subvenciones IndraFLICRK / Licencia CC BY-NC 2.0

Indra: El ‘Gran Hermano’ que diseña armas y gestiona historiales médicos (y 2)

La historia de Indra va unida al armamento español. Una estrecha relación que se mantiene en la actualidad y que se ha extrapolado al ámbito europeo. La elección, en septiembre, por parte del Gobierno español de Indra para que coordine la participación de la industria española en el diseño y construcción del nuevo avión de combate europeo que sustituirá al Eurofighter, el Future Combat Air System (FCAS)  ha supuesto un gran empujón. Con un coste total previsto en 100.000 millones de euros, su situación de coordinador del proyecto por parte de España le asegurará llevarse una buena tajada

No han sido las únicas buenas noticias que la parte de defensa de Indra se ha llevado últimamente. En mayo de este año, Navantia elegía los sistemas de guerra electrónica de Indra para que formaran parte del equipo de las fragatas que construye para Arabia Saudí y, en julio, el Ministerio de Defensa la nombraba subcontratista prioritaria para los blindados 8×8 que le ha encargado a Santa Bárbara Sistemas. Finalmente, este último negocio se torció para Indra y Defensa desestimó la oferta de la empresa por razones técnicas, operativas y económicas, declarando desierto el contrato, que volverá a sacarse a concurso.

Los grandes contratos en defensa le llueven a Indra incluso desde antes de que naciera. Ya en octubre de 1993, el Consejo de Ministros daba su aprobación a un acuerdo que reportaría a la entonces recién nacida Indra 33.000 millones de pesetas. El contrato, en el que también participaban la británica Marconi y la italiana Alenia, consistía en la compra de diez radares desarrollados por Ceselsa (integrada en Indra) con los que crear una red de alerta de defensa del territorio español ante ataques externos, según publicaba entonces El País. Fue uno de sus primeros grandes contratos como Indra, y uno de los mayores dados en España relativo a defensa, pero dos años después sería superado por un nuevo contrato público. Esta vez eran 5.000 millones de pesetas, el segundo más importante por importe y tenía como objeto “desarrollar el sistema de guerra electrónica del Avión Europeo de Combate (EFA)”.

En 2004, Javier Monzón —entonces presidente de Indra— fue una de las 16 personas procedentes de empresas que formaron el Grupo de Personalidades (GoP por sus siglas en inglés) que determinaron los objetivos del Programa de la Unión Europea de Investigación sobre Seguridad (ESRP por sus siglas en inglés), a través del cual entre 2007 y 2013 se invertirían 1.400 millones de euros a promover el crecimiento del negocio de la industria de la seguridad interna en Europa, según el informe NeoConOpticon. The Eu Security Industrial Complex, publicado en 2006 por Statewatch y el Transnational Institute. 

En junio de 2015 fue ya Fernando Abril-Martorell una de las 15 personas que formaron parte de otro Grupo de Personalidades convocado por la Unión Europea con el mandato de publicar un informe pidiendo que las arcas de la Unión destinaran “hasta el presupuesto máximo permitido por el marco legal”. 

No le fue mal a la tecnológica española. En 2018, Indra aparecía como uno de los principales socios de Ocean2020, el mayor proyecto en el área de defensa impulsado por la Unión Europea, con cerca de 35,5 millones de euros de financiación europea y que se desarrolla desde abril de ese año, y por un periodo de 36 meses, desde 42 empresas instituciones entre las que se cuentan, además de Indra, la italiana Leonardo, la OTAN o los ministerios de Defensa de España, Portugal, Italia y Grecia.

El objetivo del proyecto es desarrollar sistemas que permitan misiones militares conjuntas en el mar. En el mismo año también ha sido una de las nueve empresas beneficiarias de una subvención europea para el proyecto Generic Open Soldier System Reference Architecture (GOSSRA), que contempla la investigación de un sistema de equipos de comunicación y sensores para soldados. 

Actualmente, según señala el proyecto LobbyFacts del Corporate Europe Observatory y de Lobby Control, Indra es parte de tres grupos de presión relacionados con la industria armamentística europea: la AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD), de la European Cyber Security Organisation (ECSO) y de la European Organisation for Security (EOS).

En los últimos diez años, la Comisión Europea ha dado subvenciones a Indra relacionadas con investigación y desarrollo en defensa por al menos 12,12 millones de euros, según aparece en el Servicio de Información Comunitario sobre Investigación y Desarrollo (CORDIS) y en otras webs institucionales europeas. La cifra es bastante mayor, ya que en varios de los proyectos, al no dividirse el importe entre las empresas participantes, este no se ha sumado.

Por su parte, las instituciones españolas han dado subvenciones a Indra relacionadas investigación y desarrollo en defensa por más de 34,8 millones de euros, la mayoría de ellas con cargo al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) —dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades—, o al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,  o de la Junta de Castilla y León —siete proyectos de los cuáles no se ha podido averiguar el importe de ninguno— . Más información en el artículo de este dossier sobre subvenciones.

