Desigualdad de género en el IBEX 35

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Una cifra ha sido celebrada en los últimos días en numerosos medios de comunicación: el 30%. Se trata del objetivo porcentual que marcó la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para el 2020. El regulador pedía que, de media entre las 35 empresas que componen el IBEX, las mujeres deberían representar el 30% en los Consejos de Administración. Y un informe realizado por ATREVIA e IESE ha corroborado el hito de que 3 de cada 10 miembros de estos órganos empresariales sean mujeres. 

Pero más allá de este titular, el mismo estudio señala que en el resto del mercado continuo, esta cifra ni siquiera llega al 23%. Incluso dentro del principal índice bursátil español existen grandes diferencias; mientras tres compañías –CaixaBank, IAG y Banco Santander– superan el 40% de presencia femenina en sus consejos, otras tres –ACS, Ferrovial y Solaria– se sitúan en menos de la mitad de dicha cifra, es decir, las mujeres representan menos del 20%.

Solo Red Eléctrica –presidida por la exministra socialista de Vivienda Beatriz Corredor– cuenta con una paridad total. Otras 11, sin embargo, se sitúan entre el 20 y el 30%. Estas cifras son todavía más graves si tenemos en cuenta que la CNVM aumentó al 40% el mínimo recomendable hace más de un año de cara a 2022. Para lograrlo, cada empresa del selectivo debería incorporar al menos a una mujer a su máximo órgano de gobierno.

Si ampliamos la visión hacia el mercado continuo completo, la situación se agrava: 10 sociedades no cuentan con mujeres en su Consejo de Administración y en otras 25 la cuota femenina se limita a una silla. En el primer grupo destacan compañías como la hotelera NH, Codere, Nueva Pescanova o Amper. En el segundo, Talgo, MásMóvil, San José, DIA, Naturhouse, Abengoa o Duro Felguera.

De manera general, no parece que las multinacionales de IBEX 35 sean lugares proclives a facilitar la presencia de mujeres en los puestos directivos. “Si bien las mujeres representan el 46% del total de personas que trabajan en estas empresas, la presencia femenina en las categorías más altas únicamente alcanza el 25,9%. […] A ese ritmo, harían falta 58 años para que hubiese paridad en la parte alta de las empresas”, explicaba Oxfam Intermón en un estudio publicado en noviembre del pasado año.

Una brecha salarial de género del 15%

Mirar hacia arriba solo permite ver una parte del problema. Para tener una imagen completa, es necesario mirar también hacia abajo. En base a los datos del año 2019, los sueldos medios de las mujeres en el IBEX 35 son, de media, un 15% más bajos que los de los hombres: 32.414 euros frente a 38.134. Así lo denunció Oxfam Intermón en noviembre del pasado año, señalando que la mayor brecha de género la encontramos en Banco Santander, donde el salario medio de los hombres es 31% superior al de las mujeres, y Endesa y ACS donde esta diferencia es del 30%. 

Por el contrario, en Meliá Hotels, Arcelor Mittal, Siemens Gamesa, Iberdrola y Acerinox, ellas tienen de media un sueldo superior. “En el caso de estas tres últimas empresas esto se debe a una mayor presencia proporcional de mujeres en puestos intermedios”, explica la organización. 

Conviene detenerse en el caso del Banco Santander, la empresa del IBEX 35 com mayor brecha salarial, el doble de la media de todo el índice bursátil. Unos datos “inaceptables” en palabras de la propia presidenta Ana Patricia Botín, que en numerosas ocasiones se ha autodenominado como feminista y cuya compañía reivindica de manera periódica la igualdad de género.

En términos generales, para Oxfam resulta “muy decepcionante” que las grandes empresas españolas “no garanticen a las mujeres ni condiciones salariales ni perspectivas laborales similares a los hombres”. Para la organización, estos datos son “otra muestra del techo de cristal al que las mujeres tienen que enfrentarse en el ámbito laboral y que supone una grave limitación de sus carreras profesionales”. Ante ello, consideran que “cualquier empresa que se plantee con un mínimo de seriedad avanzar en responsabilidad social y en contribuir a reducir las desigualdades tiene que poner la igualdad de género como objetivo prioritario. En caso contrario seguirán perpetuando lógicas de discriminación que resultan muy perniciosas”.

Así funciona el sistema de suministro eléctrico (y 4): Comercialización de la energía

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Entramos aquí en la última parte del proceso que permite encender las bombillas de casa. La única fase en la que el consumidor final tiene algún tipo de capacidad de elección, porque nadie puede elegir qué empresa va a producir su energía, ni quién la va a transportar, ni quién la va a distribuir. Solo es posible elegir quién nos la va a comercializar, es decir, qué logotipo va a aparecer en nuestra factura.

