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En La Marea elaboramos un resumen con noticias destacadas del Ibex 35 y otros temas económicos relevantes. Sin tu apoyo, este espacio no sería posible:

En contra del criterio de la Armada española, el gobierno de Mariano Rajoy demoró dos años la construcción de fragatas militares F-110 de Navantia para que fueran adaptadas hasta ser compatibles con los misiles Sea Ceptor, fabricados por la estadounidense MBDA, que tuvo entre sus altos ejecutivos al exministro de Defensa y ahora embajador Pedro Morenés antes de asumir el cargo. Según ha publicado eldiario.es, la entonces ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, encargó por 9,5 millones a MBDA evaluar el misil. No es la primera polémica que pone en duda la independencia del exministro durante sus años al frente de Defensa: en sus tres primeros años en el ministerio firmó 32 contratos millonarios con Instalaza y sus filiales, para las que previamente había trabajado como consejero y representante. Además, siendo ministro, Morenés presionó al gobierno para indemnizar con 60 millones de euros a Instalaza tras aprobarse una prohibición internacional sobre la fabricación y el uso de las bombas de racimo, un tipo de arma que esta empresa vendía al gobierno de Libia y otros países.

Esta semana, la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, en presencia de altos cargos de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE), el Gobierno de España y figuras destacadas como el expresidente Felipe González, criticó con contundencia a Google, Apple, Amazon y otras grandes compañías tecnológicas por «no pagar una parte justa de impuestos» y tributar en países con sistemas fiscales ventajosos. Banco Santander registra el 26% de su beneficio a través de 182 sociedades offshore con sede en paraísos fiscales.

Tras dos semanas de incertidumbre y críticas, finalmente el Tribunal Supremo falla a favor de la banca y establece que el cliente/a pague el conocido como ‘impuesto de las hipotecas’. Tras el anuncio, los principales bancos de España, entre ellos BBVA, Banco Santander, Caixabank, Banco Sabadell y Bankinter, registraron fuertes subidas en bolsa (su mayor subida diaria desde abril), una evolución que perdió vigor cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que aprobaría un decreto ley para que sean los bancos los que asuman dicho impuesto. Hay varias protestas convocadas en medio centenar de ciudades españolas en contra de la decisión del Supremo.

También esta semana se supo que el bufete Díez-Picazo, presidido por el hermano del juez Ignacio Díez-Picazo, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, ha defendido a bancos españoles como Cajasur en el caso de las cláusulas suelo. El alto magistrado Díez-Picazo trabajó en dicho bufete entre 2003 y 2008 y su voto fue determinante en la decisión del Supremo de cargar el impuesto de hipotecas a la ciudadanía.

Varios bancos perdonaron deudas a partidos partidos políticos sin informar al Banco de España ni al Tribunal de Cuentas, tal y como establece la ley, según explicó el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, en su comparecencia a puerta cerrada en el Senado. Linde no detalló qué bancos ni qué partidos están involucrados en este asunto. No es la primera vez que los bancos condonan deudas a partidos y que el Banco de España se niega a facilitar detalles concretos. En el pasado, cajas de ahorros y bancos condonaron deudas (sin informar a las autoridades) al Partido Popular, PSOE, PSC, Izquierda Unida y CiU. De hecho, a finales de noviembre los banqueros Isidro Fainé (La Caixa), Carlos Torres (BBVA), José Antonio Álvarez (Banco Santander) y Javier García Lurueña (Kutxabank) comparecieron ante el Senado para explicar por qué habían perdonado 50 millones de deuda al PSOE. Según informó eldiario.es en julio de 2015, las principales formaciones políticas debían ese año 208 millones de euros a los bancos.

La firma estadounidense Goldman Sachs, uno de los bancos más poderosos de Estados Unidos, concederá préstamos y captará depósitos en España como cualquier otra entidad bancaria. Goldman Sachs es una entidad financiera que cuenta con numerosas puertas giratorias, entre las que actualmente destaca José Manuel Durao Barroso, expresidente de la Comisión Europea. En el pasado, Goldman Sachs tuvo en plantilla al exministro de Economía Luis de Guindos (hoy vicepresidente del BCE), Mario Draghi, presidente del BCE, o los exprimeros ministros Mario Monti (Italia) y LuKas Papademos (Grecia).

Roberto Centeno, economista y exconsejero de Campsa, asegura en el documental La Monarquía, un negocio rentable (EiTB) que el rey Juan Carlos de Borbón recibió comisiones millonarias por mediar para la firma de contratos petroleros, ferroviarios y de otros sectores con Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Según Centeno, «si alguien piensa que llevarse una comisión de 100 millones es una barbaridad, es que es un ignorante que no sabe cómo funcionan las cosas en este mundo». También esta semana salieron a la luz las confesiones del excomisario corrupto José Manuel Villarejo en las que afirma que el CNI ocultó información sobre las cuentas de la familia Pujol en Andorra para proteger al rey emérito y evitar que salieran a la luz sus operaciones de blanqueo de capitales en el extranjero. Esta información se suma a las afirmaciones de Corinna su Zayn-Wittgenstein sobre las comisiones que el monarca habría recibido por sus gestiones a favor del AVE a La Meca.

