La borrasca Filomena, la mayor tormenta de nieve de los últimos cien años y desencadenante de bruscas bajadas de temperaturas, aumentó a principios de enero el precio de la luz un 27% hasta llegar a los 16,81 céntimos por kilovatio/hora (kWh), según datos de Facua-Consumidores en Acción.
El sector energético en España está formado por un pequeño y selecto grupo de empresas. Destacan Iberdrola, Endesa, Naturgy (antes Gas Natural Fenosa), EDP Naturgas y Repsol, entre otras. Todas ellas están entre las firmas más importantes del país y todas –a excepción de EDP– cotizan en el IBEX 35. De acuerdo a los contratos que aparecen publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE), las instituciones estatales habrían adjudicado al menos 6.460 millones de euros en contratos públicos a las empresas del sector energético español, repartidos en un total de 1.132 adjudicaciones, entre los años 2009 y 2020.
Esta base de datos inédita, a la que ha tenido acceso lamarea.com, y que se enmarca en la investigación para la realización del informe La economía política del capitalismo digital en España (promovido por el Instituto 25M), muestra la retahíla de contratos públicos que el Estado ha entregado a las grandes energéticas para el suministro de este recurso esencial. Los datos recabados indican una tendencia: la conversión de los ministerios del Estado, institutos, comunidades o ayuntamientos en grandes clientes de algunas empresas que antaño eran públicas. Esto es, el hecho de que una parte considerable de las partidas públicas terminan en los bolsillos de los accionistas de dichas compañías.
Destaca el Acuerdo Marco firmado en agosto de 2018 con el Ministerio de Hacienda para el suministro de energía eléctrica que adjudicó 830 millones para cada una de las siguientes empresas: Naturgy, Endesa, Iberdrola y EDP Naturgas (y Acciona Green Energy, que no ha sido contabilizada en el total). Este fue solo el primer lote de adjudicaciones que forman el contrato, el cual asciende a 3.640 millones de euros en total. La duración de este acuerdo marco es de 2 años, desde su inicio, el 15 de agosto de 2018, pero ha sido objeto de prórroga por un periodo de duración de otros dos años, de forma que finalizará el 14 de agosto de 2022. Esta cuantía comprende la provisión de energía en la Península para contratos basados con consumo igual o superior a 1.000.000 kW. en un “ámbito subjetivo” comprendido por la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás Entidades públicas estatales.
Ejemplos como este muestran que los contratos publicados en el BOE suponen un porcentaje ínfimo del total de adjudicaciones (no todas se hacen públicas) que han recibido las empresas energéticas. Muchos de los servicios para el suministro de energía con estas empresas tienen saltos anuales y los ministerios no han publicado en este portal los acuerdos para la provisión de dichos servicios.
Además, debe añadirse que estos datos no contemplan las numerosas UTE (Unión Temporal de Empresas) que las firmas citadas han llevado a cabo en numerosos contratos, ni tampoco los lotes en los cuales no se especifica a qué empresa pertenece el contrato, muchos de elevadas cantidad. En otros casos, el importe del contrato no se especifica, ya que varía según las tarifas de la energía. Contratos valorados en millones de euros que, dada su opacidad, no se puede comprobar si se ajustan a su valor o no.
Euskadi, la meca de Iberdrola
Con su imponente torre coronando Bilbao, Iberdrola es la empresa que más contratos ha ganado entre todas las administraciones según dicha base de datos: 1.815 millones en 376 adjudicaciones. Entre ellos, destaca el acuerdo marco de energía eléctrica de 2018 y 2019 firmado con la Diputación Foral de Bizkaia por un valor de 40 millones, los cuales se suman a otros cuatro convenios por un valor de 48 millones para el suministro de energía eléctrica a las instalaciones de esta institución. Una cifra bastante superior a la de la Diputación de Álava, que ha entregado 10,3 millones de euros, o la de la Diputación de Gipuzkoa, con casi 23 millones en un único contrato.