Estas compañías lo que hacen es comprar la energía en el denominado como pool eléctrico para luego venderla a sus clientes. El pool –conocido como mercado mayorista– es una especie de subasta diaria en la cual se determina el precio que va a tener la energía en nuestro país. Es aquí donde Unidas Podemos ha mandado un mensaje a su socio de gobierno, el PSOE, para recordarle que la reforma del mercado eléctrico estaba incluida en el pacto firmado entre ambos partido hace ahora un año.

Los de Pablo Iglesias critican el “defectuoso funcionamiento del sistema de subastas marginalistas creado por el Gobierno de José María Aznar, en donde los precios finales de la electricidad poco tienen que ver en ocasiones con los costes de su generación”. La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que “desde el primer día” trabajan en la “reforma regulatoria del sistema energético”, aunque no ha aclarado en qué puntos concretos.

En estas subastas, el último tipo de energía que entra en el pool para cubrir la demanda –en esta ocasión, el gas– es el que establece el precio para todos los demás, lo que produce el aumento actual del precio ya que el último tipo de energía es el más caro. De esta forma, las compañías productoras –las que conforman el oligopolio– cobran la energía hidráulica o la nuclear a un precio mucho mayor, lo que les permite obtener grandísimos beneficios. Como explica en un artículo Jorge Fabra, expresidente de Red Eléctrica, mientras que los precios de la luz han llegado a subir en algunas horas cerca de un 100%, “los costes de esa energía apenas lo han hecho en un 4%”: “El asunto es brutal”, se queja.

Según ha testificado el exministro José Manuel Soria, Iberdrola habría inflado de manera artificial la factura de la luz durante el invierno de 2013 recortando presuntamente de manera intencionada la producción de energía hidroeléctrica para que así fuese necesario conectar otras fuentes de energía más caras y disparar el precio de la factura. “El problema de esto es que si eso se pudo hacer en 2013, también se podría hacer ahora”, señala el experto Jorge Morales de Labra, que pide que se saque a las energías más baratas de esta mecanismo para evitar que su precio también se vea incrementado.

En una entrevista con lamarea.com, el catedrático de Economía Aplicada y autor de El oligopolio que domina el sistema eléctrico (Akal) Enrique Palazuelos, sostenía la necesidad de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) “garantice de manera efectiva la competencia en los mercados (mayorista y minorista) de electricidad, para impedir las prácticas de abuso”. Esto, en su opinión, debería ir acompañado de una recuperación por parte del Gobierno de “la dirección estratégica que debe tener para decidir las prioridades eléctrico-energéticas y para organizar el sistema conforme a esas prioridades”.

Dos mercados diferentes

En España existen dos mercados; por un lado, el mercado regulado (PVPC), reservado únicamente a las grandes compañías del oligopolio, en el cual el precio del kWh fluctúa entre días y entre horas, por lo que a ciertas horas la electricidad es más cara que a otras; y el mercado libre, en el cual las comercializadoras –ya se cuentan por centenares– establecen cuál va a ser el precio del kWh que va a pagar el consumidor mientras dure el contrato.

Tal y como explica Jorge Morales de Labra, “en el mercado regulado tienes la ventaja de que el precio que vas a pagar es el justo” en cada momento. El “problema”, vuelve a señalar, “es que estás sometido a una compañía tradicional y la atención al cliente es deficiente”. En el caso del mercado libre, “el gran problema es el enorme abuso que existe en cuanto al precio” que puede fijar cada compañía. Ante ello, considera que lo ideal sería una compañía que tuviese los precios del mercado regulado mezclado con una mejor atención al cliente”.

Una de las propuestas políticas surgida en estos días es la de crear una compañía pública comercializadora de energía, una opción que Unidas Podemos ha llevado en su programa electoral en años anteriores. En la actualidad, existen comercializadoras públicas en ciudades como Barcelona –Barcelona Energía– o Cádiz –Eléctrica de Cádiz–, una opción por la que apuestan los morados en lugares como Córdoba o Castilla-La Mancha. Para Morales de Labra, este tipo de opciones tienen sentido siempre que sirvan para fomentar una alternativa al actual modelo, potenciando el autoconsumo o la producción renovable, pero no para actuar como una comercializadora al uso.

Entre tanto, el oligopolio compuesto por las mismas compañías anteriormente mencionadas es quien domina esta fase de la cadena. Así, en un mercado compuesto por casi 30 millones de clientes, Endesa es la principal beneficiaria gracias a sus diferentes comercializadoras, entre las que destacan Endesa Energía y Energía XXI. Le siguen Iberdrola, Naturgy y EDP. Poco a poco, pequeñas comercializadoras comienzan a agrietar el oligopolio, aunque “lentamente” según Morales de Labra. Así, estas compañías independientes fueron las encargadas de suministrar el 16% de la energía a los consumidores del mercado libre durante 2019.


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Así funciona el sistema de suministro eléctrico (3): Distribución energética

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Una vez las líneas de REE han llevado la energía desde las plantas de generación hasta los núcleos urbanos, las empresas distribuidoras son las encargadas de transformar la alta tensión en baja tensión y de llevar la energía hasta los hogares o centros de trabajo. Un servicio que también se incluye en los peajes de la factura de la luz.

