El empresario Florentino Pérez y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en un acto en 2016. Foto: REUTERS 7 Juan Medina.El empresario Florentino Pérez y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en un acto en 2016. Foto: REUTERS 7 Juan Medina.

Nuevos negocios de Florentino en Madrid, multa para Banco Santander en Reino Unido y puertas giratorias en la CEOE

Un nuevo escándalo salpica a Banco Santander: las autoridades reguladoras de Reino Unido han impuesto una multa de 36,4 millones de euros a Santader UK por deficiencias graves en su forma de procesar las cuentas e inversiones de clientes que han fallecido. Según la investigación, la filial británica de Banco Santander no transfirió el equivalente a 203 millones de euros a las personas beneficiarias y herederas de más de 40.000 clientes que murieron entre 2013 y 2016. Además, el banco también cometió negligencias al no informar sobre esta práctica, y al proporcionar un trato «incorrecto» a las personas afectadas. La multa impuesta a Banco Santander es un 30% inferior que la sanción que estipula la legislación británica, debido a que la entidad que preside Ana Botín ha aceptado pagar para zanjar el asunto en lugar de recurrir, y queda lejos de los 2.067 millones de euros de beneficio bruto que generó Santander UK en 2017.

Esta sanción daña levemente la imagen del Santander en Reino Unido. Sin embargo, el principal banco español tiene más suerte en otros países, como Brasil. Recientemente Jair Bolsonaro, el nuevo presidente ultraderechista de Brasil, eligió al director de Banco Santander Brasil para presidir el Banco Central brasileño.  Esta semana, el Santander se ha anotado un tanto al adquirir el 100% de Getnet, una empresa tecnológica brasileña especializada en medios de pago y con una amplia cuota de mercado en la mayor economía de América Latina.


El Ayuntamiento de Madrid acelera para que a finales de enero esté aprobada la modificación urbanística que pondrá en marcha el proyecto Madrid Nuevo Norte, más conocido como ‘operación Chamartín’, que afecta a 3,3 millones de metros cuadrados de la capital y cuenta con el respaldo de todas las formaciones de la Asamblea de Madrid, excepto Izquierda Unida. Hay 3.500 alegaciones pendientes de resolver sobre la mesa. Mientras el sector empresarial aplaude el esfuerzo, la decisión del Consistorio de Manuela Carmena es interpretada por sectores críticos como un intento por evitar que las elecciones municipales enturbien este proyecto y para obtener más respaldo del poder empresarial, principal beneficiado de esta macrooperación urbanística. En este momento el Tribunal Superior de Justicia de Madrid estudia varios recursos a este proyecto interpuestos por Ecologistas en Acción y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, que piden la nulidad de este plan y denuncian que deja de lado a los vecinos y vecinas, priorizando los intereses de grandes multinacionales y constructoras, principalmente ADIF, BBVA y San José (integrantes del consorcio Distrito Castellana Norte, encargado de esta remodelación), y que además tendrá un impacto negativo sobre el medio ambiente, según estas organizaciones.

Precisamente esta semana saltó la noticia de que Florentino Pérez, dueño de la constructora ACS y presidente del Real Madrid, vendió por 130 millones de euros unos terrenos en el distrito de Tetuán (Madrid) que le había comprado en 2017 al Ayuntamiento madrileño por 90 millones (es decir, una plusvalía del 44% en poco más de un año). No es la primera vez que se produce una operación así entre Pérez y el Consistorio de la capital.


En España la ley estipula que las empresas deben contribuir a las arcas del Estado con un impuesto de sociedades del 25% sobre su base imponible (30% en el caso de bancos y petroleras). Sin embargo, su contribución real es menor y juega con ventajapagan de media el 5,99% de sus beneficios declarados, mientras que las pequeñas y medianas empresas abonan el 18,8%. Las grandes empresas que operan en España tributan entre el 6% y el 17% de sus beneficios. En el caso de las grandes constructoras (facturación superior a los 1.000 millones), pagaron al fisco en España el 1,16% de sus beneficios, mientras que los grupos bancarios pagaron el 2,94%, según nuevos datos de la Agencia Tributaria que hacen referencia a 2016. En resumen: proporcionalmente y a pesar de sus desventajas operativas, las empresas pequeñas (menos de 10 empleados) pagan 2,4 veces más impuestos que las grandes.


