trama Púnica por supuesta financiación ilegal del Partido Popular madrileño, se le suma un agujero económico que alcanzó los 641 millones de euros en 2015, su peor año.

El futuro, sin embargo, se ve halagüeño. Los últimos contratos firmados para liderar desde España el diseño del nuevo avión de combate europeo que sustituirá a Eurofighter ya han comenzado a reflejarse en el valor de las acciones de Indra en bolsa y se prevé que en este año la empresa reparta dividendos tras seis años de sequía.

A 31 de diciembre de 2018, el capital suscrito y desembolsado en Indra Sistemas, la empresa matriz del grupo, ascendía a 35,3 millones de euros divididos en 176.654.402 acciones de 0, 20 euros. La sociedad pública SEPI en 2013 volvió a su posición inicial de accionista mayoritario con un 18,7% de las acciones.

FICHA TÉCNICA

NombreIndra
Actividad Diseño, desarrollo, producción, integración, operación, mantenimiento,reparación y comercialización de sistemas, soluciones y productos que hagan uso de las tecnologías de la información.
PresidenteFernando Abril-Martorell Hernández
Sede social Avenida de Bruselas, 35 Alcobendas (Madrid)
Ingresos 3.103.735.000 euros
Beneficio neto 23.718.070,84 euros
Margen de beneficio neto9,4%
Plantilla 41.572 trabajadores más 70,3 millones de euros en subcontrataciones y otros gastos en 2018.
Número de sociedades dependientes123
Presencia internacional 41 países en cinco continentes

De EISA a Indra, 80 años de fusiones para crear el grupo tecnológico estatal de referencia

Indra

Indra nació como otra de las criaturas fraguadas al albor de la ola de fusiones empresariales y privatizaciones —con la posterior vuelta al sector público— del último gobierno de Felipe González. Su árbol genealógico comienza en 1921, con Experiencias Industriales SA (EISA), una empresa con sede en Aranjuez dedicada a la fabricación de artillería y equipos de control para ferrocarriles, tranvías y trolebuses, que durante la guerra civil se mantuvo fiel a la República, como se deduce del testimonio de Concha Carretero, miliciana que trabajó en el taller en el primer año de guerra. Sería una de las empresas que fueron tomadas por un recién creado Instituto Nacional de Industria (INI), en 1945, y por sus instalaciones pasarían al menos 40 presos políticos del franquismo para realizar trabajo esclavo.

En 1982, el Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, con Albert Oliart Saussol a la cabeza del Ministerio de Defensa —de 2009 a 2011 presidente de RTVE— declaraba el interés militar de sus instalaciones. Fue el año en que España entraba en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Para entonces, la empresa, 100% estatal, contaba con 649 trabajadores, de los que 50 se dedicaban a I+D, según detalla el informe Crónicas y testimonios de la telecomunicaciones españolas, editado por el Colegio Oficial de Ingenieros de la Telecomunicación en 2006. Estaba a las puertas de la serie de fusiones que daría lugar a Indra.

Cuatro años después de la entrada en la OTAN, y un año antes del referéndum de la pregunta trampa impulsado por el PSOE sobre la permanencia de España en esta estructura militar, en 1985, la fusión de Equipos Electrónicos SA (EESA) —empresa creada en 1973 y participada por el INI desde 1977 enfocada en la producción de radares y equipamiento electrónico para buques, aviónica y sistemas de armas— y EISA da lugar a Inisel. A su cabeza estaba Eduardo Moreno, que después sería consejero en Cortefiel, Unión Fenosa, Endesa, Airtel y Renfe. La fusión convertía al grupo en el segundo en el sector de la electrónica en España, solo por detrás de Telefónica, según señala el citado informe del Colegio de Ingenieros de la Telecomunicación.

Pero fue siete años después cuando una nueva fusión terminó de moldear a Indra. Fue la de Inisel y Ceselsa. Ceselsa procedía de una división madrileña creada en 1971 por CECSA, empresa radicada en Catalunya y fundada en los 60 por Enrique Masó, empresario cercano al franquismo formado en Estados Unidos que dos décadas después sería, por un par de años —entre 1973 y 1975— alcalde de Barcelona.

El trabajo de CECSA estaba dirigida a la producción de receptores de radio y televisores, cuya presencia comenzaba a ser habitual en los salones de los hogares españoles. Su división en Madrid, que años después se convertiría en Ceselsa, se dirigió a los programas de defensa aérea del Ejército, participando en el concurso público para el desarrollo del programa Combat Grande I, sobre digitalización de datos de control aéreo, por 58 millones de dólares, según respondió el entonces ministro de Defensa, Narcís Serra i Serra, al diputado Jorge Vestrynge en el Congreso el 23 de octubre de 1985, a raíz de la denuncia de deficiencias en los sistemas de control aéreo.

Al terminar el programa, en 1978, la división electrónica de CECSA se quedó al borde del cierre. Fue, según explica el ingeniero Vicente Ortega Castro, en su obra Del Combat Grande al Sacta. Un proceso fructífero de innovación tecnológica, la entrada en la empresa del ingeniero industrial José Antonio Pérez-Nievas —imputado por el caso Pescanova, que llegará a juicio en diciembre, por uso de información privilegiada, como miembro del consejo de administración de la empresa, a la hora de vender sus acciones antes de su quiebre— lo que impidió el cierre de la división y su conversión en Ceselsa. Pérez-Nievas “peleó fuertemente con los sindicatos y con el Consejo de Administración para conseguir que la empresa no cerrara”, relata Ortega Casto.

Originario de Tudela, Pérez-Nievas era una persona de posibles: su suegro era Ramón Vizcaíno, cuyo grupo empresarial, dedicado a las instalaciones frigoríficas industriales, llegó a tener presencia en 40 países; su tío Juan Luis Heredero había fundado Piher, taller dedicado al montaje de radios que llegó a emplear a 3.000 trabajadores en cinco fábricas, a ser uno de los principales proveedores de Motorola y la segunda exportadora industrial de España, solo por detrás de Seat.

La “cabezonería y la chulería” de Pérez-Nievas, detalla un texto firmado por José María García-Hoz para Expansión, le valió que le llovieran contratos de la Administración, muchos más que a la pública Inisel. Pero también pudo tener algo que ver que en su consejo de administración estuviera Joan Majó, ministro de Industria entre julio de 1985 y julio de 1986. Antes de ser ministro, Majó había ocupado altos cargos en el mismo ministerio, como el de director general de Electrónica e Informática, desde el cual aprobó el primer plan de desarrollo de las tecnologías encargado por Calvo Sotelo en 1981 a un comité en el que, entre otros, figuraba el fundador de Cecsa.

