Desde el siglo XIX hasta los primeros años de democracia tras la dictadura la tendencia política fue la de mantener y fortalecer el cuerpo empresarial público algo que cambió tras la incoporación de nuestro país a la Comunidad Europea.

Aunque ya muchos no se acuerden, España tuvo muchas y potentes empresas públicas que eran utilizadas para lograr determinados objetivos de política económica (facilitar el crédito, proveer distintos bienes y servicios, redistribuir la renta, etc.) al mismo tiempo que contribuían a incrementar los ingresos del sector público, pues buena parte de ellas registraban importantes beneficios.

Durante prácticamente todo el tiempo que va desde el siglo XIX hasta los primeros años de democracia tras la dictadura, la tendencia política por parte de los distintos gobiernos fue la de mantener y fortalecer el cuerpo empresarial público, convencidos de que era condición indispensable para poder alcanzar sus objetivos de política económica así como para asegurar la solidez y poder del Estado. Sin embargo, la incorporación de nuestro país a la Comunidad Europea supuso un importante punto de inflexión en la citada trayectoria. Los principios neoliberales que ya impregnaban fuertemente las instituciones europeas se basaban en la liberalización de prácticamente todos los sectores económicos así como en la reducción del tamaño del sector público en favor del privado. En consecuencia, la integración comunitaria vino de la mano de la liberalización económica y privatización progresiva de las empresas públicas españolas.