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Bancos
El gran protagonista de esta semana ha sido BBVA. El día que se cumplieron 14 años del incendio del rascacielos Windsor, el portal de noticias moncloa.com aseguraba que el siniestro habría sido llevado a cabo por el excomisario Villarejo para destruir los documentos guardados en las oficinas madrileñas de la auditora Deloitte, que podían ser comprometedores para el presidente del BBVA, Francisco González. Tras esta publicación, el Juzgado Central de Instrucción Nº6 ha pedido al medio digital los documentos relacionados con dicha información.
BBVA también debe hacer frente a otro problema: la comunidad china en España se ha levantado contra la entidad bancaria acusándola de dar un trato discriminatorio tras bloquear sus cuentas “sin previo aviso”. BBVA asegura que informó y que lo ha hecho para cumplir con la Ley de blanqueo de capitales.
En plena vorágine informativa, BBVA ha comunicado los resultados y las remuneraciones de los miembros de su consejo. Destacan los honorarios del actual presidente de BBVA, Carlos Torres Vilas, quien durante 2018 se embolsó 4,5 millones de euros, y del expresidente Francisco González, con 5,1 millones de euros. Jaime Caruana, exgobernador del Banco de España, que cruzó la puerta giratoria en junio de 2018, ganó 237.000 euros durante ese año. José Manuel González-Páramo, antiguo miembro del Consejo de Gobierno y de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, cobró 1.108.000 euros. José Maldonado, ex subsecretario del Ministerio de Administración Territorial, 404.000 euros. Finalmente, Lourdes Maíz, ex secretaria gene-ral técnica del Ministerio de Agricultura (2000-2001), 298.000 euros.
También se han conocido las retribuciones del consejo de Banco Sabadell, que en 2018 gastó 6,4 millones de euros en pagar a sus miembros. Destaca lo recibido por parte del presidente Josep Oliu (casi 2 millones de euros) y el consejero delegado Jaime Guardiola (1,4 millones). Según el informe remitido a la CNMV, ambos han renunciado a los 1,21 millones de euros que les correspondería como retribución variable. En el consejo de Sabadell se encuentran varios antiguos cargos públicos como David Vegara (185.000 euros) o María José García Beato (266.000 euros).
Domingo Parra, ex consejero delegado de Banco de Valencia (antigua filial de Bancaja, ahora perteneciente a CaixaBank), ha sido condenado por la Audiencia Nacional a un año y siete meses de prisión tras llegar a un pacto con la Fiscalía para reconocer su culpa y entregar 330.000 euros con el objetivo de evitar la pena inicial de 3 años y 6 meses. La sentencia obliga a Parra a indemnizar al FROB, que fue inyectó 4.500 millones a la entidad o, en su defecto, a CaixaBank como sucesora de Banco de Valencia, con 509.525 euros.
Ese mismo día, Narcís Serra y Adolf Todó, expresidente y exdirector general Catalunya Caixa, respectivamente, fueron absueltos por la Audiencia de Barcelona en relación al caso de los sobresueldos que la entidad habría abonado en 2010 a la antigua cúpula. A pesar de la mala situación que atravesaba la filial de BBVA (ahora incorporada dentro de grupo), la Audiencia no ve “comportamiento delictivo”.
¿Quién financiará la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu? Según El Confidencial, Merrill Lynch y JP Morgan darán 575 millones de euros al club dirigido por Florentino Pérez. Santander y CaixaBank también participarían en el préstamo.
Sector y empresas públicas
Según Expansión, ACS es la empresa que más contratos recibió por parte de Adif, la gestora ferroviaria pública, durante 2018. Así, la empresa de Florentino Pérez se embolsó casi 249 millones de euros en el pasado año gracias a las obras del AVE, lo que supone un casi un 20% del total. El top 5 lo completan Ferrovial (12,86%), Acciona (12,85%), FCC (10,91%) y Sacyr (7,71%).
Red Eléctrica, presidida por el exministro Jordi Sevila, cuyo mayor accionista es el Estado ha comprado un 90% del grupo Hispasat por 949 millones de euros, tras varios meses de negociaciones con Abertis, la concesionaria de autopistas controlada por ACS y Atlantia.
Infracciones
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto una investigación a 25 empresas de consultoría por «observar indicios racionales de que han cometido infracciones prohibidas” entre 2009 y 2018. Entre las compañías se encuentran Indra, Deloitte y PwC, las cuales se habrían repartido las licitaciones de consultorías (públicas y privadas) de manera ilegal. Cabe recordar que Indra ya fue multada en julio del año pasado por la CNMC con más de 13 millones de euros por participar en una trama de licitaciones públicas.
El juez del juzgado de lo Social número 33 de Madrid, ha dictaminado que un trabajador de la empresa de reparto Glovo era un falso autónomo. Es la primera sentencia que falla a favor de un trabajador de esta compañía obligando a readmitirle y abonarle los “salarios de tramitación”. Sin embargo, este no es el único golpe para la mal llamada “economía colaborativa”: en París, el Ayuntamiento de la ciudad reclama 12,5 millones de euros a la plataforma de alquiler de pisos turísticos Airbnb por incumplir la legalidad vigente en Francia.
Coordinador de #yoIBEXtigo. Graduado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Comunicación Política. Con la lupa puesta sobre las grandes empresas. Músico y extremeño.