El plan, que fue entregado por este comité a Majó en 1983, se convertiría un año más tarde en el Plan Electrónico e Informático Nacional (PEIN), que contemplaba una inversión de 31.291 millones de pesetas de los que casi la tercera parte irían destinados a electrónica para la defensa. Majó dimitiría de su cargo de diputado en enero de 1988, después de que el semanario Globo publicara que, durante seis meses, había compaginado su cargo de consejero en Ceselsa e Hispano-Olivetti con el de ministro, sin haber informado de ello al Parlamento. Era el primer caso de incompatibilidad que se hacía público.

El sucesor de Majó en Industria no sería tan majo con Ceselsa. Luis Carlos Croissier, que tras dejar el ministerio en julio de 1988 fue nombrado primer presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, antes de ministro fue presidente del INI. Llegó al ministerio en 1986, un año después de que la fusión de EISA y EESA dio lugar a Inisel. El siguiente gran programa de tecnología de defensa, después de los Combat Grande, fue el SIMCA —Sistema Integrado de Mando y Control Aéreo—, con el que se quería facilitar la toma de decisiones en operaciones militares en todo el espacio aéreo español, en coordinación con el programa ACCS de la OTAN. El Simca comenzó a planearse en 1982, año de ingreso de España en la estructura militar internacional, y en 1986 se definió. Entre otros, incluía la producción de 14 radares tridimensionales llamados Lanza, de los que se encargaría Ceselsa. Y aquí Croissier, y posteriormente su sucesor, Claudio Aranzadi, harían el truco.

Cuenta García de la Hoz que para sufragar el I+D necesario para la producción de los radares, por los que se iba a embolsar 35.000 millones de pesetas, Ceselsa firmó un contrato con los ministerios de Defensa e Industria para que cada una de las tres entidades aportara un millón de pesetas. Ceselsa sí habría invertido el millón de pesetas que le correspondía, pero los ministerios no y, cuando se quedó sin liquidez, condicionaron un cheque del Banco de España por 500 millones de pesetas a la fusión con Inisel.

En 1992 se firmó la fusión de Ceselsa e Inisel, y la entidad resultante se quedó con el contrato de los radares. Las accionistas del nuevo grupo fueron el INI —un 62%—, José Antonio Pérez Nievas, presidente de Ceselsa —20%—, Sainco —accionistas de Inisel, 4%—, BBV —4%— y Paribas —3%—, y estaba dividido en cuatro divisiones: defensa, electrónica civil, espacio y consultoría y servicios informáticos. Acababa de nacer Indra.

El Gobierno no suelta a Indra

Indra nació dividida en cuatro sectores —defensa, comunicaciones, consultoría y espacio— que englobaban a poco más de una docena de sociedades. A su frente estaba Javier Monzón, que llegaba de presidir Inisel y que se mantuvo como presidente del grupo hasta 2015. La empresa había nacido bajo el mando del INI (después SEPI), que atesoraba un 62% de las acciones de la compañía, y en él se mantuvo durante algunos años hasta que el gobierno de José María Aznar la incluyó en su política de privatizaciones. Pero a Indra, el Gobierno nunca la soltaría del todo.

En 1995, una ampliación de capital por 10.000 millones de pesetas, a propuesta de Monzón, daría entrada en Indra a la multinacional Thomson-CSF —actualmente Thales, también con capital en parte público, pero francés—, que se quedó con el 24,9% del grupo tecnológico y de defensa por 3.000 millones de pesetas. Hasta entonces, el poder de Indra recaía en Teneo, una sociedad de capital público creada a la misma vez que Indra para que fuera destinataria de las participaciones públicas susceptibles de ser gestionadas con criterios empresariales homogéneos y que se regiría con estricta sujeción al ordenamiento jurídico privado, según declaraba el texto de los Presupuestos Generales del Estado de 1992 que sirvió como partida de nacimiento.

Tres años después, en 1998, comenzaría la primera fase de privatización. Para ello, el primer paso sería asegurarse de que los franceses no se quedaran con el control de Indra cuando la Sepi vendiera su 63%. En mayo de 1998, la Sepi y Thomson llegan a un acuerdo por el cual la francesa reducía su participación en Indra del 24,99% hasta el 10,5%. La diferencia iría a a parar a “socios institucionales españoles”, según cita la Sepi. Un año después aparecieron estos socios: Caja Madrid se quedó con un 10,5% de Indra y Banco Zaragozano con el 4% restante.

Ya con la amenaza francesa despejada, la Sepi se deshizo de su parte del pastel en Indra en marzo de 1999 sacando a Bolsa su 63% de acciones en una operación dirigida por el Banco Santander y Paribas con la que el Estado se embolsó 437 millones de euros.

Pero Sepi volvió a Indra. En agosto de 2013, la sociedad estatal compraba el 20,1% de acciones que en aquel entonces estaban en poder de Bankia. La venta de las acciones por parte de la antigua Caja Madrid era parte de su Plan de Reestructuración tras una crisis que costó al erario público 147.000 millones de euros, según un informe elaborado por la Plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda.

La compra de las acciones de Indra sería, a su manera, parte de ese rescate. Por 337 millones de euros, la venta le suponían a Bankia unas plusvalías de 43 millones de euros. Según afirmó el entonces presidente de la Sepi, Ramón Aguirre —que cobraba por el cargo 218.871,38 euros anuales, según publica Infolibre—, la vuelta de la entidad pública a Indra fue a causa de “la incertidumbre que generaba sobre la reestructuración accionarial de Indra la obligación de venta que tenía el Grupo BFA-Bankia, la importancia de la actividad de la compañía en sectores estratégicos para la defensa nacional y de seguridad, y, por supuesto, el valor de Indra como una de las principales compañías tecnológicas con presencia internacional que refuerzan la marca España”.

2014 y 2015 fueron años muy difíciles para Indra. De los 189,5 millones de euros de beneficios que había conseguido en 2010, su año de mejores cifras, las ganancias fueron bajando poco a poco hasta los 115 millones de euros en 2013. El año siguiente sufrió unas pérdidas de 90 millones de euros y, en 2015, de 641,2 millones de euros. En julio de 2014 fue la última vez que repartió dividendos entre sus accionistas, de 0,34 euros por acción, y correspondientes al ejercicio de 2013.

