Las puertas giratorias de Telefónica

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Es difícil concluir si la puerta giratoria de Telefónica se encuentra en buen o mal estado. Aunque no hay duda de que tiene unos colores llamativos: en los últimos años la han cruzado 4 exministros españoles y dos personalidades relacionadas con la Casa Real, uno de ellos con rango de ministro. Sin embargo, lo que no es tan evidente es si los controles de acceso funcionan bien y las alarmas saltan a la hora de entrar en el edificio.

La bien engrasada puerta giratoria se abrió en 2013 –no era la primera vez, ni mucho menos– para recibir al exvicepresidente del Gobierno y expresidente del FMI Rodrigo Rato, uno de los hombres clave de Aznar durante la oleada de privatizaciones que provocó que el Estado perdiese su control sobre Telefónica, entre otras muchas compañías públicas.

Siguiendo la metáfora, el arco detector no funcionó para avisar de que Rato estaba imputado en la Audiencia Nacional por falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida y que, un año antes, había abandonado Bankia totalmente defenestrado tras la deriva en la que había sumido a la entidad.

El entonces presidente de Telefónica César Alierta le convirtió en consejero asesor para Latinoamérica y Europa sin que nada de esto le importase en ese momento. Dos años después, y tras conocerse que el exvicepresidente se había acogido a la amnistía fiscal aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy, el propio Rato renunció “temporalmente” a sus puestos en la teleco. El resto de la historia es conocida: Rato acabó condenado en el ‘caso de las tarjetas black’ e ingresó en prisión, si bien recientemente fue absuelto del ‘caso Bankia’.

Alierta llevaba en el puesto desde julio del 2000, cuando se alzó con la presidencia de la compañía sustituyendo a Juan Villalonga Navarro, íntimo del por entonces presidente Aznar, su principal mérito curricular. “De los años en [el colegio] El Pilar, mis dos mejores amigos eran Juan Villalonga y Juan Manuel Hoyos”, reconoce el propio expresidente del Gobierno en sus memorias. El de Villalonga fue un caso muy flagrante de puertas giratorias, pues fue colocado al frente de la teleco en 1996 en medio del proceso de privatización de esta, que acabó culminando tres años después.

Poco antes de su salida, en junio del 2000, El Mundo publicó que Villalonga se había valido de información privilegiada para hacerse con 264.224 opciones sobre acciones de Telefónica el 2 de enero de 1998 “gracias a un crédito de Argentaria Bolsa por valor de 200 millones”. Argentaria –la A de BBVA– terminó su proceso de privatización solo un mes después de la compra de acciones por parte de Villalonga. Al frente se situaba –también desde el 96- Francisco González, otro de los amigos enchufados por Aznar.

Pero Rato no es el único de estos grandes fichajes de Telefónica que han acabado entre rejas. La compañía suspendió “con carácter inmediato” su relación laboral con el exministro y expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana después de que en 2018 fuese detenido y acusado de un presunto delito de blanqueo de capitales, lo que provocó que acabase en prisión incondicional debido al riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, aunque todavía no pesa una condena sobre él. Poco después fue puesto en libertad para ser tratado de la enfermedad que padecía, aunque sigue siendo investigado.

Iñaki Urdangarín completa la lista de quienes han cruzado la puerta primero hacia dentro de Telefónica y, después, hacia la cárcel. El marido de la Infanta Cristina fue fichado como consejero de Telefónica Internacional en 2006 y acabó siendo el delegado de la compañía en Estados Unidos. En 2012, como Rato, también dejó de manera “temporal” sus cargos, si bien ya había sido imputado algunos meses antes. Varios años después, los delitos de malversación, prevaricación, fraude a la Administración, delitos fiscales y tráfico de influencias le hicieron cambiar el despacho de Telefónica por una celda en la cárcel de Brieva (Ávila).

