“España os espera a partir del próximo julio”. Tras meses de confinamiento y el cierre de fronteras por el tremendo impacto de la COVID-19, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que España está preparada de nuevo para acoger a los turistas extranjeros que quieran pasar la temporada turística en suelo español. Algo que se hará, en palabras de Sánchez, “con plenas garantías sanitarias”. Antes incluso de que los españoles conociesen qué día van a poder viajar de una provincia a otra, los turistas internacionales ya sabían que a partir de julio podrán disfrutar aquí de sus vacaciones.
Salvar la temporada turística ha sido uno de los mantras del Ejecutivo en las últimas semanas, conscientes de la enorme importancia que el sector tiene para la economía española. El turismo supone el 13% de nuestro Producto Interior Bruto (PIB) y de él depende un 12% de todo el empleo nacional. Pero, ¿en qué momento España pasó a tener esa dependencia tan estrecha del turismo?
Un sector con cimientos franquistas
La primera piedra la puso el dictador Francisco Franco. En 1959, el país se abrió al mundo a través del Plan de Estabilización. Quedaban atrás dos décadas de cerrazón estatal, de fallida autarquía. Sin saberlo, Franco ponía iniciaba la conformación del sistema económico de un país que desde aquella época sigue arrastrando males endémicos.
La apertura de aquella España gris tuvo especial incidencia en la industria turística. Tal y como explican Pedro Ramiro y Erika González en su libro A dónde va el capitalismo español (Traficantes de Sueños, 2019), “a la vez que se reglamentaba el comercio internacional, se avanzaba en la liberalización del mercado interno, se regulaba el déficit fiscal y se impulsaba el turismo como vía de entrada de divisas”. En otras palabras, se empezaban a levantar los que iban a ser los dos pilares económicos del país: el turismo y la construcción.
Los chiringuitos y las grúas se iban a convertir en figuras inamovibles del paisaje español. En 1962, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento subrayó en su Informe sobre España “el papel vital del turismo como factor de equilibrio” y “la necesidad de atraer una mayor entrada de capital privado procedente del extranjero”. En su ensayo Exportando Paraísos (Alba Sud Editorial, 2014), Joan Buades concluye que estos puntos “promovían la expansión turística y la conversión de España en un paraíso inmobiliario. Desde el punto de vista de la realidad, fueron los que triunfaron”.
España y el turismo: una relación duradera
Los efectos del Plan de Estabilización llegaron pronto. Entre 1961 y 1973, la economía española creció de media un 7% anual. Pero es en los años 70 cuando se produce la gran explosión del turismo, y España se convierte en la meca turística mundial. “Del millón de turistas que habían llegado en 1950, se pasó a recibir 14 millones en 1964 y 34,5 en 1973. El turismo funcionó como una increíble fuente de divisas, que servía para compensar el déficit comercial. En esos años, los ingresos generados por el turismo duplicaron la suma de las entradas de inversión extranjera y de las remesas que enviaban los emigrantes”, explican Ramiro y González.
Al mismo tiempo, las grúas se convertían en un elemento perpetuo en el horizonte español. El símbolo de un país con una economía basada en la terciarización y en el mercado inmobiliario. El turismo, por su parte, “no era solamente una herramienta comercial del régimen, sino que también fue una potente arma propagandística ya que permitía mostrar al resto de países europeos que en España no se vivía tan mal”, señala Iván Murray en su libro Capitalismo y turismo en España (Alba Sud Editorial, 2015)
De esta forma, empresarios cercanos al franquismo empezaban a amasar ingentes cantidades de dinero. Ahí estaba, por ejemplo, José Banús, conocido como “el constructor del régimen”, quien se paseaba por las cárceles eligiendo a presos como mano de obra para sus negocios. Banús comenzó sus carrera con la construcción del Valle de los Caídos, continuó edificando por diferentes barrios periféricos de Madrid y acabó en la Costa del Sol, donde levantó el mítico Puerto Banús, en Marbella. La especulación inmobiliaria llevaba su apellido.
Este no iba a ser el único José que hiciese negocios al amparo del dictador. Subido en el otro pilar económico, el del turismo, Meliá Sinisterra construía su imperio turístico: Viajes Meliá S.A.. Según cuenta Mariano Sánchez Soler en su libro La familia Franco S.A. (Rocaeditorial, 2019), Meliá formaba parte del “clan de El Pardo”, un reducido grupo que conformaban la familia del dictador y un puñado de grandes empresarios.