En enero de 2015, la junta de accionistas, forzada por la Sepi y Corporación Financiera Alba, acordaba el reemplazo de Javier Monzón, presidente de la compañía desde sus inicios. Monzón abandonaría Indra con 16 millones de euros en varias partidas como “plazo contractual de preaviso” o “pagas extra y vacaciones no disfrutadas”, entre otros,, aunque dos años después devolvería a la empresa uno de esos millones por haber utilizado el avión privado de la compañía para asuntos privados, un avión cuyo alquiler costaba 3,5 millones anuales a Indra, según El Confidencial. Le sustituyó en el cargo Fernando Abril-Martorell, que llegaba a Indra tras ser consejero delegado en Telefónica y Prisa, esta última siguiente destino de Monzón. Pero las cuentas de Indra siguieron empeorando y en ese año tocaría fondo: sus pérdidas superaron los 640 millones de euros.

En 2017, Indra anunciaba su Plan Estratégico para 2018-2020. Un programa de reestructuración que supuso la agrupación de todas las sociedades que trabajan en tecnologías de la información (TIC) de Indra en una sola filial, separando las actividades TIC de las de defensa y transportes. El mismo año aprobó la compra de Tecnocom por 305 millones de euros. El objetivo: reforzar su posición en el sector financiero y de tecnologías de la información.

Los altos cargos de Tecnocom pasaron a Indra, pero por poco tiempo. Pocos meses después, hasta seis cargos procedentes de Tecnocom presentaban su dimisión en Indra, y, el 22 de diciembre de 2018 también lo haría el que fuera presidente de Tecnocom, Javier Martín, que se marcharía con 3,17 millones de euros bajo el brazo. Pero, al menos de primeras, la compra no le salió muy rentable. En el primer trimestre de 2018, el beneficio neto de la compañía fue de 11 millones de euros, un 49% menos que en el mismo periodo del año anterior.

“Todo lo que Monzón había escondido debajo de la mesa, lo relacionado con defensa, y la parte industrial, como transporte y tráfico, es lo que conforma en la actualidad Indra Sistema; el resto son subsidiarias”, explica Manuel Guirao, de CGT Indra, sobre el Plan Estratégico que reorganiza los ámbitos de trabajo de Indra, que relaciona con la Púnica. “A raíz de estar en esos escándalos, para salvaguardar esa parte de Indra se le cambia el nombre y se le quiere dar una imagen no ligada a Indra”, añade .   

Actualmente, la matriz de Indra cuenta con un capital social suscrito y desembolsado de 35,3 millones de euros repartidos en 176.654.402 acciones con los mismos derechos a voto. El máximo accionista es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), heredera del Instituto Nacional de Industria (INI) y dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

A día de hoy, su porcentaje de acciones es del 18,71%. Le sigue la Corporación Financiera Alba —10,52%—, Fidelity Management and Research (FMR) CO —con sede en Boston, 9,36%—, T Rowe Price Associates, Inc —con sede en Maryland, 4,9%—, Norges Bank —banco central de Noruega, 4,13%—, Schroders PLC —británica, fundada por la familia Schroder, de Hamburgo. Tiene entre sus consejeros a Daniel de Fernando García, ex director de Patrimonio de BBVA y con quien el exministro de Justicia José María Michavila había creado la gestora Mdef Partners—.

Entre los miembros de su consejo de administración, Fernando Abril-Martorell, con 0,20% de acciones, es el que tiene mayor poder de voto en la compañía. Le sigue Cristina Ruiz Ortega, desde febrero de 2018 consejera directora general de Tecnologías de la Información en Indra, con el 0,03%, y el resto de consejeros con el 0,02% y 0,01%.

Abril-Martorell es, desde enero de 2015, el presidente de la comisión ejecutiva, del comité de dirección y del consejo de administración de Indra, cargo que compagina con el de consejero en la papelera Ence y de Adevinta —propietaria de las web infoJobs o Fotocasa, entre muchos otros—. Solo por su cargo en Indra los ingresos de Abril-Martorell en 2018 ascendieron a 2 millones de euros, según aparece en las cuentas de Indra de ese año. El año anterior cobró más de 7 millones de euros.

Con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, tras la moción de censura de verano de 2018 a Mariano Rajoy, el puesto de presidente de Abril-Martorell peligró. El nuevo director de la Sepi, Vicente Fernández Guerrero –quien dimitió en octubre de 2019 siendo relevado por Bartolomé Lara–, muy vinculado al PSOE andaluz, cambió, al poco de llegar al cargo, las cabezas de Aena, Renfe, RTVE, EFE, Correos, Navantia, Tragsa, Hunosa, Saeca y Cetarsa, pero finalmente decidió respetar el nombramiento por parte del Partido Popular de Mariano Rajoy de Abril-Martorell en Indra. Eso sí, eliminó del consejo de administración a dos consejeros vinculados al Partido Popular —Adolfo Menéndez y Juan Carlos Aparicio— para colocarle otros dos vinculados al PSOE: Miguel Sebastián —exministro de Industria— y Antonio Cuevas.

Indra: El ‘Gran Hermano’ que diseña armas y gestiona historiales médicos (1)

Cuando vas en el autobús y conectas tu móvil a su wi-fi, ahí está Indra. Cuando en tu hospital, tu médico de cabecera busca tu historia médica, ahí está Indra. Cuando un drone sobrevuela por Afganistán, cuando un submarino detecta una nave no identificada, cuando una cámara de vigilancia te graba en tu barrio, cuando pagas por telepeaje los cinco euros que te cobran por un pequeño tramo de la autopista de turno y cuando vas a votar en las elecciones. Ahí también está Indra.

El objeto social de la principal compañía tecnológica española cubre desde diseño de aeronaves, obra civil, consultoría y “la prestación de servicios de externalización de todo tipo de actividades y procesos pertenecientes a cualquier campo o sector”. Todo.