Pescar en el Consejo de Ministros

Rodrigo Rato (PP)

El caso de Rodrigo Rato representa de una manera casi perfecta la definición de aquello que llamamos puerta giratoria. Rato fue vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía durante las dos legislaturas de Aznar (1996-2004). Durante la primera fue cuando se culminó la privatización de Telefónica, iniciada por el ejecutivo de Felipe González algunos años antes. A propuesta del Gobierno, César Alierta –hermano de un senador del PP– fue colocado al frente de la nueva Telefónica en el 2000. 13 años después, el mismo Alierta se encargaba de nombrar a Rato consejero asesor de la compañía para Latinoamérica y Europa.

Lo hacía, además, en un momento en el que la pátina dorada de artífice del milagro económico español empezaba a perder brillo y a dejar ver lo que realmente recubría. Un año antes tuvo que abandonar la presidencia de Bankia a raíz de los pésimos resultados de la compañía y fue imputado en el ‘caso Bankia’. El paso del tiempo hizo cada vez más insoportable la hediondez que desprendía el fichaje y el también expresidente del Fondo Monetario Internacional (FMI) acabó marchándose en 2015 tras conocerse que se había acogido a la amnistía fiscal aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy.

Narcís Serra (PSOE)

Rato no es el único vicepresidente del Gobierno que ha recalado en las filas de Telefónica. Ni tampoco el primero. Antes que él lo hizo Narcís Serra, uno de los fundadores del Partido Socialista de Catalunya (PSC) y alcalde de Barcelona entre 1979 y 1982. Luego fue ministro de Defensa (1982-1991) y vicepresidente del Gobierno (1991-1995), manteniéndose como diputado hasta 2004. Desde 2005 ejerció como vicepresidente y miembro del consejo de administración de Telefónica Móviles Chile S.A.. Además, hasta 2012 fue consejero de Telefónica Internacional. También ha sido vicepresidente del consejo de Cataluña de Telefónica.

En 2005 también fue nombrado presidente de Caixa Catalunya, un puesto que le reportó una media de 250.000 euros anuales entre 2007 y 2010, sueldo y dietas incluidas. Un sueldo que se subió en plena crisis y a pesar de que la entidad estaba intervenida debido a la acumulación de activos tóxicos. El agujero dejado en la entidad le costó la imputación en 2018 por parte de la Audiencia Nacional, aunque fue absuelto un año después.

Eduardo Zaplana (PP)

Durante dos años, Zaplana y Rato coincidieron en el Ejecutivo de José María Aznar. El primero venía de ser presidente de la Generalitat valenciana entre 1995 y 2002 y acabó convertido en ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (2002-2004) y portavoz del Gobierno. Tras la pérdida del poder de la derecha, se mantuvo en su escaño durante 4 años más, cesando en 2008 para cruzar la puerta giratoria hacia Telefónica y ser delegado para Europa, consejero de Telefónica O2 Europa y Telefónica O2 República Checa (2008-2012). Posteriormente, y entre 2012 y 2018 ejerció como adjunto al secretario general de Telefónica. Desde que cruzó la puerta giratoria, habría ganado una media de 1 millón de euros anuales.

Fue cesado en 2018 tras su detención en el marco de la Operación Erial, que le llevó a entrar en prisión. Tras su salida para ser tratado de la leucemia que padecía, se encuentra en libertad mientras la investigación sigue su curso.

Trinidad Jiménez (PSOE)

“No es una puerta giratoria”. Así se refirió el actual presidente del Gobierno Pedro Sánchez al fichaje de la exministra socialista Trinidad Jiménez como directora de Estrategia Global de Asuntos Públicos en Telefónica en 2016. El líder del PSOE, muy crítico con las decisiones tomadas por antiguos miembros de su partido como Felipe González, defendió en ese momento que Jiménez tenía “derecho a labrarse un futuro profesional”.

Lo cierto es que la exministra de Sanidad y Política Social (2009-2010) y de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España (2010-2011) no tenía ningún tipo de experiencia en el sector de las telecomunicaciones, un precepto incluido en el Programa para un gobierno progresista y reformista que el PSOE presentó en febrero de 2016: “Incluir, en la legislación de conflictos de intereses, un supuesto especial de incompatibilidad al cese de altos cargos destinado a evitar el fenómeno de puertas giratorias, fijando un periodo de incompatibilidad de cinco años para quienes pretendan incorporarse ex novo a empresas del sector sobre el que no tenían experiencia profesional previa y sobre el que hayan tenido responsabilidades de regulación o gestión”.