Aquella primera piedra colocada por Franco no solo no ha sido eliminada, sino que ha sido pulida y mimada tras la llegada de la democracia por los sucesivos gobiernos, tanto del PSOE como del Partido Popular. Incluso por la coalición entre PSOE y Unidas Podemos que gobierna en la actualidad. A un ritmo vertiginoso, Felipe González comenzó a liberalizar la economía del país, un proceso que culminó con mucho ahínco José María Aznar. España se convirtió en un país periférico dentro de la economía-mundo, donde los pilares turístico-inmobiliarios estaban asentados sobre el mejor de los cimientos posibles.
En palabras de Iván Murray, “la condición del Estado español como miembro del Eurogrupo y con una estructura económico-financiera ‘convergente’ con el resto de la UE, propició la transformación del negocio turístico hacia el modelo turístico-inmobiliario. Si se considera el turismo como vía de acumulación y como actividad estructural que produce un territorio y unas relaciones sociales, resulta que la burbuja inmobiliaria española explica, en buena medida, la transformación del turismo extranjero (y español). Además, hay que tener en cuenta que esta burbuja inmobiliaria”no sería explicable sin su vinculación al proceso geohistórico de turistización española”.
El lobby de turismo Exceltur –ahora presidido por Gabriel Escarrer, vicepresidente y CEO de Meliá Hotels International– calificó la década de los 90 como “la de mayor prosperidad para el sector turístico español”. La desregulación ya daba sus beneficios a compañías como NH, RIU, Barceló, Iberostar y la propia Meliá, la mayor parte de ellas nacidas en Mallorca.
Precariedad laboral: Marca España
“El turismo de sol y playa, la selección española de fútbol, el flamenco, las tapas y la tuna. Pero también, y sobre todo, el crecimiento económico, la competitividad, la inversión extranjera, los emprendedores y las grandes empresas. Esos son los elementos fundacionales de la Marca España”, explica Pedro Ramiro en un un trabajo de idéntico nombre. Tanta importancia le dio el Ejecutivo de Mariano Rajoy a estos elementos que, en 2012, creó el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España. Al frente se situó Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós, expresidente de Iberia y padre del diputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros.
Por todo ello, cuando el actual ministro de Consumo, Alberto Garzón, se atrevió a decir recientemente que el turismo español aportaba un “bajo valor añadido”, numerosas voces se alzaron contra él. Algunas incluso pidieron su dimisión. Porque Garzón se había atrevido a atacar a uno de los emblemas de este país, el único de sus pilares económicos que todavía quedaba en pie tras el derrumbe de la construcción a raíz de la crisis de 2008.
El turismo, intocable hasta ahora, había sido mancillado con palabras salidas de la boca de un ministro –además, comunista–, que aseguró que el empleo en la industria turística es “precario” y “estacional”. ¡Anatema! Un sector que representa el 13% del PIB y que genera el 12% del empleo solo puede ser venerado en el segundo destino turístico del mundo. Aunque organizaciones como Las Kellys –la asociación de camareras de piso– denuncian desde hace años subcontratación en este tipo de compañías, falta de materiales para trabajar, instalaciones deficientes, inexistencia de formación, impago de las horas extra, jornadas interminables, enfermedades laborales… Denuncias todas ellas que apuntan en la línea de la precariedad.
Y estacional. Como explican Pedro Ramiro y Erika González, “de cada ocho contratos que se firmaron en 2017, uno fue para trabajar de camarero; una proporción que duplica la que había diez años antes. Más de la mitad de esos contratos tuvieron una duración inferior a una semana, en un sector caracterizado por el hecho de que dos tercios de los puestos de trabajo son temporales”. Todo esto, mientras la rentabilidad hotelera crecía el 10%, algo que no se ha visto reflejado en la nómina de sus trabajadores y sus trabajadoras.
Operación ‘Salvar al turismo’
No obstante, las críticas del ministro de Consumo al sector turístico han sido marginales dentro del Ejecutivo. A mediados de mayo, el Boletín Oficial del Estado (BOE) explicaba negro sobre blanco que los extranjeros que viajasen a España tendrían que pasar una cuarentena obligatoria de 15 días. La norma fue un jarro de agua fría para las empresas turísticas que, en esos momentos, daban por perdida la temporada de verano. Por esas mismas fechas, la ministra francesa de Transición Ecológica e Inclusión, Élisabeth Borne, desaconsejó a sus ciudadanos viajar a España. “No puedo recomendar a los franceses que reserven unas vacaciones en España a día de hoy. España ha optado por abrir sus fronteras y al mismo tiempo ha establecido normas sobre las personas que llegan en avión. Es contradictorio”, criticó.