De nuevo, un oligopolio copa este eslabón de la cadena de suministro. Así, Iberdrola –la mayor de las distribuidoras– controla las regiones de Murcia, Comunitat Valenciana, Euskadi, Navarra, La Rioja, la mayor parte de Castilla y León, la mitad de Madrid, la provincia de Cáceres y parte de Castilla-La Mancha. Endesa tiene el monopolio de la distribución en la mayor parte de Andalucía, Catalunya, Aragón, Baleares y Canarias y de la provincia de Badajoz. El resto de la tarta española se la reparten Naturgy (Galicia y zonas de Castilla y León, Castilla-La Mancha y el sureste de Madrid), EDP (Asturias) y Viesgo (Cantabria y zonas de Galicia).

Son las mismas compañías generadoras las que copan el 100% de este sector. Es aquí donde vecinos de diferentes ciudades se quejan de los cortes que se están produciendo en el suministro eléctrico, algunos de los cuales llevan semanas y meses soportándolos. Es el caso de los barrios de Can n’Oriac y Can Puiggener, en Sabadell; Sant Roc, en Badalona; El Tardón, en Sevilla; Cerro de Reyes o Cañada-Moreras, en Badajoz; o en diferentes municipios y barrios de la provincia de Granada.

En todos estos casos es Endesa la compañía distribuidora en estos territorios, a la que vecinos y determinados cargos públicos acusan de no realizar las inversiones suficientes: “Siempre sucede en los barrios más vulnerables, los más antiguos, y donde las instalaciones tienen ya muchas décadas y no soportan el crecimiento de la población y el uso de cada vez más aparatos eléctricos”, explica Erika Cadenas, portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Badajoz.

El experto en mercado energético, Jorge Morales de Labra, por su parte, considera que a pesar de estos casos, “España es uno de los países en los que existe, en promedio, un mayor índice de calidad en el tendido eléctrico”. Reconoce, sin embargo, la deficitaria atención al cliente de las grandes compañías, una queja recurrente entre los usuarios afectados por los cortes de luz en los barrios mencionados que también sienten que lo costes que pagan en su factura para la manutención del sistema de distribución luego no se ve reflejado en el servicio que reciben.

A pesar de esto, a lo largo de los últimos años, casi 300 transformadores eléctricos de diferentes compañías han sufrido algún tipo de incendio, según los datos recogidos por la Asociación de Afectados por el Accidente del Transformador 29272 en Tarifa. En el incendio sufrido en la localidad andaluza en el verano de 2017, murieron dos jóvenes y seis más resultaron heridos de gravedad tras la explosión de un transformador de Endesa que se ubicaba en el hotel en el trabajaban. Solo en los últimos cinco años, los incidentes han crecido en un 80%: de los 11 de 2015 a los 56 de 2020. Desde la asociación argumentan que esto “es debido a los años de funcionamiento de estos [transformadores], a la reducción del coste y a la falta de calidad en nuevos equipamientos”.


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Así funciona el sistema de suministro eléctrico (2): Transporte de la energía

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Una vez producida, la energía debe ser transportada desde las centrales de generación hasta los núcleos de población o industriales en los que esta se va a consumir. En esta fase de la cadena solo interviene una compañía: Red Eléctrica de España. Se trata de un monopolio natural creado mediante la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico y posteriormente modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio, para evitar duplicar las infraestructuras de transporte de alta tensión.

Se trata de una empresa privada en su mayoría a pesar de que el Estado cuenta con un 20% del accionariado a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI). Con esta cantidad, el Gobierno se reserva la elección de presidente o presidenta de la compañía, un puesto que se han ido turnando entre Partido Popular y PSOE cuando uno u otro se hacen con el Ejecutivo. En la actualidad, la exministra de Vivienda y exdiputada del PSOE Beatriz Corredor es la máxima responsable de la compañía en sustitución del anterior presidente, el también exministro Jordi Sevilla. Este, por su parte, había sustituido a José Folgado, secretario de Estado con Aznar y alcalde de Parla entre 2009 y 2012 por el PP, fallecido hace unos meses a causa de la COVID-19.

Una rara avis entre el elenco de expresidentes de la corporación es Jorge Fabra, máximo mandatario de la empresa entre 1988 y 1997, muy crítico con el actual modelo español: “El frío de estos días […] revela una enfermedad crónica inoculada por el Gobierno de Aznar […] que, desregulando el sector eléctrico bajo el falso nombre de liberalización, implantó un diseño de mercado que no revela los costes de la energía: ni de la energía eléctrica ni del gas”, apunta en un artículo recientemente publicado en el que también critica al PSOE por dejar “las cosas tal y como las dejó el PP”.

