A lo largo de 2019, 65 filiales de empresas del IBEX 35 han dejado de tributar en lugares considerados nichos o paraísos fiscales. De esta forma, según Oxfam Intermón, las compañías del principal índice bursátil español han pasado de tener 805 filiales en este tipo de territorios en 2018 a 740 en 2019. Una tendencia que no ha seguido Iberdrola, que lejos de disminuir su participación en paraísos fiscales, la ha aumentado. 

De acuerdo con el informe La Hora del Compromiso, el grupo energético tenía 18 filiales en 2018 en lugares que Oxfam considera territorios de laxa tributación como Costa Rica (1), Chipre (1), Holanda (1), Irlanda (2), Islas Vírgenes Británicas (1), Luxemburgo (1) y, sobre todo, Delaware (EEUU) (11). Un año después, durante 2019, Iberdrola ha dado de baja su filial en las Islas Vírgenes Británicas, Garter Properties, Inc., la cual había sido integrada en el grupo tras la adquisición de la filial brasileña Neoenergía, y que ya estaba inactiva, según especificaba en el Informe de transparencia fiscal de 2018.

En contraste, este año pasado, Iberdrola creó 14 nuevas filiales en Delaware, el lugar preferido por las empresas del IBEX. En su ‘Política fiscal corporativa’ aprobada en 2010 y actualizada en 2018, Iberdrola promete “no utilizar estructuras de carácter artificioso […] con la única finalidad de reducir su carga tributaria ni, en particular, realizar transacciones […] de traslado de beneficios a territorios de baja tributación”. También recoge la prohibición de “constituir ni adquirir sociedades residentes en paraísos fiscales”, con la única excepción “de los supuestos en que viniera obligada a ello por tratarse de una adquisición indirecta en la que la sociedad residente en un paraíso fiscal sea parte de un grupo de sociedades objeto de adquisición”, como fue el caso de Garter Properties, Inc.

En su Informe de sostenibilidad 2019, la eléctrica aseguraba que el grupo “no incluye entre sus sociedades participadas controladas y activas ninguna residente en paraísos fiscales según la legislación de referencia (Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, y sus respectivas actualizaciones), ni territorios calificados por la Unión Europea en su lista negra como jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal”.

A pesar de que Delaware “no tiene la consideración de paraíso fiscal ni de jurisdicción no cooperadora”, según defiende Iberdrola, la eléctrica hace una mención especial al Estado de EEUU en su Informe “por el interés que suscita” y señalando que varias sociedades que forman parte del grupo “fueron constituidas en dicho estado”. La energética reconoce que, en Estados Unidos, “es práctica habitual constituir sociedades en el estado de Delaware, debido al desarrollo de su derecho mercantil y consolidada jurisprudencia. Esta combinación proporciona una gran seguridad jurídica en el ámbito mercantil”.

Sin embargo, de acuerdo con la compañía, las sociedades del grupo Iberdrola, “tanto las constituidas en Delaware como en cualquier otro estado de Estados Unidos, tienen su domicilio fiscal y pagan los impuestos en los Estados donde se encuentran los centros de actividad del grupo fiscal consolidado del que forman parte, no siendo Delaware uno de ellos”.

Ya en 2017, Oxfam apuntaba a Iberdrola como una de las compañías españolas que mantenía “un alto número de sociedades” en Delaware, un Estado que “incluye una serie de ventajas de jurisprudencia y agilidad procedimental de los procesos mercantiles”. Ante esto, “aun en el caso de que no obtengan beneficios fiscales”, la ONG consideraba que “este tipo de ventajas también suponen un riesgo, ya que representan una laxitud que contraviene principios básicos de gobernanza y de rendición de cuentas que afectan negativamente a los intereses de otras partes interesadas”.

Tal y como ha podido comprobar este medio a través de la información que ofrece la División oficial de Corporaciones de Delaware,  varias de las filiales de Iberdrola tienen su domicilio en el 1209 de Orange Street, en la ciudad de Wilmington (Delaware). En esa dirección se emplaza The Corporation Trust Center, un edificio propiedad de Wolters Kluwer que sirve como dirección fantasma para casi 300.000 compañías, muchas de ellas españolas como Meliá Hotels International, Ferrovial o Acciona.

A pesar de esto, la energética presume de haber sido evaluada “por tercer año consecutivo como una de las primeras empresas del ranking de transparencia fiscal de compañías del Ibex 35 realizado por la Fundación Compromiso y Transparencia”. Tanto es así que, en el informe Contribución y transparencia fiscal 2018 de la mencionada organización, se reconoce “la excelente práctica iniciada por Iberdrola” al publicar en 2018 un informe sobre transparencia fiscal.

No recibe tan buena crítica por parte del Observatorio de RSC que, en 2018, le otorgaba una puntuación de 19,25 puntos sobre 100 en el apartado de “fiscalidad responsable”, por debajo de la media de todo el IBEX (25,88). La organización aprovechó para recordar a la energética que, además de Delaware, otros territorios como Catar, Irlanda, Luxemburgo y Holanda “tienen consideración de nicho fiscal” para el ORSC, e Iberdrola no se refiere a ellos en sus documentos.

Iberdrola no ha respondido a las preguntas trasladadas por este medio.