Jair Bolsonaro, presidente electo de Brasil. Foto: REUTERS/Adriano MachadoEn La Marea elaboramos un resumen con noticias destacadas del Ibex 35 y otros temas económicos relevantes. Sin tu apoyo, este espacio no sería posible:
El gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro nombrará a Roberto Campos Neto, director de Banco Santander en Brasil desde hace más de 18 años, nuevo presidente del Banco Central brasileño. Campos, al que la prensa describe como un perfil ‘técnico’, es nieto de un ministro de la dictadura. La noticia coincide con la visita a Brasil de Ana Botín, presidenta de Banco Santander, para inaugurar varias sucursales bancarias.
En 2015, el Ejército del Aire se opuso a la decisión del entonces ministro de Defensa, Pedro Morenés, de vender 400 bombas a Arabia Saudí alegando razones éticas (por los ataques saudíes a objetivos civiles en Yemen) y económicas.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, tumba el contrato público para la adquisición de misiles fabricados por MBDA, la empresa en la que trabajaba el exministro de Defensa Pedro Morenés antes de asumir el cargo. Dicho acuerdo había sido suscrito por María Dolores de Cospedal, predecesora de Robles en el ministerio, y había puesto en cuarentena la fabricación de varias fragatas militares de Navantia, ya que hacía falta más tiempo para adaptarlas a dichos misiles.
Felipe González y el resto de accionistas de Oyauri Investment reclaman impagos a Indra, tal como informa El Confidencial. En el caso del expresidente español se trata de un bonus de 7,3 millones de euros que Indra debe a Oyauri Investment, empresa fundada por su hijo, Pablo González, y de la cual también es accionista. La relación directa de Felipe González e Indra, privatizada durante la última legislatura de González en el Gobierno, se remonta a 2013, cuando la empresa compró el 33% de las acciones de Oyauri por 1,5 millones de euros, lo que disparó el valor de las acciones que poco antes había adquirido Felipe González en la empresa de su hijo.
España pierde otra denuncia internacional por los recortes en energías renovables del gobierno del PP. En este caso, el Estado tendrá que abonar 11 millones de euros a la danesa Athena. En total, diversos fondos verdes y empresas extranjeras reclaman a España 7.500 millones de euros en compensación por el cambio legislativo que puso fin a los incentivos a las renovables. La representación legal de España en estos laudos está en manos del despacho Herbert Smith Freehills, contratado a dedo por el Gobierno (más de cuatro millones de euros), que recientemente fichó al exministro de Justicia, Rafael Catalá, y que cuenta en su plantilla con otros exaltos cargos del PP (entre ellos el exministro Josep Piqué) y varios abogados del Estado.
Endesa, la empresa más contaminante de España, anuncia de forma sorpresiva el cierre de todas sus centrales de carbón en territorio español.
El excomisario José Manuel Villarejo hizo informes para Repsol y Caixabank para investigar a Luis del Rivero, expresidente de la constructora Sacyr, y su compra y venta de acciones en dicha compañía. Repsol y Caixabank admiten que en 2012 pagaron 130.000 euros a Villarejo pero alegan que no fue para espiar a del Rivero, sino para la «recuperación de datos electrónicos almacenados en discos duros de ordenadores y sistemas tecnológicos anulados o dañados».
A pesar del trato de favor por parte del presidente Mauricio Macri, varias grandes empresas del Ibex han perdido entre 700 y 1.000 millones de euros debido a la crisis económica y el periodo de hiperinflación que atraviesa Argentina. Entre estas empresas están Telefónica, Banco Santander, BBVA, Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa), Mapfre, DIA, Grupo PRISA y Prosegur.
La cadena de hoteles Barceló reparte tapones para los oídos entre sus clientes para que no escuchen las protestas que lleva a cabo su personal de limpieza para denunciar sus condiciones laborales. Recientemente NH y Barceló contrataron a una tercera empresa para boicotear estas protestas.
En 2017, los clientes presentaron más de 183.000 denuncias y reclamaciones contra las grandes compañías eléctricas por abusos en la contratación de luz y gas. Ahora el Gobierno prevé que esa cifra descienda después de aprobar la prohibición de la comercialización puerta a puerta (muchas personas fueron engañadas por comerciales para cambiar de compañía o contratar productos que no necesitaban).
El Tribunal Supremo obliga a Enagás a devolver a las personas consumidoras más de 17 millones de euros que la compañía ingresó por la hibernación del almacén de gas Castor en 2014 y 2015. Dicha cantidad de dinero fue cargada a la factura de gas de los clientes por orden del gobierno de Mariano Rajoy.
El Ayuntamiento de Barcelona lanza su comercializadora eléctrica pública, bautizada como Barcelona Energía. De momento esta empresa ya abastece el alumbrado de la ciudad, y los hogares ya pueden acogerse a esta compañía para que les suministre luz a partir del 1 de enero de 2019.
La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, rechaza que el Estado tome el control de la empresa de aluminio Alcoa, alegando que «no estamos en un régimen comunista». Tras una década recibiendo subvenciones (más de 1.000 millones de euros en total), Alcoa se prepara para cerrar sus dos plantas en el norte de España y despedir a 700 empleados.
Periodista de pueblo que habla idiomas. Especializado en economía, asuntos internacionales e investigación. Licenciado en Periodismo por las universidades de Málaga, Incheon (Corea del Sur) y Santo Tomás (Chile). Máster en Economía por la Universidad de la Sorbona y la Escuela Superior de Comercio de París. Colabora e investiga para Fundación porCausa (migraciones), The New York Times y OCCRP, entre otros.