A preguntas de lamarea.com, el expresidente de REE no considera que bajar los peajes del transporte de la energía –es decir, los impuestos por este servicios– sea la solución para bajar el precio de la factura de la luz: “Hablar de los peajes es distraer la atención, porque el problema es el diseño del mercado, que es una chapuza”, sostiene. De la misma forma, considera que la bajada del IVA obedece a los mismos parámetros: “Se pone como ejemplo a Francia o a Gran Bretaña, que son países que tienen una presión impositiva mucho mayor. El IVA, por ejemplo, se utiliza para pagar ERTEs o para pagar el Ingreso Mínimo Vital con los cuales se puede acabar con la pobreza. Porque en España no tenemos pobreza energética, tenemos pobreza en general”, explica para mostrar su negativa a la bajada del impuesto.

En el actual consejo de administración de la compañía se encuentra la exdiputada (2000-20004) socialista Teresa Costa i Campí, secretaria de Industria y Energía del Departamento de Trabajo e Industria de la Generalitat de Catalunya entre 2004 y 2005. El consejero José Juan Ruiz Gómez, por su parte, ocupó numerosos cargos de relevancia en diferentes ministerios durante los gobiernos de Felipe González. También tiene una silla desde 2017 Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río, diputado del Partido Popular (1989-2012) y director general de la Guardia Civil entre 2011 y 2016. El fichaje de Fernández de Mesa fue muy polémico puesto que el expolítico no tenía ni experiencia ni estudios en el sector energético y, a pesar de ello, fue considerado “idóneo para el cargo”, asignándosele un sueldo base de 156.000 euros por 11 reuniones anuales.

Por el máximo órgano de administración de la compañía también han pasado otros cargos públicos como los exministros socialistas Miguel Boyer, Ángeles Amador o Luis María Atienza. También antiguos secretarios de Estado vinculados al PP como José Manuel Serra Peris o Agustín Conde, entre otros.

El resto del accionariado de REE es capital flotante. La ley de 2007 establece que cualquier persona física o jurídica puede participar de su capital “siempre que la suma de su participación directa o indirecta no supere el 5% del capital social ni ejerza derechos políticos por encima del 3%”. Entre las participaciones significativas se encuentra la del fondo Blackrock, propietario de 3,040% de los derechos accionariales de la empresa, la cual cotiza en el IBEX 35.


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Así funciona el sistema de suministro eléctrico (1): Generación de energía

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Si entender la factura de la luz es una tarea ardua, comprender cómo funciona el sector energético en España es prácticamente una odisea. Para intentar entenderlo, vamos a comentar remontándonos a 1997. Ese año, a través de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, el gobierno de José María Aznar liberaliza el mercado eléctrico –una norma posteriormente reformulada por la Ley 24/2013–.

Un mercado en el que había una empresa líder en generación tras la absorción de Fecsa y Sevillana: Endesa. La compañía había sido creada en 1944 por el Instituto Nacional de Industria, es decir, era pública. En 1988, con Felipe González al frente del Ejecutivo, comienza la privatización de la energética con la venta de un 20% de su capital. A partir de ahí, sucesivas operaciones culminaron con la pérdida total por parte del Estado en 1998, ya en tiempos de Aznar. Lo mismo sucedió con otras grandes empresas públicas como Telefónica, Argentaria, Gas Natural o Repsol, al frente de las cuales Aznar supo colocar a sus amigos

Al argumento defendido por el Consejo de Ministros para la liberación del mercado eléctrico era que la entrada de más competencia abocaría al sector a una bajada de precios. Nada más lejos de la realidad porque, como defienden los economistas Germà Bel y Antón Costa en La privatización y sus motivaciones en España, al no haberse llevado a cabo una reestructuración y liberalización previa de la industria, las privatizaciones “han tendido a transformar monopolios públicos en monopolios o duopolios privados, mas que a introducir competencia donde no la había”. El expresidente de Red Eléctrica Jorge Fabra, es más contundente: “El mercado eléctrico es una chapuza”.

1ª fase: Producción de energía eléctrica

En esta primera parte del proceso, las compañías generadoras se encargan de producir la energía eléctrica. Los métodos para hacerlo son conocidos: a través de fuentes renovables o no renovables, como presas hidroeléctricas, quema de carbón, plantas fotovoltaicas, centrales nucleares… Esta fase inicial se la reparten principalmente cinco empresas que conforman un auténtico oligopolio: Endesa, Iberdrola, Naturgy , EDP y Viesgo. Según los datos publicados por el Ministerio de Transición Ecológica, en 2019 –último año disponible en la weblas fuentes renovables supusieron algo más del 35% de la producción neta total, mientras que la nuclear alcanzó el 21,5% y los combustibles el 43,3%.

En España, Endesa está considerada como la compañía más contaminante del país, siendo responsable de la emisión de 16.436.363 de toneladas de CO2eq., un 5,2% del total del país. Esto se debe a que el carbón y el gas natural son una parte importante en la producción energética de la empresa. Según datos de la propia compañía, prácticamente el 22% de la energía producida proviene de plantas térmicas y un 19% de ciclos combinados de gas natural. De acuerdo con las previsiones de Endesa, en 2027 esperan “haber cesado completamente todas las operaciones de generación con carbón, dentro y fuera de la península”.