Ante el revuelo generado por la polémica medida, el Ejecutivo volvió a dar un giro de 180º para cambiarlo todo. Apenas 10 días después, Pedro Sánchez se dirigió a los turistas extranjeros. “España os espera a partir del próximo julio”, les dijo. Lo mismo hizo con la industria, a la que pidió que se preparase desde entonces «para reanudar su actividad en pocos días”.
En aquella misma comparecencia de prensa, el presidente del Gobierno aprovechó para decir que el sector turístico “ha sido el más beneficiado por los avales del ICO”, con un total de 82.324 operaciones en 68.668 empresas. El saldo final: 6.441 millones de euros en ayudas, a lo que habría que sumar los 400 millones activados por la quiebra del gigante turístico Thomas Cook. De la misma forma, 260.000 autónomos vinculados a la hostelería y el turismo han recibido prestaciones por cese de actividad. Finalmente, el sector ha sido el que mayor número de Expedientes de Regulación Temporal del Empleo (ERTE) ha realizado, con un total de 917.704 trabajadores. Compañías como Meliá, Barceló, Riu o Iberostar han aportado, en conjunto, más de 25.000 empleados a esta lista.
Comunidades como Baleares, donde el turismo es esencial y donde están domiciliadas las principales compañías del sector, han puesto en marcha una serie de cambios para dar facilidades a la industria. Así, el Govern balear ha decidido modificar la Ley de Urbanismo para flexibilizar el sector de la construcción tras las crisis. También se ha rectificado la Ley de Turismo, al ampliar la edificabilidad del 10 al 15% y permitiendo que los hoteles obsoletos puedan ser reconvertidos en Viviendas de Protección Oficial.
Estos cambios no han gustado a diversos colectivos, como el grupo ecologista GOB, que ha acusado al Govern de “perversión máxima” por aprovecharse “del discurso de la reactivación económica post-Covid para agilizar paquetes normativos y proyectos que vuelven a buscar en la construcción y el binomio con el sector de la industria turística, sin la suficiente evaluación de impacto ambiental”.
El Colegio de Arquitectos también ha mostrado “cierta decepción” con los cambios y ha subrayado que la organización nunca ha estado de acuerdo con “el urbanismo a medida”. Las islas se encuentran gobernadas actualmente por una coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, lo que deja entrever que ninguno de estos partidos se va a mostrar extremadamente beligerante con el sector.
Mirando al futuro
Cada 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo, el sindicato UGT “reclama un modelo turístico sostenible y de calidad, que reconduzca la situación actual del sector turístico que, debido a la masificación y la apuesta por modelos low cost, está marcada por la explotación laboral, el fraude fiscal, la degradación de los entornos urbanos y la sobreexplotación de los espacios naturales”. El sindicato exige “una reconversión integral del sector” a partir de una estrategia turística común que abandone el actual modelo de sol, playa y ocio a bajos precios, por un turismo de calidad, desestacionalizado, “de alto valor añadido” y que apueste por la formación de sus trabajadores y trabajadoras y la mejora de las condiciones laborales.
En el acuerdo de gobierno de Coalición Progresista, firmado por el PSOE y Unidas Podemos, se fija la “Estrategia de Turismo Sostenible 2030”, en la que se establece la consolidación de la posición del sector en España “basado en la sostenibilidad y en la implementación de la inteligencia turística”. En el programa electoral de UP se establecía la promesa de “poner coto a la excesiva proliferación de pisos turísticos para recuperar la habitabilidad de nuestros barrios y avanzar hacia un modelo de turismo sostenible”.
Para el exdiputado e investigador Joan Buades, el Ejecutivo actual debería plantear “un escenario de decrecimiento en la mayoría de los lugares turísticos del Estado español” que en la actualidad se encuentran “absolutamente saturados”. A la vez, aboga por pensar en alternativas para aquellas zonas cada vez más vacías de población, teniendo en cuenta factores como el cambio climático. “Si esto no pasa”, concluye Buades, “en 30 años nos encontraremos con playas vacías porque el calor es insoportable y con estaciones de esquí derretidas”.
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Coordinador de #yoIBEXtigo. Graduado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Comunicación Política. Con la lupa puesta sobre las grandes empresas. Músico y extremeño.