En noviembre de 2017, el Consejo de Administración de Indra Sistemas S.A., la cabeza del grupo, aprobó el Plan Estratégico 2018-2021, por el que el grupo se reorganizaba en dos grandes divisiones: Transporte y Defensa —que incluye también seguridad y tráfico— y Tecnologías de la Información (TI) —que incluye energía e industria, servicios financieros, telecomunicaciones y media, administraciones públicas y sanidad. “Como consecuencia de la operación de segregación llevada a cabo en el ejercicio, la gran parte de la actividad de la sociedad corresponde al Segmento TI”, señala el grupo empresarial en sus cuentas de 2018

El 62% de los ingresos que consiguió Indra en 2018 procedoió de sus ramas de tecnología civil —ese segmento TI que comercialmente se enmarca bajo la marca Minsait—. Un alto volumen de negocio que, sin embargo, reporta a la empresa mucha menos rentabilidad que las armas, seguridad y transportes, que a nivel de ingresos se reparten el 38% restante. Según aparece en las cuentas, el beneficio antes de intereses e impuestos (EBIT) de la parte de transporte y defensa de Indra en 2018 ascendió al 16,8%, frente al 9% de la parte dirigida a tecnologías de la información.

Será por ello que es en el área de defensa en la que la empresa sigue invirtiendo mayores cantidades destinadas a desarrollo de productos. Según aparece en las cuentas del último ejercicio, Indra invirtió en 2018 cerca de 142 millones de euros en el desarrollo de productos de defensa y seguridad. El año anterior, las inversiones en defensa alcanzaron los 130,5 millones de euros.

Minsait es el nombre comercial que engloba los productos de tecnologías de la información relacionados con la transformación digital y que ahora se agrupan en la empresa Indra Soluciones Tecnológicas de la Información S.L.U.

Los servicios financieros son su producto estrella a nivel de ingresos, con un 21% de todo el volumen de negocio del grupo Indra. En la web de Minsait se reconocen como líderes en la transformación de banca y aseguradoras, con Bankia, BBVA y Triodos entre sus clientes. Le sigue el apartado de energía e industria, con un 19% del volumen de negocio, administraciones públicas y sanidad —14%—, y telecomunicaciones y media —8%—.

Los servicios de consultoría son unos de los principales del grupo —Indra se autodefine como “una de las principales empresas globales de consultoría y tecnología”. De hecho, lo ha sido tanto que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) inició en febrero de 2019 un expediente sancionador contra Indra y otras 24 empresas por negociar entre ellas para repartirse contratos de consultoría en licitaciones impulsadas entre 2009 y 2018 a partir de una denuncia de la Autoridad Vasca de Competencia sobre contratos del Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca. 

Las administraciones públicas y la sanidad es otro gran pedazo del pastel, con el 14% de ingresos este año. Dentro de este apartado, uno de sus servicios más polémicos es la gestión y difusión del escrutinio en procesos electorales, un trabajo en el que Indra se encarga de centralizar los datos procedentes de cada mesa electoral. Según afirma la empresa en la web de Minsait, desde 1978 —24 años antes de que naciera Indra como tal— hasta ahora ha participado en 400 procesos electorales en 40 países.

Entre otros, las elecciones de Argentina de 1995 —esas en las que Carlos Menem consiguió la reelección con el lema “Soy yo o el caos”, las de 2018 en Colombia o las de 2014 en Iraq. Y casi todos los procesos de elecciones generales en España. El celebrado en abril le supuso a Indra 7,44 millones de euros. El del 10 de noviembre, otros 6 millones de euros

En el ámbito de la sanidad, los productos de Indra también están presentes en más de 5.800 hospitales y centros de salud, según señalan en la web de Minsait. Entre sus clientes está la Junta de Andalucía —comunidad en la que se ha ocupado de la integración de los sistemas de gestión sanitaria—, el Gobierno de Bahrein —país en el que se ha ocupado de la estandarización de procesos clínicos— o Bogotá (Colombia). También se ocupa del sistema de receta electrónica en la Comunidad de Madrid.

La investigación y desarrollo de productos enfocados al sistema sanitario también le ha reportado a Indra ayudas públicas y subvenciones, entre 2008 y 2019, por al menos 3,5 millones de euros, la mayor parte de ellas procedentes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. La de mayor cuantía, un proyecto denominado Sistema de Rehabilitación Integral, en el que participaban otras cuatro entidades, supuso unos ingresos para la empresa en 2011 de al menos 1,4 millones de euros, según aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado. Sin embargo, no aparece en el listado de subvenciones recibidas que Indra facilita en su página web.

La segunda subvención pública por importe en sanidad corresponde al proyecto Aimes, otorgada en 2008 y con el objeto de “diseñar y desarrollar una novedosa infraestructura de comunicaciones y servicios adaptada al entorno hospitalario”, según aparece en la web de Indra. Le ha supuesto a la empresa al menos un millón de euros, según consta en dos partidas publicadas en distintas ediciones del BOE en 2009 —por 955.796,40 euros— y 2011 —por 37.667,50 y por 92.720 euros—.

Indra también ha sido una de las impulsoras del concepto de ‘smart city’ en España. Ya en 2013, la compañía lideró un consorcio que, a cambio de 11,5 millones de euros —el 80% de ellos financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), transformó A Coruña en una ‘ciudad inteligente’.

En su primera fase, el proyecto se centraba en aplicaciones para móviles con la agenda cultural y de ocio de la ciudad, y una visita guiada con realidad aumentada. Después también incluía construir la sede electrónica del consistorio, que formaría parte del portal Coruña Smart City, con información sobre gasolineras cercanas, bicicletas públicas disponibles o farmacias de guardia. El proyecto se basaba en la plataforma Sofia, un desarrollo tecnológico que en Indra sería base para su tecnología de ‘smart city’ impulsado por Nokia —y con la participación de otras 17 empresas— y financiado en parte —6 de los 36 millones de euros en los que se planteó en total— por la Comisión Europea.

La ayuda que la multinacional recibió de la Comisión Europea por el desarrollo de esta tecnología ascendió a 453.702,43 euros. Según aparece en la web de Indra, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo también subvencionó el desarrollo de esta tecnología, pero no se ha podido encontrar el importe asignado. En 2017 se unió al carro de las ‘smart cities’ Logroño, adjudicándole a una unión temporal de empresas liderada también por Indra la Plataforma Smart Logroño para la gestión integral de los servicios municipales por 1,7 millones de euros.

