IndraOficinas centrales de Indra en Alcobendas (Madrid). LUIS GARCÍA / Licencia CC BY-SA 3.0 ES

La sombra de los casos Lezo y Púnica

El 2015 fue un año nefasto para Indra. A su agujero económico se le sumaba comenzar a ser una de las protagonistas del caso Púnica, el cual ha supuesto la imputación de la compañía, la de su expresidente, Javier Monzón, la de otros tres altos cargos de la empresa y la de las dos últimas presidentas de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes

No era la primera vez que la empresa se veía cuestionada por supuestos favores a cargos o partidos políticos. Ya en 1988, antes incluso de nacer, había protagonizado el primer caso de incompatibilidad que salió a la luz pública en España, cuando el exministro de Industria socialista Joan Majó admitió que había compatibilizado su cargo de diputado con otro de consejero en Ceselsa, antecesora de Indra.

En 2001, Josep Pujol Ferrusola, hijo del entonces presidente catalán Jordi Pujol, compareció, vía teleconferencia, en una comisión de investigación del Parlament sobre fraude y evasión fiscal. ¿La razón? La compra, ese mismo año por parte de Indra de su consultora Europraxis, en la que participaba, por 44,46 millones de euros (60,5 millones de euros de 2019).

Siete años después, la Sindicatura de Comptes (el órgano de supervisión de cuentas catalán) detectaba irregularidades en contrataciones efectuadas por la Generalitat y varios ayuntamientos a Europraxis y otras sociedades de Indra. Pujol continuó trabajando en la empresa, ahora subordinada a Indra. Desde entonces y hasta 2013, según publica El Confidencial, Indra consiguió contratos en la Generalitat por más de 223 millones de euros. En 2014, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional  que investiga las tramas de corrupción que envuelven a la familia Pujol puso su vista en la compra de Europraxis por parte de Indra, sin que hasta ahora haya causado mucha molestia al gigante tecnológico. 

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) requirió información a Indra sobre la compra en 2013 de G-Nubila Technology a otra empresa en la que tenía una participación del 33% y que también está relacionada con otro expresidente. Se trataba de la compañía Oyauri Investment y del expresidente —esta vez de España— Felipe González. La compra supuso a Indra 3 millones de euros.

Dos años antes, la empresa costaba poco más de 3.760 euros, recalca El Confidencial. Felipe González habría invertido en ella 376 euros, y con la venta a Indra ganó 300.000 en un mes, según señala El Mundo. En marzo de 2019, el Juzgado de Primera Instancia número 70 de Madrid admitía una querella de González contra Indra por la que el expresidente del Gobierno reclama 7,3 millones de euros de bonos que habría comprometido Indra, a pesar de que Oyauri tiene un volumen de negocio cercano a cero. 

La trama Púnica sobrevuela a Indra

Pero la mayor polémica en Indra llegaría ese mismo año, 2015, en abril. Javier Monzón, que tres meses antes había dejado de ser la cabeza del gigante tecnológico y que aún seguía ocupando el cargo de presidente de honor en la compañía, explicó al magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco la implicación de otros cargos de Indra en la trama Púnica. Según explicó Monzón, el ex consejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) había pedido a Santiago Roura —responsable de operaciones en Indra— que pagara 10.000 euros a Alejandro de Pedro, persona que la Audiencia Nacional identifica como el ‘conseguidor’ de la trama Púnica.

Indra estaba ya oficialmente en la mirilla y el 20 de abril de 2017 vio cómo varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraban su sede en busca de documentación sobre los posibles desvíos de fondos para subvencionar ilegalmente las campañas electorales del Partido Popular en el marco del caso Lezo. Según la investigación, la empresa pagó 3,3 millones de euros entre 2011 y 2014 a empresas encargadas de asesorar en imagen y comunicación a cargos políticos del Partido Popular de la Comunidad de Madrid que ya están imputados en la trama Púnica. 

En mayo de 2018, desde la empresa admitían que no tenían modo de justificar pagos por más de un millón de euros a varias mercantiles que habrían servido de intermediarias con la caja B del Partido Popular. De la misma forma afirmaban que no tenía ni idea de qué bienes o servicios habían recibido a cambio. Un año más tarde, la Guardia Civil certificaba que Indra había destinado 566.000 euros a pagar las campañas electorales de Esperanza Aguirre para las elecciones autonómicas de 2007 y 2011, de las que salió presidenta. El dinero habría acabado en la consultora Swat SL.

Actualmente hay cuatro o ex altos cargos de Indra imputados, además de la propia empresa, a la que Fiscalía ha pedido 1,4 millones de euros en concepto de fianza. A esta fianza se suma una condena que ya le cayó en mayo que la obliga al pago de 466.000 euros a la Agencia Tributaria, más una multa adicional de 171.000 euros, por haberse deducido ilegalmente los pagos por unos servicios ficticios que realmente fueron a parar al Partido Popular madrileño. 

Una de las personas del entorno de Indra imputadas es Javier Monzón. Javier de Andrés es otra de ellas. Ex consejero delegado de Indra, es amigo del expresidente madrileño Ignacio González, también marido de María Fernanda Richmond, directora financiera de Canal de Isabel II entre 2007 y 2016, y primera mujer en prisión preventiva por la Púnica. Los otros dos son Santiago Roura y Jesús Gil Ortega. Todos salieron de Indra entre 2015 y 2017, y ninguno se fue con las manos vacías. Monzón recibió una indemnización dividido en varios conceptos de 14,3 millones de euros. De Andrés, 8,7 millones. Roura, entre 4 y 4,5 millones. Y Gil Ortega, alrededor de dos millones, según señala El Confidencial

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Ter García

Ter GarcíaRedactora y miembro del colectivo editor de El Salto. Entre 2012 y 2016 formó también parte del colectivo editor de Diagonal.

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