También remarcable es el hecho de que el Ministerio responsable de Medio Ambiente (hoy llamado de Transición Ecológica y Reto Demográfico), a través sobre todo del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, haya realizado adjudicaciones por un total de 106 millones de euros a Iberdrola en los años descritos, cuando gobernaba Mariano Rajoy, una empresa que ha aumentado sus emisiones de gases de efecto invernadero un 18% entre 2018 y 2019, según datos del Observatorio de Sostenibilidad.
Hay que señalar que tanto el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, como el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, crearon recientemente un frente común para dar lugar a una normativa tributaria que facilitara la inversión en proyectos de I+D+i, la cual implicaba deducciones para la compañía. También Juan María Atutxa, ex consejero de Interior del País Vasco con el PNV, es consejero de Iberdrola Ingeniería y Construcción. Otro dato reciente que ilustra este mimetismo político-empresarial es que las petroleras se encomendaran al PNV para dar la batalla por la tasa eléctrica, un partido que logró tumbar el impuesto al diésel que pretendía imponer el Gobierno socialista a cambio de su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Bilbao, gobernado por el PNV, ha adjudicado más de 65,8 millones para el suministro de energía eléctrica al alumbrado de instalaciones interiores del sector público a través de distintos contratos adjudicados entre 2009 y 2018, en comparación con los 4 de Vitoria o los 3 millones y medio de San Sebastián. A su vez, a los centros de Osakidetza se han sumado tres contratos en la misma fecha por un valor de 28 millones y medios, lo cual ilustra la buena sintonía de Iberdrola con la élite vizcaína.
De acuerdo con el informe La Hora del Compromiso, de Oxfam Intermón, Iberdrola tenía 18 filiales en 2018 en lugares que la organización considera territorios de laxa tributación como Costa Rica (1), Chipre (1), Holanda (1), Irlanda (2), Islas Vírgenes Británicas (1), Luxemburgo (1) y, sobre todo, Delaware (EEUU) (11). En contraste, un año después, Iberdrola creó 14 nuevas filiales en Delaware, el lugar preferido por las empresas del IBEX.
Naturgy, para las Universidades
Naturgy, empresa implantada en 37 países, ha conseguido una cifra similar a la de Iberdrola: 1.567 millones de euros en 253 adjudicaciones equivalentes a los 11 años estudiados. Resaltan los 95 millones que ha recibido la empresa por parte de las universidades públicas españolas para el suministro de energía y gas natural a sus instalaciones.
La Politècnica de València (17,8 millones), la Universidad Autónoma de Madrid (14,5), la Universidad de Castilla-La Mancha (9,4 millones), la Universidad del País Vasco (5,2 millones) y la Universidad de Santiago de Compostela (5,3 millones) acumulan los contratos más cuantiosos para la provisión de este servicio.
La presencia de Endesa en las Comunidades Autónomas
Endesa, la empresa que más contribuye al cambio climático en España, también sigue los pasos del resto de compañías, con 260 contratos por valor de 1.567 millones de euros. Destacan los 75 millones para el suministro de energía eléctrica a las dependencias del Gobierno Balear y los entes del sector público autonómico; o los 48 millones del Consorcio Catalán para el Desarrollo Local, para el suministro de energía eléctrica a las entidades locales de Cataluña.
En total, las distintas comunidades han entregado 257 millones a esta empresa para el suministro de energía a las instalaciones públicas, según la base de datos a la que ha tenido acceso lamarea.com. Destacan los servicios de salud, especialmente el extremeño y el canario, que han desembolsado 124,7 millones de euros para obtener energía eléctrica en edificios y centros sanitarios.
También resalta que el Ministerio de Hacienda, al margen del voluminoso contrato citado anteriormente, haya entregado 44 millones de euros a esta empresa a través de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación. Según se puede observar a partir de la enorme cantidad de contratos publicados, Hacienda es más transparente que el resto de ministerios.
Repsol y el Ministerio de Defensa
Repsol ha logrado contratos por valor de 375 millones de euros entre 2009 y 2020, siendo su principal cliente el Ministerio de Defensa, que le ha adjudicado 69,6 millones de euros para el suministro de combustibles líquidos. Es la segunda empresa que más contribuye al calentamiento global en España, después de Endesa. A pesar de haber reducido en 2019 sus emisiones un 46%, Endesa fue responsable de 16.436.363 de toneladas de CO2eq., un 5,2% del total del país. Repsol aumentó su porcentaje un 13% y se sitúa cada vez más cerca de la primera posición con 12.264.983 de toneladas. Estos datos se desprenden del informe Descarbonización 2020 presentado del Observatorio de Sostenibilidad.