Es en esta fase en la que se ha producido un incremento de los precios de la energía durante la ola de frío. Tal y como explica Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial y experto en el mercado eléctrico, uno de los factores es el tipo de materia utilizada para la producción: “Al haber un mayor consumo de energía se requiere una mayor generación a través de gas, cuyo precio está disparado en el mercado internacional porque hay otros países que también están haciendo acopio de este material”. Como veremos más adelante, las propias dinámicas en la compra de energía hacen que el precio del gas provoquen una subida en el precio del resto de materias. De la misma forma, la progresiva introducción de energías renovables –mucho más baratas– durante las próxima décadas, debería provocar un abaratamiento de la factura de la luz.

Sin embargo, Morales de Labra considera que el Gobierno “tiene un poder limitado” a la hora de abaratar el precio de la factura: “Puede tomar decisiones sobre impuestos y sobre cambios estructurales en la forma en la que el mercado mayorista nos afecta y se traslada al consumidor, pero estas modificaciones tienen rango de ley por lo que también necesitarían el apoyo del Congreso”, explica. A pesar de ello, el expresidente de REE Jorge Fabra considera que es la tarea que el Gobierno debe llevar a cabo y que sería “aprobada por una amplia mayoría parlamentaria”.

Desde la asociación de consumidores Facua apuestan por “intervenir el sector” para “modular determinadas subidas”: “Que no nos engañen: el Gobierno puede bajar la factura de la luz”, sostiene su portavoz Rubén Sánchez, que pide que PSOE y Unidas Podemos cumplan su acuerdo de gobierno. Es en el punto 3.2 del Acuerdo de Coalición Progresista en el que se promete la “Aprobación del Plan nacional integrado de energía y clima, reforma del mercado eléctrico y bajada de la factura”.


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Acciona trata de borrar el pasado de la compañía durante la posguerra en su página web

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“En los años de la posguerra, la compañía fue muy activa, consolidando su posición como una de las compañías más innovadoras del país”. El entrecomillado estaba plasmado en la página web de Acciona, una de las empresas que forman parte del IBEX 35. La cita, recogida por Antonio Maestre en su libro Franquismo S.A., era parte del repaso histórico que la empresa hacía en su cronología. Más en concreto, en la parte dedicada al año 1931 bajo el título “Nuestros primeros pasos”. Es en este epígrafe en el que Acciona cuenta que “el ingeniero de caminos bilbaíno José Entrecanales Ibarra y el empresario sevillano Manuel Távora fundan ENTRECANALES Y TÁVORA, S.A. el 11 de marzo de 1931”. 

Entre los primeros proyectos ejecutados por la compañía, se encuentra “la renovación del puente de San Telmo en Sevilla (España) que se llevó a cabo por sugerencias de S. M. el Rey D. Alfonso XIII para evitar que se ocultara la vista de la Torre del Oro, y obras en el muelle de Cádiz”. Estos últimos entrecomillados pueden seguir leyéndose en la web a día de hoy. El primero, dedicado a la actividad durante la posguerra, ya no. Esa frase ha desaparecido del recorrido histórico de Acciona, en el que se produce un salto que va desde 1931 a 1948, el año en el que la compañía firmó “su su primer contrato en el extranjero y emprendió proyectos en Portugal, Marruecos y Guinea Ecuatorial”. 

Acciona ha sido preguntada por este medio sobre el momento en el que fue eliminada dicha frase sobre la posguerra y la motivación para hacerlo, sin obtener ningún tipo de respuesta por parte de la compañía.

Ni la República, ni la guerra civil ni la postguerra existen para Entrecanales y Távora –conocida de manera despectiva entre determinados sectores de la población como “Entrecanallas y Távora”–. Una zancada de 18 años en los que pareciera que nada pasó. Aunque, por supuesto, el periodo dio para mucho. Algunos años después del nacimiento de la empresa, durante la guerra civil, el Ayuntamiento de Sevilla –en manos de los golpistas– encargó a la compañía la canalización de las aguas fecales de un par de barrios ricos construidos unos años años antes, en 1929. En ellos “vivía la alta burguesía y los dirigentes del nuevo orden”, según explicaba Cecilio Gordillo, representante del grupo de Memoria Histórica de CGT Andalucía, en 2015.

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Oriol Malló: «La Operación Chamartín fue el principio del fin de las ilusiones progresistas»

BBVA

El libro negro del BBVA (Txalaparta, 2020) es, prácticamente, una deuda de su autor. Era 2007 cuando cayó en las manos del periodista Oriol Malló (Barcelona, 1967) «la mayor exclusiva que un periodista puede soñar», según sus propias palabras. El fiscal anticorrupción David Martínez Madero le ofreció contactar con el asesor de BBV International Investment Corporation Nelson Rodríguez López, el garganta profunda del llamado Caso BBVA.