Pero si un producto de Indra vendido a las administraciones públicas dio que hablar, ese fue LexNet. El programa de digitalización judicial comenzó sus primeros pasos en 2010 y en 2011 comenzó a implantarse. Indra se ocupó de su aplicación en las comunidades autónomas. Desde el primer momento, juristas han denunciado un sinnúmero de fallos en el sistema, que van desde problemas en la carga de documentos —que pueden suponer una condena o absolución para personas procesadas— a fallos en seguridad o notificaciones dirigidas a destinatarios erróneos.

En 2018, Indra ganaba el concurso para hacerse con el contrato para el apoyo tecnológico a la Oficina de Gestión del Servicio (SMO), responsable del buen funcionamiento de LexNet, por 5,68 millones de euros

Antes, en 2007, recibió un contrato por 1,8 millones de dólares para automatizar el sistema judicial de Nicaragua, y, cinco años después, otro contrato por 23,7 millones de dólares, para modernizar la gestión del sistema judicial en Ecuador. A día de hoy, según aparece en sus cuentas, Indra está pendiente de un proceso contencioso-administrativo impulsado por la Contraloría General de Estado de Ecuador en relación a este último contrato en 2013. Desde Ecuador denuncian que, cuando Indra entregó el producto, denominado Justicia 2.0, se encontraron 133 fallos que la empresa no quiso resolver

El grupo de administraciones públicas es uno de los principales clientes de Indra. Solo en el periodo en 1996 y 2002, la Sindicatura de Comptes de Catalunya localizó hasta 20 contratos entre Indra y distintas administraciones e instituciones catalanas que sumaron más de 8,3 millones de euros, según aparece en el informe publicado en enero de 2008 en el Boletín Oficial del Parlament.

En este informe se advierte sobre contrataciones formalizadas fuera de plazo y que después sufrieron modificaciones que lo encarecieron en un 23,9%, contratos fraccionados para no superar los límites de un contrato menor, con menos requisitos a la hora de ser justificados —para el desarrollo del Sistema de gestión para la integración tarifaria (SGIT) del Consorcio Autoridad del Transporte Metropolitano—, o contrataciones directas, sin expediente ni cláusulas administrativas.

El sector de Transporte y Tráfico supuso el 20% de los ingresos de Indra en 2018. Dentro de este área de productos, la gestión de rutas aéreas, los sistemas de pago, el entretenimiento en los transportes y el telepeaje en autopistas son sus productos estrella.

En desarrollo tecnológico relacionado con autopistas, destaca el proyecto Oasis, en el que Indra participa junto a OHL, Abertis y Dragados, entre otras entidades, y que está financiado por el CDTI, sin que se haya podido averiguar el importe recibido de las arcas públicas. El proyecto, tenía como objeto llevar el telepeaje a las autovías españolas y se emprendió el mismo año que desde el Gobierno de Mariano Rajoy se planteó la posibilidad de aplicar peajes en las autovías, idea que el Gobierno de Pedro Sánchez ha reactivado en agosto de 2019

En la implantación del Tren de Alta Velocidad (AVE), Indra ha tenido uno de los papeles protagonistas. Un expediente sancionador impulsado también por la CNMC la incluía entre las 26 empresas españolas que habrían formado un cártel para repartirse contratos de electrificación y electromecánica por más de 837 millones de euros. Según aparece en las cuentas de la empresa, la CNMC propuso en agosto una sanción para Indra por este tema de 1,4 millones de euros y prohibirle contratar con administraciones públicas.

Indra: El ‘Gran Hermano’ que diseña armas y gestiona historiales médicos (y 2)

subvenciones Indra

La historia de Indra va unida al armamento español. Una estrecha relación que se mantiene en la actualidad y que se ha extrapolado al ámbito europeo. La elección, en septiembre, por parte del Gobierno español de Indra para que coordine la participación de la industria española en el diseño y construcción del nuevo avión de combate europeo que sustituirá al Eurofighter, el Future Combat Air System (FCAS)  ha supuesto un gran empujón. Con un coste total previsto en 100.000 millones de euros, su situación de coordinador del proyecto por parte de España le asegurará llevarse una buena tajada

No han sido las únicas buenas noticias que la parte de defensa de Indra se ha llevado últimamente. En mayo de este año, Navantia elegía los sistemas de guerra electrónica de Indra para que formaran parte del equipo de las fragatas que construye para Arabia Saudí y, en julio, el Ministerio de Defensa la nombraba subcontratista prioritaria para los blindados 8×8 que le ha encargado a Santa Bárbara Sistemas. Finalmente, este último negocio se torció para Indra y Defensa desestimó la oferta de la empresa por razones técnicas, operativas y económicas, declarando desierto el contrato, que volverá a sacarse a concurso.

Los grandes contratos en defensa le llueven a Indra incluso desde antes de que naciera. Ya en octubre de 1993, el Consejo de Ministros daba su aprobación a un acuerdo que reportaría a la entonces recién nacida Indra 33.000 millones de pesetas. El contrato, en el que también participaban la británica Marconi y la italiana Alenia, consistía en la compra de diez radares desarrollados por Ceselsa (integrada en Indra) con los que crear una red de alerta de defensa del territorio español ante ataques externos, según publicaba entonces El País. Fue uno de sus primeros grandes contratos como Indra, y uno de los mayores dados en España relativo a defensa, pero dos años después sería superado por un nuevo contrato público. Esta vez eran 5.000 millones de pesetas, el segundo más importante por importe y tenía como objeto “desarrollar el sistema de guerra electrónica del Avión Europeo de Combate (EFA)”.

En 2004, Javier Monzón —entonces presidente de Indra— fue una de las 16 personas procedentes de empresas que formaron el Grupo de Personalidades (GoP por sus siglas en inglés) que determinaron los objetivos del Programa de la Unión Europea de Investigación sobre Seguridad (ESRP por sus siglas en inglés), a través del cual entre 2007 y 2013 se invertirían 1.400 millones de euros a promover el crecimiento del negocio de la industria de la seguridad interna en Europa, según el informe NeoConOpticon. The Eu Security Industrial Complex, publicado en 2006 por Statewatch y el Transnational Institute. 

En junio de 2015 fue ya Fernando Abril-Martorell una de las 15 personas que formaron parte de otro Grupo de Personalidades convocado por la Unión Europea con el mandato de publicar un informe pidiendo que las arcas de la Unión destinaran “hasta el presupuesto máximo permitido por el marco legal”. 

