Si sale a la calle y camina durante un rato es posible que se encuentre con alguna obra. La construcción de alguna nueva infraestructura pública o el arreglo de algún edificio deteriorado. Fíjese ahora en las vallas que rodean la obra y en sus carteles. Es muy probable que sean azules, amarillos o rojos, y que en ellos pueda leer nombres como Dragados, Ferrovial o Acciona. Estas son las empresas del IBEX 35 que dominan el mercado de la obra pública en España.
ACS, el grupo de empresas de Florentino Pérez al que pertenece Dragados desde 2002, es, sin duda, quien se lleva la mayor parte de la tarta. En 2018 le fueron adjudicados contratos públicos en infraestructuras por valor de 721 millones de euros, tanto por parte del Estado como de las comunidades y municipios. La suma de las dos siguientes empresas del ranking (OHL, que no forma parte del IBEX, y Ferrovial) no alcanzan el montante total de ACS, con 332 y 316 millones de euros en adjudicaciones, respectivamente. En la cuarta posición se encuentra Acciona, con 313 millones de euros.
Según el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, el sector de Contratos de obra pública y construcción “presenta el mayor nivel de riesgo de corrupción de acuerdo con la escala de Transparencia Internacional”. Palau, Lezo, Gürtel, Púnica, 3%… La historia de la corrupción en España está plagada de casos relacionados con la obra pública y las empresas que deben acometer estos proyectos. Los presupuestos manejados por las administraciones para llevar a cabo infraestructuras públicas son una golosina para las grandes compañías, que pugnarán por llevarse el botín. Acciona, por ejemplo, se convirtió en la primera empresa del IBEX 35 en admitir vínculos entre su actividad empresarial y la corrupción en el denominado caso Saqueo de Plaza, en Aragón.
Pocos nombres conocidos
No se trata, sin embargo, de un sector en el que hayan encontrado acomodo los principales cargos públicos, como sí sucede en el ámbito energético, cuyos consejos de administración suelen estar plagados de puertas giratorias, algo que parece no suceder en las constructoras. “En el caso Castor no hemos observado puertas giratorias pero sí hemos apreciado una presunta connivencia entre el poder económico y el poder político”, explica Emma Avilés, integrante de la plataforma ciudadana Caso Castor, que ha conseguido articular una acción ciudadana para depurar responsabilidades a través de una querella ante diferentes instancias –ahora en estudio para su tramitación en Europa–.
Aun así, las constructoras no escapan de la lógica de las puertas giratorias y, atendiendo únicamente a los consejos de ACS, Ferrovial y Acciona, hemos podido detectar más de 20 políticos que han cruzado la puerta desde el sector público al privado, o viceversa.
Aquí puedes leer en detalle Ferrovial, Acciona y ACS (próxima publicación).