Luiz Fernando Furlan

La gran hidra Telefónica no solo alcanza a los consejos de ministros españoles. También cruza el Atlántico para llegar hasta Brasil. Allí consiguió hacerse con los servicios de Luiz Fernando Furlan, ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil (2003-2007) siendo presidente Lula da Silva. Furlan ya había sido consejero de la teleco desde 2003, dejando el cargo al ser nombrado ministro. Tras abandonar el gabinete, en 2008 volvió a incorporarse a Telefónica como miembro de su Consejo de Administración tanto en Brasil como en España, cargos que dejó en 2018.

Fichajes con corona

José Fernando de Almansa y Moreno-Barreda

Contaba El País en 1993 que José Fernando de Almansa y Moreno-Barreda, X vizconde del Castillo de Almansa, soñaba con ser embajador. Subdirector de Política Exterior para Europa Oriental con Felipe González (1991-1993) gracias a su amistad con el ministro de Asuntos Exteriores Francisco Fernández Ordóñez, su intención era abandonar Madrid y multiplicar sus ingresos. Pero ese año, el rey Juan Carlos I le nombró jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, un puesto con rango de ministro en el que se mantuvo hasta el año 2002. Fue cesar en el cargo y volver a encontrar trabajo: en 2003 fue nombrado miembro del Consejo de Administración de Telefónica, de donde salió en 2016 tras la destitución del hasta entonces presidente César Alierta, el mismo que le dio el asiento en el consejo de la compañía.

Iñaki Urdangarín

Hubo un tiempo en el que la nobleza se hizo fuerte en Telefónica. Además, del vizconde del Castillo de Almansa –posteriormente nombrado Grande de España por Juan Carlos I en 2002–, también estaba a sueldo de la compañía el duque consorte de Palma Iñaki Urdangarín, un título que usaba desde 1997 gracias a su matrimonio con la infanta Cristina de Borbón y que perdió en 2015.

Fue Alierta quien le nombró consejero de Telefónica Internacional y de Telefónica Brasil (2006-2012) y, posteriormente, delegado de la teleco en Estados Unidos (2009-2012). Tal y como cuenta Juan Pedro Velázquez-Gaztelu en su libro Capitalismo a la española, la empresa era la encargada de pagar –aparte– los gastos derivados del alquiler de la vivienda, los billetes de avión entre Washington y Madrid y parte de la escolta que tenía la familia: “llegó incluso a pagar la defensa legal del duque de Palma cuando estalló el caso Nóos”. Fue su imputación en este caso, que le llevaría a prisión con una condena de 5 años y 10 meses por el “caso Nóos”, lo que le obligó a dejar todos sus puestos en 2012 de manera “temporal”. Un periodo que se alarga hasta el día de hoy. A finales de junio de 2021 se anunció que dejaría de dormir en la cárcel, aunque seguirá cumpliendo condena.

Hijos, nietos, consortes y amigos

Fernando Abril-Martorell Hernández, hijo del ministro de Agricultura (1976-1977) y vicepresidente del Gobierno (1977-1980) Fernando Abril Martorell, procurador en las Cortes franquistas (1971-1977)
-Consejero delegado de Telefónica (2000-2003)

Alberto Cortina Alcocer, nieto del alcalde de Madrid (1923-1924 y 1939-1946) Alberto de Alcocer y Ribacoba e hijo del ministro de Asuntos Exteriores en el franquismo (1974-1975) Pedro Cortina Mauri, embajador en Francia (1966-1974)
-Miembro del consejo de administración de Telefónica (1997-2001)

Juan Villalonga Navarro, sobrino-nieto de Ignacio Villalonga, presidente del Banco Central durante el franquismo (1943-1970). Íntimo amigo de Aznar.
-Director ejecutivo de Telefónica (1997-2000)

Iván Rosa Vallejo, abogado del Estado. Marido de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría
-Asesor jurídico para la división internacional de Telefónica desde 2012