No le fue mal a la tecnológica española. En 2018, Indra aparecía como uno de los principales socios de Ocean2020, el mayor proyecto en el área de defensa impulsado por la Unión Europea, con cerca de 35,5 millones de euros de financiación europea y que se desarrolla desde abril de ese año, y por un periodo de 36 meses, desde 42 empresas instituciones entre las que se cuentan, además de Indra, la italiana Leonardo, la OTAN o los ministerios de Defensa de España, Portugal, Italia y Grecia.

El objetivo del proyecto es desarrollar sistemas que permitan misiones militares conjuntas en el mar. En el mismo año también ha sido una de las nueve empresas beneficiarias de una subvención europea para el proyecto Generic Open Soldier System Reference Architecture (GOSSRA), que contempla la investigación de un sistema de equipos de comunicación y sensores para soldados. 

Actualmente, según señala el proyecto LobbyFacts del Corporate Europe Observatory y de Lobby Control, Indra es parte de tres grupos de presión relacionados con la industria armamentística europea: la AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD), de la European Cyber Security Organisation (ECSO) y de la European Organisation for Security (EOS).

En los últimos diez años, la Comisión Europea ha dado subvenciones a Indra relacionadas con investigación y desarrollo en defensa por al menos 12,12 millones de euros, según aparece en el Servicio de Información Comunitario sobre Investigación y Desarrollo (CORDIS) y en otras webs institucionales europeas. La cifra es bastante mayor, ya que en varios de los proyectos, al no dividirse el importe entre las empresas participantes, este no se ha sumado.

Por su parte, las instituciones españolas han dado subvenciones a Indra relacionadas investigación y desarrollo en defensa por más de 34,8 millones de euros, la mayoría de ellas con cargo al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) —dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades—, o al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,  o de la Junta de Castilla y León —siete proyectos de los cuáles no se ha podido averiguar el importe de ninguno— . Más información en el artículo de este dossier sobre subvenciones.

A nivel europeo tiene buenas relaciones con otras grandes empresas del sector armamentístico, como la europea MBDA, que es el principal fabricante europeo de misiles y que está participado por el grupo europeo EADS —la actual Airbus—. Indra es la accionista mayoritaria en Inmize, creada por MBDA España, que en 2011 estuvo dirigida en España por el exministro de Defensa Pedro Morenés.

Es también uno de los principales proveedores de Eurofighter, la empresa europea de cazas que ha vendido sistemas a Arabia Saudí para su uso en Yemen, donde ha bombardeado objetivos civiles como escuelas, instalaciones médicas, mezquitas o mercados, según señala el informe Indra Sistemas S.A., armas para la guerra y la militarización de fronteras, publicado por el Centre Delàs d’Estudis per la Pau.

Según señala el informe Defensa, seguridad y ocupación como negocio, publicado por el Instituto Internacional por la Acción Noviolenta (Novact) sobre las relaciones entre empresas españolas e israelíes, Indra participa también en varios negocios de la guerra junto a empresas israelíes, como en el del Sistema PASI de drones, en el que participan la israelí IAI, contratado por el Ejército de Tierra para vehículos aéreos no tripulados a ser utilizados en Afganistán y por el que, entre desarrollo, formación y mantenimiento, se pagaron más de 40 millones de euros entre los años 2007 y 2012.

La producción militar de Indra, además de los misiles que vende a través de Inmize, va desde los radares para la defensa del espacio aéreo a los sistemas de gestión de tráfico aéreo (ATM), comunicación, navegación y vigilancia para bases militares, sensores de bandas de frecuencia, o equipos para las unidades militares de defensa nuclear, radiológica, biológica y química. También por ofrecer entrenamiento con simuladores de helicópteros o cualquier tipo de nave. Y por ocuparse de la logística de ejércitos. Y de la vigilancia espacial y del ciberespacio. En julio de 2019, el personal del Mando Conjunto de Ciberdefensa Español, subordinado al Jefe de Estado Mayor de la Defensa, completaba su entrenamiento para operaciones militares en el ciberespacio con el producto de Indra Cyber Range.

El negocio de las fronteras

El control de fronteras también se ha convertido en los últimos años en una buena parte del negocio de Indra. Ya en 2005, esta empresa fue la responsable de construir una tercera valla en la frontera española en Melilla, una estructura de dos metros por dos metros y medio. Esta empresa más ACS y Ferrovial se han llevado el grueso de lo que cuestan las barreras en Melilla y Ceuta entre 2004 y 2015, 8 de cada 10 euros, según cifraba un reportaje de El Confidencial. 59 millones de los 75 invertidos.

En cuanto a las fronteras españolas, según un estudio de la Fundación porCausa, entre 2004 y 2017 Indra ha sido beneficiaria de hasta 60 contratos por 109,4 millones de euros. 25 de los contratos, por cerca de 60 millones de euros, fueron destinados al Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), un dispositivo de la Guardia Civil en la costa española para detectar embarcaciones que intenten llegar a España de forma ilegal. En 2008, Indra fue contratada por el Gobierno de Rumanía para aplicar el mismo sistema SIVE en la parte del Mar Negro de Rumanía por 18 millones de euros. 

En 2015, según publicaba El Salmón Contracorriente, Indra lideró una unión temporal de empresas que consiguió el “contrato marco para los bienes de servicios de vigilancia aérea y soporte experto”. El acuerdo, por 10 millones de euros, tenía como objetivo desarrollar el equipo técnico de Frontex para los vuelos de vigilancia marítima y terrestre. Ese mismo año consiguió un segundo contrato, dentro del programa Copérnico, para la mejora de la vigilancia de fronteras vía satélite por otros cerca de 50.000 euros. 

Las ayudas públicas a Indra para investigación y desarrollo de tecnología enfocada a control de fronteras tampoco ha escaseado. Entre 2009 y 2014, la Comisión Europea le ha dado subvenciones por más de 8,5 millones de euros para desarrollar proyectos de control en fronteras. En 2010 recibió más de 730.000 euros como parte del proyecto SeaBILLA, para mejorar el control de fronteras y a desarrollar hasta 2014. En 2011 le tocaron casi 4,9 millones de euros por liderar el proyecto PERSEUS, para desarrollar programas de control integrado a nivel europeo.