De una posible nacionalización al neoliberalismo total
El informe que ha desencadenado el scrapeo de estos datos de contratos públicos cuestiona si la propiedad privada de estas empresas es tan eficiente como los ideólogos de la liberalización sostienen, o si existen otros criterios que expliquen dichas decisiones políticas. Por ejemplo, en las últimas décadas estas empresas han sido refugio de políticos cuando abandonaban la función pública. Más de 175 ex altos cargos políticos han hallado refugio en sus consejos de administración o en los equipos directivos de estas compañías.
A finales de la década de 1970 hubo un momento en que la nacionalización total del sector energético parecía inevitable. La “ventana de oportunidad”, como la describió José Luis Velasco en Crónicas eléctricas (Foca, 2015), estaba abierta de par en par. La burbuja de la energía nuclear había llevado a las eléctricas a una situación de ruptura, Endesa (la única pública) era rentable, y el consenso político era amplio. Ni siquiera las derechas más directamente herederas del franquismo osaban oponerse directamente a un proceso que parecía un hecho consumado.
Como muestra Asier Arias Domínguez en La batalla por las ideas tras la pandemia. Crítica del liberalismo verde (Catarata, 2020), todo eso cambió en los años noventa. Fue entonces cuando se implementó una variante del pensamiento político neoliberal por el cual bastaba emprender una serie de retoques institucionales (básicamente privatizaciones) para afrontar (o más bien desentenderse de) problemas como el calentamiento global o el agotamiento de los recursos minerales y energéticos. Eso explica que en 2003 se finalizara la privatización completa de Endesa. Apenas seis años después, tras sucesivos intentos de opas de diferentes compañías, el 70% de su capital pertenecía a la compañía energética estatal italiana Enel. Por otro lado, la adquisición del 97,81% de YPF por parte de Repsol (por más de 15.000 millones de dólares) tuvo lugar en 1999.
Esta filosofía ha llegado a nuestros días para imponer que la oferta de las empresas privadas y la demanda deben fijar los precios del mercado energético. Por su carácter puramente comercial, las empresas energéticas más grandes de España han influido sin reparo en las condiciones de vida de los ciudadanos y han facturado a las administraciones públicas unas cantidades colosales en concepto de servicios de energía entre 2009 y 2020. Eso ocurre en un país en el que el 41% de la población sufre pobreza energética, una lacra responsable de más de 7.000 muertes prematuras cada año, según los datos recogidos en el Informe de Pobreza Energética en España 2018, realizado por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA).
El incremento del precio de la energía es uno de los principales factores de la pobreza energética. De hecho, España se sitúa como el tercer país de la Unión Europea (UE) en incremento del precio de la electricidad y el primero en el del gas natural. Esto la sitúa como la cuarta economía de la UE con el precio más alto de la energía, solo superada por Dinamarca, Alemania y Bélgica.
Una energía que podría comprarse a través de otras comercializadoras, desde empresas socialmente responsables, como ejemplifica el Ayuntamiento de Madrid, hasta empresas eléctricas públicas, al estilo Barcelona Energía, la eléctrica pública creada por Ada Colau. No obstante, para que la venta de la luz por parte de estas proveedores no termine siendo más cara que su competencia, desde determinados sectores políticos se propone como única alternativa la eliminación de los competidores privados y la nacionalización de estas empresas a nivel estatal.
Esta realidad por la cual las empresas más contaminantes proveen servicios a las administraciones públicas ha sido impuesta desde hace décadas en España por las élites españolas del IBEX 35 para evitar tener debates como los que apuntaba el estudio Leviathan Inc. and Corporate Environmental Engagement. Tras recopilar un enorme conjunto de datos sobre la propiedad estatal de empresas que cotizaban en bolsa en 44 países durante el período 2004–2017, sus autores concluían que “las empresas estatales responden mejor a los problemas ambientales que las privadas.”