Paloma Villa, asistente de la exministra Trinidad Jiménez y mujer de Eduardo Madina, secretario general del grupo socialista en el Congreso de los Diputados (2009-2014)
-Asesora en el área de Relaciones Internacionales de Telefónica desde 2012

Andrea Fabra, asesora parlamentaria en la secretaría de Estado de Hacienda (1997-1999), senadora (2007-2008) y diputada (2008-2015). Hija del expresidente de la Diputación de Castellón (1995-2011), Carlos Fabra y mujer del exconsejero de la Comunidad de Madrid (2003-2010) Juan José Güemes
-Gerente de Asuntos Internacionales (1999-2007) y gerente de Políticas Públicas e Internet de Telefónica desde 2016

Otros cargos públicos

Carlos Lopez Blanco, secretario de Estado de Telecomunicaciones (2002-2004)
-Director general de Asuntos Públicos y Regulación de Telefónica (2007-2018)

Alfredo Timmermans, secretario de Estado de Comunicación (2002-2004)
-Delegado América del Norte (2005-2008), director de Coordinación Estratégica (2008-2010) y director de Política de Telecomunicaciones (2010-2013) de Telefónica

Antonio J. Alonso Ureba, secretario del Consejo CNMV (1997) y subdirector de los servicios jurídicos de la CNMV (1990)
-Secretario general y del consejo de administración de Telefónica (2000-2006)

Maximino Carpio García, consejero del Banco de España desde 2012
-Consejero de Telefónica (1996-2007)

Yolanda Barcina, presidenta de Navarra (2011-2015) y alcaldesa de Pamplona (1999-2011)
-Consejera de Movistar+ desde 2015

José Maldonado Ramos, subsecretario y secretario general Técnico del Ministerio de Administración Territorial (1982)
-Consejero de Telefónica (1999-2002)

Joaquín de Fuentes Bardají, abogado General del Estado (2004-2012)
-Secretario general, director general de Regulación y vicesecretario general y del consejo de administración de Telefónica (1998-2003)

Manuel Pizarro, diputado por el Partido Popular (2008-2010) y número 2 del PP. Amigo de Aznar
-Consejero de Telefónica (diciembre 2007-enero 2008)

Javier Nadal, director general de Telecomunicaciones (1985-1995)
-Presidente de Telefónica en Argentina (1995-1997) y en Perú (2003-2004). Vicepresidente ejecutivo de la Fundación Telefónica (2005-2013), entre otros cargos.

María Luisa García Blanco, abogada del Estado en diferentes ministerios (1993-1999), ante el Tribunal Constitucional (2000-2002). Coordinadora-jefe de la Delegación de España ante diversos Comités de Naciones Unidas en Ginebra (2002-2013), entre otros cargos.
-Consejera de Telefónica desde 2018

Imputado el presidente de Iberdrola en el caso Villarejo

Iberdrola

El magistrado Manuel Garcia-Castellón ha decidido imputar al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, dentro del caso Villarejo. Lo ha hecho tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitaba la investigación para atestiguar si la eléctrica contrató los servicios de la empresa del excomisario José Manuel Villarejo para presuntamente espiar a compañías y empresarios de la competencia.

García-Castellón también ha imputado a otros tres directivos de Iberdrola: Fernando Becker, Francisco Martínez Córcoles y Rafael Orbegozo. Tanto ellos como Sánchez Galán están acusados de un delito continuado de cohecho activo, otro contra la intimidad y otro de falsedad en documento mercantil. Becker también ha sido consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León entre 1991 y 1995 y presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO) hasta 1999, el año en el que se incorporó a la eléctrica vasca.

En esta pieza separada del caso Villarejo se investiga la presunta trama de espionaje contratada por la compañía energética para obtener información del grupo ACS, de Florentino Pérez. Asimismo, Iberdrola también habría contratado los servicios de la empresa de excomisario para investigar a un juez, para infiltrarse en plataformas contrarias a los intereses de la eléctrica o para hostigar a sindicalistas de la central nuclear de Cofrentes.