El programa ABC4EU, por su parte, iba destinado al desarrollo de tecnologías para control biométrico en aeropuertos. Realizado junto a otras 16 empresas e instituciones —la Universidad Rey Juan Carlos, el Ministerio de Interior español y la consultora PriceWaterHouseCoopers entre otros—, se llevó a cabo entre 2014 y 2018 y le reportó a Indra casi 1,9 millones de euros. La tecnología, que en 2015 ya estaba en los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Girona, Palma de Mallorca, Alicante, Tenerife Sur y Málaga, además de en la Estación Marítima de Algeciras, contempla reconocimiento de las huellas dactilares y facial, y registra también las entradas y salidas del Espacio Económico Europeo.

Trabajar en el avión de combate europeo con condiciones de un taller mecánico

trabajar en indra

A finales de 2018, el Grupo Indra contaba con 41.572 trabajadores en todo el mundo como plantilla media anual. De ellos, algo más de la mitad —26.622— estaba en España, según aparece en su último Informe de Responsabilidad Corporativa. Cerca de la quinta parte de la plantilla de Indra en España —5.500 según datos del sindicato Confederación General del Trabajo (CGT)— está dedicada a defensa y transporte, ámbitos que en 2018 sumaron un 38% de los ingresos del grupo, con una rentabilidad que casi doblaba a la parte de Indra destinada a tecnologías de la información.

Gran parte de la carga de trabajo en Indra en los próximos años son con cargo a su división relacionada con defensa. Los sistemas de guerra electrónica contratados en mayo por Navantia para sus fragatas, los vehículos blindados 8×8 encargados por el Ministerio de Defensa para equipar al Ejército de Tierra o los trabajos relacionados para el futuro avión de combate europeo, encargados también por el Ministerio de Defensa, son y serán, según explica Manuel Guirao, secretario general de CGT Indra, los principales focos de trabajo.

“Es el momento de ponernos al nivel de las empresas con las que competimos”, explica Guirao, que equipara las condiciones de trabajo que Indra ofrece actualmente a las de “un taller mecánico”, a pesar de hacer trabajos de alta cualificación para la Unión Europea. De cara al proyecto Futuro Sistema Aéreo de Combate Europeo (FCAS por sus siglas en inglés), desde CGT están reuniendo firmas para forzar a la empresa a negociar una serie de mejoras en las condiciones laborales. Ya hubo una mesa de negociación anterior, pero, según explica, CGT se levantó de la mesa cuando “en lugar de seguir presionando por subidas salariales, el resto de sindicatos se puso a negociar sobre la nueva ley de control horario; dejaron la mesa de negociación sin contenido real”.

Según señala, frente a la rotación de trabajadores que se suele contar en empresas relacionadas con transporte y defensa, que suele ser “mínima, en torno a un 1% o 2%”, según define Guirao , el número de trabajadores que decide dejar la empresa cada año en algunos centros de Indra se ha quintuplicado en los años posteriores al expediente de regulación de empleo (ERE) que tuvo lugar en el grupo en 2015, alcanzado entre el 17% y el 18%, según cifras del sindicato.

¿Por qué la gente abandona Indra? Desde CGT apuntan al ERE, pero también a la política de salarios. El despido colectivo aplicado en Indra afectó a 1.750 trabajadores. Estaba basado en una variación de existencias, según recoge la sentencia del Tribunal Supremo que dio por bueno el ERE en 2017, que desde CGT afirman que estaban “claramente manipuladas”. La firma del ERE en Indra Sistemas fue por parte de UGT, CC.OO., STC y USO. CGT y Co.Bas, por su parte, decidieron quedarse al margen y no firmar el expediente. 

Este año las centrales sindicales mayoritarias, CC.OO. y UGT, han firmado un acuerdo de jubilaciones anticipadas para los trabajadores que cumplieran 60 años antes de diciembre. “Les quitan un 30% de su base reguladora y les invitan a salir, cubriéndoles la Seguridad Social hasta que cumplieran los 64 años para que así perdieran lo menos posible”, explica Guirao. Fue un acuerdo que desde CGT califican de malo y que, según afirman desde el sindicato, no contó con la opinión de los trabajadores, al igual que había pasado en 2015 con el ERE.

La política de sueldos es otro de los grandes puntos. Con salarios que desde CGT apuntan que pueden ir de los 11.500 a los 50.000 euros anuales por trabajos parecidos, el sindicato señala que la disparidad salarial es una de las consecuencias de que en la empresa prácticamente no haya negociación colectiva. “Los sueldos llevan congelados bastantes años”, explica Guirao.

En paralelo, la empresa tiene una política de subida salarial personalizada. “Se aplica de manera unilateral, depende única y exclusivamente de tu jefe directo”, continúa el sindicalista de CGT, que señala que hay gente que lleva ya diez años sin que le aumenten el sueldo. “La empresa dice que se ha subido muy por encima del convenio, pero te pones a mirar y hay gente a la que se le sube el sueldo un año, y otro, y otro… y otra a la que no se le sube nunca”.

En el caso de los empleados que llegan nuevos a la empresa, la situación es peor. Frente a los 30.000 o 40.000 euros brutos anuales que cobra un trabajador con antigüedad, los nuevos contratados entran en Indra, haciendo un trabajo parecido, con sueldos de 17.000 euros anuales, según explicaba a El Salto José Luis Ortiz, secretario general de CGT en Indra Sistemas Metal.

En 2016, Indra incorporó un programa de introducción en la empresa a jóvenes sin experiencia laboral, el llamado ‘Smart Start’. “Tienen un tutor que les explica cómo funciona la compañía y cómo realizar su trabajo, y, dependiendo de cómo evolucionen, tienen subidas salariales cada seis meses”, explica Guirao. Muchos de ellos, explica, son titulados superiores o ingenieros que se quedan en la empresa hasta dos años con un salario por debajo de convenio.

A las malas condiciones laborales en la plantilla de Indra se suman las subcontratas. El último informe de Responsabilidad Corporativa de Indra, de 2018, cifraba en 3.210 los trabajadores subcontratados a nivel mundial —un 7,34% del total—, para apuntar después que en esta cifra solo se incluyen los trabajadores subcontratados calificados como ATI —asistencia técnica individualizada—.

“A nivel de industria nacional, la subcontratación se ha mantenido en su mayor parte”, explica Guirao. Aunque afirma que se han internalizado a algunos de los trabajadores, 400 a nivel nacional, es una cantidad que el sindicalista tilda de “ínfima” y, además, destaca que la empresa ha realizado nuevas subcontratas. A día de hoy, el número de trabajadores subcontratados por Indra en España se mantienen en los 1.800, según cifras de CGT.

