“Una importante medida” y “una victoria para los ciudadanos y ciudadanas”. O “un sabor amargo” y “una sensación agridulce”. El acuerdo en el seno de la Unión Europea para lograr una mayor transparencia fiscal y obligar a las grandes multinacionales a declarar sus beneficios e impuestos país por paísha obtenido una importante acogida por parte de determinadas organizaciones de la sociedad civil. Otras, sin embargo, lo ven como un paso insuficiente.
Ricardo García, miembro de la junta directiva del grupo de economistas ATTAC, sostiene que la valoración que hacen es “positiva” y consideran que la propuesta es “una importante medida” que permitirá “cazar” a esas grandes empresas que tratan de eludir impuestos volcando parte de sus ingresos y beneficios en paraísos fiscales.
De esta forma, el acuerdo entre la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento afectará a aquellas empresas multinacionales que facturen más de 750 millones de euros anuales durante dos años consecutivos. Con la nueva medida, tendrán la obligación de declarar cuántos beneficios obtienen en todos los países de la Unión Europea, así como los impuestos que pagan y los empleados y empleadas que tienen en las diferentes regiones.
Se quedan fuera todos los territorios de fuera de la UE, a excepción de aquellos paraísos fiscales incluidos en las listas negras y gris de paraísos fiscales que elabora el Consejo. En la primera, aprobada hace algunos meses, están incluidos lugares como Samoa Americana, Anguila, Dominica, Fiyi, Guam, Palau, Panamá, Samoa, Seychelles, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes Americanas y Vanuatu. No entran en esta lista países europeos como Irlanda, Holanda o Luxemburgo, con unos sistemas tributarios muy laxos.
De acuerdo con el informe La hora del compromiso, de Oxfam Intermón, multinacionales españolas del IBEX 35 como Mapfre (4), ACS (1), ArcelorMittal (2), Banco Santander (1), Meliá Hotels (2), Naturgy (4) o Repsol(2) tienen filiales en algunos de estos territorios incluidos en la lista negra. Sin embargo, tal y como explica Javier Martín Cavanna, director de la Fundación Compromiso y Transparencia, la propuesta no afectaría a las transnacionales españolas, ya que “la obligación de informar de los impuestos pagados país por país es una práctica que existe en España desde hace varios años”. De esta forma, serían las compañías extranjeras que operen en el país las que se vean obligadas a una mayor transparencia fiscal.
Coordinador de #yoIBEXtigo. Graduado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Comunicación Política. Con la lupa puesta sobre las grandes empresas. Músico y extremeño.