Sin medidas para acabar con la brecha de género en Repsol

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“En Repsol apostamos por la Igualdad de género en términos de equidad, con el principal objetivo de aprovechar todo el talento disponible en el mercado y de combatir la desigualdad entre hombres y mujeres”. De esta forma comenzaba un artículo sobre Repsol publicado en un diario regional con motivo del 8 de marzo de este año, una frase que puede leerse también en su web. En dicho artículo se remarcaba que durante el año 2020, “más del 51% de las nuevas incorporaciones a la compañía en todo el mundo fueron mujeres”.

La cifra, recalcada por la compañía, es simplemente el reflejo de una sociedad en la que las mujeres superan a los hombres en número. Sin embargo, se entiende la celebración a tenor de la masculinización que existe en el grupo petrolero. A 31 de diciembre de 2020, Repsol contaba con 24.125 trabajadores, 1.100 menos que el año anterior. De todos ellos, 15.106 eran hombres (62,6%) y 9.019 mujeres (37,4%), creciendo el número de mujeres prácticamente en 1% respecto al año anterior. Y aunque la mayor parte de la plantilla es masculina, las mujeres con jornada parcial doblan a los hombres (534 frente a 262).

Bien es cierto que, atendiendo a las nuevas contrataciones, Repsol fichó en 2020 a 888 mujeres frente a 845 hombres en todo el mundo, lo que supone 43 mujeres más que hombres. Ya en 2019 sucedió algo similar, con 116 mujeres más que el total de compañeros masculinos. Pero también es cierto otro dato: en el número de despidos, las mujeres también superan a los varones tanto en 2019 (385 mujeres frente a 140 hombres) como en 2020 (290 frente a 114).

Repsol no ha respondido a ninguna de las preguntas enviadas por este medio.

Son menos… y cobran menos

En el artículo laudatorio con la política de Igualdad de Repsol no se explica, sin embargo, que con un 21% la brecha salarial de género de la empresa es la 13ª más alta de todo el Ibex35. Así se desprende de los datos que ofrece Oxfam Intermón en su informe La hora del compromiso, publicado en noviembre de 2020.

Esta brecha salarial queda clara mirando los datos que la petrolera ofrece en su Informe de Gestión Integrado del año 2020. De acuerdo con la remuneración media por categoría profesional en España, las directivas de la compañía cobran de media casi 65.000 euros anuales menos que sus homólogos masculinos. En el caso de la gerencia, se reduce a unos 4.000 euros menos cada año. En los perfiles administrativos/técnicos y administrativos, ellas reciben entre 6.000 y 7.500 euros menos anualmente que ellos.

Pero es en la categoría profesional más baja, en los operarios, donde la brecha salarial es más sangrante. Mientras que ellos perciben un sueldo medio de 39.755 euros cada año, ellas tienen que conformarse con 24.719; o, lo que es lo mismo, las mujeres cobran un 37,5% menos que sus compañeros masculinos. El problema se agrava en países como Portugal, donde la brecha en dicha categoría profesional supera el 55%. Solo cobran más que los hombres las mujeres administrativas en países como Estados Unidos, Ecuador y Canadá.

Según asegura Raquel de la Hija Montero, responsable de organización de la sección sindical interempresas de CCOO en el Grupo Repsol, desde la compañía no les han indicado ninguna medida que tenga como objetivo paliar la brecha salarial de género. “Nos están presentando el registro retributivo y por parte de CCOO propondremos medidas que minimicen esta brecha salarial”, explica a #yoIBEXtigo. Entre ellas, y en base a la ley, reclaman “un plan de actuación con las diferencias salariales en puestos de igual valor”.

Entre los objetivos de CCOO se encuentra la potenciación de “una acción positiva para el acceso a los puestos de trabajo masculinizados”. Asimismo, creen necesario actualizar el protocolo de prevención y actuación contra el acoso sexual y por razón de sexo o la inclusión de mejoras laborales para mujeres víctimas de violencia de género. 

De la misma forma, desde el sindicato reclaman un “análisis de salud laboral con perspectiva de género” y creen que es “fundamental el ejercicio corresponsable de la vida personal, familiar y laboral para animar a los compañeros a que se acojan a las medidas existentes de conciliación familiar”. Todo ello se debe acompañar, según Raquel de la Hija, de campañas de sensibilización, comunicación y formación a toda la plantilla “y en especial a aquellas personas que toman decisiones dentro de la misma”.

