Congreso de los Diputados. FERNANDO SÁNCHEZ

El Gobierno no suelta a Indra

Indra nació dividida en cuatro sectores —defensa, comunicaciones, consultoría y espacio— que englobaban a poco más de una docena de sociedades. A su frente estaba Javier Monzón, que llegaba de presidir Inisel y que se mantuvo como presidente del grupo hasta 2015. La empresa había nacido bajo el mando del INI (después SEPI), que atesoraba un 62% de las acciones de la compañía, y en él se mantuvo durante algunos años hasta que el gobierno de José María Aznar la incluyó en su política de privatizaciones. Pero a Indra, el Gobierno nunca la soltaría del todo.

En 1995, una ampliación de capital por 10.000 millones de pesetas, a propuesta de Monzón, daría entrada en Indra a la multinacional Thomson-CSF —actualmente Thales, también con capital en parte público, pero francés—, que se quedó con el 24,9% del grupo tecnológico y de defensa por 3.000 millones de pesetas. Hasta entonces, el poder de Indra recaía en Teneo, una sociedad de capital público creada a la misma vez que Indra para que fuera destinataria de las participaciones públicas susceptibles de ser gestionadas con criterios empresariales homogéneos y que se regiría con estricta sujeción al ordenamiento jurídico privado, según declaraba el texto de los Presupuestos Generales del Estado de 1992 que sirvió como partida de nacimiento.

Tres años después, en 1998, comenzaría la primera fase de privatización. Para ello, el primer paso sería asegurarse de que los franceses no se quedaran con el control de Indra cuando la Sepi vendiera su 63%. En mayo de 1998, la Sepi y Thomson llegan a un acuerdo por el cual la francesa reducía su participación en Indra del 24,99% hasta el 10,5%. La diferencia iría a a parar a “socios institucionales españoles”, según cita la Sepi. Un año después aparecieron estos socios: Caja Madrid se quedó con un 10,5% de Indra y Banco Zaragozano con el 4% restante.

Ya con la amenaza francesa despejada, la Sepi se deshizo de su parte del pastel en Indra en marzo de 1999 sacando a Bolsa su 63% de acciones en una operación dirigida por el Banco Santander y Paribas con la que el Estado se embolsó 437 millones de euros.

Pero Sepi volvió a Indra. En agosto de 2013, la sociedad estatal compraba el 20,1% de acciones que en aquel entonces estaban en poder de Bankia. La venta de las acciones por parte de la antigua Caja Madrid era parte de su Plan de Reestructuración tras una crisis que costó al erario público 147.000 millones de euros, según un informe elaborado por la Plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda.

La compra de las acciones de Indra sería, a su manera, parte de ese rescate. Por 337 millones de euros, la venta le suponían a Bankia unas plusvalías de 43 millones de euros. Según afirmó el entonces presidente de la Sepi, Ramón Aguirre —que cobraba por el cargo 218.871,38 euros anuales, según publica Infolibre—, la vuelta de la entidad pública a Indra fue a causa de “la incertidumbre que generaba sobre la reestructuración accionarial de Indra la obligación de venta que tenía el Grupo BFA-Bankia, la importancia de la actividad de la compañía en sectores estratégicos para la defensa nacional y de seguridad, y, por supuesto, el valor de Indra como una de las principales compañías tecnológicas con presencia internacional que refuerzan la marca España”.

2014 y 2015 fueron años muy difíciles para Indra. De los 189,5 millones de euros de beneficios que había conseguido en 2010, su año de mejores cifras, las ganancias fueron bajando poco a poco hasta los 115 millones de euros en 2013. El año siguiente sufrió unas pérdidas de 90 millones de euros y, en 2015, de 641,2 millones de euros. En julio de 2014 fue la última vez que repartió dividendos entre sus accionistas, de 0,34 euros por acción, y correspondientes al ejercicio de 2013.

En enero de 2015, la junta de accionistas, forzada por la Sepi y Corporación Financiera Alba, acordaba el reemplazo de Javier Monzón, presidente de la compañía desde sus inicios. Monzón abandonaría Indra con 16 millones de euros en varias partidas como “plazo contractual de preaviso” o “pagas extra y vacaciones no disfrutadas”, entre otros,, aunque dos años después devolvería a la empresa uno de esos millones por haber utilizado el avión privado de la compañía para asuntos privados, un avión cuyo alquiler costaba 3,5 millones anuales a Indra, según El Confidencial. Le sustituyó en el cargo Fernando Abril-Martorell, que llegaba a Indra tras ser consejero delegado en Telefónica y Prisa, esta última siguiente destino de Monzón. Pero las cuentas de Indra siguieron empeorando y en ese año tocaría fondo: sus pérdidas superaron los 640 millones de euros.

