Más negocios buitre, primeros presos por las tarjetas black y los esfuerzos del Santander por mantener secreta información sobre el Popular

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  • Promontoria Plataforma SL, filial del fondo buitre Cerberus, sería la encargada de vender 1.890 viviendas públicas que el fondo estadounidense Blackstone (mayor propietario inmobiliario de España) compró en 2013 por 128 millones de euros al Ayuntamiento de Madrid con el beneplácito de la entonces alcaldesa, Ana Botella, según informan Diario 16 y Diario6 (Galicia). Entre los consejeros de Promontoria están Juan Hoyos Martínez de Irujo, amigo desde la infancia del expresidente José María Aznar, y José María Aznar Botella, hijo del expresidente y la exalcaldesa. La dinámica se repite: el fondo buitre (en este caso, Blackstone) adquiere viviendas sociales a bajo coste, encarece los alquileres de forma estrepitosa y, cuando llega el punto en que las personas inquilinas no pueden pagar, pone en marcha los desahucios para después revender dichas viviendas a un precio muy superior (gestión de la que se encargaría en este caso Promontoria). Las viviendas con las que hará negocio el hijo de la pareja Aznar-Botella registraron un incremento del precio de alquiler del 49%, mientras que su precio de mercado creció un 227%, según reconoció el fondo buitre (de 128 a 660 millones de euros en menos de cinco años). Dos asociaciones civiles ya han denunciado estos hechos ante la policía. Mientras tanto, el Ayuntamiento de la capital sigue con déficit de viviendas sociales en plena burbuja del alquiler.

  • Tras asegurar que recurriría la sanción de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por “falta muy grave”, y después de negarse a responder a las preguntas de la prensa, finalmente Josep Borrell, ministro de Exteriores, dice ante el Congreso que “fue un error” vender acciones de Abengoa antes de que la empresa presentase un preconcurso de acreedores usando información privilegiada a la que tenía acceso en calidad de consejero de Abengoa. Borrell asegura que la parte de acciones que vendió fue “muy, muy pequeña”, sin dar más detalles sobre el beneficio obtenido. Borrell es el ministro con más patrimonio declarado en el actual gobierno (2,77 millones de euros). La sanción de 30.000 euros representa el 1,1% de dicho patrimonio.


  • La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) cede a Banco Santander la gestión de la aplicación oficial de las universidades públicas españolas, bautizada como AppCRUE. La institución que aglutina a los rectores reconoce que no ha cuantificado el valor de la ingente cantidad de datos personales que obtendrá Banco Santander a través de esta ‘app’, que incluirá una amplia gama de productos financieros del banco, que desde hace años ya controla la plataforma Universia.

  • Según ha publicado La voz del sur, el Hotel Barceló Renacimiento de Sevilla (cinco estrellas) despide a las limpiadoras (todas mujeres) a las que pagaba 1,5 euros por habitación después de que solicitaran una inspección de trabajo. El precio de una habitación estándar en este hotel oscila entre los 85 y los 200 euros, según la web de la compañía.

  • El gigante del aluminio Alcoa (Estados Unidos) despedirá a 686 personas de su plantilla en España y cerrará dos plantas de producción después de varios años recibiendo subvenciones millonarias del Estado español (para este año, se calcula que recibirá en torno a 90 millones de euros de fondos públicos; en los últimos años, estas y otras ayudas estatales suman aproximadamente 1.000 millones). Alcoa culpa de esta decisión al elevado precio de la electricidad y a sus “elevados costes fijos”. Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, aseguró que se trata de una “cortina de humo” y acusa a la empresa de no haber invertido en mejorar las dos plantas que ha ordenado cerrar.

  • Estanislao Rodríguez Ponga, exsecretario de Estado de Hacienda, y Antonio Rey de Viñas, exdirigente del sindicato CCOO, son ya los dos primeros condenados por las tarjetas black de Caja Madrid que entran en prisión. Se espera que en los próximos días ingresen en la cárcel otros condenados por el mismo caso, entre ellos Rodrigo Rato, exvicepresidente económico, exdirector gerente del FMI y expresidente de Bankia, entre otros cargos.

  • En pleno debate sobre el aumento del salario mínimo hasta los 900 euros, la CNMC informa de que los consejeros ejecutivos de las empresas que cotizan en la bolsa española se aumentaron el sueldo un 12,3% en 2017 (+43% desde 2013). El sueldo medio de los presidentes ejecutivos de Ibex 35 se sitúa en cinco millones de euros al año.

  • La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abre expediente sancionador contra las constructoras Acciona, Corsán-Corviam, Dragados (ACS), Ferrovial, FCC, OHL (Grupo Villar Mir) y Sacyr por presuntamente haber constituido un cártel para repartirse grandes concursos públicos para rehabilitar y construir edificios públicos. La CNMC asegura tener documentación y pruebas que muestran, por ejemplo, cómo estas constructoras se reunían semanalmente para preparar sus ofertas ante las administraciones públicas.

  • Altamira, consultora de la división inmobiliaria de Banco Santander, amenaza con desahuciar a medio centenar de familias de un edificio de viviendas sociales situado en uno de los barrios más empobrecidos de Cambre (La Coruña).

  • Una nueva sentencia del Tribunal Supremo obliga a los bancos a pagar el impuesto de las hipotecas, un dinero que hasta ahora abonan los clientes de dichas hipotecas.

  • Banco Santander presenta un recurso de apelación para evitar que la Audiencia Nacional haga pública la documentación secreta sobre la situación de Banco Popular, entidad adquirida por el Santander por el precio simbólico de un euro después de abocarse su quiebra. Diversos medios aseguran que dichos documentos, procedentes del Banco Central Europeo y el Banco de España, revelan que el Popular era solvente en el momento en que fue adquirido por Santander con la excusa de evitar su derrumbe, un hecho que daría la razón a miles de pequeños accionistas que perdieron sus inversiones después de que la entidad que preside Patricia Botín se hiciera con el control del popular.

  • Al menos dos nuevas puertas giratorias esta semana. Por un lado Santiago Ferrer i Costa, exdiputado del Parlamento balear (coalición COP) y exvicepresidente del Consell Insular de Ibiza y Formentera entra en el consejo de Enagás, sociedad participada por el Estado que tiene el monopolio del transporte de gas en España. Por otro lado, la francesa Renault nombra consejera a Elvira Rodríguez, exministra de Medio Ambiente (Partido Popular) y expresidenta de la CNMV entre 2012 y 2016.

  • La Fiscalía de Colonia (Alemania) investiga a Banco Santander por su presunta implicación en el mayor caso de fraude fiscal de la historia de ese país, por un valor que asciende a 7.000 millones de euros, informa El Confidencial. La Justicia alemana sospecha que el Santander y otros grandes bancos compraron y vendieron millones de acciones de empresas, principalmente alemanas, para obtener certificados fiscales que después facilitaban la devolución de unos impuestos que, en realidad, no habían pagado.

  • Las Socimis y las Sicav, sociedades utilizadas por las grandes fortunas para eludir el pago de impuestos y especular en el sector inmobiliario, no se verán afectadas por el aumento de impuestos y supervisión fiscal del plan presupuestario para 2019 aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez.

  • El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, es nombrado nuevo presidente del Consejo de Deusto Business School, una de las universidades de élite favoritas de los altos mandos del Ibex 35. Sustituye en el cargo a Alfredo Sáenz, exvicepresidente de Banco Santander.
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josé bautista

josé bautistaRedactor de economía e internacional, centrado en el proyecto YoIbextigo.

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