OTRAS NOTICIAS

  • La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impone a Endesa una sanción de 120.000 euros por cambiar a clientes de contrato y comercializadora sin su consentimiento. Ni la CNMC ni Endesa han aclarado cuánto dinero reportó esta práctica a la compañía. En marzo, la CNMC multó a Endesa con 30.000 euros por el mismo motivo tras una denuncia de la organización de consumidores Facua.
  • El gobierno impone a Endesa mantener abiertas y en servicios mínimos sus centrales eléctricas durante los paros convocados esta Navidad por los sindicatos UGT, CCOO y SIE (protestan por la falta de avances en su nuevo convenio colectivo). Su cierre dispararía el precio de la luz, según las autoridades.
  • Los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y Sindicato Libre alcanzan un acuerdo con la dirección de Correos para mejorar las condiciones laborales de la plantilla en 2019 y 2020. Tras el acuerdo, las organizaciones sindicales han desconvocado los paros que habían previsto para Navidad.
  • Mientras tanto, en Supersol la plantilla mantiene los paros convocados en Navidad (entre ellos el día de Nochebuena) en protesta por sus bajos salarios y por llevar ocho años sin subida salarial. También los trabajadores de Renfe harán huelga estas fiestas, por lo que la compañía ha anunciado que cancelará 1.004 trenes entre el 21 de diciembre y el 7 de enero.
  • Tras varios meses de protestas por percibir 2,5 euros por habitación, las ‘kellys’ (camareras de piso) de los hoteles NH Villa de Bilbao y Barceló Nervión concluyen su huelga con una subida salarial del 48%.
  • Repsol se muda a la antigua sede en Madrid de Aguirre Newman, la inmobiliaria presidida por Santiago Aguirre, hermano de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, y que ahora es propiedad de la firma británica Savills.
  • Caixabank anuncia el cierre de 81 sucursales y el despido de entre 2.200 y 2.500 empleados de sus oficinas bancarias, un recorte del 18% de su plantilla actual.
  • Por segunda vez, la Audiencia Nacional asegura a los directivos de La Caixa, entre ellos el que fuera su presidente, Isidro Fainé (ahora dirige la Fundación La Caixa). incumplieron la ley al cobrar sobresueldos sin tener dedicación exclusiva en sus cargos de consejeros. En contra del criterio de Hacienda, La Caixa asegura que «no ha habido sobresueldos».
  • Novedades sobre la posible fusión de Unicaja y Liberbank: el banco malagueño pone como condición que la nueva entidad esté presidida por alguno de sus directivos.
  • El gobierno, a través del SEPI, nombra al exministro de Industria Miguel Sebastián como nuevo consejero de Indra, en sustitución de Adolfo Menéndez, abogado del Estado ligado al PP que ocupó varios altos cargos en Defensa y Fomento durante los gobiernos de José María Aznar. También destituye a Alejandro Ballestero de Diego como presidente de la empresa armamentística participada por el Estado Sainsel Sistemas Navales (filial en manos de Navantia e Indra, también participadas por el Estado). Ballestero fue diputado del Partido Popular entre 1996 y 2011, además de vicesecretario general del PP de Castilla-La Mancha. Además, el Ejecutivo de Pedro Sánchez también ha ordenado varios cambios en el consejo de Navantia, entre ellos el nombramiento de varios mandos del Ejército y de los ministerios de Defensa, Empleo y Hacienda.
  • La SEPI nombra a Pedro Antonio Zorrero Camas como nuevo consejero de Ebro Foods, empresa participada por el Estado. Zorrero trabajó varios años en la Intervención General de la Junta de Andalucía, al igual que el actual presidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero.
  • Tensión y turbulencias en supermercados DIA: tras salir del selectivo Ibex 35 e informar de varias dimisiones destacadas, sus principales accionistas han vuelto a enfrentarse. Esta semana dimitieron dos consejeros designados por el magnate ruso Mikhail Fridman, principal accionista de DIA que ahora busca financiación y la venta de activos para mantener la empresa a flote. Mientras tanto, en cuestión de días el banco de inversión estadounidense Goldman Sachs ha pasado de ser segundo accionista, a quedar prácticamente fuera de la compañía para, finalmente, volver a comprar el 5,2% del capital. También el fondo Citadel (en el que trabaja Ben Bernanke, antiguo presidente de la Reserva Federal de EEUU) compró y vendió acciones de DIA de forma compulsiva en apenas 24 horas.
  • La consultora y auditora PwC (integrante del cártel mundial conocido como ‘Big Four’reelige a Gonzalo Sánchez como presidente de PwC España. Sánchez lleva en el puesto desde 2006 y bajo su gestión esta empresa ha protagonizado numerosos escándalos que van desde posibles delitos de financiación ilegal al PP (PwC está investigada en el caso Lezo) hasta multas y críticas por fallos y falta de independencia en la auditoría de grandes compañías del Ibex 35.
  • El gigante aeronáutico Airbus, participado por el Estado español, pide apoyo al Gobierno español para enfrentar la «agresividad» de Boeing, su principal competidor, en el negocio militar internacional.
  • El arbitraje internacional impone a Sacyr la devolución a Panamá de 350 millones de euros por anticipos que había cobrado para construir la ampliación del Canal de Panamá. La decisión de la corte de Miami que dirimió este caso hizo que las acciones de Sacyr se desplomaran un 14,4% el pasado miércoles, cuando se supo la noticia.
  • Javier Monzón, actual vicepresidente de PRISA y expresidente de Indra, sucederá a Manuel Polanco como presidente del consejo de Grupo PRISA (El País, SER, Cinco Días…).
  • El oligopolio eléctrico español (Endesa, Iberdrola y Naturgy, antigua Gas Natural Fenosa), junto con Viesgo y Repsol, pide al gobierno que pague 9,7 euros por cada cliente acogido a la tarifa regulada de la luz para gestionar el bono social.
  • Varios directivos de la constructora Abertis (controlada por el empresario Florentino Pérez a través de ACS y la italiana Atlantia) tendrán que declarar ante la Justicia argentina por el supuesto pago de sobornos a funcionarios argentinos en los años de gobierno del matrimonio Kirchner. La noticia salta días después de que los medios informaran sobre cómo el gobierno que preside Mauricio Macri aprobó un decreto que favorece a Abertis dos días antes de anunciar que la final entre el Boca Juniors y River Plate se celebraría en el estadio Santiago Bernabéu.
  • El fondo especulativo estadounidense Lone Star compra más de 11.000 pisos a Bankia, entidad rescatada y en manos del Estado actualmente.
  • El Estado colombiano denuncia a Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa) ante la CIADI (arbitraje internacional del Banco Mundial) y le exige 1.600 millones de dólares de compensación por los problemas en la gestión de Electricaribe, antigua y problemática filial en Colombia de la empresa catalana.