En 2017, Indra anunciaba su Plan Estratégico para 2018-2020. Un programa de reestructuración que supuso la agrupación de todas las sociedades que trabajan en tecnologías de la información (TIC) de Indra en una sola filial, separando las actividades TIC de las de defensa y transportes. El mismo año aprobó la compra de Tecnocom por 305 millones de euros. El objetivo: reforzar su posición en el sector financiero y de tecnologías de la información.

Los altos cargos de Tecnocom pasaron a Indra, pero por poco tiempo. Pocos meses después, hasta seis cargos procedentes de Tecnocom presentaban su dimisión en Indra, y, el 22 de diciembre de 2018 también lo haría el que fuera presidente de Tecnocom, Javier Martín, que se marcharía con 3,17 millones de euros bajo el brazo. Pero, al menos de primeras, la compra no le salió muy rentable. En el primer trimestre de 2018, el beneficio neto de la compañía fue de 11 millones de euros, un 49% menos que en el mismo periodo del año anterior.

“Todo lo que Monzón había escondido debajo de la mesa, lo relacionado con defensa, y la parte industrial, como transporte y tráfico, es lo que conforma en la actualidad Indra Sistema; el resto son subsidiarias”, explica Manuel Guirao, de CGT Indra, sobre el Plan Estratégico que reorganiza los ámbitos de trabajo de Indra, que relaciona con la Púnica. “A raíz de estar en esos escándalos, para salvaguardar esa parte de Indra se le cambia el nombre y se le quiere dar una imagen no ligada a Indra”, añade .   

Actualmente, la matriz de Indra cuenta con un capital social suscrito y desembolsado de 35,3 millones de euros repartidos en 176.654.402 acciones con los mismos derechos a voto. El máximo accionista es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), heredera del Instituto Nacional de Industria (INI) y dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

A día de hoy, su porcentaje de acciones es del 18,71%. Le sigue la Corporación Financiera Alba —10,52%—, Fidelity Management and Research (FMR) CO —con sede en Boston, 9,36%—, T Rowe Price Associates, Inc —con sede en Maryland, 4,9%—, Norges Bank —banco central de Noruega, 4,13%—, Schroders PLC —británica, fundada por la familia Schroder, de Hamburgo. Tiene entre sus consejeros a Daniel de Fernando García, ex director de Patrimonio de BBVA y con quien el exministro de Justicia José María Michavila había creado la gestora Mdef Partners—.

Entre los miembros de su consejo de administración, Fernando Abril-Martorell, con 0,20% de acciones, es el que tiene mayor poder de voto en la compañía. Le sigue Cristina Ruiz Ortega, desde febrero de 2018 consejera directora general de Tecnologías de la Información en Indra, con el 0,03%, y el resto de consejeros con el 0,02% y 0,01%.

Abril-Martorell es, desde enero de 2015, el presidente de la comisión ejecutiva, del comité de dirección y del consejo de administración de Indra, cargo que compagina con el de consejero en la papelera Ence y de Adevinta —propietaria de las web infoJobs o Fotocasa, entre muchos otros—. Solo por su cargo en Indra los ingresos de Abril-Martorell en 2018 ascendieron a 2 millones de euros, según aparece en las cuentas de Indra de ese año. El año anterior cobró más de 7 millones de euros.

Con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, tras la moción de censura de verano de 2018 a Mariano Rajoy, el puesto de presidente de Abril-Martorell peligró. El nuevo director de la Sepi, Vicente Fernández Guerrero –quien dimitió en octubre de 2019 siendo relevado por Bartolomé Lara–, muy vinculado al PSOE andaluz, cambió, al poco de llegar al cargo, las cabezas de Aena, Renfe, RTVE, EFE, Correos, Navantia, Tragsa, Hunosa, Saeca y Cetarsa, pero finalmente decidió respetar el nombramiento por parte del Partido Popular de Mariano Rajoy de Abril-Martorell en Indra. Eso sí, eliminó del consejo de administración a dos consejeros vinculados al Partido Popular —Adolfo Menéndez y Juan Carlos Aparicio— para colocarle otros dos vinculados al PSOE: Miguel Sebastián —exministro de Industria— y Antonio Cuevas.

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Ter García

Ter GarcíaRedactora y miembro del colectivo editor de El Salto. Entre 2012 y 2016 formó también parte del colectivo editor de Diagonal.

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