Consejo de Administración

Si atendemos a su Consejo de Administración, Repsol se encuentra entre las empresas más paritarias del Ibex35, según el IX Informe de mujeres en el IBEX que elaboran anualmente Atrevia y el IESE.  De esta forma, el Consejo cumple con las recomendaciones de paridad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que aconseja tener un mínimo del 30% de mujeres en el principal órgano de administración de la empresa. En la petrolera, hay 5 consejeras frente a 10 hombres, es decir, un 33,3% del total.

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Enagás, Naturgy, Endesa, Iberdrola…: una radiografía del gas en España

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“La empresa extremeña D.C. Gas Extremadura S.A. ha iniciado la distribución de gas natural […], que permitirá a los vecinos contar con una energía más económica, cómoda y respetuosa con el medio ambiente”. La frase, publicada en noviembre del pasado año, está extraída de la web del ayuntamiento de una localidad extremeña, que anunciaba con algarabía la puesta en marcha de la red de distribución del combustible.

El llamado gas natural se ha convertido en un símbolo de progreso en el mundo rural donde, en gran parte, todavía siguen utilizándose bombonas de butano. No extraña, pues, que el alcalde de esta población extremeña llegase a fotografiarse abriendo la válvula que inicia el suministro. Y es que este tipo de combustible es el que más crece en el mundo, vendiéndose como una alternativa más limpia y “natural” a otro tipo de hidrocarburos.

La “amplia aceptación social, política y económica” de la que que goza el gas natural es lo que ha motivado el estudio Por qué lo llaman gas natural cuando quieren decir gas fósil, elaborado por Greenpeace. Desde un principio, en esta radiografía del gas en España, la organización trata de renombrar al combustible: “El mal llamado gas natural es en realidad un combustible fósil compuesto aproximadamente en un 80% de gas metano, un potente generador de cambio climático, por lo que se trata de un gas fósil”.

Dos datos demuestran la importancia que está adquiriendo el gas fósil: en la actualidad es “la segunda fuente de energía fósil que más se consume en el mundo, al igual que en España” y, en la Unión Europea se ha convertido en el segundo mayor emisor tras el cierre de las centrales térmicas del carbón. Todo esto, denuncia Greenpeace, hace que el gas no sea una opción viable para la transición energética ni para la lucha contra el cambio climático: “El escenario de la conservadora Agencia Internacional de la Energía para evitar un calentamiento global de 1,5 ºC incluye una reducción de la demanda mundial de gas fósil en un 55% para 2050”, explican.

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CNMC investiga al Santander, Sabadell, CaixaBank y Bankia por posibles prácticas anticompetitivas

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La CNMC ha incoado un expediente sancionador contra Banco Santander, Banco Sabadell, Caixabank y Bankia, “por posibles prácticas restrictivas de la competencia en la comercialización de las líneas de avales ICO”. Así lo ha anunciado Competencia en una nota de prensa, explicando que investiga la vinculación a distintos productos que los bancos habrían exigido como condición para que los clientes pudieran acceder a las líneas de estos préstamos.

Además, la CNMC también analiza la utilización de estos créditos “como mecanismo para reestructurar deudas financieras preexistentes”.

Tras estudiar la información que recibieron a través de un buzón de denuncias, el organismo público considera que la actuación de las cuatro entidades bancarias del IBEX 35 “se alejaría de la buena fe exigida a las empresas en sus relaciones con los clientes”. Estos hechos podrían haber provocado una alteración en el comportamiento económico de los clientes que solicitaron dichos avales. “Todo ello podría suponer un falseamiento de la libre competencia y habría afectado al interés público”, remarcan.

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Repsol o el fomento de la desigualdad

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Acciona, Iberdrola, Mapfre y Repsol. Son las cuatro empresas de IBEX 35 “que más parecen contribuir a incrementar la desigualdad”. Así lo denuncia la organización Oxfam Intermón en un de sus últimos estudios, señalando la “alta” aportación de la petrolera española en el acrecentamiento de la desigualdad.