“Por una parte, se obliga que parte del trabajo se haga fuera por contrato, en los trabajos con el Ministerio de Defensa, para que otras empresas crezcan, pero también las hay que vienen a hacer trabajo propio de la compañía, y eso termina en cesión ilegal de trabajadores”, continúa Guirao. Fue el caso de Lebrusan, empresa contratada por Indra en Torrejón de Ardoz que en 2010 contaba con 133 trabajadores, todos en tareas dependientes de Indra. Algunos de ellos llevaban hasta 18 años trabajando mezclados en la plantilla propia del grupo tecnológico hasta que finalmente fueron integrados algunos de ellos en la plantilla propia de Indra.

La sombra de los casos Lezo y Púnica

Indra

El 2015 fue un año nefasto para Indra. A su agujero económico se le sumaba comenzar a ser una de las protagonistas del caso Púnica, el cual ha supuesto la imputación de la compañía, la de su expresidente, Javier Monzón, la de otros tres altos cargos de la empresa y la de las dos últimas presidentas de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes

No era la primera vez que la empresa se veía cuestionada por supuestos favores a cargos o partidos políticos. Ya en 1988, antes incluso de nacer, había protagonizado el primer caso de incompatibilidad que salió a la luz pública en España, cuando el exministro de Industria socialista Joan Majó admitió que había compatibilizado su cargo de diputado con otro de consejero en Ceselsa, antecesora de Indra.

En 2001, Josep Pujol Ferrusola, hijo del entonces presidente catalán Jordi Pujol, compareció, vía teleconferencia, en una comisión de investigación del Parlament sobre fraude y evasión fiscal. ¿La razón? La compra, ese mismo año por parte de Indra de su consultora Europraxis, en la que participaba, por 44,46 millones de euros (60,5 millones de euros de 2019).

Siete años después, la Sindicatura de Comptes (el órgano de supervisión de cuentas catalán) detectaba irregularidades en contrataciones efectuadas por la Generalitat y varios ayuntamientos a Europraxis y otras sociedades de Indra. Pujol continuó trabajando en la empresa, ahora subordinada a Indra. Desde entonces y hasta 2013, según publica El Confidencial, Indra consiguió contratos en la Generalitat por más de 223 millones de euros. En 2014, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional  que investiga las tramas de corrupción que envuelven a la familia Pujol puso su vista en la compra de Europraxis por parte de Indra, sin que hasta ahora haya causado mucha molestia al gigante tecnológico. 

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) requirió información a Indra sobre la compra en 2013 de G-Nubila Technology a otra empresa en la que tenía una participación del 33% y que también está relacionada con otro expresidente. Se trataba de la compañía Oyauri Investment y del expresidente —esta vez de España— Felipe González. La compra supuso a Indra 3 millones de euros.

Dos años antes, la empresa costaba poco más de 3.760 euros, recalca El Confidencial. Felipe González habría invertido en ella 376 euros, y con la venta a Indra ganó 300.000 en un mes, según señala El Mundo. En marzo de 2019, el Juzgado de Primera Instancia número 70 de Madrid admitía una querella de González contra Indra por la que el expresidente del Gobierno reclama 7,3 millones de euros de bonos que habría comprometido Indra, a pesar de que Oyauri tiene un volumen de negocio cercano a cero. 

La trama Púnica sobrevuela a Indra

Pero la mayor polémica en Indra llegaría ese mismo año, 2015, en abril. Javier Monzón, que tres meses antes había dejado de ser la cabeza del gigante tecnológico y que aún seguía ocupando el cargo de presidente de honor en la compañía, explicó al magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco la implicación de otros cargos de Indra en la trama Púnica. Según explicó Monzón, el ex consejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) había pedido a Santiago Roura —responsable de operaciones en Indra— que pagara 10.000 euros a Alejandro de Pedro, persona que la Audiencia Nacional identifica como el ‘conseguidor’ de la trama Púnica.

Indra estaba ya oficialmente en la mirilla y el 20 de abril de 2017 vio cómo varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraban su sede en busca de documentación sobre los posibles desvíos de fondos para subvencionar ilegalmente las campañas electorales del Partido Popular en el marco del caso Lezo. Según la investigación, la empresa pagó 3,3 millones de euros entre 2011 y 2014 a empresas encargadas de asesorar en imagen y comunicación a cargos políticos del Partido Popular de la Comunidad de Madrid que ya están imputados en la trama Púnica. 

En mayo de 2018, desde la empresa admitían que no tenían modo de justificar pagos por más de un millón de euros a varias mercantiles que habrían servido de intermediarias con la caja B del Partido Popular. De la misma forma afirmaban que no tenía ni idea de qué bienes o servicios habían recibido a cambio. Un año más tarde, la Guardia Civil certificaba que Indra había destinado 566.000 euros a pagar las campañas electorales de Esperanza Aguirre para las elecciones autonómicas de 2007 y 2011, de las que salió presidenta. El dinero habría acabado en la consultora Swat SL.

Actualmente hay cuatro o ex altos cargos de Indra imputados, además de la propia empresa, a la que Fiscalía ha pedido 1,4 millones de euros en concepto de fianza. A esta fianza se suma una condena que ya le cayó en mayo que la obliga al pago de 466.000 euros a la Agencia Tributaria, más una multa adicional de 171.000 euros, por haberse deducido ilegalmente los pagos por unos servicios ficticios que realmente fueron a parar al Partido Popular madrileño. 

Una de las personas del entorno de Indra imputadas es Javier Monzón. Javier de Andrés es otra de ellas. Ex consejero delegado de Indra, es amigo del expresidente madrileño Ignacio González, también marido de María Fernanda Richmond, directora financiera de Canal de Isabel II entre 2007 y 2016, y primera mujer en prisión preventiva por la Púnica. Los otros dos son Santiago Roura y Jesús Gil Ortega. Todos salieron de Indra entre 2015 y 2017, y ninguno se fue con las manos vacías. Monzón recibió una indemnización dividido en varios conceptos de 14,3 millones de euros. De Andrés, 8,7 millones. Roura, entre 4 y 4,5 millones. Y Gil Ortega, alrededor de dos millones, según señala El Confidencial