Dos abogados del Estado clave en la defensa de España en los pleitos internacionales de fondos de inversión por los recortes en las renovables aparcan el servicio público y se pasan al sector privado. Uno de ellos, José Ramón Mourenza, entra en la firma legal Herbert Smith Freehills, que recientemente también contrató al exministro de Justicia Rafael Catalá y tiene en nómina a otros destacados exaltos cargos del PP,  mientras que el otro, Diego Santacruz, entra en un despacho asociado a Herbert –firma contratada a dedo para asesorar a España en los pleitos mencionados– y cuyo nombre no ha trascendido por el momento. Santiago Caravantes, cesado tras el cambio de gobierno como director general de Energía Eléctrica en el Ministerio de Industria, también trabaja ahora para Herbert.

OHL, Imathia y Copasa, empresas constructoras del consorcio español liderado por Renfe que construye el AVE a La Meca, admiten que están sufriendo problemas ante «la falta de medidas de mitigación contra la arena» y anuncian futuros sobrecostes en las obras y labores de mantenimiento de este proyecto.

Entra en vigor el contrato de Navantia con Arabia Saudí para la construcción de cinco corbetas militares, suscrito en julio de este año. La construcción de los polémicos buques comenzará en enero de 2019 y no está previsto que ningún órgano judicial detenga el proceso a pesar de las pruebas que muestran que Arabia Saudí usa sus armas contra objetivos civiles en Yemen, contraviniendo la legislación internacional y española. El presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entidad pública a través de la que el Estado controla Navantia, abrió la puerta a un acuerdo para la construcción conjunta de más corbetas con la armamentística saudí SAMI. Dicho acuerdo para establecer una joint-venture entre Navantia y SAMI contemplaría la cesión de conocimiento y know-how español en materia militar.

El exsenador y exdiputado de CiU en el Congreso y el Parlament catalán Josep Sánchez i Llibre es nombrado presidente de Foment del Treball, la principal patronal catalana.

Iberdrola pide a su comisión encargada de supervisar el cumplimiento de su código ético que revise las relaciones del comisario Villarejo con Ignacio López del Hierro, consejero de Iberdrola Ingeniería y Construcción (Iberinco) y marido de la exministra de Defensa María Dolores de Cospedal.

Mapfre, Allianz, El Corte Inglés, Prosegur y Deloitte firmaron un pacto secreto para evitar numerosas denuncias y procesos judiciales tras el incendio y derrumbe del edificio Windsor de Madrid en 2005, según documentos aportados por el jefe de seguridad de El Corte Inglés al jugado número 18 de Madrid. Tras 14 años de investigaciones, siguen sin esclarecerse las causas del incendio.

Varios directivos de Caixabank tendrán que declarar ante la Audiencia Nacional por un presunto delito de blanqueo de capitales y por supuestamente haber ayudado a miembros de la mafia china a ocultar fondos ilícitos por valor de 99,1 millones de euros.

Naturgy, antigua Gas Natural Fenosa, presenta una nueva denuncia ante los tribunales internacionales contra la compañía de seguros que, a su parecer, debía compensar a la compañía si su filial colombiana Electrocaribe (adquirida en la ola de privatizaciones de finales de los 90) era expropiada por el gobierno. Con esta medida, la energética catalana aspira a ingresar hasta 500 millones de dólares. Los problemas de Naturgy con Electricaribe se remontan a finales de 2016, cuando el Gobierno colombiano tomó el control de Electricaribe después de varios años de apagones y cortes en el suministro de luz,  protestas por la falta de inversión de la empresa española y un elevado nivel de endeudamiento (se multiplicó por cinco en un solo año), a pesar de las cuantiosas subvenciones de Colombia a esta filial.

El Banco Central Europeo investiga a varios altos directivos del extinto Banco Popular al tener indicios de que habrían creado un entramado de sociedades y testaferros en Luxemburgo con la ayuda del fondo Thesan Capital para ocultar pérdidas por valor de 538 millones de euros.

Las compañías hoteleras NH y Barceló contratan a una tercera empresa para boicotear la huelga de su personal de limpieza, que protesta contra la «explotación laboral» a la que se ve sometida, con salarios de menos de 800 euros y, en algunos casos, tarifas de 1,5 euros por cada habitación limpiada y acondicionada. El sindicato ELA denuncia ante la Inspección de Trabajo que se trata de una vulneración del derecho fundamental a la huelga de las kellys.

El diario conservador La Razón, propiedad de Grupo Planeta (Antena 3, La Sexta…), celebra su 20 aniversario con una llamativa lista de asistentes: los reyes de España, Pedro Sánchez y cinco ministros de su gobierno, Pablo Casado, Pablo Iglesias, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el cardenal emérito Antonio María Rouco Varela, los empresarios Florentino Pérez (ACS), Josep Oliu (Banco Sabadell), y un largo etcétera.

El sindicato CNT denuncia que Grupo Intereconomía, vinculado al Partido Popular y en concurso voluntario de acreedores, lleva varios meses sin abonar las nóminas a su plantilla mientras sigue contratando personal y dedicando un amplio presupuesto a, por ejemplo, la cobertura de los actos del partido ultraderechista VOX.