Sin embargo, finalmente el testigo –en esos momentos anónimo– quedó expuesto y Malló perdió la exclusiva «que hubiera puesto en jaque al segundo banco ibérico». En 2011, el fiscal Martínez Madero murió de un ataque al corazón en el aeropuerto de Milán: «Pensé que todas las cosas que años antes me contó […] merecían ser contadas en nuevo libro que recopilara los entresijos del caso de las cuentas secretas del BBVA«, explica en su obra.

Comienza su libro hablando del caso Villarejo, en el cual se ha visto implicado el BBVA. ¿Es el mayor escándalo en el que se ha visto involucrado esta entidad?

Cuando un banco paga, del 2004 al 2017, a una mafia de policías corruptos para que espíen a altos funcionarios del gobierno, escarben en la basura corporativa o íntima de sus rivales del IBEX 35 o negocien la venta de escándalos con periodistas amigos, en medio de la absoluta indiferencia o complicidad de los poderes del Estado, es tiempo de decir que el régimen del 78, fundado en un consenso de omisiones, silencios y prebendas, ha estallado frente a nuestras narices. 

Que los políticos de puertas giratorias y escasa dignidad, serviciales con las corporaciones que compran su agendas de contactos y los colocan de floreros en consejos de administración, hayan permitido a un arribista sin límites como Francisco González Rodríguez escapar de la justicia hacendaria y penal por más de dos décadas es un buen indicio de que el Estado en España ya no es el primus inter pares, temido y respetado, entre las corporaciones privadas. Es simplemente un mero coto de caza para los capitales nacionales e internacionales que se disputan las lealtades de unos funcionarios públicos sin más honra ni futuro que un puesto en la gran empresa.

Lo importante del caso Villarejo es que se dio una alianza entre nuevos ricos ungidos por José Maria Aznar y la élite de las fuerzas de seguridad y de la inteligencia que decidió vender sus servicios al mejor postor a sabiendas que sus jefes políticos, mediocres y corruptibles, estaban haciendo exactamente lo mismo.

El escándalo de las cuenta opacas que el clan de Neguri tenía en Jersey encumbra a Francisco González como presidente todopoderoso del BBVA. Y es otro escándalo, en este caso el del comisario Villarejo, quien acaba con él. ¿Puede tratar la burguesía vasca de volver a hacerse con el control del banco?

La burguesía vasca, o la plutocracia bilbaína, que se formó a finales del siglo XIX, y creó el único proyecto de capitalismo maduro, industrial, financiero y eléctrico, murió en el colapso del desarrollismo y el proteccionismo durante la crisis sistémica de los setenta cuando perdió tanto el poder político que conquistó a sangre y fuego tras la caída de Billbao en 1937 como la capacidad de reconducir sus negocios. Se les hizo más fácil liquidar sus valores industriales, sacrificar miles de empleos y pasar el paquete de la reconversión industrial al gobierno del PSOE, junto al canon nuclear que garantizó la supervivencia de Iberduero tras el cierre de la central nuclear de Lemoiz. Sacrificó la banca mixta de matriz alemana por una banca comercial y de inversiones que solo sobrevivió, y redituó, gracia a la expansión latinoamericana y a los indecorosos beneficios del alto precio del dinero en mercados cautivos como México.

Pero si algo quedó claro cuando Francisco González arrebató a Neguri (Emilia Ybarra) y a los Jeltzale (Pedro Luís Uriarte) el control del BBVA es que la cuarta o quinta generación de la plutocracia vizcaína no daba el ancho y solo servía para gestionar el patrimonio inmobiliario.

Más aún: el verdadero heredero de los sueños imperiales neguritas, la Iberdrola de los Oriol y los Urquijo, desligada del tradicional accionariado bancario, juega ya en las ligas mayores del capital financiero internacional, de la mano de BlackRock. Y por eso la Torre Iberdrola se yergue sobre los restos de Abandoibarra, este barrio de astilleros grandiosos y obreros orgullosos que libró la última de las grandes batallas contra la reconversión industrial: la batalla de Euskalduna.

Asegura en el libro que “no hay ofensa ni vergüenza cuando todos los pecados son perdonados en el altar de la modernización bancaria, cortesía de Felipe González Márquez”. ¿Cuál ha sido la relación histórica entre el BBVA y el PSOE?

Tanto el Banco de Bilbao como el Banco de Vizcaya fueron los amigables socios del proyecto de modernización neoliberal que emprendió el gobierno de Felipe González tras la victoria electoral de 1982.  Un joven sindicalista con ambiciones, José Aureliano Recio, y un economista rojillo que hacía sus pinitos en el servicio de estudios del Vizcaya, Carlos Solchaga, se convirtieron el aliados de un ambicioso banquero, Pedro Toledo, consejero delegado del banco. 