Uno de los motivos hacia el que apunta el informe es la diferencia que existe entre el sueldo más alto y el sueldo medio de la compañía, que en el caso de Repsol fue de 76 veces durante el año 2019. Según los últimos datos que aporta la compañía, durante el ejercicio 2020, el consejero delegado Josu Jon Imaz cobró 3,7 millones de euros. El presidente Antonio Brufau, por su parte, se embolsó prácticamente 2,8 millones de euros.

Un vistazo al último Informe de Gestión Integrado permite vislumbrar algunos datos que ayudan a entender cuál es la situación laboral en Repsol. Así, en todas las categorías profesionales –a excepción de las mujeres administrativas–, el salario medio de sus trabajadores de España se vio reducido en términos absolutos en comparación con los datos del año anterior. De esta forma, el sueldo medio de los operarios –la categoría más baja– perdió 621 euros, pasando de 40.376 euros en 2019 a 39.755 euros en 2020. En el caso de las mujeres operarias, la bajada fue más acusada, perdiendo casi 1.500 euros de salario medio anual, un hecho que no hace sino incrementar la brecha laboral ya existente en Repsol.

Si atendemos a la remuneración media por tramos de edad, quienes han perdido mayor poder adquisitivo en términos absolutos entre 2019 y 2020 son los trabajadores y trabajadoras mayores de 50 años. Las mujeres de esta franja de edad vieron reducido su sueldo medio anual en más de 3.600 euros (de 56.209 euros en 2019 a 52.566 euros en 2020); los hombres, dejaron de ingresar de media unos 3.400 euros este pasado año (de 68.562 euros a 65.101 euros). Esta situación también se repite en mayor o menos medida en países como Perú, Ecuador o Bolivia.

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Más transparencia fiscal en la UE y un impuesto mínimo para las multinacionales

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“Una importante medida” y “una victoria para los ciudadanos y ciudadanas”. O “un sabor amargo” y “una sensación agridulce”. El acuerdo en el seno de la Unión Europea para lograr una mayor transparencia fiscal y obligar a las grandes multinacionales a declarar sus beneficios e impuestos país por paísha obtenido una importante acogida por parte de determinadas organizaciones de la sociedad civil. Otras, sin embargo, lo ven como un paso insuficiente.

Ricardo García, miembro de la junta directiva del grupo de economistas ATTAC, sostiene que la valoración que hacen es “positiva” y consideran que la propuesta es “una importante medida” que permitirá “cazar” a esas grandes empresas que tratan de eludir impuestos volcando parte de sus ingresos y beneficios en paraísos fiscales.

De esta forma, el acuerdo entre la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento afectará a aquellas empresas multinacionales que facturen más de 750 millones de euros anuales durante dos años consecutivos. Con la nueva medida, tendrán la obligación de declarar cuántos beneficios obtienen en todos los países de la Unión Europea, así como los impuestos que pagan y los empleados y empleadas que tienen en las diferentes regiones.

Se quedan fuera todos los territorios de fuera de la UE, a excepción de aquellos paraísos fiscales incluidos en las listas negras y gris de paraísos fiscales que elabora el Consejo. En la primera, aprobada hace algunos meses, están incluidos lugares como Samoa Americana, Anguila, Dominica, Fiyi, Guam, Palau, Panamá, Samoa, Seychelles, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes Americanas y Vanuatu. No entran en esta lista países europeos como Irlanda, Holanda o Luxemburgo, con unos sistemas tributarios muy laxos.

De acuerdo con el informe La hora del compromiso, de Oxfam Intermón, multinacionales españolas del IBEX 35 como Mapfre (4),  ACS (1), ArcelorMittal (2), Banco Santander (1), Meliá Hotels (2), Naturgy (4) o Repsol(2) tienen filiales en algunos de estos territorios incluidos en la lista negra. Sin embargo, tal y como explica Javier Martín Cavanna, director de la Fundación Compromiso y Transparencia, la propuesta no afectaría a las transnacionales españolas, ya que “la obligación de informar de los impuestos pagados país por país es una práctica que existe en España desde hace varios años”. De esta forma, serían las compañías extranjeras que operen en el país las que se vean obligadas a una mayor transparencia fiscal.

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