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El día que se declaró el estado de alarma, el 14 de marzo, el Gobierno decidía suspender de forma temporal el funcionamiento del Portal de Transparencia, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, una herramienta mediante la cual cualquier ciudadano o ciudadano tiene derecho a acceder a información pública. De esta forma, los plazos quedan paralizados y, tal y como se expone en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, el cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo”. Una decisión muy criticada desde medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales que hacen uso del Portal de Transparencia para solicitar información.

Sin embargo, a pesar de que esta y otras funciones administrativas han quedado en barbecho desde que se confinó al país a mediados de marzo, otras han seguido funcionando. Es el caso de la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), dependiente del mismo ministerio que el Portal de Transparencia, un organismo que se encarga de dar el visto nuevo al paso de Altos Cargos a la iniciativa privada y que durante el estado de alarma ha permitido a cuatro antiguos cargos públicos recalar en compañías privadas, entre ellos una exministra y un exsecretario general técnico.

Fátima Báñez, exministra de Trabajo

El primer rumor se extendió a principios de julio de 2019, aunque finalmente se hizo realidad el 3 de abril de 2020: Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social durante el mandato de Mariano Rajoy (2011-2018), fichaba por la patronal de las empresas, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Báñez fue la encargada de poner en marcha la lesiva reforma laboral del Partido Popular –tan en boga estos días– en 2012, la cual abarataba y facilitaba el despido de los trabajadores. La reforma fue celebrada por los representantes patronales, como la CEOE, mientras que los sindicatos mostraron su disgusto, convocando manifestaciones por todo el país y una huelga general el 29 de marzo de 2012.

Ocho años después, Fátima Báñez entraba a formar parte de la fundación CEOE para ponerse al frente del proyecto ‘Empresas que ayudan’, cuyo objetivo es “servir de correa de transmisión entre las empresas que quieran colaborar con todo tipo de iniciativas para contribuir a la lucha contra el Covid-19”. Todo ello con el visto bueno de la OCI, que aprobó la incorporación el 30 de marzo, apenas dos semanas después del inicio del estado de alarma. Según lo publicado en el Portal de Transparencia, se trata de una “actividad temporal y no retribuida”. 

Báñez, que abandonó su escaño en marzo de 2019, forma parte del consejo de administración de Laboratorios Farmacéuticos Rovi desde diciembre de ese mismo año a pesar de que su única experiencia en este ámbito se remonta a 2016, cuando ocupó de manera temporal la cartera de Sanidad durante tres meses.

Miguel Alcañiz, exjefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME)

Apenas tres días después de aprobar el fichaje de Fátima Báñez por la CEOE, la OCI volvía a dar su visto bueno para un nuevo trasvase desde el ámbito público al privado. Así, el teniente general Miguel Alcañiz Comas, jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME) hasta octubre de 2019, tenía vía libre para convertirse en asesor de Dirección y del Consejo de Administración de General Dynamics Santa Bárbara Sistemas, una de las principales compañías armamentísticas de España, filial de General Dynamics que, según el Stockholm International Peace Research Institute, fue la quinta mayor empresa armamentística del mundo en 2018. Este gigante de fabricación de armas adquirió la empresa pública Santa Bárbara en 2001 bajo la presidencia de José María Aznar.

La compañía resultó adjudicataria del contrato para la construcción de 345 Vehículos de Combate sobre Ruedas 8×8 por valor de más de 2.000 millones de euros en julio de 2019, aunque finalmente a finales de años el contrato fue declarado desierto.

Por su parte, Miguel Alcañiz fue nombrado jefe de la UME el 28 de mayo de 2015. Un año antes estuvo en el centro de la polémica al ser el encargado de realizar el saludo institucional y entregar un presente conmemorativo a un veterano militar franquista burgalés, Germán Pérez Casado, quien llegó a participar en la División Azul. Ante esto, el diputado Jon Iñarritu, en esos momentos en Amaiur, preguntó al Gobierno por la razón “por la que Defensa homenajea a un militar franquista que, para más ‘inri’, fue un voluntario nazi”. El Ejecutivo aseguró que es «tradición del Ejército de Tierra» […] visitar al militar retirado de mayor edad […] para felicitarle con motivo de la celebración de la Pascua Militar».

José María Alonso Monforte, exsecretario general técnico del Ministerio de Economía

Abogado del Estado por oposición desde 2011, comenzó su carrera en la abogacía del Estado en Cantabria. Alonso Monforte ha llegado a ejercer como abogado del Estado-adjunto del Ministerio de Presidencia y para las Administraciones Territoriales (2017-2018), como secretario general técnico del Ministerio de Economía y Empresa (2018-2020) y como abogado del Estado en la subdirección General de Asuntos de la Unión Europea (2020).

A mediados de abril, la OCI daba luz verde a su incorporación al despacho de abogados Latham & Watkins. Escasos días después, la firma anunció su fichaje como counsel y responsable en Madrid de la práctica de Derecho público. “Estamos muy contentos de dar la bienvenida a José María, que aporta una experiencia y conocimientos únicos a la firma”, declaró Ignacio Gómez-Sancha, socio director de la oficina del despacho en Madrid.

Latham & Watkins, considerado el bufete de abogados más grande del mundo, acogió a principios de 2018 al expresidente del Gobierno José María Aznar, que se convirtió en uno de sus asesores a nivel internacional. En los últimos años, los despachos de abogados se han convertido en un destino privilegiado para numerosos altos cargos de la administración. Los últimos casos de renombre han sido los de las exministras Soraya Sáenz de Santamaría y Dolores de Cospedal, que han recalado en Cuatrecasas y CMS Albiñana & Suárez de Lezo, respectivamente.

Rocío López González, exdirectora de la Fundación Pluralismo y Convivencia

El primer caso que aprobó la OCI tras la declaración del estado de alarma fue el de Rocío López González, exdirectora de la Fundación Pluralismo y Convivencia. Anteriormente había sido diputada en las Cortes de Castilla-La Mancha y diputada nacional por la provincia de Toledo con el Partido Popular, hasta que fue apeada de las listas y recolocada al frente de la fundación, que dependía del Ministerio de Justicia.

El 24 de marzo recibió la confirmación de la OCI para incorporarse a la Institución Educativa SEK. También figura como profesora en la Universidad Camilo José Cela.

Alta actividad en la OCI unos días antes del estado de alarma

El 12 de marzo, un par de días antes de decretarse el estado de alarma, la Oficina de Conflictos de Interés dio luz verde a que Fernando Garea, expresidente de la Agencia EFE cesado por Pedro Sánchez en febrero, se convirtiese en director adjunto de El Confidencial, el puesto que ostentaba antes ponerse al frente de la agencia pública de noticias. Pero no fue la única autorización relacionada con este diario, puesto que también permitió a Javier de Andrés Guerra, exdelegado del Gobierno en el País Vasco, incorporarse como trabajador autónomo a El Confidencial, El Correo y Confidencial Digital. Un día antes, también daba el visto bueno al exministro de Defensa y exembajador en Estados Unidos Pedro Morenés para convertirse en presidente del Consejo de Administración de Kuitver Energía SL.