Fueron los dos amigos socialistas quienes tendieron el puente entre el aparato del PSOE y los cuadros financieros de la banca vasca que, como su rival y socio, José Ángel Sánchez Asiaín, del Banco de Bilbao, consiguieron con el felipismo la salvación de su deuda nuclear, traspasada a la factura de todos los consumidores. Todo esto facilitó la fusión de ambos bancos en 1988 y catapultaron a los dos amigos al cielo de los expolíticos: la consultoría estratégica que ha convertido a Solchaga, Recio & Asociados en conseguidores de alto copete para las multinacionales del IBEX 35. 

Si alguien representó el consenso de la transición en el ámbito financiero este fue sin duda el fusionado BBV, aunque sus cúpulas se navajearan por el control del consejo y el amigo socialista tuviera que poner orden en la rebatiña de Neguri, aunque esta ya es otra historia.

Existen múltiples ejemplos de antiguos cargos del BBVA que han acabado recalando como ministros, tanto del PP como del PSOE: José Ignacio Wert, Román Escolano, Miguel Sebastián y José Luis Escrivá. ¿Qué implica esto a nivel democrático?

Lo que aprendimos de las puertas giratorias es que esta regla de oro de la democracia española tiene una onerosa secuela en todos los niveles: las administraciones y los altos funcionarios que toman las decisiones limitan sus decisiones políticas en función de sus intereses crematísticos de colarse en los consejos de administración del capitalismo ibérico.

Y la secuela es que el Estado deja de ser un poder verdadero frente a los intereses creados, de tal forma que esa trama, siguiendo la terminología de Rubén Juste, determina, limita y asfixia la capacidad de tomar decisiones contrarias a estos poderes fácticos. 

La democracia se convierte, entonces, en un mero ritual de traspaso de poderes entre clanes políticos que perdieron toda capacidad de transformar la realidad de sus votantes y se encierran en guerras culturales que garantizan el gatopardismo de nuestra triste realidad. Y, mientras tanto, el nuevo pelotazo de las renovables hará aún más ricos a los que ya vivían a costa de la financiación público.

Siguiendo con el tema político, dice que “la oligarquía financiera, el IBEX 35 o la trama” eran los enemigos a batir de Ahora Madrid, pero que finalmente acabó plegándose a la “macrooperación especulativa” de la operación Chamartín, un proyecto participado por el BBVA. ¿Cree que existe una izquierda con poder capaz de enfrentarse a las grandes compañías? ¿Qué opina del papel de Unidas Podemos dentro del gobierno del Estado?

La Operación Chamartín fue, a mi entender, el principio del fin de las ilusiones progresistas. Cuando Manuela Carmena avaló, contra todas las oposiciones internas, el mayor proyecto de especulación urbana de la capital, y casi del país entero, a cambio de algunas cosméticas concesiones en edificabilidad, vivienda pública y espacios verdes, dejó en claro que la nueva política era un remedo de la vieja relación entre poderes amigos, característica del capitalismo de ladrillo que rige nuestro orden social. 

El BBVA pudo, al fin, legalizar su pelotazo al norte de Madrid y terminó, entre sofisticadas excusas, cualquier visión que rompiera con el statu quo. Después de eso, no hizo falta ni retirarse a los cuarteles de invierno. Este espacio alternativo desapareció mucho antes que Podemos llegara al gobierno en calidad de socio menor. Ahora, con sinceridad, no se espera siquiera una traición como la que supuso el aval de Ahora Madrid a Operación Chamartín.

La fusión entre CaixaBank y Bankia supone que la pérdida de la segunda posición de BBVA en el ranking de los principales bancos de España. ¿Supone esto una pérdida de poder para los vascos? ¿Qué implicaciones tiene el fracaso de la negociación con el Sabadell?

Banco Sabadell creyó que un gigante con problemas legales aceptaría una fusión de presuntos pares y compraría la acción a precios estratosféricos. Aunque la coyuntura indicaba que podía funcionar, lo que Josep Oliu pedía era demasiado para Carlos Torres. Y por eso rompieron la baraja desde BBVA que, sin duda, resiente su decadencia en mercado bancario español tras la absorción de Bankia por CaixaBank, pero no es un jugador menor gracias a sus negocios latinoamericanos.

¿Creen que volverán a intentar la fusión tras la ruptura de las negociaciones? ¿Qué supondría esta mayor concentración del “triopolio feroz” –Santander, BBVA y CaixaBank– para Latinoamérica y, especialmente, para un país como México?

El asunto es delicado en todos los sentidos: la espiral de fusiones/absorciones continuará porque el negocio bancario agoniza en esta espiral de tasas de interés negativas y requiere, por tanto, destruir trabajo a una escala insospechada. Estamos viendo, desde la crisis del 2008, una aceleración constante en despidos, prejubilaciones y cierres de oficinas. Asistimos al fin absoluto de esta aristocracia de cuello blanco que se formó en el esplendor de la banca comercial española que inició en la década de 1870 y creó, gracias también a las cajas de ahorro, unas pocas generaciones de trabajadores bien pagados que garantizaron, junto a los sindicalistas liberados y las legiones de funcionarios, el colchón social del régimen de la transición.