ADEMÁS

  • La patronal CEOE nombra vicepresidente a Íñigo Fernández de Mesa y Marta Blanco, hasta hace poco secretario de Economía (mano derecha del exministro Luis de Guindos) y directora general de Turismo de la Comunidad de Madrid, respectivamente.
  • El despacho de abogados Hogan Lovells para las conversaciones con la exministra de Defensa María Dolores de Cospedal sobre su posible incorporación a este bufete. Fuentes citadas por El Confidencial aseguran que esta decisión se debe a los problemas de imagen de Cospedal tras aparecer en las grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo.
  • El fondo de capital riesgo británico Permira compra por 770 millones de euros Laureate Education, empresa propietaria de la Universidad Europea de Madrid, Valencia y Canarias.
  • El empresario hotelero Joan Gaspart, antiguo presidente del Barcelona Fútbol Club, y sus hijos Juan y José Gaspart están siendo investigados por una presunta estafa (ocultación de deudas e impagos, entre otros) denunciada por el príncipe saudí Turki Bin Nasser. Los Gaspart declararán ante la Justicia a partir del 21 de diciembre.
  • El gobierno anuncia un gasto extra de 7.300 millones de euros para la construcción y adquisición de fragatas, cazabombarderos, vehículos blindados y otras armas para el Ejército en los próximos 14 años. La decisión fue aplaudida por las autoridades de Estados Unidos y coincide con la visita a Madrid de Julie Fisher, subsecretaria de Estado para Europea y la Unión Europea del gobierno de Donald Trump.
  • Varios empleados de Grupo Cursach, el mayor grupo de ocio de Mallorca, propiedad de Bartolomé Cursach, presionaban a funcionarios y políticos para que aceptasen sobornos (desde pagos en metálico hasta orgías con prostitutas) y evitasen denuncias. Se trata de una de las mayores tramas de corrupción de la historia de Baleares.
  • Tras dos años de investigación y recopilación de pruebas, el sindicato CGT y el Observatorio CODE se querellan contra la supuesta malversación de 60 millones de euros de fondos públicos durante el gobierno de Esperanza Aguirre. Según la denuncia, el gobierno de Aguirre habría desviado dinero a empresas ficticias a través de fondos de capital riesgo.
  • Otra denuncia destacada que se registró esta semana: la de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que denunció al fondo buitre Blackstone, mayor propietario inmobiliario de España, y le acusó de alterar el mercado inmobiliario para inflar la burbuja del alquiler.
  • La deuda pública española bate un nuevo récord: 1,176 billones de euros, lo que equivale al 98,3% del PIB español. El Estado español prioriza el pago de intereses de esta deuda frente a otros gastos (incluidas las inversiones sociales) desde que en 2011 el Congreso aprobara la reforma express de la Constitución española en 2011 y modificara el artículo 135.
  • Por decisión del Consejo de Ministros, las autopistas de peaje rescatadas con fondos públicos serán gratuitas entre las 00:00 y las 06:00.
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José Bautista

José BautistaRedactor de economía e internacional, centrado en el proyecto YoIbextigo.

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