A nivel europeo tiene buenas relaciones con otras grandes empresas del sector armamentístico, como la europea MBDA, que es el principal fabricante europeo de misiles y que está participado por el grupo europeo EADS —la actual Airbus—. Indra es la accionista mayoritaria en Inmize, creada por MBDA España, que en 2011 estuvo dirigida en España por el exministro de Defensa Pedro Morenés.

Es también uno de los principales proveedores de Eurofighter, la empresa europea de cazas que ha vendido sistemas a Arabia Saudí para su uso en Yemen, donde ha bombardeado objetivos civiles como escuelas, instalaciones médicas, mezquitas o mercados, según señala el informe Indra Sistemas S.A., armas para la guerra y la militarización de fronteras, publicado por el Centre Delàs d’Estudis per la Pau.

Según señala el informe Defensa, seguridad y ocupación como negocio, publicado por el Instituto Internacional por la Acción Noviolenta (Novact) sobre las relaciones entre empresas españolas e israelíes, Indra participa también en varios negocios de la guerra junto a empresas israelíes, como en el del Sistema PASI de drones, en el que participan la israelí IAI, contratado por el Ejército de Tierra para vehículos aéreos no tripulados a ser utilizados en Afganistán y por el que, entre desarrollo, formación y mantenimiento, se pagaron más de 40 millones de euros entre los años 2007 y 2012.

La producción militar de Indra, además de los misiles que vende a través de Inmize, va desde los radares para la defensa del espacio aéreo a los sistemas de gestión de tráfico aéreo (ATM), comunicación, navegación y vigilancia para bases militares, sensores de bandas de frecuencia, o equipos para las unidades militares de defensa nuclear, radiológica, biológica y química. También por ofrecer entrenamiento con simuladores de helicópteros o cualquier tipo de nave. Y por ocuparse de la logística de ejércitos. Y de la vigilancia espacial y del ciberespacio. En julio de 2019, el personal del Mando Conjunto de Ciberdefensa Español, subordinado al Jefe de Estado Mayor de la Defensa, completaba su entrenamiento para operaciones militares en el ciberespacio con el producto de Indra Cyber Range.

El negocio de las fronteras

El control de fronteras también se ha convertido en los últimos años en una buena parte del negocio de Indra. Ya en 2005, esta empresa fue la responsable de construir una tercera valla en la frontera española en Melilla, una estructura de dos metros por dos metros y medio. Esta empresa más ACS y Ferrovial se han llevado el grueso de lo que cuestan las barreras en Melilla y Ceuta entre 2004 y 2015, 8 de cada 10 euros, según cifraba un reportaje de El Confidencial. 59 millones de los 75 invertidos.

En cuanto a las fronteras españolas, según un estudio de la Fundación porCausa, entre 2004 y 2017 Indra ha sido beneficiaria de hasta 60 contratos por 109,4 millones de euros. 25 de los contratos, por cerca de 60 millones de euros, fueron destinados al Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), un dispositivo de la Guardia Civil en la costa española para detectar embarcaciones que intenten llegar a España de forma ilegal. En 2008, Indra fue contratada por el Gobierno de Rumanía para aplicar el mismo sistema SIVE en la parte del Mar Negro de Rumanía por 18 millones de euros. 

En 2015, según publicaba El Salmón Contracorriente, Indra lideró una unión temporal de empresas que consiguió el “contrato marco para los bienes de servicios de vigilancia aérea y soporte experto”. El acuerdo, por 10 millones de euros, tenía como objetivo desarrollar el equipo técnico de Frontex para los vuelos de vigilancia marítima y terrestre. Ese mismo año consiguió un segundo contrato, dentro del programa Copérnico, para la mejora de la vigilancia de fronteras vía satélite por otros cerca de 50.000 euros. 

Las ayudas públicas a Indra para investigación y desarrollo de tecnología enfocada a control de fronteras tampoco ha escaseado. Entre 2009 y 2014, la Comisión Europea le ha dado subvenciones por más de 8,5 millones de euros para desarrollar proyectos de control en fronteras. En 2010 recibió más de 730.000 euros como parte del proyecto SeaBILLA, para mejorar el control de fronteras y a desarrollar hasta 2014. En 2011 le tocaron casi 4,9 millones de euros por liderar el proyecto PERSEUS, para desarrollar programas de control integrado a nivel europeo.

El programa ABC4EU, por su parte, iba destinado al desarrollo de tecnologías para control biométrico en aeropuertos. Realizado junto a otras 16 empresas e instituciones —la Universidad Rey Juan Carlos, el Ministerio de Interior español y la consultora PriceWaterHouseCoopers entre otros—, se llevó a cabo entre 2014 y 2018 y le reportó a Indra casi 1,9 millones de euros. La tecnología, que en 2015 ya estaba en los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Girona, Palma de Mallorca, Alicante, Tenerife Sur y Málaga, además de en la Estación Marítima de Algeciras, contempla reconocimiento de las huellas dactilares y facial, y registra también las entradas y salidas del Espacio Económico Europeo.

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Ter García

Ter GarcíaRedactora y miembro del colectivo editor de El Salto. Entre 2012 y 2016 formó también parte del colectivo editor de Diagonal.

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