Hoy, la gran banca está desechando todo eso por un modelo de altas comisiones, aplicaciones telefónicas, escasas sucursales y trabajo remoto que convertirá la intermediación financiera en un negocio para unos pocos privilegiados.

En el caso mexicano, y mientras el Banco de México mantenga tasas de referencia altas –aunque ya la bajó al 5%–, permita la especulación con la deuda interna y externa y se mantenga el control privado de los fondos de pensiones, las ganancias del BBVA están garantizadas. Y seguirá así aunque el gobierno progresista de Andrés Manuel López Obrador intente crear una banca pública y esté limitando los negocios de licitaciones, subcontratas y outsourcing que practica, con singular descaro, la gran empresa, incluyendo el primer banco de México.

En el libro analiza desde una perspectiva marxista la creación de grandes ciudades financieras para acoger las oficinas de BBVA y Banco Santander. ¿Qué mensaje se lanza con este tipo de lugares?

La arquitectura del poder financiero refleja su propia evolución y resulta fascinante el abandono del tradicional espacio público en favor de enclaves privados alejados del centro de las ciudades. Es decir, la construcción de ciudadelas privadas, como la Ciudad Financiera del Banco Santander en Boadilla del Monte o esa Ciudad BBVA que construyó la entidad financiera en el erial de Las Tablas tenían el objetivo de incentivar la especulación urbana en el norte de Madrid y recrear este feudalismo hípster de las grandes corporaciones que crean espacios de vigilancia circular. 

Aunque, la verdad sea dicha, el trabajo remoto en tiempos de coronavirus ha probado los límites de este faraonismo y lo fácil que resulta explotar la planta laboral en el espacio íntimo sin los elevados costos de la megalomanía constructiva que ha caracterizado el cártel español en sus escenarios arquitectónicos.

Siendo el fondo de inversión BlackRock uno de los principales accionistas de Santander, BBVA, CaixaBank o Bankinter, ¿podemos hablar realmente de una banca española? ¿Qué queda de esas oligarquías financieras del siglo XX?

La expansión internacional del capital financiero y del capital energético de matriz española se asoció con la financiarización y el fondeo en bolsas de valores, de tal forma que el costo fue la pérdida de posiciones accionariales de las familias de más raigambre en favor de consejeros que representaban a los jugadores globales de la banca en la sombra y las gestoras de fondos como BlackRock.

Eso no significa que la alta dirección pierda el control de sus empresas, porque estos socios de alto poder no determinan el día a día de estas multinacionales. Las estrategias de cooptación de élites, de neutralización de adversarios políticos o empresariales y de manejo de medios dependen, casi en exclusiva, de los cuadros directivos.

Esas son las reglas del capitalismo del siglo XXI y esa es la razón del desdibujado perfil de BBVA, sin entronque real con las oligarquías locales, frente al Santander de Ana Botín capaz, con la misma crueldad de su padre, de sacrificar a Andra Orcel para no perder las riendas del banco. Su intención es mantenerse como reina indiscutible del cártel español tanto en el orden financiero internacional como ante los amigos y rivales del IBEX 35 y el gobierno en turno, incluyendo los poderosos comisarios europeos.

Al juez Garzón le llama “salvavidas de BBVA”. ¿Por qué?

El exjuez Baltasar Garzón Real merece un capítulo específico en El libro negro del BBVA por la sencilla razón que su actuación como instructor del caso sirvió para salvar a la cúpula de un banco que estuvo implicado en la defraudación y la evasión fiscal a gran escala. También en el delito societario, al dejar fuera de sus contabilidad, activos y valores escondidos en paraísos fiscales para la remuneración de sus consejeros y para armar una red de compra de voluntades en bancos de México, Perú, Colombia y Venezuela que desde el BBV International Investment Corporation de Puerto Rico trianguló fondos para tales fines.

Durante la primavera del 2020, el juez instructor desestimó el testimonio de Nelson Rodríguez López, alto ejecutivo de la filial boricua del banco, que tenía los documentos necesarios para probar las transacciones ilícitas, y negó el careo e inculpación de Esteban Rodríguez Ponga [ex secretario de Estado y ex asesor de BBV] desmontando, en pocas semanas, la investigación iniciada por el fiscal del caso, David Martínez Madero, quien fue mi fuente principal en el libro. Y, como bien me dijo el propio David, las llamadas del presidente Aznar y el propio rey fueron decisivas para que Garzón matara el expediente BBVA.

Así que no me quedan dudas: Baltasar Garzón fue el salvavidas de un banco corrupto. Y de aquellos polvos, estos lodos que cubren hoy el laberinto de complicidades que es el cártel español, incluyendo al amigo Balta.